Jujuy: el éxodo de las libertades democráticas

Como parte del triunfo de Cambiemos, en diciembre asumió el Gobierno jujeño una fórmula conformada por Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR) y Carlos Haquim, del Frente Renovador de Sergio Massa.

Sin demoras, se procuraron una Justicia sumamente adicta: ampliaron de cinco a nueve los miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia para tener una mayoría automática. Sus nuevos integrantes son todos militantes radicales. Convertida en un apéndice, la Justicia comenzó a actuar.

Mariano Miranda, ex apoderado de la UCR, ahora devenido en fiscal de Estado, emprendió la cacería contra la líder opositora Milagro Sala, diputada por el Parlasur que realizaba un acampe por haber caído en desgracia su movimiento al terminar el Gobierno kirchnerista. Al revés de lo que se promociona y difunde, no fue detenida por ninguna acusación relacionada con hechos de corrupción, sino por participar de una protesta, bajo la acusación de tumulto.

El hecho dividió aguas. Nuestro partido, a pesar de tener enorme diferencias públicas con esa organización y sus dirigentes, se manifestó por su libertad, al entender que sentaba un precedente muy peligroso de criminalización de la protesta social. Días después, y por manifestarse en este mismo sentido, fue despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar Natalia Morales, delegada de los trabajadores de esa dependencia y una de las principales referentes del Frente de Izquierda en la provincia. Continuar leyendo

Cuando la Gendarmería es la fuerza de choque

Como se vio en el desalojo violento a los trabajadores de Cresta Roja, la Gendarmería Nacional vuelve a ser elegida por el Gobierno de Cambiemos como la fuerza represiva que atacará las manifestaciones obreras y populares.

Varios de sus miembros están al borde del procesamiento por las arbitrariedades y las acciones ilegales que logramos demostrar que cometieron en la represión a la protesta de los trabajadores de Lear durante el año 2014, que, bajo la conducción de Sergio Berni, terminó con un fuerte cuestionamiento por su accionar ilegal. Así lo confirmó la Justicia federal de San Isidro, que estableció que la protesta de los trabajadores de Lear fue completamente legítima y, por ende, la represión fue ilegal.

Un nuevo hecho coloca a la Gendarmería con un serio cuestionamiento en una causa iniciada por la denuncia del diputado nacional Nicolás del Caño y del referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) José Montes, a quienes representamos y que se unificó con la realizada por el diputado nacional Manuel Garrido. Continuar leyendo