Esclavas sexuales 2

La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual está comenzando a ser tomada cada vez más en serio, especialmente por su vinculación con el crimen organizado transnacional.

Esto llevó a que algunos países, como el nuestro, fueran alertados e “invitados” por otros, a tomar cartas en el asunto. La venta de seres humanos está íntimamente vinculada con el tráfico de armas, drogas, inmigrantes y lavado de dinero. Como observan algunos especialistas en temas de seguridad, la trata suele ser incluso más lucrativa, ya que las personas pueden ser “comercializadas” varias veces, a diferencia de las armas y la droga.
Este fue uno de los temas convocantes del “Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres” que se llevó a cabo en Mar Del Plata el 12 y 13 del corriente. Del mismo participaron representantes de distintos organismos que luchan y/o estudian este flagelo, en países de la región. En ese contexto se presentaron los resultados de análisis cuantitativos y cualitativos.

El Mercosur es zona de origen de mujeres que son llevadas hacia Europa y Asia. El principal destino es España, seguido por Italia (aunque éste es mercado casi exclusivo de personas trans), Chile y Sudáfrica. La Argentina y Brasil son lugares de origen, tránsito y destino; mientras Paraguay y Uruguay son específicamente sitios de reclutamiento. En el caso de Argentina como destino, las mujeres suelen provenir principalmente de Paraguay, República Dominicana, Colombia, Brasil y Uruguay. Pero este delito también se realiza de modo interno, con tráfico de personas desde lugares más vulnerables del interior del país hacia las grandes urbes. Es en la trata interna donde se ve más la captación de niñas, algunas desde sus 8 o 10 años de edad.

En cuanto a las redes criminales, poseen distintas dimensiones, complejidad y dinámica: desde pequeñas familias hasta complejas organizaciones delictivas. El secuestro, por su parte, no figura como una herramienta muy utilizada para conseguir jóvenes, sino que se recurre más al engaño, con falsas promesas de trabajo, castings, supuestas agencias de modelos, complicidad de personas conocidas por las víctimas e incluso miembros de sus propias familias. El traslado es pagado por la red (luego suele ser parte de la “deuda” que la víctima contrae con ellos), se le retienen los documentos y suele haber una custodia que va controlando el trayecto.

¿El destino? Prostíbulos, whiskerías, departamentos privados y pooles. A las mujeres se las obliga a trabajar entre 10 y 12 horas por día, muchas veces deben vivir en el mismo lugar en el que reciben a los clientes y entre sus obligaciones figuran los “pases”, beber y hacer beber. La forma de mantenerlas retenidas es por medio de fuertes intimidaciones, secuestro del DNI, violencia física y psicológica, violaciones, alcohol y drogas, chantaje, deudas, multas, restricción de comida, amenazas de hacerles daño a sus familias o miedo a ser denunciadas por otros crímenes que también se les obliga a cometer (como tráfico de drogas o inmigración ilegal).

En este sentido, también es muy importante aclarar que la trata de personas no se reduce a reclutar sólo a mujeres pobres, altamente vulnerables. Entre los destinos de explotación también está la llamada “prostitución VIP” o “de lujo”.  Por ejemplo, en nuestro país, el conocido cabaret VIP “Black” ha sido denunciado por La Alameda por vínculos con la trata. El titular de la ONG, Gustavo Vera, aseguró que en el local nocturno, no sólo se ejerce la prostitución, sino que las mujeres que trabajan allí son obligadas a comprar y revender cocaína porque si no “son sometidas a feroces palizas o violaciones”.

Según contó Vera en diálogo con el programa de radio Mitre, “Sin Filtro” de Jorge Lanata, el local “es un centro de narcos y de distribución de cocaína” que está “habilitado de forma fraudulenta”. La denuncia de La Alameda ante la Justicia partió del testimonio de Carina Ramos, una mujer que le contó a la revista Noticias que fue obligada a prostituirse en distintos clubes nocturnos, entre ellos “Madaho´s” y “Black”, clubes a los que recurren funcionarios, miembros de la SIDE y de embajadas y comisarios. “Black” es propiedad de Alberto Fernández, quien integró la comitiva de empresarios y emprendedores que acompañó al secretario de Comercio a Angola.

Por supuesto, cuando hablamos de trata de personas en el Mercosur es imposible omitir la delicada situación de la Triple Frontera por donde pasa gran parte del tráfico de mujeres y niñas. Por si esto fuera poco, como advierte Cynthia Bendlin, una paraguaya con gran experiencia y reconocimientos por su labor en esta lucha, “además de las complicidades de funcionarios de la Triple Frontera con las redes criminales, se suma la dificultad de que, cuando trabajás contra la trata, del lado paraguayo te atiende un fiscal, del argentino, un juez, y del brasileño, la policía, esto complica la comunicación y el trabajo en equipo.”

Por último, en cuanto a la respuesta institucional, los especialistas coincidieron en la sensación de que los criminales están siempre un paso más delante de las respuestas de los gobiernos para apresarlos. “Los captadores vuelan por Internet y las redes sociales”, afirmaron.

