Sin demoras, se procuraron una Justicia sumamente adicta: ampliaron de cinco a nueve los miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia para tener una mayoría automática. Sus nuevos integrantes son todos militantes radicales. Convertida en un apéndice, la Justicia comenzó a actuar.

Mariano Miranda, ex apoderado de la UCR, ahora devenido en fiscal de Estado, emprendió la cacería contra la líder opositora Milagro Sala, diputada por el Parlasur que realizaba un acampe por haber caído en desgracia su movimiento al terminar el Gobierno kirchnerista. Al revés de lo que se promociona y difunde, no fue detenida por ninguna acusación relacionada con hechos de corrupción, sino por participar de una protesta, bajo la acusación de tumulto.

El hecho dividió aguas. Nuestro partido, a pesar de tener enorme diferencias públicas con esa organización y sus dirigentes, se manifestó por su libertad, al entender que sentaba un precedente muy peligroso de criminalización de la protesta social. Días después, y por manifestarse en este mismo sentido, fue despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar Natalia Morales, delegada de los trabajadores de esa dependencia y una de las principales referentes del Frente de Izquierda en la provincia.

Pero no se detendrían allí. La Justicia también decidió impulsar el juicio oral contra Julio Mamani y sus compañeros del Sindicato de Aceros Zapla: el fiscal del caso pidió que se eleve la causa por “compulsión a la huelga”, delito netamente político.

También el gobernador Morales decidió avanzar sobre el Ingenio la Esperanza y proyecta realizar unos ochocientos despidos. Para eso, comenzó con las suspensiones de 17 referentes, entre ellos Silvio Choper Egüez, miembro de la Comisión Directiva del sindicato, militante de mi partido.

Las primeras estadísticas indican que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es el gremio más atacado, con más de dos mil despidos.

Mientras tanto, se impuso un nuevo Código Contravencional y en los barrios populares la policía ha ganado más poder, habilita a sistemáticas razias, allanamientos y detenciones de jóvenes que sufren los peores empleos y condiciones de vida paupérrimas.

A su vez, los trabajadores de cooperativas a los que Morales les prometió “liberarlos del yugo de Milagro Sala” están sin trabajo, porque está frenada la obra pública.

En Jujuy la derecha no descansa y ahora detuvo a tres integrantes de la directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), liderado por Carlos Perro Santillán, pese a que este festejó la detención de Milagro Sala y antes expulsó de su sindicato al principal referente de la tercera fuerza política de la provincia, Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda. El domingo 15 de mayo fueron detenidos Adrián Mirkin y Santiago Saillant, y el coordinador de prensa, Álvaro Sandoval, por participar de un reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo de los empleados municipales que terminó en un enfrentamiento con la policía provincial. El fiscal Gustavo Araya, quien dictó las órdenes de detención, es el mismo que libró una de las tantas imputaciones contra Milagro Sala. Se les denegó la excarcelación; uno de ellos se encuentra en una situación muy delicada de salud.

No podemos permanecer en silencio ante este Gobierno decidido a terminar con cualquier reclamo obrero o popular. Jujuy hoy es territorio de presos políticos usados como rehenes para extorsionar a todos los que están sufriendo un ajuste que todo indica que se acrecentará.

Creemos que hay que encender esta alerta y pronunciarse inmediatamente por la libertad de Milagro Sala, los dirigentes del SEOM, el cese de los despidos y la persecución en Aceros Zapla, contra los ataques a los obreros del Ingenio La Esperanza, por la derogación del Código Contravencional y el Protocolo Antipiquetes, y toda legislación reaccionaria que sea utilizada para judicializar la protesta de los trabajadores.

Es necesaria una gran campaña de denuncia en todo el país y la concreción de medidas de lucha para frenarle la mano a este Gobierno de la UCR y el Frente Renovador que la tiene muy dura contra los sectores populares, pero que es muy amable con los genocidas como Carlos Pedro Blaquier. Hablamos de una provincia que es un verdadero laboratorio; junto a Tierra del Fuego, gobernada por la vicepresidente del Partido Justicialista, Rosana Bertone, son la avanzada de la criminalización de la protesta contra el ajuste.

Entre ellas, proponen que el Congreso Nacional sancione una ley que estipule el llamado juicio en ausencia, usando como excusa para una reforma tan antidemocrática la causa Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), incluso con el argumento de que se trataría de un crimen de lesa humanidad. De más está aclarar que jamás les preocupó este tema en los casos de decenas de genocidas prófugos e impunes por años.

