Dilma Rousseff busca la reelección. Sin embargo, el panorama se le está volviendo peligrosamente sombrío con la aparición de algunos puntos oscuros en áreas que antes eran banderas a exhibir, y que se ven reflejada en los números. Así, su nivel de aprobación bajó desde un histórico 80% a menos de la mitad (37%) según datos de Ibope. Petrobras, la otrora niña mimada y orgullo brasileño, se encuentra ahora bajo el escrutinio público. Hace sólo seis años era la sexta compañía más importante y prometedora del mundo; hoy sus acciones valen la mitad. Los escándalos de corrupción cambiaron la mirada que el brasileño tenía de esa empresa estatal y salpicaron, incluso, a la presidenta. Según el diario O Estado de Sao Paulo, en 2006, mientras Dilma Rousseff era ministra de gabinete y cabeza del directorio de la empresa, se aprobó la compra de una refinería de petróleo en los EE.UU a un precio de US$ 1200 millones. La misma había sido adquirida por su anterior dueño, solo un año antes, en apenas US$ 42 millones.

A modo de defensa, Rousseff dijo haber dado el visto bueno a la compra basándose en información incompleta obtenida por medio de un trabajo “sesgado”. La excusa fue tildada de “sincericidio” por la prensa local; además la hace igualmente responsable, por acción u omisión. Como señala el ex embajador argentino en Brasil, Jorge Hugo Herrera Vegas, “las tres operaciones de Petrobras investigadas por la Policía Federal brasileña (compra de refinería en Pasadena, EE.UU.; coimas de la holandesa SBM Offshore y venta de la refinería San Lorenzo en la Argentina) aunque antiguas, aparecen en el año electoral y han provocado una disminución de 6 puntos porcentuales en la intención de voto de Rousseff”.

A las acusaciones de contratos turbios y corrupción en las altas esferas del directorio de Petrobras, se suman también lo costoso que está resultando ser la extracción de petróleo del Presal (que tantas ilusiones generó) y el aumento de la deuda de la empresa en un 64% durante la presidencia de Dilma, y que se explicaría debido a maniobras de la empresa para tratar de contener la inflación, tema de preocupación creciente también en el país vecino. Así, y como Petrobras no alcanza a abastecer al mercado interno, el combustible comprado en el exterior es vendido en el mercado interno a un precio menor, diferencia que es financiada con deuda.

Por otra parte, en lo que se refiere a materia económica, sobran los pronósticos de estancamiento para este año y el próximo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no ocultaron su pesimismo durante la reunión de Washington, a principio de mes. Sin embargo, como resalta el ex presidente, Inácio Lula da Silva, no se puede dejar de ver hasta qué punto la economía brasileña ha experimentado “un cambio cualitativo” que la ha vuelto “menos vulnerable, más diversa y eficiente”. Sin embargo, ser la séptima potencia económica mundial -líder en biotecnología, fabricante de automóviles, aviones, maquinaria agrícola, pasta de celulosa y aluminio, además de exportar carne, soja, etanol, azúcar, café y naranja – no alcanza para contentar a un pueblo enojado por la inflación, la corrupción y la inseguridad.

Como advierte Andrei Serbin, analista internacional radicado en San Pablo, se percibe “una desilusión en la sociedad brasileña, que siente la proximidad del fin de una etapa de prosperidad que no ha sido aprovechada al máximo. Años de crecimiento, inversiones extranjeras, balanza comercial positiva y de posicionamiento global, no están rindiendo los frutos que el brasileño promedio esperaba”. Esto parece exacerbarse con la proximidad del Mundial que “marca un antes y un después. Y ese después es probable que este dominado por las obras no terminadas, los miles de millones invertidos que no volvieron a la sociedad brasileña, los recursos consumidos por la corrupción, la continuación del crecimiento de los índices de delincuencia.”

Esto explica las actitudes hacia el Mundial que muestran las estadísticas de hoy. La euforia de los tiempos en que se escogió a Brasil como sede dio paso a una actitud negativa con un 55% de brasileños descontentos con el mismo, según Datafolha. Los enormes gastos en estadios que luego no van a servir de mucho (como el de Manaos), los recursos destinados a la seguridad y los billetes arrojados al agujero negro de la corrupción, llevan a que el ciudadano común no se sienta beneficiado ni siquiera por obras en infraestructura y transporte que mejoren su día a día. Del otro lado, los pronósticos de que el rédito económico derivado del turismo será muy modesto y los precios que crecen exponencialmente con la cercanía del evento, acaban en protestas periódicas bajo el lema “No habrá Copa”.

