Los carteles modifican su estructura y se adaptan, una y otra vez,  a los tiempos que corren. Atrás quedaron las organizaciones piramidales típicas del cartel de Cali o del cartel de Medellín que arrojaron a la Historia grandes leyendas del crimen como Pablo Escobar o los hermanos Orejuela. Como señala Fabián Calle, “hoy Colombia cuenta con dos centenares de ‘carteles chicos’ de más bajo perfil que los que operaban antes de los 90”. Son los que se distribuyen ahora el negocio, tras  la nueva realidad post Plan Colombia.

En México los grandes carteles, de estructura más profesionalizada y empresarial, se  convirtieron en verdaderos holdings que aprovechan su economía de escala para llevar adelante una gran cantidad de negocios legales e ilegales. El manejo de enormes volúmenes de dinero, de influencias, zonas liberadas, rutas, armas, soldados, etc., aportan la estructura para la explotación de otros negocios tan rentables, o más, que la venta de sustancias prohibidas. Es por ello que, hoy por hoy, los ingresos más importantes ya no les vienen de las drogas. Los dos carteles más fuertes de México se convirtieron en verdaderas empresas internacionales con “portfolios” en distintas ramas de la economía. Manejan un menú de negocios criminales, como en el caso de Los Zetas, o explotan una combinación de actividades ilegales con legales, tal como lo hacen Los Caballeros Templarios. Estos últimos controlan ya casi todos los aspectos de la vida económica de Michoacán, desde la agricultura, la gastronomía y hotelería, la venta de indumentaria, equipos de fútbol, empresas de seguridad privada, bienes raíces, venta de autos usados, disqueras,  tiendas de electrodomésticos, secuestro, extorsión, piratería. Sin embargo, el narcotráfico (con la importación de heroína desde Asia o el uso de las rutas de África, que los ponen en relaciones con grupos terroristas islámicos), la producción y venta de anfetaminas, o la importación y cocción de  cocaína para exportar a EE.UU, entre otros comercios ilícitos, ya no son la principal fuente de ingresos de Los Caballeros Templarios. Su estructura criminal, con rutas, aduanas abiertas, voluntades compradas y un fuerte poder de presión y extorsión, les han permitido hacerse del negocio de la exportación de hierro de la minería ilegal con destino a China, más lucrativa aún que la venta de sustancias prohibidas.

Lo mismo ocurre con Los Zetas. Estos ex agentes de fuerzas de élite, que recibieron entrenamientos especiales en EE.UU y Francia para luchar contra la insurgencia en Chiapas, vieron luego el verdadero negocio en el crimen. Se caracterizan por su enorme crueldad y violencia (son quienes introdujeron la decapitación en México). Ahora los Zetas manejan un abanico de actividades ilegales como el secuestro, la inmigración ilegal a EE.UU, el cobro de cuotas al resto de los sectores productivos, a políticos y a otros grupos criminales más pequeños, la venta de armas, la trata de personas, el contrabando, administración de giros en negro, ventas de productos en las cárceles, ventas de autos robados, peajes para transitar, etcétera. Tampoco para ellos el grueso de los billetes proviene de las drogas sino de la venta de hidrocarburos extraídos ilegalmente.

También en Italia la Mafia ramifica sus negocios en la industria de la moda, los talleres clandestinos, el enterramiento ilegal de basura tóxica y, muy fuertemente, en empresas constructoras de obra pública que ganan licitaciones en las que quintuplican o sextuplican el precio de los materiales.

¿Qué ocurre en la Argentina? Para Laura Etcharren, una de las personas que más sabe sobre este tema en nuestro país, aquí operan grupos de narcotraficantes, como el “cartel en formación” que son “Los Monos” en Rosario. También puede advertirse la presencia de pequeñas células de los Zetas y del cartel de Sinaloa, especialmente en las provincias de Salta y Jujuy. “En 2009 teníamos un estado embrionario del  crimen organizado, pero entre 2011 y 2014 se consagra con una fuerte conformación de bandas locales fusionadas con células importadas”.  Para explicar cómo estamos y hacia dónde vamos, Etcharren grafica: “México comenzó como la Argentina. Lo que pasa aquí es lo que ocurría allá en los años ’50. Un dato a observar es la cantidad de femicidios, que en la Argentina es cada vez mayor. Las mujeres, en especial aquellas en mayor estado de vulnerabilidad, terminan siendo las víctimas del círculo ‘droga-dinero-prostitución’”.