El juicio en ausencia es una institución procesal que permite juzgar a una persona aunque no haya comparecido al juicio, esté ausente o en rebeldía, según el caso. Se lleva a cabo con un defensor oficial que se le designa al acusado para que lo represente ante el tribunal. Esta no es una idea reciente del macrismo: en el Congreso hay presentados proyectos promovidos por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Laura Alonso. Siempre generaron gran rechazo, porque chocan con el más elemental derecho de defensa en juicio, pero han cobrado fuerza nuevamente a partir del voto emitido por el juez Eduardo Farah en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, donde se dejaría abierta la puerta para esta salida en la causa AMIA.

Como decimos, si bien el debate se ubica en la causa AMIA, habilitaría que el juicio en ausencia se extienda para otros casos, lo que directamente implicaría un cambio retrógrado de todo el sistema penal del Estado capitalista. Si se termina imponiendo la idea de que el juicio en ausencia no afecta al derecho de defensa, estará latente, por lo tanto, la posibilidad de extender esta clase de juicio para otros casos, sin hacer distinción de los delitos que se puedan juzgar bajo esta modalidad. Hay que destacar que la vigencia de las leyes antiterroristas —incorporadas al Código Penal durante el Gobierno kirchnerista—, junto con el juicio en ausencia, configuraría una escalada formidable en la persecución penal a los sectores políticos o sociales que el propio Gobierno elija como sus enemigos.

La idea de menoscabar aún más las llamadas garantías constitucionales ante el poder punitivo del Estado tiene que enmarcarse en el contexto de un programa político reaccionario tendiente a fortalecer todos los resortes represivos estatales: el policial, el judicial y el normativo. En La Izquierda Diario lo venimos denunciando.

El juicio en ausencia entra en franca colisión con el derecho de defensa, porque la ausencia en el juicio por parte del imputado implica no poder ejercer su derecho a ser oído, a presentar pruebas, a impugnar testigos y toda actividad tendiente a defenderse de una imputación. Se parte de que el ejercicio del derecho a defenderse contempla que pueda elegir abogado, estar presente en los actos fundamentales, decidir si quiere declarar o no, etcétera. Actualmente, si quien es imputado de un delito no se presenta, se ordena su captura (nacional e internacional).

Otros de los cuestionamientos que recibe el actual proyecto es que, de aplicarse ahora, se estaría violando el principio de irretroactividad de la ley penal, a la vez que el no tener en cuenta al imputado o tratarlo como un mero objeto es característico de los sistemas penales inquisitivos, cuestionados en la actualidad.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos también contemplan el derecho de defensa que el proyecto del PRO violaría. Entre ellos, podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXVI), el Pacto de San José de Costa Rica (artículo 8.º, aparato 1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, página 1); todos establecen que toda persona tiene derecho “a ser oída”.

Si la causa AMIA se encuentra impune, lejos está de ser porque no se puede juzgar en ausencia de los acusados iraníes que surgen de la supuesta pista armada por el antiguo agente de inteligencia Jaime Stiuso y por Alberto Nisman (con el aval del Mosad, la dirigencia sionista argentina y el entonces Gobierno de Cristina Fernández), sino por el encubrimiento y la impunidad garantizados por el propio Estado argentino y todos los Gobiernos desde 1994 hasta la fecha. La apertura irrestricta de todos los archivos provenientes de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y demás órganos del Estado, en manos de la Agencia Federal de Inteligencia y de todas las fuerzas de seguridad es una condición necesaria para esclarecer el atentado. Toda otra medida, como el juicio en ausencia, tendrá como único objetivo cercenar aún más las libertades democráticas más elementales, pero jamás acercarse a la verdad y a la justicia reclamadas.

Varios de sus miembros están al borde del procesamiento por las arbitrariedades y las acciones ilegales que logramos demostrar que cometieron en la represión a la protesta de los trabajadores de Lear durante el año 2014, que, bajo la conducción de Sergio Berni, terminó con un fuerte cuestionamiento por su accionar ilegal. Así lo confirmó la Justicia federal de San Isidro, que estableció que la protesta de los trabajadores de Lear fue completamente legítima y, por ende, la represión fue ilegal.

Un nuevo hecho coloca a la Gendarmería con un serio cuestionamiento en una causa iniciada por la denuncia del diputado nacional Nicolás del Caño y del referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) José Montes, a quienes representamos y que se unificó con la realizada por el diputado nacional Manuel Garrido.

