El “Primer Indice Global de Esclavitud”,  elaborado por esta ONG, en consulta con expertos de organismos internacionales, centros de investigación e instituciones académicas, ofrece un ranking, país por país, de una medida ponderada  basada en tres variables: la prevalencia estimada de la esclavitud moderna a nivel global, cifras del tráfico de personas hacia y desde cada país, y las cifras de los matrimonios forzados y/o precoces.

Los datos significan un gran aporte a lo que es el primer paso en la lucha contra este flagelo -que no forma parte solo del pasado, como muchos creen-  y que es, precisamente,  dar información. Así, se estima que hoy existen unas 29,6 millones de personas en el mundo viviendo en condiciones de esclavitud. En términos de seres humanos individuales, esto da cuenta de que, en pleno siglo XXI, hay mayor número de esclavos que antes de la abolición de la esclavitud. Detrás de estas vidas únicas e irrepetibles, arrebatadas por los inescrupulosos de hoy, se mueven una ganancia anual de 38 mil millones de dólares, según datos de la Organización Mundial de Trabajo (OIT). 

¿En qué trabajos se somete a las personas, muchos de ellos niños, a este trato infrahumano?  Esto varía desde sitios en donde se los recluta de a cientos, como en minas, fábricas o campos; de a decenas, en talleres o prostíbulos; hasta individualmente, en tareas domésticas o al interior de un matrimonio no consentido.  ¿En qué países hay más esclavitud? Según este documento, la prevalencia es más alta en Mauritania, Haití, Pakistán, India, Nepal, Moldavia, Benin, Costa de Marfil, Gambia y Gabón. Sin embargo, si se considera en términos absolutos, los que poseen mayor cantidad de personas esclavizadas son la India, China, Pakistán, Nigeria, Etiopía, Rusia, Tailandia, República del Congo, Myanmar y Bangladesh, en ese orden. “Tomados en conjunto, estos diez países representan más del 76% del total” señalan desde la fundación. Del otro lado, a las mejores cifras las ostentan Islandia, Irlanda y Reino Unido, seguidos por Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Noruega, Luxemburgo y Finlandia.

Si miramos a las Américas, vemos que el conteniente representa sólo el 3.73% del porcentaje mundial. Pero también nos ayuda a advertir otra veta alarmante del fenómeno, que es que no se limita sólo a países pobres, sino que en los industrializados, esta vergüenza también forma parte de su realidad. Basta con analizar los datos de EE.UU. que indican que existen aún cerca de 60 mil esclavos ocultos en sus campos, en sus barcos de pesca, en la construcción, en los prostíbulos.

Si nos remitimos a nuestro país, en un ranking de 162 países (donde 1 es la mayor prevalencia y 162 la menor) el mismo está ubicado en el puesto 122, lo cual podría hacernos pensar que, en términos comparativos, no estamos tan mal. Sin embargo, aún tenemos la enorme vergüenza de tener entre 34.000 y 37000 personas en condiciones de esclavitud en la Argentina.

Aún queda una enorme lucha por delante, como la que viene haciendo la ONG La Alameda y la que lleva adelante el Papa Francisco desde sus tiempos de Arzobispo. Los talleres clandestinos, las gran cantidad de mujeres y niñas obligadas a prostituirse (de la que di cuenta en dos artículos anteriores, “Esclavas sexuales” y “Esclavas sexuales II”), ser país de origen, destino y tránsito de trata de personas, más el riesgo que representa el aumento del narcotráfico (que necesita mano de obra descartable para sus crímenes) hace que, como sociedad civil, debamos estar más alertas que nunca. Porque, en este siglo, no debería existir ni una sola persona que no pueda ser dueña de su destino, de su persona, de su cuerpo. Hay que entender que se trata de un horror que no podría existir si no contara con la connivencia del poder político, de la policía, de los jueces, de los legisladores, de los “empresarios” y, en alguna medida, de los ciudadanos de pie que prefieren mirar para otro lado. De allí la obligación cívica de estar informados, de no fomentar el comercio ilegal, de denunciar siempre y de no conformarse con tolerar el horror y terminar, al final día y en las páginas de historia, habiendo sido cómplices de esta vergüenza.

Lo propio se refleja en el mundo académico, donde comenzaron a proliferar trabajos sobre esta cuestión. Como advierte el economista y ex director del diario El País; Joaquín Estefanía, “si se repasan manuales de Economía de las últimas tres décadas, en ellos las cuestiones relacionadas con la extrema riqueza y la extrema pobreza o no están, o figuran tan sólo en las páginas colaterales”. Hasta el FMI alerta ahora sobre esta problemática, a pesar de que antes, su antigua directora, Anne Kruger, sostenía que “parece mucho mejor centrarse en el empobrecimiento, que en la desigualdad”.

