Imposible olvidar el nerviosismo que rápidamente nos recorrió. Imposible también olvidar nuestras primeras impresiones, hasta que la sobreviviente Adriana Calvo dijo: “Julio López está desaparecido”, y presentamos un habeas corpus esa misma mañana.

Nuevamente un desaparecido. Ese método que jamás abandonaron las Fuerzas Armadas y de seguridad. Como lo hizo el Ejército en La Tablada, como Miguel Bru y tantos jóvenes víctimas de la policía. Esta vez una desaparición directamente asociada a la dictadura, a esas patotas que, como reconoció el propio Néstor Kirchner en cadena nacional del 29/12/2006: “Todo hace pensar […] que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Reclaman imponer una amnistía”.

Enorme reconocimiento con el que no se hizo nada. Absolutamente nada. Mientras los organismos reclamábamos la separación de la Bonaerense de la investigación, se nos respondió que se iba a priorizar “la gobernabilidad de la fuerza”.

El aparato represivo, judicial y político de la dictadura se colaba por todos los poros en una situación nacional en la que imperaba un discurso gubernamental que hablaba de terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura como política de Estado. Contra ese discurso, la desaparición de Julio develaba que 9026 policías de la dictadura seguían en funciones, que en las Fuerzas Armadas la situación era similar, que el juez federal Manuel Blanco, que tuvo un buen tiempo la causa, fue juez de la dictadura, que unos años después un genocida de probada participación en la desaparición del soldado Ledo llegaría al mando de Ejército, César Milani culminaba de probarlo.

Hoy llegamos a un nuevo aniversario de aquella desaparición sin saber qué pasó con nuestro compañero y sin que sean identificados sus secuestradores, a pesar de la importante cantidad de elementos con los que contamos, por ejemplo, foto y nombre de quien realizó el seguimiento de Julio, nombres de quienes hicieron acciones específicas de encubrimiento que constituyen una interesante pista a desandar y muchos más.

En cambio, prevaleció no avanzar hacia allí y no hacer olas, apostando a que de a poco el reclamo se iría diluyendo. La SIDE con Stiuso a la cabeza, la Federal y la Bonaerense se encargarían de que pase el tiempo sin que se sepa nada de López.

Así como reconoció el expresidente Kirchner que el secuestro de López intentaba paralizar el proceso de juicio a los criminales de lesa humanidad que daba sus primeros pasos, hoy tenemos que ver las enormes señales que hay sobre un nuevo intento de paralizar los juicios e impedir que se avance sobre la responsabilidad de los verdaderos planificadores del golpe genocida, lo que comúnmente llamamos “los civiles”, que son importantes empresarios, integrantes de la jerarquía eclesiástica, responsables de medios de prensa y otros representantes de los clases dominantes.

Cuando finaliza la era kirchnerista, autotitulada “defensora de los derechos humanos”, y cuando la palabra “diálogo” se ha impuesto como una moda nada inofensiva, ya que habla de conciliar intereses irreconciliables, algunos han llevado esta idea al terreno de los juicios a los genocidas.

Ya comenzó a materializarse con la bendición de monseñor Jorge Casaretto en encuentros en la Universidad Católica Argentina, la de San Andrés y la Fundación Hannah Arendt, dirigida por Elisa Carrió, que contaron con la presencia de la senadora Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos y Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien murió durante su secuestro, hecho que se atribuye al ERP (en julio de 1974). Fueron acompañados con sucesivas editoriales de La Nación, donde se retoma su reivindicación de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos y se reclama una amnistía.

Mientras debaten e intentan imponer una nueva ideología predominante, impulsan fervientemente las causas “Rucci” y “Larrabure”, donde también venimos interviniendo para terminar con esta nefasta teoría de los dos demonios que busca una especie de empate, es decir, impunidad para todos, juzgamiento para ninguno más.

El objetivo de máxima es que se paralicen todos los juicios contra los genocidas, el más directo es que no avancen las causas contra los civiles. Detrás están los intereses de los afectados por las causas de Papel Prensa, Pedro Blaquier, Vicente Massot de la Nueva Provincia, la ex Editorial Atlántida, que ya vienen obteniendo una serie de fallos que son verdaderos sobreseimientos encubiertos. Integran la lista empresarios como los de Ford o Mercedes Benz.