Ahora, luego de muchas maniobras evasivas por parte de la defensa de los gendarmes involucrados, tuvo lugar el llamado a indagatoria a siete de los imputados por los hechos en torno al ataque del recordado gendarme Carancho, entre ellos al propio “carancho”, Juan Alberto López Torales.

Otro de los indagados es Roberto Galeano, “el canoso de barba” cuya identidad fuese revelada por Horacio Verbitsky en Página/12. Se trata de un ex coronel del área de inteligencia del Ejército contratado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Galeano fue el único de los siete citados que prestó declaración indagatoria y no logró despejar dudas sobre su rol en dicha cartera entre mayo de 2012 y agosto de 2014, fecha en la cual fue despedido tras el escándalo desatado por la denuncia.

El infiltrado reconoció que la función que tenía asignada por Berni era analizar qué equipamiento y armamento se necesitaba para la protesta social. Galeano además afirmó que elegía por sí mismo a qué manifestaciones acudir y, “una vez allí, lo que hacía en el lugar no tiene un efecto en ese momento, eso viene un trabajo intelectual, viene a sacar soluciones y después viene el asesoramiento. No estaba para transmitir o relatar cómo se estaba desarrollando la manifestación”. Esta es una perfecta descripción del trabajo de inteligencia ilegal y continuidad del sistema de espionaje conocido como Proyecto X, del que también somos denunciantes.

López Torales (el gendarme Carancho), jefe del operativo de Gendarmería, y los otros cinco gendarmes imputados, en cambio, no prestaron declaración indagatoria, sino que se limitaron a presentar diversos escritos donde plantearon una visión estrafalaria y falsa de los hechos de público y notorio conocimiento que se investigan.

Rumbo al procesamiento

Tras los llamados a indagatoria, el fiscal Fernando Domínguez requirió el procesamiento de Juan Alberto López Torales por el delito de daños contra el automóvil sobre el que se arrojó el Carancho y también a otros efectivos por el delito de falso testimonio agravado cometido en perjuicio del conductor del auto, mientras que otros gendarmes son requeridos por el delito de falsedad ideológica tras la inclusión de datos falsos en el acta de procedimiento para encubrir a López Torales.

Asimismo, el fiscal requirió el procesamiento a Roberto Galeano por el delito de privación ilegal de la libertad, al haber actuado mancomunadamente con la finalidad última de detener al conductor del auto sobre el que se arrojó López Torales.

La jueza Sandra Arroyo Salgado deberá resolver próximamente sobre este requerimiento, que tiene lugar en momentos en que el nuevo Gobierno comienza a embestir nuevamente contra la movilización popular y el derecho a la protesta en el conflicto de los trabajadores de Cresta Roja y que será una política creciente ante el ajuste en ciernes.

Causas judiciales como las del gendarme Carancho y otras relativas a la lucha de los trabajadores de Lear, o las que desnudaron el Proyecto X, resultan de gran importancia al echar luz sobre el accionar y el carácter del régimen y de su brazo represivo como garantes de los planes empresarios contra el pueblo trabajador. De allí el enorme esfuerzo que ponemos en cada una de ellas. Nuestro único compromiso es con los trabajadores.

Imposible olvidar el nerviosismo que rápidamente nos recorrió. Imposible también olvidar nuestras primeras impresiones, hasta que la sobreviviente Adriana Calvo dijo: “Julio López está desaparecido”, y presentamos un habeas corpus esa misma mañana.

Nuevamente un desaparecido. Ese método que jamás abandonaron las Fuerzas Armadas y de seguridad. Como lo hizo el Ejército en La Tablada, como Miguel Bru y tantos jóvenes víctimas de la policía. Esta vez una desaparición directamente asociada a la dictadura, a esas patotas que, como reconoció el propio Néstor Kirchner en cadena nacional del 29/12/2006: “Todo hace pensar […] que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Reclaman imponer una amnistía”.

Enorme reconocimiento con el que no se hizo nada. Absolutamente nada. Mientras los organismos reclamábamos la separación de la Bonaerense de la investigación, se nos respondió que se iba a priorizar “la gobernabilidad de la fuerza”.