Vale aquí reconocer que, en otros aspectos, el mundo supo mejorar,  al punto de llegar a cumplir con los ambiciosos objetivos de la Declaración del Milenio, pensada por 189 jefes de Estado, un 8 de septiembre de 2000, en la ciudad de Nueva York. De entonces a hoy,  la mortalidad infantil se redujo un 30%., 500 millones de seres humanos salieron de la pobreza extrema y 200 millones accedieron al agua potable, cloacas y viviendas dignas. Se trata de cifras históricas que regocijan, pero que no alcanza.

A pesar de estos logros y del crecimiento económico mundial, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se ha ampliado a nivel global. Tal como lo reconoció Barack Obama “la desigualdad es el mayor desafío de muestro tiempo”.  Así, en los EEUU, desde los años ´70, los salarios reales de la mitad de los trabajadores que menos ganan se vieron estancados  o reducidos, al tiempo que los ingresos del 1% más rico se cuadruplicaron; antes el 10% de los ciudadanos más acaudalados se hacían del 30% del ingreso nacional, ahora se quedan con el 50%. Lo mismo ocurrió, entre 2008 y 2013, en la gran mayoría de los países desarrollados y en Latinoamérica, tal como consta en el Informe 2013 publicado por el Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas sobre el Indice de Desarrollo Humano (IDH) y seguridad ciudadana.

Las cifras globales son escandalosas al punto de quitar el apetito. Hace días quedaron expuestas en un informe presentado por la organización humanitaria, Oxfam: los 85 multimillonarios más ricos del mundo ganan lo mismo que el 50% de todos los pobres del planeta, es decir, 3500 millones de personas.

La preocupación se hizo escuchar en el Foro Económico de Davos donde, los buenos augurios de  recuperación económica mundial y de mayores beneficios para las empresas y mercados de valores, se ensombrecieron con los pronósticos de desempleo y congelamiento de los ingresos. Así, según adelantó Guy Ryder, Director General de la OIT, en el informe Tendencias Mundiales del Empleo 2014 que presentará esta semana, quedará claro que “la modesta recuperación económica no se ha traducido en una mejoría en los mercados laborales en la mayoría de los países” y que “la desigualdad se refleja en los ingresos deprimidos de la mayoría de las familias y por lo tanto frena el crecimiento del consumo, lo cual a su vez limita el crecimiento económico”.

¿Pero por qué surge ahora el interés por este tema? ¿Estamos asistiendo a un cambio de paradigma? ¿Se están estrellando contra la pared aquellas doctrinas neoconservadoras, fomentadas por Bush, Pinochet, Tatcher, que salieron triunfantes después de la caída del muro de Berlín y que continuaron atravesando décadas y países? Habrá que dejar correr más agua debajo del puente para poder saberlo a ciencia cierta.

La buena noticia es que la problemática de la desigualdad económica y las formas de resolverla están ahora en la agenda y en alguna parte de la cabeza de quienes  toman las decisiones. ¿Los motivos? Son varios. Por un lado, el puramente moral y ético, por la vergüenza y la indignación que genera. Por otro, el económico, con diversas investigaciones (Hovell, Bernstein, Kluger,Stiglitz, Krugman) que demuestran su impacto negativo en el crecimiento económico y el daño al consumo, a la vez que favorece las burbujas crediticias y las crisis financieras. Pero también el social, porque estanca la movilidad social, genera violencia e inseguridad y debilita las democracias ya que la elite económica ejerce un poder tal que mueve el pulso a los Estados en la definición de sus políticas.

Pero es el Estado la entidad que, por excelencia, debe tener a su cargo la reducción de la desigualdad. Para hacerlo, “necesita fondos con los que financiar inversiones en salud, empleo, educación o seguridad social”, como sostiene John Christensen de Tax Justice Internacional. Sin embargo, desde la década del ’70, la carga impositiva para los ricos se vio reducida en 29 de los 30 países que poseen estadísticas para la comparación. Para colmo de males, gran parte de esta riqueza concentrada ni siquiera tributa y va a parar a los paraísos fiscales cuyas operaciones se  incrementaron exponencialmente, acaparando, según The Economist, unos 20 millones de millones de dólares, es decir, casi el doble del PBI de la principal potencia económica mundial.