A estas manifestaciones se suman otras, las de las favelas. Los sectores que parecían haber sido “pacificados”, muestran ahora nuevos brotes de violencia y demostraciones de poder de los narco, con ataques orquestados muchas veces desde las cárceles. La política de seguridad, de la que tanto se jactaron los políticos brasileños, comenzó a mostrar fisuras e imposibilidad de readaptarse a nuevas situaciones y consolidarse en el tiempo. El delito, que había mermado, ahora, con la Copa llamando a la puerta, está volviendo a crecer. La fuerte respuesta estatal, con operaciones militares que involucran al BOPE (Batallón de Operación Especiales), al batallón de choque y otras unidades de las Policías Civil, Militar y Federal, trajeron también consigo un reguero de denuncias de violaciones de los derechos humanos, muertes de inocentes, ferocidad policial… y más protestas.

Sin embargo, para Herrera Vegas “ la campaña electoral recién comenzará después del mundial de fútbol. De modo que es prematuro extraer conclusiones definitivas. La evolución de la economía brasileña, que enfrenta serias dificultades, será seguramente un factor importante. Ni hablar de los resultados del futbol.” Pero para otros analistas el descontento brasileño habla de una maduración de su cultura política, del nacimiento de un nuevo ciudadano, que ya no se conforma con fútbol y telenovelas, sino que mira más allá y exige un país mejor. De ser así, estaríamos frente a un hecho muy positivo a extraer de lo que es hoy un río revuelto. Pero veremos qué pasa cuando la pelota comience rodar. Si los brasileños logran abstraerse de los resultados y del fervor deportivos, o si todo el resto de los asuntos a resolver en el Brasil terminan teñidos de “verde e amarelo “.

Si tomamos como ejemplo lo que ocurre en otros países, nos encontraremos con concepciones y metodologías diferentes. Están los que optan por una manera más transparente de contar y de poner sobre la mesa la situación de la persona pública en cuestión y están aquellos que optan por un secretismo casi absoluto. Estas modalidades se encuentran en consonancia con la forma general en la que un gobierno administra todo el resto de la información de interés público: un país acostumbrado a no tener temas tabú y a exponer ante la opinión pública todos los asuntos, incluso aquellos que lo incomodan, tenderá a comentar, abierta y la salud de sus gobernantes. Un régimen cerrado y autoritario, pues se inclinará por impedir, desmentir, obstaculizar y retacear la información.

Un ejemplo de un modo muy eficiente de manejar estos asuntos lo encontramos en Brasil. Digo “eficiente” tomando en cuenta los resultados, con ausencia total de dudas, especulaciones, desmentidas y contradicciones. En su momento, todos los aspectos del cáncer de laringe que padeció Lula Da Silva fueron expuestos con claridad ante los brasileños. En ese entonces, él no era presidente pero todavía era una personalidad de gran peso político en un país en el que recién se estrenaba su sucesión. Lo mismo hizo su delfín, Dilma Rousseff. Su cáncer linfático fue diagnosticado cuando era ministra de Lula, pero ganó la presidencia peleando contra la enfermedad y, a nueve meses de haber asumido, pudo dar la noticia de su cura.

Esta manera de informar impidió que se genere esa  angustia que embarga cuando no se sabe bien lo que pasa o se sospecha de mentiras u ocultamientos. Además, como efecto secundario, las fotos de la mujer de Lula rapando la cabeza de su compañero de vida humanizaron la enfermedad y las explicaciones de Roussseff sobre su curación fueron una cátedra pública sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana. La misma estrategia utilizaron Juan Manuel Santos, en Colombia y Fernando Lugo, cuando era presidente de Paraguay. Siempre con buenos resultados.

Sin embargo, están quienes optan por el hermetismo, al estilo de Hugo Chávez, que en plena campaña presidencial y fecha de asunción del nuevo mandato, no daba información cierta sobre su enfermedad. Esto generó mucho malestar, incertidumbre, marchas en reclamo de mayor información, inestabilidad política y social, y hasta rumores de golpe de estado. Su estilo se asemejó al de Fidel Castro, quien, desde que delegó el poder en su hermano Raúl, en 2006, siempre restringió el acceso a los detalles de su estado de salud. El caso más extremo fue el de Kim Jong Il, líder supremo de Corea del Norte. Su muerte logró mantenerse totalmente oculta de la luz pública durante dos días, sin que se filtre ni un rumor.