El aparato represivo, judicial y político de la dictadura se colaba por todos los poros en una situación nacional en la que imperaba un discurso gubernamental que hablaba de terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura como política de Estado. Contra ese discurso, la desaparición de Julio develaba que 9026 policías de la dictadura seguían en funciones, que en las Fuerzas Armadas la situación era similar, que el juez federal Manuel Blanco, que tuvo un buen tiempo la causa, fue juez de la dictadura, que unos años después un genocida de probada participación en la desaparición del soldado Ledo llegaría al mando de Ejército, César Milani culminaba de probarlo.

Hoy llegamos a un nuevo aniversario de aquella desaparición sin saber qué pasó con nuestro compañero y sin que sean identificados sus secuestradores, a pesar de la importante cantidad de elementos con los que contamos, por ejemplo, foto y nombre de quien realizó el seguimiento de Julio, nombres de quienes hicieron acciones específicas de encubrimiento que constituyen una interesante pista a desandar y muchos más.

En cambio, prevaleció no avanzar hacia allí y no hacer olas, apostando a que de a poco el reclamo se iría diluyendo. La SIDE con Stiuso a la cabeza, la Federal y la Bonaerense se encargarían de que pase el tiempo sin que se sepa nada de López.

Así como reconoció el expresidente Kirchner que el secuestro de López intentaba paralizar el proceso de juicio a los criminales de lesa humanidad que daba sus primeros pasos, hoy tenemos que ver las enormes señales que hay sobre un nuevo intento de paralizar los juicios e impedir que se avance sobre la responsabilidad de los verdaderos planificadores del golpe genocida, lo que comúnmente llamamos “los civiles”, que son importantes empresarios, integrantes de la jerarquía eclesiástica, responsables de medios de prensa y otros representantes de los clases dominantes.

Cuando finaliza la era kirchnerista, autotitulada “defensora de los derechos humanos”, y cuando la palabra “diálogo” se ha impuesto como una moda nada inofensiva, ya que habla de conciliar intereses irreconciliables, algunos han llevado esta idea al terreno de los juicios a los genocidas.

Ya comenzó a materializarse con la bendición de monseñor Jorge Casaretto en encuentros en la Universidad Católica Argentina, la de San Andrés y la Fundación Hannah Arendt, dirigida por Elisa Carrió, que contaron con la presencia de la senadora Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos y Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien murió durante su secuestro, hecho que se atribuye al ERP (en julio de 1974). Fueron acompañados con sucesivas editoriales de La Nación, donde se retoma su reivindicación de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos y se reclama una amnistía.

Mientras debaten e intentan imponer una nueva ideología predominante, impulsan fervientemente las causas “Rucci” y “Larrabure”, donde también venimos interviniendo para terminar con esta nefasta teoría de los dos demonios que busca una especie de empate, es decir, impunidad para todos, juzgamiento para ninguno más.

El objetivo de máxima es que se paralicen todos los juicios contra los genocidas, el más directo es que no avancen las causas contra los civiles. Detrás están los intereses de los afectados por las causas de Papel Prensa, Pedro Blaquier, Vicente Massot de la Nueva Provincia, la ex Editorial Atlántida, que ya vienen obteniendo una serie de fallos que son verdaderos sobreseimientos encubiertos. Integran la lista empresarios como los de Ford o Mercedes Benz.

Así como luchamos en las calles para derrotar el discurso gubernamental que intentó imponer que Julio López no estaba desaparecido sino perdido o en la casa de la tía, y como seguiremos luchando hasta conocer su destino y terminar con la impunidad de sus secuestradores, hasta que se abran todos los archivos que tiene el Estado y conozcamos la verdad, vemos necesario poner en pie una campaña que denuncie y realice acciones para enfrentar esta nueva política de reconciliación impulsada una vez más desde las máximas jerarquías de la Iglesia Católica, sectores empresarios y de la oposición.

Nadie puede creer que gane quien gane, Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa se opondrán seriamente a este nuevo intento de reconciliación. Todos saben que nosotros sí.

Si hoy hubiera que buscar una nombre para la malicia, la violencia y la perversidad ejercida contra un ser inocente, ese nombre es el del juez Horacio Piombo. Sin miramientos y en un solo acto, justificó la reducción de pena para un adulto que abusó de un menor de seis años, alegando que ese niño probablemente ya había sido abusado anteriormente y presentaba conductas homosexuales.

