Los carteles modifican su estructura y se adaptan, una y otra vez,  a los tiempos que corren. Atrás quedaron las organizaciones piramidales típicas del cartel de Cali o del cartel de Medellín que arrojaron a la Historia grandes leyendas del crimen como Pablo Escobar o los hermanos Orejuela. Como señala Fabián Calle, “hoy Colombia cuenta con dos centenares de ‘carteles chicos’ de más bajo perfil que los que operaban antes de los 90”. Son los que se distribuyen ahora el negocio, tras  la nueva realidad post Plan Colombia.

En México los grandes carteles, de estructura más profesionalizada y empresarial, se  convirtieron en verdaderos holdings que aprovechan su economía de escala para llevar adelante una gran cantidad de negocios legales e ilegales. El manejo de enormes volúmenes de dinero, de influencias, zonas liberadas, rutas, armas, soldados, etc., aportan la estructura para la explotación de otros negocios tan rentables, o más, que la venta de sustancias prohibidas. Es por ello que, hoy por hoy, los ingresos más importantes ya no les vienen de las drogas. Los dos carteles más fuertes de México se convirtieron en verdaderas empresas internacionales con “portfolios” en distintas ramas de la economía. Manejan un menú de negocios criminales, como en el caso de Los Zetas, o explotan una combinación de actividades ilegales con legales, tal como lo hacen Los Caballeros Templarios. Estos últimos controlan ya casi todos los aspectos de la vida económica de Michoacán, desde la agricultura, la gastronomía y hotelería, la venta de indumentaria, equipos de fútbol, empresas de seguridad privada, bienes raíces, venta de autos usados, disqueras,  tiendas de electrodomésticos, secuestro, extorsión, piratería. Sin embargo, el narcotráfico (con la importación de heroína desde Asia o el uso de las rutas de África, que los ponen en relaciones con grupos terroristas islámicos), la producción y venta de anfetaminas, o la importación y cocción de  cocaína para exportar a EE.UU, entre otros comercios ilícitos, ya no son la principal fuente de ingresos de Los Caballeros Templarios. Su estructura criminal, con rutas, aduanas abiertas, voluntades compradas y un fuerte poder de presión y extorsión, les han permitido hacerse del negocio de la exportación de hierro de la minería ilegal con destino a China, más lucrativa aún que la venta de sustancias prohibidas.

Lo mismo ocurre con Los Zetas. Estos ex agentes de fuerzas de élite, que recibieron entrenamientos especiales en EE.UU y Francia para luchar contra la insurgencia en Chiapas, vieron luego el verdadero negocio en el crimen. Se caracterizan por su enorme crueldad y violencia (son quienes introdujeron la decapitación en México). Ahora los Zetas manejan un abanico de actividades ilegales como el secuestro, la inmigración ilegal a EE.UU, el cobro de cuotas al resto de los sectores productivos, a políticos y a otros grupos criminales más pequeños, la venta de armas, la trata de personas, el contrabando, administración de giros en negro, ventas de productos en las cárceles, ventas de autos robados, peajes para transitar, etcétera. Tampoco para ellos el grueso de los billetes proviene de las drogas sino de la venta de hidrocarburos extraídos ilegalmente.

También en Italia la Mafia ramifica sus negocios en la industria de la moda, los talleres clandestinos, el enterramiento ilegal de basura tóxica y, muy fuertemente, en empresas constructoras de obra pública que ganan licitaciones en las que quintuplican o sextuplican el precio de los materiales.

¿Qué ocurre en la Argentina? Para Laura Etcharren, una de las personas que más sabe sobre este tema en nuestro país, aquí operan grupos de narcotraficantes, como el “cartel en formación” que son “Los Monos” en Rosario. También puede advertirse la presencia de pequeñas células de los Zetas y del cartel de Sinaloa, especialmente en las provincias de Salta y Jujuy. “En 2009 teníamos un estado embrionario del  crimen organizado, pero entre 2011 y 2014 se consagra con una fuerte conformación de bandas locales fusionadas con células importadas”.  Para explicar cómo estamos y hacia dónde vamos, Etcharren grafica: “México comenzó como la Argentina. Lo que pasa aquí es lo que ocurría allá en los años ’50. Un dato a observar es la cantidad de femicidios, que en la Argentina es cada vez mayor. Las mujeres, en especial aquellas en mayor estado de vulnerabilidad, terminan siendo las víctimas del círculo ‘droga-dinero-prostitución’”.