Una situación semejante puede darse en caso de afecciones psicológicas. Cuando Alan García era presidente de Perú, eran muy comentadas sus actitudes violentas e impropias para su embestidura (como cuando en 2010 golpeó a un estudiante por decirle corrupto) pero nunca se dio información al respecto hasta que, con los cables de WikiLeaks, se filtraron especulaciones sobre un presunto trastorno bipolar.

La discusión tiene como base preguntas más profundas: ¿tiene un gobierno la obligación de informar sobre el estado de salud de los mandatarios? ¿Cuál es el nivel de detalle que se debe brindar? ¿En qué momento debe decidirse comunicar? ¿La información sobre la salud personal de un presidente es un derecho público?

Luis García-San Miguel Rodríguez-Arango (QEPD), decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, en el libro Estudios sobre el derecho a la intimidad, afirma que los políticos aspirantes a un cargo de elección popular están obligados a informar sobre padecimientos graves en su salud, ya que el electorado tiene el derecho a conocer si su potencial representante está capacitado integralmente para desempeñar el cargo,  lo contrario implicaría un engaño”. ¿Vale lo mismo cuando está en pleno mandato?

Hay una esfera de las costumbres y del modo de vida de un mandatario que forma parte de su intimidad. Si fuma, si toma alcohol de forma moderada, si tiene amantes o una homosexualidad encubierta son aspectos de su vida privada y no tienen por qué ser comentados ni expuestos ante la luz pública. Pero si dicho gobernante padece alguna enfermedad inhabilitante, una afección como alcoholismo o trastornos psicológicos, que afecten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las tareas para las que ha sido elegido por medio del voto, entonces tiene la obligación de dar a conocer la información, con detalles y máxima transparencia.

Esto llevó a que algunos países, como el nuestro, fueran alertados e “invitados” por otros, a tomar cartas en el asunto. La venta de seres humanos está íntimamente vinculada con el tráfico de armas, drogas, inmigrantes y lavado de dinero. Como observan algunos especialistas en temas de seguridad, la trata suele ser incluso más lucrativa, ya que las personas pueden ser “comercializadas” varias veces, a diferencia de las armas y la droga.
Este fue uno de los temas convocantes del “Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres” que se llevó a cabo en Mar Del Plata el 12 y 13 del corriente. Del mismo participaron representantes de distintos organismos que luchan y/o estudian este flagelo, en países de la región. En ese contexto se presentaron los resultados de análisis cuantitativos y cualitativos.

El Mercosur es zona de origen de mujeres que son llevadas hacia Europa y Asia. El principal destino es España, seguido por Italia (aunque éste es mercado casi exclusivo de personas trans), Chile y Sudáfrica. La Argentina y Brasil son lugares de origen, tránsito y destino; mientras Paraguay y Uruguay son específicamente sitios de reclutamiento. En el caso de Argentina como destino, las mujeres suelen provenir principalmente de Paraguay, República Dominicana, Colombia, Brasil y Uruguay. Pero este delito también se realiza de modo interno, con tráfico de personas desde lugares más vulnerables del interior del país hacia las grandes urbes. Es en la trata interna donde se ve más la captación de niñas, algunas desde sus 8 o 10 años de edad.

En cuanto a las redes criminales, poseen distintas dimensiones, complejidad y dinámica: desde pequeñas familias hasta complejas organizaciones delictivas. El secuestro, por su parte, no figura como una herramienta muy utilizada para conseguir jóvenes, sino que se recurre más al engaño, con falsas promesas de trabajo, castings, supuestas agencias de modelos, complicidad de personas conocidas por las víctimas e incluso miembros de sus propias familias. El traslado es pagado por la red (luego suele ser parte de la “deuda” que la víctima contrae con ellos), se le retienen los documentos y suele haber una custodia que va controlando el trayecto.

¿El destino? Prostíbulos, whiskerías, departamentos privados y pooles. A las mujeres se las obliga a trabajar entre 10 y 12 horas por día, muchas veces deben vivir en el mismo lugar en el que reciben a los clientes y entre sus obligaciones figuran los “pases”, beber y hacer beber. La forma de mantenerlas retenidas es por medio de fuertes intimidaciones, secuestro del DNI, violencia física y psicológica, violaciones, alcohol y drogas, chantaje, deudas, multas, restricción de comida, amenazas de hacerles daño a sus familias o miedo a ser denunciadas por otros crímenes que también se les obliga a cometer (como tráfico de drogas o inmigración ilegal).