Para el juez Piombo, la supuesta experiencia anterior del niño –que no está demostrada, ni denunciada- haría de esta segunda ocasión de abuso una experiencia que no sería “tan ultrajante”. Además, señala como atenuantes que el niño ya presentaba conductas de travestimo y otras que podrían interpretarse como tendencias a una personalidad homosexual.

La familia del niño exige que se revierta el fallo aberrante de Piombo porque además la víctima, que ya tiene 11 años, vive a pocas cuadras del domicilio de quien abusó de él hace cinco años.

El currículum del juez, un verdadero prontuario

El juez Piombo parece tener un currículum que abunda en fallos ejemplares… verdaderos ejemplos de machismo, homofobia, discriminación y gorilismo antiobrero. El año pasado, aprobó la reducción de 40 a 25 años de la pena a un profesor de música que abusó de cuatro niñas de entre 6 y 9 años. Su justificación fue que semejante pena era exagerada para el delito que se juzgaba, ya que era equivalente a la que se podía aplicar a un asesino serial.

En el 2012, aprobó la libertad asistida para un hombre que había sido condenado por la violación de su hijastra de 12 años. En 2011, falló a favor de la libertad de un pastor, que había sido condenado en primera instancia por el abuso sexual de dos niñas de 14 y 16 años a las que había dejado embarazadas. Piombo justificó su decisión alegando que no había configuración del delito de “corrupción de menores”, porque se trataba de “mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que “además poseían experiencia sexual”.

Ese mismo año, favoreció con una reducción sustentable de la pena que se había aplicado a un hombre por femicidio. El asesino, que había acuchillado a su esposa y luego la había matado a martillazos, se vio favorecido por Piombo quien consideró que la víctima habría “influenciado” para provocar la acción del femicida. Como el condenado confesó su crimen expresando que su pareja había puesto en duda su heterosexualidad y que le habría confesado que tenía un amante, el juez consideró que el femicida tenía un estado emocional provocado por “la actitud casi provocativa que la víctima venía exhibiendo al momento de producirse el altercado final”.

En 2006 le redujo la pena a un violador, sustentando su fallo en una supuesta psicopatología del victimario. El condenado, consiguió que su pena se redujera de 17 a 14 años.

En 2002, cuando la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua para el comisario Alfredo Franchiotti por el asesinato a mansalva de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el juez Piombo votó en disidencia.

No podemos dejar de señalar que el juez Horacio Piombo es uno de los tantos funcionarios judiciales cómplices del terrorismo de Estado, que se encuentran aún en ejercicio.

Una casta judicial medieval y antiobrera

Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata están exigiendo la destitución de Piombo de los cargos que hoy tiene como docente en esas casas de estudio. Los fallos de esta escoria del Poder Judicial no sorprenden, aunque sí indignan. No hacen más que reafirmar la necesidad de terminar con esta casta de jueces reaccionarios.

Los legisladores y legisladoras del PTS en el Frente de Izquierda proponen el inmediato cese en funciones de todos los jueces y fiscales vitalicios que fueron elegidos por los gobiernos peronistas, radicales o por la mismísima dictadura militar.

Levantamos la necesidad de luchar por la elección por voto popular de todos los jueces. Pero también decimos que eso no es suficiente: es necesario insistir en que deben ganar lo mismo que una maestra y que sus cargos sean revocables. Junto con esto, proponemos que los veredictos de los juicios sean dictados por jurados populares.

Si así fuera, no cabe duda que serían inmediatamente revocados por el pueblo trabajador, los jueces que siempre culpabilizan a la víctima como Piombo o el juez Oyarbide que sobreseyó a tres directivos de una empresa de indumentaria acusados de contratar talleres clandestinos donde trabajaban inmigrantes en condiciones de semi-esclavitud, argumentando que ese modo de explotación era la herencia de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría” de los costureros.

O aquellos vergonzosos jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes que dejaron libre al policía de gatillo fácil que baleó a nuestra compañera Carla Lacorte, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, alegando que la militancia política de Carla y su lucha por justicia eran “una presión para los jueces” y entonces, la condena al policía que la dejó, de por vida, en una silla de ruedas, terminaba siendo “arbitraria” y “desproporcionada”.

Por eso como Carla Lacorte, como las miles de familias que perdieron a sus hijos por las balas policiales, como los trabajadores y trabajadoras que siguen exigiendo justicia contra los despidos arbitrarios de las empresas multimillonarias, como las mujeres que reclaman #NiUnaMenos y siguen exigiendo que no queden impunes los femicidios, sabemos que es necesaria la lucha y la movilización para enfrentar a las instituciones de este régimen putrefacto.