Lo que observamos en México, Centroamérica e Italia, también se ve en nuestro país. Invitado por el gobierno de Santa Fe, Edgardo Buscaglia, experto en lavado de dinero, investigador de la universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México, aseguró que “la economía formal está infiltrada de grupos criminales, sin dudas; no hay un solo caso en el planeta donde no suceda”. Como bien alerta este especialista, sería imposible la presencia criminal que vemos hoy en Santa fe, si no se valieran de los más de diez puertos establecidos allí:  “Hay una enorme infiltración de grupos criminales sobre los puertos privados que operan en Santa Fe, y no veo que al gobierno federal, con jurisdicción allí, actúe con el gobierno provincial. No han reaccionado”. Esto denota, además, hasta dónde se han colado las mafias y cuáles son las redes de complicidad que las sostienen, ya que como explica Buscaglia “generalmente, las estructuras de un Estado han sido infiltradas por grupos criminales cuando sus gobiernos están paralizados años tras años sin tomar medidas. Y ahí cabe evaluar cómo se financian las campañas electorales, qué hacen los empresarios vinculados al poder político”.

Así, el crimen organizado en nuestro país, no se limita al tránsito, importación, exportación y venta de sustancias prohibidas, sino que su veneno se  esparce de un modo más complejo y profundo en todo el tejido social, a la vez que saca provecho de la marginalidad, la pobreza y la adicción. También para Etcharren, “cuando hablamos del fenómeno del narcotráfico no tenemos que pensar sólo en materia de sustancia, sino en el dinero”. En los trabajos que esta socióloga publica en su en su blog, da cuenta de la presencia de dinero del narcotráfico en el negocio del fútbol, en la estructura hotelera de la Patagonia, en la corrupción de las fuerzas policiales y de la política, en el tráfico de seres humanos, incluso en organizaciones solidarias que lucran con la marginalidad y que son, muchas veces, un centro de lavado de dinero negro. “Así como la seguridad  es una industria, también la inseguridad es una esfera que genera muchísimo renta” y advierte sobre un dato escalofriante de nula presencia mediática: el reclutamiento de niños soldados de entre 10 y 16 años en el norte de nuestro país que son adiestrados por los Zetas para luego ser vendidos a bandas de la Provincia de Buenos Aires y Rosario o para ser “exportados”  a través de las descontroladas fronteras argentinas.

Pareciera que aún no logramos advertir la dimensión y la gravedad que tiene este tema en nuestro país. Porque los males, que muchas veces se cruzan frente a nuestros ojos  día a día, se interrelaciones entre sí y se retroalimentan en una bola de nieve que está en crecimiento y que no estamos en camino a detener. ¿Qué pasa con la UIF? ¿Por qué no tenemos condenas por lavado de dinero? ¿Por qué no se investiga el dinero de la corrupción política? ¿Por qué la Argentina aparece implicada en operaciones sospechosas reportadas, tanto desde los EE.UU como desde Europa?. ¿Qué pasa con las fronteras y los sistemas aduaneros? ¿Qué clase de policía tenemos? ¿A dónde están las miles de mujeres y niñas que desaparecen año tras año?

Concluye Buscaglia: “Si no hay instancia de investigación patrimonial, no habrá disminución de delitos económicos. El gobierno federal debería partir de la hipótesis de que los puertos sujetos a concesiones privadas en Santa Fe han sido infiltrados por organizaciones criminales. De esto no se habla y diría que ya mismo debieran trabajar ambos gobiernos en coordinación operativa.” Lo realmente triste es que, como señala este experto, “la delincuencia organizada es una máquina succionadora de vidas humanas” y si no queremos que a nuestros hijos y nietos se los traguen el crimen y la corrupción, debemos reclamar acciones urgentes”.

Esto llevó a que algunos países, como el nuestro, fueran alertados e “invitados” por otros, a tomar cartas en el asunto. La venta de seres humanos está íntimamente vinculada con el tráfico de armas, drogas, inmigrantes y lavado de dinero. Como observan algunos especialistas en temas de seguridad, la trata suele ser incluso más lucrativa, ya que las personas pueden ser “comercializadas” varias veces, a diferencia de las armas y la droga.
Este fue uno de los temas convocantes del “Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres” que se llevó a cabo en Mar Del Plata el 12 y 13 del corriente. Del mismo participaron representantes de distintos organismos que luchan y/o estudian este flagelo, en países de la región. En ese contexto se presentaron los resultados de análisis cuantitativos y cualitativos.