En este sentido, también es muy importante aclarar que la trata de personas no se reduce a reclutar sólo a mujeres pobres, altamente vulnerables. Entre los destinos de explotación también está la llamada “prostitución VIP” o “de lujo”.  Por ejemplo, en nuestro país, el conocido cabaret VIP “Black” ha sido denunciado por La Alameda por vínculos con la trata. El titular de la ONG, Gustavo Vera, aseguró que en el local nocturno, no sólo se ejerce la prostitución, sino que las mujeres que trabajan allí son obligadas a comprar y revender cocaína porque si no “son sometidas a feroces palizas o violaciones”.

Según contó Vera en diálogo con el programa de radio Mitre, “Sin Filtro” de Jorge Lanata, el local “es un centro de narcos y de distribución de cocaína” que está “habilitado de forma fraudulenta”. La denuncia de La Alameda ante la Justicia partió del testimonio de Carina Ramos, una mujer que le contó a la revista Noticias que fue obligada a prostituirse en distintos clubes nocturnos, entre ellos “Madaho´s” y “Black”, clubes a los que recurren funcionarios, miembros de la SIDE y de embajadas y comisarios. “Black” es propiedad de Alberto Fernández, quien integró la comitiva de empresarios y emprendedores que acompañó al secretario de Comercio a Angola.

Por supuesto, cuando hablamos de trata de personas en el Mercosur es imposible omitir la delicada situación de la Triple Frontera por donde pasa gran parte del tráfico de mujeres y niñas. Por si esto fuera poco, como advierte Cynthia Bendlin, una paraguaya con gran experiencia y reconocimientos por su labor en esta lucha, “además de las complicidades de funcionarios de la Triple Frontera con las redes criminales, se suma la dificultad de que, cuando trabajás contra la trata, del lado paraguayo te atiende un fiscal, del argentino, un juez, y del brasileño, la policía, esto complica la comunicación y el trabajo en equipo.”

Por último, en cuanto a la respuesta institucional, los especialistas coincidieron en la sensación de que los criminales están siempre un paso más delante de las respuestas de los gobiernos para apresarlos. “Los captadores vuelan por Internet y las redes sociales”, afirmaron.

Pero el principal desafío sigue siendo para todos la reinserción de las víctimas de trata. “No conocemos ninguna organización que esté logrando hacerlo con éxito”. Hasta el momento, son contados los casos en que la mujer ha logrado salir de las redes criminales y rehacer su vida. Muchas de ellas, después de años de esfuerzos por emerger de la explotación, suelen ser nuevamente coaptadas por las redes. Esto por la falta de herramientas propias para poder liberarse de la dominación, no solo física, sino también mental a las que fueron sometidas y por la escasez de ayuda institucional para hacer frente a la monumental tarea de desprenderse de una red criminal y de encontrar el modo de reinsertarse en la sociedad y de ser autónoma (especialmente en los casos en los que han sido capturadas desde la infancia, por lo que carecen de educación y lazos de solidaridad).

Frente a este panorama, los expertos coincidieron en que el rol de cada uno de nosotros, desde la sociedad civil, es crucial. “Debe lucharse contra el machismo que naturaliza el delito”. Por otro lado, “la connivencia política, policial y judicial hace que se termine echando o castigando a aquellos funcionarios que realmente lucha contra la trata”. Allí debe estar la sociedad civil, involucrada y comprometida, haciendo presión para respaldar a los trabajan y apartando y condenando a los cómplices de la explotación y la esclavitud de mujeres y niñas, en pleno siglo XXI.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció que estudia autorizar la explotación del Parque del Yasuní, un paraíso enclavado en el Amazonas y reserva de la biósfera para la ONU desde hace 24 años. Se trata de un cambio de 180 grados en la voluntad inicial del mandatario, quien incluso, en otros tiempos, se avocó a convencer a la opinión pública de la importancia preservar la zona (tanto que hoy el 90 % de los ecuatorianos se opone a su usufructo). ¿A qué se debe semejante cambio? Él lo explica con una frase que suele utilizar a menudo: “No me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”. Es que su plan inicial contemplaba buscar el apoyo de la comunidad internacional, que giraría a Ecuador el 50% de las ganancias que se podían obtener extrayendo el crudo. Las buenas intensiones brotaron por doquier pero, a la hora de poner la plata, al país llegó solo el 10% de los magros 10 millones de euros recaudados, cuando la cifra prometida era de 2700 millones a desembolsar en 10 años.