Esta casta judicial medieval y antipopular no tiene nada de justicia que ofrecer al pueblo trabajador, las mujeres oprimidas y las víctimas inocentes de los delitos más aberrantes. Nada más que la revictimización de las víctimas y la justificación y perversa legitimación de un régimen social de miseria e injurias inauditas para las grandes mayorías.

Apenas tres hechos nada más de los tantos que cada día nos dejan sin respiración. Las estadísticas son escalofriantes: cada treinta horas una mujer es asesinada en Argentina solo a causa de serlo. Es decir, cada treinta horas una mujer muere víctima de la violencia machista. Y también es habitual que el maltrato, e incluso la violencia letal, alcance a hijos e hijas.

Según detalla el Observatorio de Femicidios de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en 2013 se produjo un recrudecimiento de la violencia de género, pese a que el Congreso Nacional aprobó un nuevo régimen que castiga el delito de femicidio con reclusión perpetua. Y en estos pocos meses del 2015 las cifras son alarmantes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54 % somos mujeres, y el 44 % de esas mujeres son sostén de familia. En un informe, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social porteño y por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, se indica que dos de cada diez porteñas fueron o son golpeadas por sus parejas o exparejas; seis de cada diez reciben insultos a diario, son maltratadas o menospreciadas. También surge de ese informe el dato de que solo una de cada diez mujeres hace la denuncia.

No es apenas un problema porteño. El flagelo de la violencia femicida se extiende a todo el país. Pero la preocupación de los políticos oficialistas y opositores por el trato a las mujeres no es creíble: mientras se escandalizan por las altas cifras de femicidios, impiden que se trate el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho a la Aborto y se legalice el aborto, que es la causa por la que también muere otra mujer diariamente en el país. Gobiernos, Poder Judicial, funcionarios que también miran para otro lado o encubren –cuando no son directamente copartícipes o clientes– a las redes de trata que secuestran, explotan, violentan e incluso matan a jóvenes mujeres que son obligadas a prostituirse en locales ¡habilitados por los mismos municipios!

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y las mujeres de Pan y Rosas en el Frente de Izquierda luchamos por una vida libre de cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres y la comunidad LGTB. Por eso levantamos esta voz durante la campaña electoral, donde somos la única fuerza política encabezada por una mujer que se presentará en las próximas elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires, llamando a las mujeres trabajadoras y a las jóvenes estudiantes a organizarnos, porque la única respuesta que podemos dar a este flagelo es con nuestra fuerza de lucha, colectiva e independiente de los partidos tradicionales.  Y el próximo 3 de junio, a las 17 horas, en el Congreso Nacional y en todas las ciudades del país, te esperamos para marchar con nosotras, porque queremos fortalecer esa voz y que se oiga bien fuerte “Ni una menos”.

Con Matías Aufieri, compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), somos abogados de María y Eduardo, trabajadores de la textil Elemento, que produce para Cheeky y otras marcas de la misma magnitud. El caso fue noticia en 2013 cuando una trabajadora de esa textil se prendió fuego, desesperada ante la presión de sus patrones por mayor producción. Nuestro organismo encabezó la denuncia de esta ecuación macabra: cuando los trabajadores se rebelan contra las condiciones que los llevan a morir atrapados, a trabajar doce o más horas por un sueldo miserable, o incluso, como en este caso, a sufrir abortos espontáneos sin permiso para salir al médico, son despedidos por las patronales esclavistas en complicidad con el sindicato textil.

María Ugarte y Eduardo Toro son ejemplos de ello, y por medio de su lucha y de la defensa legal que ejercimos lograron ser reinstalados luego de un año, durante el cual la Asociación Obrera Textil comandada por Jorge Lobais se negó a convocar a elecciones de delegados y, por el contrario, se reunió con otros burócratas sindicales como Ricardo Pignanelli del SMATA, Alberto Roberti del Sindicato de Petroleros y Antonio Caló de la UOM para pronunciarse públicamente contra la altísima “infiltración” de los trabajadores de izquierda en el movimiento obrero industrial.

Dos ciudades, la de Macri y la real

Un eslogan del Gobierno del PRO reza “En todo estás vos”, buscando mostrar una Ciudad que prioriza las necesidades de sus habitantes. Pero eso contrasta con la realidad de los negociados y beneficios millonarios para unos pocos en desmedro de las más básicas condiciones de vida del pueblo trabajador y de sus hijos en una de las ciudades más ricas del mundo.