El Mercosur es zona de origen de mujeres que son llevadas hacia Europa y Asia. El principal destino es España, seguido por Italia (aunque éste es mercado casi exclusivo de personas trans), Chile y Sudáfrica. La Argentina y Brasil son lugares de origen, tránsito y destino; mientras Paraguay y Uruguay son específicamente sitios de reclutamiento. En el caso de Argentina como destino, las mujeres suelen provenir principalmente de Paraguay, República Dominicana, Colombia, Brasil y Uruguay. Pero este delito también se realiza de modo interno, con tráfico de personas desde lugares más vulnerables del interior del país hacia las grandes urbes. Es en la trata interna donde se ve más la captación de niñas, algunas desde sus 8 o 10 años de edad.

En cuanto a las redes criminales, poseen distintas dimensiones, complejidad y dinámica: desde pequeñas familias hasta complejas organizaciones delictivas. El secuestro, por su parte, no figura como una herramienta muy utilizada para conseguir jóvenes, sino que se recurre más al engaño, con falsas promesas de trabajo, castings, supuestas agencias de modelos, complicidad de personas conocidas por las víctimas e incluso miembros de sus propias familias. El traslado es pagado por la red (luego suele ser parte de la “deuda” que la víctima contrae con ellos), se le retienen los documentos y suele haber una custodia que va controlando el trayecto.

¿El destino? Prostíbulos, whiskerías, departamentos privados y pooles. A las mujeres se las obliga a trabajar entre 10 y 12 horas por día, muchas veces deben vivir en el mismo lugar en el que reciben a los clientes y entre sus obligaciones figuran los “pases”, beber y hacer beber. La forma de mantenerlas retenidas es por medio de fuertes intimidaciones, secuestro del DNI, violencia física y psicológica, violaciones, alcohol y drogas, chantaje, deudas, multas, restricción de comida, amenazas de hacerles daño a sus familias o miedo a ser denunciadas por otros crímenes que también se les obliga a cometer (como tráfico de drogas o inmigración ilegal).

En este sentido, también es muy importante aclarar que la trata de personas no se reduce a reclutar sólo a mujeres pobres, altamente vulnerables. Entre los destinos de explotación también está la llamada “prostitución VIP” o “de lujo”.  Por ejemplo, en nuestro país, el conocido cabaret VIP “Black” ha sido denunciado por La Alameda por vínculos con la trata. El titular de la ONG, Gustavo Vera, aseguró que en el local nocturno, no sólo se ejerce la prostitución, sino que las mujeres que trabajan allí son obligadas a comprar y revender cocaína porque si no “son sometidas a feroces palizas o violaciones”.

Según contó Vera en diálogo con el programa de radio Mitre, “Sin Filtro” de Jorge Lanata, el local “es un centro de narcos y de distribución de cocaína” que está “habilitado de forma fraudulenta”. La denuncia de La Alameda ante la Justicia partió del testimonio de Carina Ramos, una mujer que le contó a la revista Noticias que fue obligada a prostituirse en distintos clubes nocturnos, entre ellos “Madaho´s” y “Black”, clubes a los que recurren funcionarios, miembros de la SIDE y de embajadas y comisarios. “Black” es propiedad de Alberto Fernández, quien integró la comitiva de empresarios y emprendedores que acompañó al secretario de Comercio a Angola.

Por supuesto, cuando hablamos de trata de personas en el Mercosur es imposible omitir la delicada situación de la Triple Frontera por donde pasa gran parte del tráfico de mujeres y niñas. Por si esto fuera poco, como advierte Cynthia Bendlin, una paraguaya con gran experiencia y reconocimientos por su labor en esta lucha, “además de las complicidades de funcionarios de la Triple Frontera con las redes criminales, se suma la dificultad de que, cuando trabajás contra la trata, del lado paraguayo te atiende un fiscal, del argentino, un juez, y del brasileño, la policía, esto complica la comunicación y el trabajo en equipo.”

Por último, en cuanto a la respuesta institucional, los especialistas coincidieron en la sensación de que los criminales están siempre un paso más delante de las respuestas de los gobiernos para apresarlos. “Los captadores vuelan por Internet y las redes sociales”, afirmaron.

Pero el principal desafío sigue siendo para todos la reinserción de las víctimas de trata. “No conocemos ninguna organización que esté logrando hacerlo con éxito”. Hasta el momento, son contados los casos en que la mujer ha logrado salir de las redes criminales y rehacer su vida. Muchas de ellas, después de años de esfuerzos por emerger de la explotación, suelen ser nuevamente coaptadas por las redes. Esto por la falta de herramientas propias para poder liberarse de la dominación, no solo física, sino también mental a las que fueron sometidas y por la escasez de ayuda institucional para hacer frente a la monumental tarea de desprenderse de una red criminal y de encontrar el modo de reinsertarse en la sociedad y de ser autónoma (especialmente en los casos en los que han sido capturadas desde la infancia, por lo que carecen de educación y lazos de solidaridad).

