Imposible olvidar el nerviosismo que rápidamente nos recorrió. Imposible también olvidar nuestras primeras impresiones, hasta que la sobreviviente Adriana Calvo dijo: “Julio López está desaparecido”, y presentamos un habeas corpus esa misma mañana.

Nuevamente un desaparecido. Ese método que jamás abandonaron las Fuerzas Armadas y de seguridad. Como lo hizo el Ejército en La Tablada, como Miguel Bru y tantos jóvenes víctimas de la policía. Esta vez una desaparición directamente asociada a la dictadura, a esas patotas que, como reconoció el propio Néstor Kirchner en cadena nacional del 29/12/2006: “Todo hace pensar […] que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Reclaman imponer una amnistía”.

Enorme reconocimiento con el que no se hizo nada. Absolutamente nada. Mientras los organismos reclamábamos la separación de la Bonaerense de la investigación, se nos respondió que se iba a priorizar “la gobernabilidad de la fuerza”.

El aparato represivo, judicial y político de la dictadura se colaba por todos los poros en una situación nacional en la que imperaba un discurso gubernamental que hablaba de terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura como política de Estado. Contra ese discurso, la desaparición de Julio develaba que 9026 policías de la dictadura seguían en funciones, que en las Fuerzas Armadas la situación era similar, que el juez federal Manuel Blanco, que tuvo un buen tiempo la causa, fue juez de la dictadura, que unos años después un genocida de probada participación en la desaparición del soldado Ledo llegaría al mando de Ejército, César Milani culminaba de probarlo.

Hoy llegamos a un nuevo aniversario de aquella desaparición sin saber qué pasó con nuestro compañero y sin que sean identificados sus secuestradores, a pesar de la importante cantidad de elementos con los que contamos, por ejemplo, foto y nombre de quien realizó el seguimiento de Julio, nombres de quienes hicieron acciones específicas de encubrimiento que constituyen una interesante pista a desandar y muchos más.

En cambio, prevaleció no avanzar hacia allí y no hacer olas, apostando a que de a poco el reclamo se iría diluyendo. La SIDE con Stiuso a la cabeza, la Federal y la Bonaerense se encargarían de que pase el tiempo sin que se sepa nada de López.

Así como reconoció el expresidente Kirchner que el secuestro de López intentaba paralizar el proceso de juicio a los criminales de lesa humanidad que daba sus primeros pasos, hoy tenemos que ver las enormes señales que hay sobre un nuevo intento de paralizar los juicios e impedir que se avance sobre la responsabilidad de los verdaderos planificadores del golpe genocida, lo que comúnmente llamamos “los civiles”, que son importantes empresarios, integrantes de la jerarquía eclesiástica, responsables de medios de prensa y otros representantes de los clases dominantes.

Cuando finaliza la era kirchnerista, autotitulada “defensora de los derechos humanos”, y cuando la palabra “diálogo” se ha impuesto como una moda nada inofensiva, ya que habla de conciliar intereses irreconciliables, algunos han llevado esta idea al terreno de los juicios a los genocidas.

Ya comenzó a materializarse con la bendición de monseñor Jorge Casaretto en encuentros en la Universidad Católica Argentina, la de San Andrés y la Fundación Hannah Arendt, dirigida por Elisa Carrió, que contaron con la presencia de la senadora Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos y Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien murió durante su secuestro, hecho que se atribuye al ERP (en julio de 1974). Fueron acompañados con sucesivas editoriales de La Nación, donde se retoma su reivindicación de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos y se reclama una amnistía.

Mientras debaten e intentan imponer una nueva ideología predominante, impulsan fervientemente las causas “Rucci” y “Larrabure”, donde también venimos interviniendo para terminar con esta nefasta teoría de los dos demonios que busca una especie de empate, es decir, impunidad para todos, juzgamiento para ninguno más.

El objetivo de máxima es que se paralicen todos los juicios contra los genocidas, el más directo es que no avancen las causas contra los civiles. Detrás están los intereses de los afectados por las causas de Papel Prensa, Pedro Blaquier, Vicente Massot de la Nueva Provincia, la ex Editorial Atlántida, que ya vienen obteniendo una serie de fallos que son verdaderos sobreseimientos encubiertos. Integran la lista empresarios como los de Ford o Mercedes Benz.

