Los grupos de autodefensas ya operan en 40 de los 113 municipios de Michoacán, realizando tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad como patrullajes, cacheo, etcétera. Pero, lo más alarmante es que han tomado por la fuerza a 10 de ellos (y continúan ejerciendo presión sobre otros). Estas “tomas” son, concretamente, golpes de estado de un microsistema, como es una alcaldía. Por ejemplo, en Parácuaro, ciudad de 20 mil habitantes, irrumpieron unos 200 hombres y mujeres armados que, a su vez, eran recibidos a los tiros desde los techos de vecinos que se oponían a su llegada. Una imagen digna del lejano oeste. Una vez en el pueblo, encarcelaron a los policías de la comisaría, se hicieron de sus armas y, seguidamente, destituyeron al alcalde, dejando a la ciudad en la anarquía total.

¿Qué ha estado haciendo el gobierno nacional frente a esto? Hasta el momento había tenido una actitud más vacilante, mirando hacia el costado, sobre todo por la comodidad de que apareciera alguien intentando dar las respuestas que ellos no son capaces de arriesgar, aunque esto vaya en contra del normal devenir del estado de derecho (en Michoacán, las autodefensas “liberaron” 11 municipios en manos de Los Caballeros Templarios, cosa que no podría haber hecho el ejército). Por otra parte, desde su asunción, el presidente Enrique Peña Nieto se mantuvo muy concentrado en los asuntos económicos del país y en encarar una revolucionaria reforma energética. Esto, en desmedro de atender el foco de tensión y descontrol que azota a esa región y que la ha convertido en un ejemplo de “estado fallido” donde el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza y donde rige la ley de la selva.

Desde hace unas semanas, esa indiferencia se había transformado en diálogo y apoyo, lo cual encendió la alarma de los especialistas en defensa y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que vieron el peligro de coquetear con grupos que actúan al margen de la ley, aunque sean ciudadanos de a pie en lucha contra el crimen organizado. Estos acercamientos se expresaron principalmente en dos hechos concretos: uno, la confesión de un funcionario del gobierno sobre la apertura de instancias de diálogo con las autodenfensas (lo que implica darle entidad y reconocerlas como un actor) y, dos, en la guardia de soldados y policías que dispuso el estado para cuidar de José Manuel Mireles, líder de estos grupos, durante su internación en un hospital en Ciudad de México. Muchos consideraron insultante que, en un país donde mueren ciudadanos comunes en manos de los narcotraficantes, el Estado dispusiera de las fuerzas de seguridad para cuidar a alguien que, en realidad, debería ser detenido por actuar fuera de la ley.

Las críticas comenzaron a llover desde todos los sectores y esto produjo un golpe de timón en el gobierno que emprendió una fuerte ofensiva en la que se ordenó “detener y castigar a todo el que porte armas no autorizadas”. El ultimátum para lograr el desarme, terminó con varios muertos y más críticas, lo que llevó al gobierno a intentar el diálogo y a desarmar a policías acusados por los pueblerinos de “trabajar” para Los Caballeros Templarios.

Pero, hasta ahora, corren los meses y la sangre. El gobierno de Peña Nieta no logra dar en la tecla para revertir un gran flagelo que crece día a día y que va ganando territorios y voluntades. Quienes integran las autodefensas se muestran reticentes a deponer las kaláshnikovs porque dicen estar hartos de la asfixia a la que los someten los narcos, de pagarles “peajes” para transitar, para tener un negocio, para poder hacer una fiesta de 15, para que no le maten a sus hijos y del calvario de las violaciones: “se llevan a las mujeres y hasta que no quedan embarazadas no las devuelven”. Ante la falta de respuestas del Estado, debe ser difícil quedarse sentado y no hacer algo para proteger a los seres queridos de ese violento descontrol. Pero se juega aquí con un arma de doble filo, porque lo que se vive hoy en parte de México, es una película con un comienzo demasiado parecido a la pesadilla colombiana de grupos paramilitares que terminaron siendo igual de atroces y corruptos que los mismos narcotraficantes.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció que estudia autorizar la explotación del Parque del Yasuní, un paraíso enclavado en el Amazonas y reserva de la biósfera para la ONU desde hace 24 años. Se trata de un cambio de 180 grados en la voluntad inicial del mandatario, quien incluso, en otros tiempos, se avocó a convencer a la opinión pública de la importancia preservar la zona (tanto que hoy el 90 % de los ecuatorianos se opone a su usufructo). ¿A qué se debe semejante cambio? Él lo explica con una frase que suele utilizar a menudo: “No me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”. Es que su plan inicial contemplaba buscar el apoyo de la comunidad internacional, que giraría a Ecuador el 50% de las ganancias que se podían obtener extrayendo el crudo. Las buenas intensiones brotaron por doquier pero, a la hora de poner la plata, al país llegó solo el 10% de los magros 10 millones de euros recaudados, cuando la cifra prometida era de 2700 millones a desembolsar en 10 años.