Frente a este panorama, los expertos coincidieron en que el rol de cada uno de nosotros, desde la sociedad civil, es crucial. “Debe lucharse contra el machismo que naturaliza el delito”. Por otro lado, “la connivencia política, policial y judicial hace que se termine echando o castigando a aquellos funcionarios que realmente lucha contra la trata”. Allí debe estar la sociedad civil, involucrada y comprometida, haciendo presión para respaldar a los trabajan y apartando y condenando a los cómplices de la explotación y la esclavitud de mujeres y niñas, en pleno siglo XXI.

Mucho han tenido que ver los prejuicios machistas de nuestra sociedad patriarcal que ha aceptado socialmente la prostitución, que ha denigrado como ser humano a la mujer víctima de explotación sexual y que ha naturalizado el abuso, con ideas que aún circulan en el imaginario social, como que la prostitución es “el trabajo más antiguo” de la mujer o que “a la prostituta le gusta tener sexo” con hombres a los que no elije y cobrar por él. Si bien hay distintas historias de vida en cada una de ellas, lo cierto es que “ninguna mujer nació para ser puta” y que, más allá de los matices y  justificativos machistas, detrás de ellas hay hombres que se enriquecen a sus expensas, organizaciones criminales, abusos, golpes, chantajes y mucho sufrimiento del que les suele ser difícil, o imposible, liberarse.

Resulta muy mortificante escuchar los testimonios de la gente que trabaja con víctimas de trata, por la seguidilla de atrocidades a las que son sometidas las estas mujeres, muchas de ellas aún niñas. Cynthia Bendlin, galardonada con el premio “mujeres de coraje” por su lucha contra la trata de personas, explica la situación en la que se encuentran estas jóvenes. Ellas “son despojadas totalmente de su identidad: arrancadas de su lugar de origen, familia y círculo de pertenencia, se les cambia el nombre, la forma de vestirse y se las somete al ‘ablandamiento’, que consiste en una serie de palizas y violaciones para quebrantar su espíritu y someterlas completamente. Debido a esta situación, muchas de ellas -que además  sufren stress por los traumas o síndrome de Estocolmo-, acaban por reproducir el discurso de sus explotadores y hablan, no con su voz, sino con la de ellos; resignadas a la realidad que les toca padecer”. Los especialistas relatan que, en varios casos, llegan incluso a justificar las palizas y los abusos porque “se portaron mal o desobedecieron”.

Esto, juntos a las amenazas y al miedo, hace que sea difícil contar con el testimonio de las víctimas y desdibuja el límite de hasta dónde ofrecieron su consentimiento para convertirse en trabajadoras sexuales. En este sentido, se destaca la importancia de la ley 26.842 que, a diferencia de la 26.364 (de 2008) no obliga a probar la no existencia de consentimiento previo para que exista delito. En la nueva ley, “el consentimiento dado por la víctima de la trata no constituirá, en ningún caso, causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los responsables”. El mismo principio se encuentra establecido a nivel internacional en el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y que, además protege a las víctimas para que no deban declarar en  causas de trata.

En este sentido, si bien estamos frente a un problema muy grave -especialmente en nuestro país, que es lugar de origen, tránsito y destino de redes de distintos grados de complejidad (desde organizaciones criminales hasta familias) y que operan de modo interno o transnacional-,  la buena noticia es que la Argentina ha avanzado mucho en comparación con otros países de la región, gran parte gracias a la incansable lucha de Susana Trimarco.

Sin embargo, los criminales, siempre parecen estar un paso adelante de las respuestas institucionales pensadas para erradicar el delito. La connivencia policial, política (especialmente a nivel de las intendencias y gobernaciones) y hasta judicial, traban aún más las posibilidades de éxito.

Pero, como decíamos al principio, también está la complicidad de todo un sector de la sociedad que terminan justificando la explotación (como escuchamos hace unos días con las lamentables declaraciones del jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Santa Cruz, Rubén “La Burra” Contreras) y de una sociedad que mira hacia otro lado y que ve en las víctimas de la trata a un ser inferior por ser, en primer lugar, mujer, pero además, mujer pobre, vulnerable, sin poder… y puta. Pero la realidad es tan clara que a veces enceguece, como bien reza el spot de una campaña de lucha contra este flagelo: “sin clientes no hay negocio, y sin negocio no hay trata”.