Lo que observamos en México, Centroamérica e Italia, también se ve en nuestro país. Invitado por el gobierno de Santa Fe, Edgardo Buscaglia, experto en lavado de dinero, investigador de la universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México, aseguró que “la economía formal está infiltrada de grupos criminales, sin dudas; no hay un solo caso en el planeta donde no suceda”. Como bien alerta este especialista, sería imposible la presencia criminal que vemos hoy en Santa fe, si no se valieran de los más de diez puertos establecidos allí:  “Hay una enorme infiltración de grupos criminales sobre los puertos privados que operan en Santa Fe, y no veo que al gobierno federal, con jurisdicción allí, actúe con el gobierno provincial. No han reaccionado”. Esto denota, además, hasta dónde se han colado las mafias y cuáles son las redes de complicidad que las sostienen, ya que como explica Buscaglia “generalmente, las estructuras de un Estado han sido infiltradas por grupos criminales cuando sus gobiernos están paralizados años tras años sin tomar medidas. Y ahí cabe evaluar cómo se financian las campañas electorales, qué hacen los empresarios vinculados al poder político”.

Así, el crimen organizado en nuestro país, no se limita al tránsito, importación, exportación y venta de sustancias prohibidas, sino que su veneno se  esparce de un modo más complejo y profundo en todo el tejido social, a la vez que saca provecho de la marginalidad, la pobreza y la adicción. También para Etcharren, “cuando hablamos del fenómeno del narcotráfico no tenemos que pensar sólo en materia de sustancia, sino en el dinero”. En los trabajos que esta socióloga publica en su en su blog, da cuenta de la presencia de dinero del narcotráfico en el negocio del fútbol, en la estructura hotelera de la Patagonia, en la corrupción de las fuerzas policiales y de la política, en el tráfico de seres humanos, incluso en organizaciones solidarias que lucran con la marginalidad y que son, muchas veces, un centro de lavado de dinero negro. “Así como la seguridad  es una industria, también la inseguridad es una esfera que genera muchísimo renta” y advierte sobre un dato escalofriante de nula presencia mediática: el reclutamiento de niños soldados de entre 10 y 16 años en el norte de nuestro país que son adiestrados por los Zetas para luego ser vendidos a bandas de la Provincia de Buenos Aires y Rosario o para ser “exportados”  a través de las descontroladas fronteras argentinas.

Pareciera que aún no logramos advertir la dimensión y la gravedad que tiene este tema en nuestro país. Porque los males, que muchas veces se cruzan frente a nuestros ojos  día a día, se interrelaciones entre sí y se retroalimentan en una bola de nieve que está en crecimiento y que no estamos en camino a detener. ¿Qué pasa con la UIF? ¿Por qué no tenemos condenas por lavado de dinero? ¿Por qué no se investiga el dinero de la corrupción política? ¿Por qué la Argentina aparece implicada en operaciones sospechosas reportadas, tanto desde los EE.UU como desde Europa?. ¿Qué pasa con las fronteras y los sistemas aduaneros? ¿Qué clase de policía tenemos? ¿A dónde están las miles de mujeres y niñas que desaparecen año tras año?

Concluye Buscaglia: “Si no hay instancia de investigación patrimonial, no habrá disminución de delitos económicos. El gobierno federal debería partir de la hipótesis de que los puertos sujetos a concesiones privadas en Santa Fe han sido infiltrados por organizaciones criminales. De esto no se habla y diría que ya mismo debieran trabajar ambos gobiernos en coordinación operativa.” Lo realmente triste es que, como señala este experto, “la delincuencia organizada es una máquina succionadora de vidas humanas” y si no queremos que a nuestros hijos y nietos se los traguen el crimen y la corrupción, debemos reclamar acciones urgentes”.