Pero el principal desafío sigue siendo para todos la reinserción de las víctimas de trata. “No conocemos ninguna organización que esté logrando hacerlo con éxito”. Hasta el momento, son contados los casos en que la mujer ha logrado salir de las redes criminales y rehacer su vida. Muchas de ellas, después de años de esfuerzos por emerger de la explotación, suelen ser nuevamente coaptadas por las redes. Esto por la falta de herramientas propias para poder liberarse de la dominación, no solo física, sino también mental a las que fueron sometidas y por la escasez de ayuda institucional para hacer frente a la monumental tarea de desprenderse de una red criminal y de encontrar el modo de reinsertarse en la sociedad y de ser autónoma (especialmente en los casos en los que han sido capturadas desde la infancia, por lo que carecen de educación y lazos de solidaridad).

Frente a este panorama, los expertos coincidieron en que el rol de cada uno de nosotros, desde la sociedad civil, es crucial. “Debe lucharse contra el machismo que naturaliza el delito”. Por otro lado, “la connivencia política, policial y judicial hace que se termine echando o castigando a aquellos funcionarios que realmente lucha contra la trata”. Allí debe estar la sociedad civil, involucrada y comprometida, haciendo presión para respaldar a los trabajan y apartando y condenando a los cómplices de la explotación y la esclavitud de mujeres y niñas, en pleno siglo XXI.

Esclavas sexuales

El problema de la trata de personas es un delito que ha existido, con mayor o menor presencia, en distintos momentos de la historia, pero que ha comenzado a reconocerse y ha exponerse como tal desde hace relativamente poco tiempo.

Mucho han tenido que ver los prejuicios machistas de nuestra sociedad patriarcal que ha aceptado socialmente la prostitución, que ha denigrado como ser humano a la mujer víctima de explotación sexual y que ha naturalizado el abuso, con ideas que aún circulan en el imaginario social, como que la prostitución es “el trabajo más antiguo” de la mujer o que “a la prostituta le gusta tener sexo” con hombres a los que no elije y cobrar por él. Si bien hay distintas historias de vida en cada una de ellas, lo cierto es que “ninguna mujer nació para ser puta” y que, más allá de los matices y  justificativos machistas, detrás de ellas hay hombres que se enriquecen a sus expensas, organizaciones criminales, abusos, golpes, chantajes y mucho sufrimiento del que les suele ser difícil, o imposible, liberarse.

Resulta muy mortificante escuchar los testimonios de la gente que trabaja con víctimas de trata, por la seguidilla de atrocidades a las que son sometidas las estas mujeres, muchas de ellas aún niñas. Cynthia Bendlin, galardonada con el premio “mujeres de coraje” por su lucha contra la trata de personas, explica la situación en la que se encuentran estas jóvenes. Ellas “son despojadas totalmente de su identidad: arrancadas de su lugar de origen, familia y círculo de pertenencia, se les cambia el nombre, la forma de vestirse y se las somete al ‘ablandamiento’, que consiste en una serie de palizas y violaciones para quebrantar su espíritu y someterlas completamente. Debido a esta situación, muchas de ellas -que además  sufren stress por los traumas o síndrome de Estocolmo-, acaban por reproducir el discurso de sus explotadores y hablan, no con su voz, sino con la de ellos; resignadas a la realidad que les toca padecer”. Los especialistas relatan que, en varios casos, llegan incluso a justificar las palizas y los abusos porque “se portaron mal o desobedecieron”.

Esto, juntos a las amenazas y al miedo, hace que sea difícil contar con el testimonio de las víctimas y desdibuja el límite de hasta dónde ofrecieron su consentimiento para convertirse en trabajadoras sexuales. En este sentido, se destaca la importancia de la ley 26.842 que, a diferencia de la 26.364 (de 2008) no obliga a probar la no existencia de consentimiento previo para que exista delito. En la nueva ley, “el consentimiento dado por la víctima de la trata no constituirá, en ningún caso, causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los responsables”. El mismo principio se encuentra establecido a nivel internacional en el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y que, además protege a las víctimas para que no deban declarar en  causas de trata.

En este sentido, si bien estamos frente a un problema muy grave -especialmente en nuestro país, que es lugar de origen, tránsito y destino de redes de distintos grados de complejidad (desde organizaciones criminales hasta familias) y que operan de modo interno o transnacional-,  la buena noticia es que la Argentina ha avanzado mucho en comparación con otros países de la región, gran parte gracias a la incansable lucha de Susana Trimarco.

Sin embargo, los criminales, siempre parecen estar un paso adelante de las respuestas institucionales pensadas para erradicar el delito. La connivencia policial, política (especialmente a nivel de las intendencias y gobernaciones) y hasta judicial, traban aún más las posibilidades de éxito.

Pero, como decíamos al principio, también está la complicidad de todo un sector de la sociedad que terminan justificando la explotación (como escuchamos hace unos días con las lamentables declaraciones del jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Santa Cruz, Rubén “La Burra” Contreras) y de una sociedad que mira hacia otro lado y que ve en las víctimas de la trata a un ser inferior por ser, en primer lugar, mujer, pero además, mujer pobre, vulnerable, sin poder… y puta. Pero la realidad es tan clara que a veces enceguece, como bien reza el spot de una campaña de lucha contra este flagelo: “sin clientes no hay negocio, y sin negocio no hay trata”.