Ante la muerte de los dos niños, en la búsqueda desesperada por deslindar responsabilidades, oímos a funcionarios del PRO excusándose en el hecho de que no pesaban denuncias previas sobre la trampa mortal donde vivía y trabajaba la familia de las dos criaturas fallecidas. Ante la realidad inocultable, luego intentaron con el argumento de que las denuncias que puedan existir radican en la Justicia Federal (por el delito de trata de personas) y, por lo tanto, la Ciudad no tiene facultades para allanar un domicilio sin orden judicial.

Con una Policía Metropolitana presta a desalojar a familias y niños en cuidado de la propiedad privada, no les produce la misma urgencia la detección y desmantelamiento de esos centros de esclavitud que son los talleres clandestinos.

En ocho años no ha existido inquietud alguna del Gobierno de Mauricio, Horacio, y Gabriela por recabar información sobre esos centenares de denuncias de la existencia de talleres clandestinos, para constituirse como denunciante -como sí lo hace gustoso para procesar luchadores del Subte, del Borda, del Indoamericano y tantos más- y avanzar contra esos talleres, clausurarlos, y garantizar un trabajo digno a los miles de trabajadores esclavizados junto a sus familias. Motivos no le faltarían: trabajo no registrado, reducción a la servidumbre, trata de personas, evasión, falta de habilitación, seguridad e higiene inexistentes son solo algunas de las violaciones a la ley que ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la Nación se interesan en combatir.

Recordemos cómo ha actuado la Justicia. Ante otra denuncia de esclavismo, el juez federal Norberto Oyarbide dictaminó que las condiciones impuestas en esos talleres, de amplia composición inmigrante, radican en “costumbres ancestrales” de los países de origen de los explotados en cuestión.

Ancestral también es la enfermedad de la tuberculosis, pero en el siglo XXI ese flagelo retorna y se multiplica al calor del hacinamiento y de la falta de ventilación en los más de tres mil talleres clandestinos existentes, donde decenas de miles de obreros esclavizados enferman respirando el polvillo de las telas para que renombradas familias y empresas de marca se enriquezcan obscenamente.

En la Ciudad y en el país, la realidad nos encuentra junto a los trabajadores en lucha por las condiciones de vida más básicas que este sistema les arranca a diario, mientras en la vereda de enfrente se anotan todos los garantes del régimen explotador y hasta esclavista. Más allá de los globos, del helado y del pochoclo, para esos intereses gobierna el PRO.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda y de los trabajadores militamos cada día para construir esa fuerza capaz de hacer frente a esta situación. Y las elecciones no pueden estar ajenas a esto: es un orgullo para mí encabezar la lista del Frente de Izquierda en la Ciudad, que comparto con luchadores como Eduardo Toro, que enfrenta día a día desde su puesto de trabajo los atropellos de estas grandes empresas que pelean por aumentar la explotación y defienden sus ganancias con uñas y dientes a costa de la vida de los obreros y de las obreras textiles y de sus familias. Por eso, mi candidatura en las elecciones de la Ciudad y la pelea por más legisladores de la izquierda militante, la del FIT, está puesta, además, en función de colaborar en la organización de esos trabajadores que luchan por terminar con toda forma de opresión y por pararles la mano a estas empresas esclavistas.

Pero queremos llamar la atención sobre un punto menos visible de la política de Macri y del PRO, quienes encontraron otra vía para militarizar su policía y por lo tanto -nadie puede ser ingenuo- sus intervenciones.

En la vorágine de noticias y con bastante protección mediática, ha pasado desapercibido o rápidamente olvidado que la Policía Metropolitana viene incorporando efectivos que actuaron en la dictadura cívico militar; lo mismo que tantas veces le hemos señalado a fuerzas como la Bonaerense o al Servicio Penitenciario Federal, hoy lo decimos con relación a la Metropolitana.

Proceden de la época en que las fuerzas de seguridad estaban subordinadas y estructuradas según el esquema operacional de las Fuerzas Armadas. Deberían demostrar cuándo se dio la resurrección democrática de tales personajes para incorporarlos a la fuerza “moderna” que prometían.

A su vez, han tenido una política activa para captar integrantes de las Fuerzas Armadas que se han ido pasando a la Metropolitana.