Así como luchamos en las calles para derrotar el discurso gubernamental que intentó imponer que Julio López no estaba desaparecido sino perdido o en la casa de la tía, y como seguiremos luchando hasta conocer su destino y terminar con la impunidad de sus secuestradores, hasta que se abran todos los archivos que tiene el Estado y conozcamos la verdad, vemos necesario poner en pie una campaña que denuncie y realice acciones para enfrentar esta nueva política de reconciliación impulsada una vez más desde las máximas jerarquías de la Iglesia Católica, sectores empresarios y de la oposición.

Nadie puede creer que gane quien gane, Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa se opondrán seriamente a este nuevo intento de reconciliación. Todos saben que nosotros sí.

Las Taser fueron presentadas como armas no letales, pero sus fabricantes aclaran que pueden provocar la muerte, mientras que organismos internacionales las denuncian. Nada de esto conmueve al PRO que encontró un arma de tortura portátil que no deja rastros en el cuerpo, lo que dificulta la denuncia.

Macri eligió el cuestionado predio de La Rural para cenar con empresarios que supuestamente aportaron a su campaña. Que haya sido una maniobra para blanquear los millones que usa cada día para su campaña, no quita que fue una apuesta fuerte para decirles que con él tendrán negocios garantizados. A la par, le prometió a los burócratas sindicales que los ayudará a “correr a la izquierda” de los gremios.

La alianza que selló con Carrió y con la UCR es un intento de plantear una salida por derecha al kirchnerismo. Este acuerdo no está exento de contradicciones: varios candidatos que se presentan como opositores en la Ciudad van en alianzas con el PRO en otros lugares como es el caso del partido de la diputada Victoria Donda, que en la ciudad de Mendoza va en una ¡lista común! con el partido de Macri. Lousteau y Ocaña -que ha coqueteado con el 99% de los partidos existentes- prácticamente son una colectora del PRO luego de que Macri sumara a los radicales.

El kirchnerimo resignó la Ciudad y prefiere jugar un rol opositor mientras le garantiza gobernabilidad al PRO. Sus principales candidatos Mariano Recalde y Carlos Tomada (y hasta Aníbal Ibarra), plantean la campaña en términos de quién gestiona mejor. Recalde es denunciado por las tercerizaciones en Aerolíneas e incluso por casos de persecución sindical. Tomada viene de jugar un papel antiobrero en el conflicto de los trabajadores de Lear, donde el Ministerio armó una emboscada junto con el SMATA y la patronal para dejar ilegalmente a las familias obreras en la calle. El prontuario de los candidatos K es interminable. El propio Aníbal Ibarra fue destituido como Jefe de Gobierno después de la masacre de Cromañón que se llevó 194 vidas.

Desde el FIT enfrentamos todos los días al macrismo y sus políticas de negocios privados, inmobiliarios y de la obra pública.

Desde el PTS apostamos a realizar una gran campaña militante. Junto con los compañeros del subte que conforman una oposición al kirchnerismo y al macrismo. Con las trabajadoras y trabajadores de las privatizadas discutiremos qué hacer con los servicios públicos colapsados. Una campaña junto con los trabajadores y trabajadoras de las fábricas que padecen las condiciones de salubridad como en la Textil Elemento y los talleres clandestinos, con los trabajadores estatales que padecen la tercerización y salarios miserables en la Ciudad. Con nuestros compañeros delegados en las villas.

Queremos desplegar la fuerza de los docentes, para que sean ellos lo que planteen cómo defender y mejorar la escuela pública y terminar con los subsidios a la educación privada. Con la fuerza de las trabajadoras y trabajadores de los hospitales porteños que cobran vergonzosos salarios y trabajan extensas jornadas.

Desde el Frente de Izquierda vamos con la fuerza de las mujeres, los trabajadores y la juventud.

La bochornosa debilidad de esta defensa -por parte de quien debería acusarlo- está dada porque hay jurisprudencia contra este tipo de excusas casi infantiles. No se consiguieron con poco esfuerzo, debemos decirlo, ya que los jueces dejan correr estos argumentos. Los querellantes que luchamos contra la impunidad, no.

Como ejemplo podemos citar lo ocurrido recientemente en la causa ESMA, donde este 23 de abril la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó dos absoluciones de marinos de la ESMA y ordenó que se dicte nuevamente sentencia. El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, tomando como válidos -entre otras pruebas- los legajos de los genocidas Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco, los había absuelto por los casos de Rodolfo Walsh y otras víctimas. En nuestro alegato denunciamos que los legajos de los represores están “intervenidos”, fueron fraguados preparando la impunidad. Es así que las querellas del CELS y de Justicia Ya! recurrimos ese fallo y la Sala II nos dio la razón por entender que las constancias de los legajos suelen ser contradictorias y que hay que escuchar a los testigos sobrevivientes.

