En medio del debate, hay algo que pocos dicen sobre cómo saber cuál fue el rol de Milani en la dictadura cívico-militar: la verdad sigue guardada en los archivos del Estado. Los archivos de la represión que el Gobierno actual, como todos los anteriores, se niega a abrir.

Una vez anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reanudaron los juicios de lesa humanidad e inmediatamente señalamos que, por la forma fragmentada en que se realizaban los procesos y por que se requiere que un sobreviviente o familiar aporte un dato concreto sobre el represor, la amplia mayoría de los genocidas quedaría impune, en libertad y en funciones.

Con los años, se demostró que en su gran mayoría están siendo juzgados los que integraron los mandos superiores de las fuerzas, algunos que fueron reconocidos por los sobrevivientes, algún civil, y muy poquito, casi nada, más. Se demostró que el hecho de que alguien aparezca en un listado de represores no conmueve a ningún juez ni a ningún fiscal.

Las leyes se anularon en 2004 y los números son contundentes: desde que se reanudaron los juicios, hay solamente 370 genocidas condenados, de los cuales sólo 28 tienen sentencia firme. Números que huelen a poco. Otros números, no. Cuando desapareció Julio López por segunda vez a manos de las fuerzas represivas en septiembre de 2006, continuaban en funciones 9.026 policías de la Bonaerense que se desempeñaron en la dictadura. Cuando alegamos en la causa ESMA en mayo de 2011 pidiendo condena por Rodolfo Walsh y por tantos otros compañeros, denunciamos que en la Armada, comparativamente una fuerza menor en su número, quedaban en funciones 1.048 oficiales y 3.318 suboficiales que prestaron servicios entre los años 1976 y 1983. Podríamos seguir con el Ejército, las fuerzas provinciales, la Gendarmería y un largo etcétera.

Pero lo que nos interesa en el caso es que César Gerardo Milani forma parte de esos números tan contundentes y de algo más certero aún: perteneció al Batallón 601. Este, terrible icono de la infiltración y delación durante la dictadura, fue considerado por la justicia como “una estructura intrínsecamente ilegal”. Es decir, es Milani el que tiene que demostrar que formando parte de una organización de ese tipo “no tuvo nada que ver”.

Que no haya más pruebas en su contra, como dicen algunos, no es suficiente y mucho menos definitivo. Es producto de la mecánica misma del genocidio implementado en el país. La desaparición de personas y de los rastros de tan horrendo crimen fue planeada por los genocidas como garantía de impunidad hacia el futuro. Así lo hemos denunciado en cada uno de los alegatos en los que intervinimos en diversas causas de lesa humanidad.

Hoy se demuestra que esa planificación de impunidad les dio resultado. A Milani le resultó, aunque el silencio impune empieza a romperse. Las pruebas no pueden seguir siendo exigidas a los sobrevivientes y a sus familiares en forma exclusiva.

Las pruebas las tiene el Estado, que sólo deja aparecer archivos de inteligencia o carpetazos de la SIDE en disputas políticas del régimen. Exigimos una vez más la apertura de todos los archivos de la SIDE, de los organismos de inteligencia de cada fuerza armada y de seguridad, de todo lo que se oculta para que no podamos comprobar al día de hoy qué rol cumplió cada uno en el genocidio. Todo lo demás los hace cómplices de la impunidad de los genocidas. Aunque en el caso de Milani el sello del 601 habla por sí solo, si aquel integró el Batallón 601, participó del genocidio.

Como declaró el sobreviviente Víctor Basterra en la causa ESMA: “Estuve en la ESMA en calidad de detenido desaparecido hasta el 3/12/83. En esas circunstancias un sujeto llamado ‘Binotti’ me dice: ‘Bueno, te vas a tu casa, no te muevas de tu casa y no te hagas el pelotudo porque los Gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda’”. La comunidad informativa siempre queda. ¿Más pruebas? A exigirlas a Balcarce 50.