El detalle merece ser observado con atención, la Metropolitana ha incorporado desde 2009 a 2013: 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.

Fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en el Indoamericano, Barrio Papa Francisco, el Borda y la Sala Alberdi.

El gobierno de la Ciudad ni siquiera ha certificado que hayan sido dados de baja en la fuerza militar para el posterior ingreso a la policía porteña.

Ya un informe del año 2010 alertaba sobre esto. La “Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana” indicaba que “sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, lo que equivale a un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”. Y continúa más adelante: “el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón… sirve para ejemplificar este perfil. Especializado en inteligencia, ingreso a la Policía Federal Argentina en 1976… Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del NUNCA MÁS, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981”.

También se da otro dato que vale la pena recordar: “En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la Policía Federal Argentina. Los otros nueve cargos de conducción se distribuyen de la siguiente manera: cuatro proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, tres de la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Provincia de Santa Fe… Asimismo, de los 52 cargos de conducción revisados, nueve, equivalente al 17%, fueron pasados a disponibilidad en 2004…” por la Policía Federal Argentina.

Como militantes por los derechos humanos y desde el Frente de Izquierda denunciamos esta política. Esos efectivos serán los que gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia portarán las picanas portátiles Táser próximamente o darán las órdenes al resto de los agentes, para continuar con su política de desalojos y represión de la protesta social.

Las Taser fueron presentadas como armas no letales, pero sus fabricantes aclaran que pueden provocar la muerte, mientras que organismos internacionales las denuncian. Nada de esto conmueve al PRO que encontró un arma de tortura portátil que no deja rastros en el cuerpo, lo que dificulta la denuncia.

Macri eligió el cuestionado predio de La Rural para cenar con empresarios que supuestamente aportaron a su campaña. Que haya sido una maniobra para blanquear los millones que usa cada día para su campaña, no quita que fue una apuesta fuerte para decirles que con él tendrán negocios garantizados. A la par, le prometió a los burócratas sindicales que los ayudará a “correr a la izquierda” de los gremios.

La alianza que selló con Carrió y con la UCR es un intento de plantear una salida por derecha al kirchnerismo. Este acuerdo no está exento de contradicciones: varios candidatos que se presentan como opositores en la Ciudad van en alianzas con el PRO en otros lugares como es el caso del partido de la diputada Victoria Donda, que en la ciudad de Mendoza va en una ¡lista común! con el partido de Macri. Lousteau y Ocaña -que ha coqueteado con el 99% de los partidos existentes- prácticamente son una colectora del PRO luego de que Macri sumara a los radicales.

El kirchnerimo resignó la Ciudad y prefiere jugar un rol opositor mientras le garantiza gobernabilidad al PRO. Sus principales candidatos Mariano Recalde y Carlos Tomada (y hasta Aníbal Ibarra), plantean la campaña en términos de quién gestiona mejor. Recalde es denunciado por las tercerizaciones en Aerolíneas e incluso por casos de persecución sindical. Tomada viene de jugar un papel antiobrero en el conflicto de los trabajadores de Lear, donde el Ministerio armó una emboscada junto con el SMATA y la patronal para dejar ilegalmente a las familias obreras en la calle. El prontuario de los candidatos K es interminable. El propio Aníbal Ibarra fue destituido como Jefe de Gobierno después de la masacre de Cromañón que se llevó 194 vidas.

Desde el FIT enfrentamos todos los días al macrismo y sus políticas de negocios privados, inmobiliarios y de la obra pública.

Desde el PTS apostamos a realizar una gran campaña militante. Junto con los compañeros del subte que conforman una oposición al kirchnerismo y al macrismo. Con las trabajadoras y trabajadores de las privatizadas discutiremos qué hacer con los servicios públicos colapsados. Una campaña junto con los trabajadores y trabajadoras de las fábricas que padecen las condiciones de salubridad como en la Textil Elemento y los talleres clandestinos, con los trabajadores estatales que padecen la tercerización y salarios miserables en la Ciudad. Con nuestros compañeros delegados en las villas.

Queremos desplegar la fuerza de los docentes, para que sean ellos lo que planteen cómo defender y mejorar la escuela pública y terminar con los subsidios a la educación privada. Con la fuerza de las trabajadoras y trabajadores de los hospitales porteños que cobran vergonzosos salarios y trabajan extensas jornadas.

Desde el Frente de Izquierda vamos con la fuerza de las mujeres, los trabajadores y la juventud.