Desprecio y crueldad sin límites por parte del máximo mandatario hacia su pueblo. La pareja presidencial ni siquiera parece estar a tono con lo que ocurre, como lo demostraron los mails que salieron a la luz, apenas iniciado el conflicto, en los que la primera dama aparecía preocupada sólo por sus carísimas compras online y alardeaba con una amiga de ser ella “la verdadera dictadora”. Lo propio vale para su marido que, en medio de la crisis, sube fotos a Instagram en una cuenta que ha sido calificada de “despreciable” por la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien dijo además que “es repulsivo que el régimen de Assad use esto para ocultar la brutalidad y el sufrimiento que causa y lo que realmente está pasando”.

Siria es hoy el ejemplo de cómo la espiral de violencia puede ir in crescendo hasta salirse totalmente de control. Las atrocidades se cometen no solo desde el gobierno. Según Jesús Núnez, Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria “en la locura violenta que vive Siria ya es imposible determinar a primera vista quién es el responsable de cada una de las atrocidades cometidas. A estas alturas está suficientemente documentado que ambos bandos comparten la idea de que todo vale en el campo de batalla para conseguir sus respectivos objetivos. Son múltiples los ejemplos de desprecio al derecho internacional humanitario y de violación de los derechos de los civiles en cualquier rincón del territorio.”

En un comienzo, quienes luchaban contra las fuerzas gubernamentales era el propio pueblo, disconforme con la dictadura. Hoy, los sirios escapan en masa para convertirse en refugiados en los países vecinos, incluso en Gaza, donde reemplazan el terrible conflicto que viven en casa, por otro un poco menos álgido. Se trata de la peor crisis de refugiados del mundo de los últimos 20 años, con un millón de niños arrancados de sus casas y viviendo en condiciones infrahumanas, de cuales 768.000 tienen menos de 11 años.

En tanto, las filas “rebeldes” se convierten en un grupo cada vez más heterogéneo, profesionalizado y radicalizado. Yihadistas llegan al país desde Egipto, Irak, Paquistán y Chechenia para luchar en Siria, lo que está haciendo cada día más cruenta a esa guerra civil. Por eso, hoy, la opción de que Al-Assad siga en el poder es igualmente terrible que el caos y el extremismo que puede suceder a la caída del régimen.

Hasta estos últimos días y durante estos dos años, la comunidad internacional estuvo mirando a un costado. La reacción comenzó ahora, en parte, porque se cruzó la “línea roja” con el uso de armas químicas en la zona de Gutha, al este de Damasco -aunque algunos ponen en duda si fueron arrojadas por el régimen o por los bandos opositores. Los relatos del ataque son estremecedores, como se ve en el video, subido por los rebeldes a YouTube, en que un médico narra la desesperación de ver pasar por sus manos los cadáveres de más de 50 niños.

Como advierte el ex vicecanciller, Roberto García Moritán, “Siria es uno de los pocos países que no adhiere al Tratado que prohíbe la utilización de estas armas y cuenta con un importante arsenal, principalmente de gas zarin y otras sustancias toxicas de gases venenosos.” ¿De dónde provienen las armas químicas? Según García Moritán “el origen de ese armamento es materia de polémica, pero algunas versiones indican que fueron asistidos técnicamente hace algunas décadas por Alemania, pero nunca hubo pruebas al respecto. Asimismo, se calcula que el otro país que pudo haber colaborado es Irak, en la época de Saddan Hussein.”

Mientras los jefes militares de varios países debaten en Jordania que hacer o no con respecto a Siria, y más allá de las respuestas de las armas, hay una crisis humanitaria que necesita atención y solidaridad urgentes. Como señala el máximo responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, sólo disponen del 40% del dinero que necesitarían realmente para asistir a las víctimas. Los países no envían los recursos ni tampoco buscan soluciones políticas que detengan los éxodos y los asesinatos.

El resultado es la muerte de 100.000 personas, 7.000 de ellas menores de edad. Ante esto, Guterres advierte que “está en juego la supervivencia y el bienestar de una generación de inocentes”. La delicada situación humanitaria genera desnutrición, traumas y desesperación. Los organismos de la ONU están dando cuenta de también de casos de “explotación sexual, matrimonios y trabajos forzados y tráfico de menores”. Los niños también son utilizados por ambos bandos como soldados, incluso de escudos humanos. “Estamos ante una forma real de arrancar a los niños de sus hogares y, en algunos casos, de sus familias, enfrentándolos a horrores que apenas estamos empezando a comprender”, relata el director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Anthony Lake