Así como luchamos en las calles para derrotar el discurso gubernamental que intentó imponer que Julio López no estaba desaparecido sino perdido o en la casa de la tía, y como seguiremos luchando hasta conocer su destino y terminar con la impunidad de sus secuestradores, hasta que se abran todos los archivos que tiene el Estado y conozcamos la verdad, vemos necesario poner en pie una campaña que denuncie y realice acciones para enfrentar esta nueva política de reconciliación impulsada una vez más desde las máximas jerarquías de la Iglesia Católica, sectores empresarios y de la oposición.

Nadie puede creer que gane quien gane, Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa se opondrán seriamente a este nuevo intento de reconciliación. Todos saben que nosotros sí.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

Nada pudo parar la decisión política de juzgarlos porque lo que buscan es una condena ejemplificadora a los trabajadores que reclamaron por sus derechos a las multinacionales petroleras instaladas en la Patagonia. Esta es la respuesta a una gran lucha llevada adelante en 2006 contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral que hace que trabajen en medio del campo, con temperaturas bajo cero, sin siquiera un baño. Un grupo de trabajadores había logrado que lo pasen al convenio petrolero, entonces las patronales fueron por más: trabajadores encarcelados, arrancados de sus casas, a trece de ellos los mantuvieron tres años y medio presos.

La movilización había durado tres meses y derivó en una gran manifestación popular cuando la Justicia ordenó la detención de uno de los voceros de los trabajadores, marcharon para exigir su liberación y fueron víctimas de una feroz represión. El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos, sumándose a esto, como en plena dictadura militar, allanamientos indiscriminados en las casas por parte de la policía. El cura de Las Heras -a quien el juzgado le negó que pudiera declarar como testigo- cuestionó las detenciones que se estaban realizando y abrió las puertas de la parroquia donde se refugiaron cientos de pobladores. La situación se prolongó durante semanas.

Organismos de derechos humanos así como organizaciones sociales y políticas hemos viajado para expresar toda nuestra solidaridad y denunciar que es un juicio absolutamente armado. En uno de nuestros viajes al lugar, conversamos con uno de los petroleros que estuvo varios años preso y luego fue absuelto. Su relato es estremecedor: “es la peor situación que viví, ahora estoy sin trabajo. Me acusaron de homicidio calificado, sin siquiera haber estado en el lugar, soy uno de los cinco que fuimos torturados camino a Puerto Deseado, un viaje que dura siete horas. Nos mojaron, nos ponían bolsas en la cabeza, nos gatillaban. Tres veces me sacaron medio cuerpo de la Trafic amenazando con tirarme”. Amenazas a sus esposas e hijos completan el cuadro.

Todo esto fue denunciado por los abogados defensores en sus alegatos, quienes en represalia sufrieron sanciones. A pesar de que el aroma de los dólares que deja el petróleo en la provincia inundaba la sala de audiencias, durante el transcurso del juicio no apareció una sola prueba que pudiera demostrar que estos trabajadores tuvieron que ver con el hecho que se les imputa. Y cuando el olor ya era insoportable, el fiscal Ariel Candia, sin que lo inmute la presencia de organismos de derechos humanos, afirmó que “a un par de cachetadas y una bolsita en la cabeza no se lo puede llamar tortura”.

No es la primera vez que un reclamo de trabajadores contra la tercerización es perseguido ferozmente por el Estado. Mariano Ferreyra fue asesinado por la patota ferroviaria amparada desde el Estado. Durante estos largos años y hoy, los trabajadores no están solos. Han manifestado su solidaridad el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Patricia Walsh, la agrupación HIJOS La Plata, compañeros hijos de desaparecidos del CEPRODH, como Victoria Moyano, Gloria Pagés, Juan Contrisciani, Andrea Robles, entre otros.

También es fuerte el apoyo entre las organizaciones de trabajadores que han expresado por ejemplo, Pablo Micheli de la CTA, Alejandro López, Natalio Navarrete, Marcelo Morales, del Sindicato Ceramista de Neuquén, decenas de comisiones internas de Capital, Gran Buenos Aires y del resto del país, como los propios sindicatos docentes recuperados. Centros de Estudiantes, junto a intelectuales del país y del exterior como James Petras, completan el amplio arco de solidaridad en el que se encuentran también los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores Raúl Godoy (legislador provincial, Neuquén), Christian Castillo (legislador provincial, Buenos Aires), Noelia Barbeito y Cecilia Soria (senadora y diputada provinciales, Mendoza) y Nicolás del Caño (diputado nacional).

Este viernes 15 de noviembre realizaremos una movilización desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz para exigir con toda la fuerza que tenemos la libertad incondicional de los compañeros y por que no se imponga la decisión de este tribunal que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto del pueblo trabajador.