Cuando Correa hizo las cuentas, tiró el tablero y ordenó poner en marcha las topadoras. Pero es esa decisión ¿es una manera sustentable de luchar contra la pobreza? ¿No es pan para hoy y hambre para mañana? Y peor aún, ¿quién se llevará el pan y quiénes se quedarán con el hambre? ¿Quiénes serán los ganadores y quiénes los perderos al arrasar con la selva?

Paralelamente, en México, el flamante presidente, Enrique Peña Nieto, también propone cambios radicales en materia de energía; y se juega con ellos, a cara o cruz, el futuro de su gobierno. Se trata del histórico anuncio de la voluntad de abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sector privado. Es que más allá de lo ideológico, la realidad indica que en los últimos ocho años la producción de petróleo cayó en casi un millón de barriles diarios, a pesar de haber aumentado la inversión en el sector. La situación exige una respuesta apremiante en un país cuyos recursos fiscales dependen en más de un tercio de los ingresos petroleros y que, hasta ahora, respiraba gracias a los precios internacionales del crudo.

¿De dónde provino el descalabro mexicano? De los sucesivos gobiernos que cayeron en la tentación de meter mano en la caja de Pemex y de hacer de la empresa un brazo político del Gobierno, desalentando cualquier vocación empresarial, lastrando sus finanzas y transformándola en un foco de corrupción que además da cobijo a un poderoso sindicato manejado por los caciques del gobierno de turno. Por otra parte, parece que en nuestros países hay una fuerte tendencia a definir las políticas energéticas en función de las urgencias del momento, de los baches de dinero que se necesitan rellenar o de elecciones que se quieren ganar.

El ex secretario de energía y consultor Daniel Montamat analiza: “Vivimos en un mundo entrampado en el corto plazo. Una consecuencia de ello es que se prioriza la seguridad energética -suministro del lado de la oferta o la demanda- por sobre la sustentabilidad, que repara en los aspectos ambientales e internaliza sus costos. Sin embargo, es imprescindible que se planteen una estrategia de largo plazo que reconcilie las demandas del presente con las necesidades de un futuro posible. El desarrollo sustentable ha dejado de ser una opción, es una necesidad. De lo contrario perdemos todos, esta generación y las que vienen”.

Cuando hablamos de petróleo, los maquillajes no alcanzan. Las inversiones son gigantescas, los plazos muy largos, los riesgos son altos y las consecuencias, profundas. Se puede (y se debe) discutir en el plano ideológico y político para buscar consensos en torno a la participación o no de capitales privados, nacionales o extranjeros, de los términos de las concesiones, de si se ceden o no activos. Pero lo que no se puede hacer es carecer de verdaderas políticas de Estado, respetadas y sostenidas en el tiempo.

Es lo que ha pasado en nuestro país. Los sucesivos giros de timón de diferentes gobiernos, fueron, en muchos casos, excusas para negociados o para alimentar la demagogia. Como resultados nos dejaron hoy en este estado de deterioro del sistema energético en general y con un pozo ciego que se alimenta de $ 198,2 millones de pesos diarios en subsidios energéticos e importación de combustibles ¿Quién ha hecho bien las tareas en América Latina? Brasil, que posee hoy la cuarta empresa petrolera del mundo, Petrobras, y que elabora planes a largo plazo, por medio de un Consejo Nacional de Política Energética a cargo de los mejores especialistas del país. Como explica Jorge Hugo Herrera Vegas, ex embajador en Brasil, nuestro vecino, a diferencia de nosotros, “dispone de energía abundante para las empresas y los hogares, ya que en la última década, alcanzó su autoabastecimiento energético, mientras la Argentina lo perdía debido a una política aberrante. Nuestro país carece, como lo han hecho notar los ex secretarios de energía, de un plan energético a largo plazo. YPF, nuestra principal empresa energética, sólo produce un tercio de nuestras necesidades.

Recuperar el autoabastecimiento, que es la meta que se ha fijado el gobierno, implica un esfuerzo que requerirá cambios profundos. Mientras tanto, importar la energía faltante se convertirá en una verdadera pesadilla para quienes tengan la responsabilidad del manejo de nuestra economía.