Las cifras son alarmantes. Detrás de cada número hay historias de carne y hueso y el sufrimiento humano de miles de inocentes que, desde hace más de dos años, son desplazados y masacrados, en un vergonzoso silencio.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció que estudia autorizar la explotación del Parque del Yasuní, un paraíso enclavado en el Amazonas y reserva de la biósfera para la ONU desde hace 24 años. Se trata de un cambio de 180 grados en la voluntad inicial del mandatario, quien incluso, en otros tiempos, se avocó a convencer a la opinión pública de la importancia preservar la zona (tanto que hoy el 90 % de los ecuatorianos se opone a su usufructo). ¿A qué se debe semejante cambio? Él lo explica con una frase que suele utilizar a menudo: “No me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”. Es que su plan inicial contemplaba buscar el apoyo de la comunidad internacional, que giraría a Ecuador el 50% de las ganancias que se podían obtener extrayendo el crudo. Las buenas intensiones brotaron por doquier pero, a la hora de poner la plata, al país llegó solo el 10% de los magros 10 millones de euros recaudados, cuando la cifra prometida era de 2700 millones a desembolsar en 10 años.

Cuando Correa hizo las cuentas, tiró el tablero y ordenó poner en marcha las topadoras. Pero es esa decisión ¿es una manera sustentable de luchar contra la pobreza? ¿No es pan para hoy y hambre para mañana? Y peor aún, ¿quién se llevará el pan y quiénes se quedarán con el hambre? ¿Quiénes serán los ganadores y quiénes los perderos al arrasar con la selva?

Paralelamente, en México, el flamante presidente, Enrique Peña Nieto, también propone cambios radicales en materia de energía; y se juega con ellos, a cara o cruz, el futuro de su gobierno. Se trata del histórico anuncio de la voluntad de abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sector privado. Es que más allá de lo ideológico, la realidad indica que en los últimos ocho años la producción de petróleo cayó en casi un millón de barriles diarios, a pesar de haber aumentado la inversión en el sector. La situación exige una respuesta apremiante en un país cuyos recursos fiscales dependen en más de un tercio de los ingresos petroleros y que, hasta ahora, respiraba gracias a los precios internacionales del crudo.

¿De dónde provino el descalabro mexicano? De los sucesivos gobiernos que cayeron en la tentación de meter mano en la caja de Pemex y de hacer de la empresa un brazo político del Gobierno, desalentando cualquier vocación empresarial, lastrando sus finanzas y transformándola en un foco de corrupción que además da cobijo a un poderoso sindicato manejado por los caciques del gobierno de turno. Por otra parte, parece que en nuestros países hay una fuerte tendencia a definir las políticas energéticas en función de las urgencias del momento, de los baches de dinero que se necesitan rellenar o de elecciones que se quieren ganar.

El ex secretario de energía y consultor Daniel Montamat analiza: “Vivimos en un mundo entrampado en el corto plazo. Una consecuencia de ello es que se prioriza la seguridad energética -suministro del lado de la oferta o la demanda- por sobre la sustentabilidad, que repara en los aspectos ambientales e internaliza sus costos. Sin embargo, es imprescindible que se planteen una estrategia de largo plazo que reconcilie las demandas del presente con las necesidades de un futuro posible. El desarrollo sustentable ha dejado de ser una opción, es una necesidad. De lo contrario perdemos todos, esta generación y las que vienen”.

Cuando hablamos de petróleo, los maquillajes no alcanzan. Las inversiones son gigantescas, los plazos muy largos, los riesgos son altos y las consecuencias, profundas. Se puede (y se debe) discutir en el plano ideológico y político para buscar consensos en torno a la participación o no de capitales privados, nacionales o extranjeros, de los términos de las concesiones, de si se ceden o no activos. Pero lo que no se puede hacer es carecer de verdaderas políticas de Estado, respetadas y sostenidas en el tiempo.

Es lo que ha pasado en nuestro país. Los sucesivos giros de timón de diferentes gobiernos, fueron, en muchos casos, excusas para negociados o para alimentar la demagogia. Como resultados nos dejaron hoy en este estado de deterioro del sistema energético en general y con un pozo ciego que se alimenta de $ 198,2 millones de pesos diarios en subsidios energéticos e importación de combustibles ¿Quién ha hecho bien las tareas en América Latina? Brasil, que posee hoy la cuarta empresa petrolera del mundo, Petrobras, y que elabora planes a largo plazo, por medio de un Consejo Nacional de Política Energética a cargo de los mejores especialistas del país. Como explica Jorge Hugo Herrera Vegas, ex embajador en Brasil, nuestro vecino, a diferencia de nosotros, “dispone de energía abundante para las empresas y los hogares, ya que en la última década, alcanzó su autoabastecimiento energético, mientras la Argentina lo perdía debido a una política aberrante. Nuestro país carece, como lo han hecho notar los ex secretarios de energía, de un plan energético a largo plazo. YPF, nuestra principal empresa energética, sólo produce un tercio de nuestras necesidades.

Recuperar el autoabastecimiento, que es la meta que se ha fijado el gobierno, implica un esfuerzo que requerirá cambios profundos. Mientras tanto, importar la energía faltante se convertirá en una verdadera pesadilla para quienes tengan la responsabilidad del manejo de nuestra economía.