Cuando Correa hizo las cuentas, tiró el tablero y ordenó poner en marcha las topadoras. Pero es esa decisión ¿es una manera sustentable de luchar contra la pobreza? ¿No es pan para hoy y hambre para mañana? Y peor aún, ¿quién se llevará el pan y quiénes se quedarán con el hambre? ¿Quiénes serán los ganadores y quiénes los perderos al arrasar con la selva?

Paralelamente, en México, el flamante presidente, Enrique Peña Nieto, también propone cambios radicales en materia de energía; y se juega con ellos, a cara o cruz, el futuro de su gobierno. Se trata del histórico anuncio de la voluntad de abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sector privado. Es que más allá de lo ideológico, la realidad indica que en los últimos ocho años la producción de petróleo cayó en casi un millón de barriles diarios, a pesar de haber aumentado la inversión en el sector. La situación exige una respuesta apremiante en un país cuyos recursos fiscales dependen en más de un tercio de los ingresos petroleros y que, hasta ahora, respiraba gracias a los precios internacionales del crudo.

¿De dónde provino el descalabro mexicano? De los sucesivos gobiernos que cayeron en la tentación de meter mano en la caja de Pemex y de hacer de la empresa un brazo político del Gobierno, desalentando cualquier vocación empresarial, lastrando sus finanzas y transformándola en un foco de corrupción que además da cobijo a un poderoso sindicato manejado por los caciques del gobierno de turno. Por otra parte, parece que en nuestros países hay una fuerte tendencia a definir las políticas energéticas en función de las urgencias del momento, de los baches de dinero que se necesitan rellenar o de elecciones que se quieren ganar.

El ex secretario de energía y consultor Daniel Montamat analiza: “Vivimos en un mundo entrampado en el corto plazo. Una consecuencia de ello es que se prioriza la seguridad energética -suministro del lado de la oferta o la demanda- por sobre la sustentabilidad, que repara en los aspectos ambientales e internaliza sus costos. Sin embargo, es imprescindible que se planteen una estrategia de largo plazo que reconcilie las demandas del presente con las necesidades de un futuro posible. El desarrollo sustentable ha dejado de ser una opción, es una necesidad. De lo contrario perdemos todos, esta generación y las que vienen”.

Cuando hablamos de petróleo, los maquillajes no alcanzan. Las inversiones son gigantescas, los plazos muy largos, los riesgos son altos y las consecuencias, profundas. Se puede (y se debe) discutir en el plano ideológico y político para buscar consensos en torno a la participación o no de capitales privados, nacionales o extranjeros, de los términos de las concesiones, de si se ceden o no activos. Pero lo que no se puede hacer es carecer de verdaderas políticas de Estado, respetadas y sostenidas en el tiempo.

Es lo que ha pasado en nuestro país. Los sucesivos giros de timón de diferentes gobiernos, fueron, en muchos casos, excusas para negociados o para alimentar la demagogia. Como resultados nos dejaron hoy en este estado de deterioro del sistema energético en general y con un pozo ciego que se alimenta de $ 198,2 millones de pesos diarios en subsidios energéticos e importación de combustibles ¿Quién ha hecho bien las tareas en América Latina? Brasil, que posee hoy la cuarta empresa petrolera del mundo, Petrobras, y que elabora planes a largo plazo, por medio de un Consejo Nacional de Política Energética a cargo de los mejores especialistas del país. Como explica Jorge Hugo Herrera Vegas, ex embajador en Brasil, nuestro vecino, a diferencia de nosotros, “dispone de energía abundante para las empresas y los hogares, ya que en la última década, alcanzó su autoabastecimiento energético, mientras la Argentina lo perdía debido a una política aberrante. Nuestro país carece, como lo han hecho notar los ex secretarios de energía, de un plan energético a largo plazo. YPF, nuestra principal empresa energética, sólo produce un tercio de nuestras necesidades.

Recuperar el autoabastecimiento, que es la meta que se ha fijado el gobierno, implica un esfuerzo que requerirá cambios profundos. Mientras tanto, importar la energía faltante se convertirá en una verdadera pesadilla para quienes tengan la responsabilidad del manejo de nuestra economía.