Los grupos de autodefensas ya operan en 40 de los 113 municipios de Michoacán, realizando tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad como patrullajes, cacheo, etcétera. Pero, lo más alarmante es que han tomado por la fuerza a 10 de ellos (y continúan ejerciendo presión sobre otros). Estas “tomas” son, concretamente, golpes de estado de un microsistema, como es una alcaldía. Por ejemplo, en Parácuaro, ciudad de 20 mil habitantes, irrumpieron unos 200 hombres y mujeres armados que, a su vez, eran recibidos a los tiros desde los techos de vecinos que se oponían a su llegada. Una imagen digna del lejano oeste. Una vez en el pueblo, encarcelaron a los policías de la comisaría, se hicieron de sus armas y, seguidamente, destituyeron al alcalde, dejando a la ciudad en la anarquía total.

¿Qué ha estado haciendo el gobierno nacional frente a esto? Hasta el momento había tenido una actitud más vacilante, mirando hacia el costado, sobre todo por la comodidad de que apareciera alguien intentando dar las respuestas que ellos no son capaces de arriesgar, aunque esto vaya en contra del normal devenir del estado de derecho (en Michoacán, las autodefensas “liberaron” 11 municipios en manos de Los Caballeros Templarios, cosa que no podría haber hecho el ejército). Por otra parte, desde su asunción, el presidente Enrique Peña Nieto se mantuvo muy concentrado en los asuntos económicos del país y en encarar una revolucionaria reforma energética. Esto, en desmedro de atender el foco de tensión y descontrol que azota a esa región y que la ha convertido en un ejemplo de “estado fallido” donde el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza y donde rige la ley de la selva.

Desde hace unas semanas, esa indiferencia se había transformado en diálogo y apoyo, lo cual encendió la alarma de los especialistas en defensa y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que vieron el peligro de coquetear con grupos que actúan al margen de la ley, aunque sean ciudadanos de a pie en lucha contra el crimen organizado. Estos acercamientos se expresaron principalmente en dos hechos concretos: uno, la confesión de un funcionario del gobierno sobre la apertura de instancias de diálogo con las autodenfensas (lo que implica darle entidad y reconocerlas como un actor) y, dos, en la guardia de soldados y policías que dispuso el estado para cuidar de José Manuel Mireles, líder de estos grupos, durante su internación en un hospital en Ciudad de México. Muchos consideraron insultante que, en un país donde mueren ciudadanos comunes en manos de los narcotraficantes, el Estado dispusiera de las fuerzas de seguridad para cuidar a alguien que, en realidad, debería ser detenido por actuar fuera de la ley.

Las críticas comenzaron a llover desde todos los sectores y esto produjo un golpe de timón en el gobierno que emprendió una fuerte ofensiva en la que se ordenó “detener y castigar a todo el que porte armas no autorizadas”. El ultimátum para lograr el desarme, terminó con varios muertos y más críticas, lo que llevó al gobierno a intentar el diálogo y a desarmar a policías acusados por los pueblerinos de “trabajar” para Los Caballeros Templarios.

Pero, hasta ahora, corren los meses y la sangre. El gobierno de Peña Nieta no logra dar en la tecla para revertir un gran flagelo que crece día a día y que va ganando territorios y voluntades. Quienes integran las autodefensas se muestran reticentes a deponer las kaláshnikovs porque dicen estar hartos de la asfixia a la que los someten los narcos, de pagarles “peajes” para transitar, para tener un negocio, para poder hacer una fiesta de 15, para que no le maten a sus hijos y del calvario de las violaciones: “se llevan a las mujeres y hasta que no quedan embarazadas no las devuelven”. Ante la falta de respuestas del Estado, debe ser difícil quedarse sentado y no hacer algo para proteger a los seres queridos de ese violento descontrol. Pero se juega aquí con un arma de doble filo, porque lo que se vive hoy en parte de México, es una película con un comienzo demasiado parecido a la pesadilla colombiana de grupos paramilitares que terminaron siendo igual de atroces y corruptos que los mismos narcotraficantes.

