Juicio en ausencia, el debate que viene en el Congreso

Luego de decretar la llamada emergencia en seguridad, reaccionaria no sólo por la forma arbitraria en que se dictó, sino por las medidas que contiene, el PRO promete comenzar el año legislativo con una serie de medidas que no tienen nada de novedoso, pero sí bastante de demagogia, estridencia e inutilidad.

Entre ellas, proponen que el Congreso Nacional sancione una ley que estipule el llamado juicio en ausencia, usando como excusa para una reforma tan antidemocrática la causa Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), incluso con el argumento de que se trataría de un crimen de lesa humanidad. De más está aclarar que jamás les preocupó este tema en los casos de decenas de genocidas prófugos e impunes por años.

El juicio en ausencia es una institución procesal que permite juzgar a una persona aunque no haya comparecido al juicio, esté ausente o en rebeldía, según el caso. Se lleva a cabo con un defensor oficial que se le designa al acusado para que lo represente ante el tribunal. Esta no es una idea reciente del macrismo: en el Congreso hay presentados proyectos promovidos por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Laura Alonso. Siempre generaron gran rechazo, porque chocan con el más elemental derecho de defensa en juicio, pero han cobrado fuerza nuevamente a partir del voto emitido por el juez Eduardo Farah en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, donde se dejaría abierta la puerta para esta salida en la causa AMIA.

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El kirchnerismo avaló la impunidad de la SIDE

Ante los anuncios de la Presidente de la Nación sobre la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, y cuando el gobierno nacional intenta mostrarse como víctima de esos servicios, se renueva la necesidad de tener presente cómo han actuado los tenebrosos agentes en algunas de las principales causas que conmovieron el país, en épocas de muy buenas relaciones con el kirchnerismo.

Se dice que la primera visita que recibe un juez federal cuando asume es la de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Su presencia en Comodoro Py es omnímoda.

Cuando denunciamos uno de los escándalos de espionaje más grandes de la historia del país, conocido como “Proyecto X”, rápidamente el juez federal Norberto Oyarbide nombró un agente secreto de la SIDE para que controle la producción de la prueba, para que participe en las pericias y, seguramente, para que mantenga al tanto a sus superiores de cada cosa que los querellantes vamos descubriendo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y seguimos sin saber quién es, no conocemos su cara ni su nombre.

Sufrimos también su embate cuando desapareció Julio López. Sus agentes fueron unos de los encargados de desviar la investigación desde los primeros días. Al poco tiempo ya denunciamos que la Justicia les dio “amplio poder discrecional a la Policía Federal, a la Bonaerense y a la SIDE, quienes llevaron expedientes paralelos sin ningún tipo de control, y, entre otras cosas, no se investigó al entorno de Etchecolatz; los informes de la SIDE que hay sobre ese grupo, se basan en datos de la guía telefónica”.

A su vez le dieron una flota de celulares a la familia López para que hablen por allí. Por eso oportunamente también denunciamos que “la Policía Federal y la Bonaerense se resisten a entregar sus investigaciones paralelas y la SIDE no presenta casi ningún informe más, pero se ocupa de interferir la investigación otorgando a familiares y allegados de López –sin que conste en la causa- una flota de teléfonos celulares y radio Nextel, entorpeciendo notablemente la investigación”.  Esos celulares estaban a nombre del propio “Jaime” Stiusso. Una gran demostración de poder de “los servicios”.

Stiusso ya era parte de la SIDE cuando desapareció López la primera vez (1976), y continuaba en su puesto cuando desapareció la segunda (2006).

Como vemos en estos trágicos ejemplos, son parte actuante de los principales casos del país.

Son los mismos

Ya habían mutado su nombre de SIDE a Secretaría de Inteligencia y habían barrido a algunos infieles, pero mantuvieron allí a los agentes que participaron de la dictadura, que actuaron en operaciones para señalar a aquellos que luego serían secuestrados, torturados, desaparecidos. Por eso, en noviembre pasado el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley donde exige que se abran los archivos de la SIDE y que se publiquen los nombres de sus agentes, ello en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 (fecha del dictado del estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983.

Nos consta que los archivos están. Logramos demostrarlo en la megacausa “ESMA” con nuestra compañera querellante Alejandrina Barry. Después de una larga resistencia, la Secretaría de Inteligencia remitió al juzgado “la ficha” con las actividades de los padres de Alejandrina desde, incluso, el período anterior a la dictadura y hasta su desaparición. Si bien los datos hoy no son novedosos, demuestran que la información es conservada.

Es bueno aclarar que ningún diputado del oficialismo (ni de varios de los bloques de oposición), de esos que ahora denuncian el funcionamiento mafioso, acompañó nuestra presentación.

No hay otra salida

Es por todo ello que lo que más pone en duda el espíritu reformador de la Presidente con la creación de la Agencia Federal de Informaciones, son sus propios antecedentes, entre los que se cuentan la utilización del “Proyecto X” para espiar al gremialismo combativo y de izquierda, la infiltración de un agente de la Policía Federal en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh, así como la designación de un personaje de inteligencia como César Milani al mando del Ejército.

Porque los principales referentes de los bloques de oposición también han usado los servicios de inteligencia en función de sus intereses cada vez que gobernaron, estamos convencidos que es necesaria una gran movilización de los trabajadores y el pueblo por la apertura y la desclasificación de todos los archivos de la ex SIDE y la publicidad de la nómina de todo su personal.  También para terminar con el “Proyecto X” y encarcelar a Milani por genocida.

Proponemos una comisión investigadora independiente para esclarecer el atentado a la AMIA, compuesta por familiares de las víctimas y personalidades de los organismos de derechos humanos.