La otra noticia tuvo como epicentro un país del primer mundo y con costumbres occidentales: Australia. Allí, también el máximo órgano de la justicia, tildó de “inconstitucionales” los matrimonios entre personas del mismo sexo, que habían sido autorizados en la capital, por entender que van en contra de lo dispuesto por la ley nacional en la Constitución.

¿Cuál es el estado actual de los derechos de los homosexuales en el mundo?

La situación es muy dispar. Europa continúa siendo la región más abierta y tolerante. En término de naciones, hay que reconocerle a la Argentina estar a la cabeza, a escala mundial, de estados con una legislación que respeta y reconoce los derechos de las minorías sexuales. A saber, es uno de los 10 países (junto a Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia) que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y uno de los 12 que permite la adopción de niños en igualdad de condiciones que el resto de las parejas.

Pero Argentina no sólo es un país “de avanzada” en su legislación -en una región donde todavía hay 10 países del Caribe que consideran ilegal la homosexualidad- también lo es a nivel cultural, lo que ha convertido a Buenos Aires en una ciudad “gay friendly” de reconocimiento internacional y donde, afortunadamente, no se ven los actos de violencia y discriminación por orientación sexual de la que dan cuenta los diarios del resto de los países de América Latina, como Chile o México.

En tanto, en el último documento de radiografía sobre la situación de la homosexualidad en el mundo descripto en el “Informe sobre Homofobia Patrocinada por el Estado” elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, se alerta sobre la existencia de 78 países en donde la homosexualidad continúa siendo ilegal y donde la homofobia es patrocinada y ejercida desde el propio Estado. El punto extremo está representado por aquellos siete lugares en el mundo en donde, en pleno siglo XXI, aún se castiga a la homosexualidad con la pena de muerte, como ocurre en Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, norte de Nigeria y sur de Somalía.

Otros países son menos extremistas, aunque no por eso sutiles, como Rusia, cuya Duma acaba de aprobar, casi por unanimidad, una ley que permite sancionar a aquellos que den información sobre “relaciones sexuales no tradicionales”, que “las presenten como atractivas” o que “provoquen el interés por esas relaciones”; también a aquellos que se dediquen a difundir “la idea tergiversada de que las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen el mismo valor social”, con multas que distinguen entre sujetos físicos, “personas con cargos” o entidades jurídicas.

Que aún existan estos ejemplos en donde es el propio estado el que genera, promueve y apoya conductas homofóbicas, muestra que la lucha por la igualdad, el respeto y la tolerancia de las minorías sexuales en el mundo, es una guerra en la que aún falta dar muchas batallas.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció que estudia autorizar la explotación del Parque del Yasuní, un paraíso enclavado en el Amazonas y reserva de la biósfera para la ONU desde hace 24 años. Se trata de un cambio de 180 grados en la voluntad inicial del mandatario, quien incluso, en otros tiempos, se avocó a convencer a la opinión pública de la importancia preservar la zona (tanto que hoy el 90 % de los ecuatorianos se opone a su usufructo). ¿A qué se debe semejante cambio? Él lo explica con una frase que suele utilizar a menudo: “No me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”. Es que su plan inicial contemplaba buscar el apoyo de la comunidad internacional, que giraría a Ecuador el 50% de las ganancias que se podían obtener extrayendo el crudo. Las buenas intensiones brotaron por doquier pero, a la hora de poner la plata, al país llegó solo el 10% de los magros 10 millones de euros recaudados, cuando la cifra prometida era de 2700 millones a desembolsar en 10 años.

Cuando Correa hizo las cuentas, tiró el tablero y ordenó poner en marcha las topadoras. Pero es esa decisión ¿es una manera sustentable de luchar contra la pobreza? ¿No es pan para hoy y hambre para mañana? Y peor aún, ¿quién se llevará el pan y quiénes se quedarán con el hambre? ¿Quiénes serán los ganadores y quiénes los perderos al arrasar con la selva?

Paralelamente, en México, el flamante presidente, Enrique Peña Nieto, también propone cambios radicales en materia de energía; y se juega con ellos, a cara o cruz, el futuro de su gobierno. Se trata del histórico anuncio de la voluntad de abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sector privado. Es que más allá de lo ideológico, la realidad indica que en los últimos ocho años la producción de petróleo cayó en casi un millón de barriles diarios, a pesar de haber aumentado la inversión en el sector. La situación exige una respuesta apremiante en un país cuyos recursos fiscales dependen en más de un tercio de los ingresos petroleros y que, hasta ahora, respiraba gracias a los precios internacionales del crudo.

¿De dónde provino el descalabro mexicano? De los sucesivos gobiernos que cayeron en la tentación de meter mano en la caja de Pemex y de hacer de la empresa un brazo político del Gobierno, desalentando cualquier vocación empresarial, lastrando sus finanzas y transformándola en un foco de corrupción que además da cobijo a un poderoso sindicato manejado por los caciques del gobierno de turno. Por otra parte, parece que en nuestros países hay una fuerte tendencia a definir las políticas energéticas en función de las urgencias del momento, de los baches de dinero que se necesitan rellenar o de elecciones que se quieren ganar.

El ex secretario de energía y consultor Daniel Montamat analiza: “Vivimos en un mundo entrampado en el corto plazo. Una consecuencia de ello es que se prioriza la seguridad energética -suministro del lado de la oferta o la demanda- por sobre la sustentabilidad, que repara en los aspectos ambientales e internaliza sus costos. Sin embargo, es imprescindible que se planteen una estrategia de largo plazo que reconcilie las demandas del presente con las necesidades de un futuro posible. El desarrollo sustentable ha dejado de ser una opción, es una necesidad. De lo contrario perdemos todos, esta generación y las que vienen”.

Cuando hablamos de petróleo, los maquillajes no alcanzan. Las inversiones son gigantescas, los plazos muy largos, los riesgos son altos y las consecuencias, profundas. Se puede (y se debe) discutir en el plano ideológico y político para buscar consensos en torno a la participación o no de capitales privados, nacionales o extranjeros, de los términos de las concesiones, de si se ceden o no activos. Pero lo que no se puede hacer es carecer de verdaderas políticas de Estado, respetadas y sostenidas en el tiempo.

Es lo que ha pasado en nuestro país. Los sucesivos giros de timón de diferentes gobiernos, fueron, en muchos casos, excusas para negociados o para alimentar la demagogia. Como resultados nos dejaron hoy en este estado de deterioro del sistema energético en general y con un pozo ciego que se alimenta de $ 198,2 millones de pesos diarios en subsidios energéticos e importación de combustibles ¿Quién ha hecho bien las tareas en América Latina? Brasil, que posee hoy la cuarta empresa petrolera del mundo, Petrobras, y que elabora planes a largo plazo, por medio de un Consejo Nacional de Política Energética a cargo de los mejores especialistas del país. Como explica Jorge Hugo Herrera Vegas, ex embajador en Brasil, nuestro vecino, a diferencia de nosotros, “dispone de energía abundante para las empresas y los hogares, ya que en la última década, alcanzó su autoabastecimiento energético, mientras la Argentina lo perdía debido a una política aberrante. Nuestro país carece, como lo han hecho notar los ex secretarios de energía, de un plan energético a largo plazo. YPF, nuestra principal empresa energética, sólo produce un tercio de nuestras necesidades.

Recuperar el autoabastecimiento, que es la meta que se ha fijado el gobierno, implica un esfuerzo que requerirá cambios profundos. Mientras tanto, importar la energía faltante se convertirá en una verdadera pesadilla para quienes tengan la responsabilidad del manejo de nuestra economía.