En el caso de Milani hay que escuchar el testimonio de Olivera.

Son todas las cúpulas

Tanta defensa hacia el jefe del Ejército puede tener varias explicaciones, aunque hay una que es fundamental: el cuestionamiento hacia Milani alcanza a la inmensa mayoría de los actuales altos mandos de las Fuerzas Armadas y también a la suboficialidad con más antigüedad.

Resulta difícil para este Gobierno autoproclamarse defensor de los Derechos Humanos y mantener a un 14 % de quienes fueron parte del plan genocida, que pasaron por los centros clandestinos, que fueron parte de esa estructura represiva que actuó contra “una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas” (como dijimos en nuestro alegato en ESMA II).

César Milani ingresó en el Ejército en febrero de 1975 y a la Escuela de Inteligencia en 1982 para pasar luego al Batallón 601. Milani y cincuenta generales más son parte de un Ejército argentino que cuenta con 3.381 miembros que provienen de la dictadura.

La situación se repite en la Armada: 543 oficiales y 759 suboficiales comparten ese origen. Varios de ellos pasaron por la ESMA, pero tienen la fortuna de que ningún ex detenido desaparecido los haya reconocido, por lo que se amparan en el pacto de impunidad que se mantiene con firmeza y efectividad gracias a que este Gobierno mantiene ocultos los archivos de la represión. La Fuerza Aérea incluso supera esos números, con más de 600 oficiales y 1.700 suboficiales que aún están en funciones desde la dictadura.

Estamos seguros al afirmar que defender a Milani es defender esa continuidad del aparato represivo de la dictadura en las Fuerzas Armadas actuales. Cuando se apoya a Milani se está siendo cómplice de todo lo demás. Cuestionar la impunidad de Milani y su lugar al mando en el Ejército es pelear por terminar con todo el aparato de espionaje montado en la dictadura y que hoy continúa la tarea con sus mismos agentes, como es el caso de Américo Balbuena de la Policía Federal, infiltrado por una década en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh para espiar a la militancia social y política; o del “Agente de Reunión en el Ámbito Gremial” del Destacamento de Inteligencia 201, Gerardo Martínez de la UOCRA.

Repudiar la designación de Milani es rechazar que se sigan escondiendo los archivos de la represión, que nos consta que existen, pero que el Gobierno se niega abrir. Los documentos aparecen cuando quieren sumar impunidad.
Denunciamos la responsabilidad central que tienen el Gobierno y un Poder Judicial que conserva decenas de funcionarios de la dictadura, a la vez que dilata las causas contra los genocidas, empezando por que solo el 20 % de las condenas en delitos de lesa humanidad está firme.

Si Milani hoy no está condenado y preso no es porque falten pruebas. Hay una decisión política de rodearlo de impunidad.  

Por eso sostenemos que nuestra herramienta para terminar con la impunidad, hoy como ayer es la movilización en las calles.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

En medio del debate, hay algo que pocos dicen sobre cómo saber cuál fue el rol de Milani en la dictadura cívico-militar: la verdad sigue guardada en los archivos del Estado. Los archivos de la represión que el Gobierno actual, como todos los anteriores, se niega a abrir.

Una vez anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reanudaron los juicios de lesa humanidad e inmediatamente señalamos que, por la forma fragmentada en que se realizaban los procesos y por que se requiere que un sobreviviente o familiar aporte un dato concreto sobre el represor, la amplia mayoría de los genocidas quedaría impune, en libertad y en funciones.

Con los años, se demostró que en su gran mayoría están siendo juzgados los que integraron los mandos superiores de las fuerzas, algunos que fueron reconocidos por los sobrevivientes, algún civil, y muy poquito, casi nada, más. Se demostró que el hecho de que alguien aparezca en un listado de represores no conmueve a ningún juez ni a ningún fiscal.

Las leyes se anularon en 2004 y los números son contundentes: desde que se reanudaron los juicios, hay solamente 370 genocidas condenados, de los cuales sólo 28 tienen sentencia firme. Números que huelen a poco. Otros números, no. Cuando desapareció Julio López por segunda vez a manos de las fuerzas represivas en septiembre de 2006, continuaban en funciones 9.026 policías de la Bonaerense que se desempeñaron en la dictadura. Cuando alegamos en la causa ESMA en mayo de 2011 pidiendo condena por Rodolfo Walsh y por tantos otros compañeros, denunciamos que en la Armada, comparativamente una fuerza menor en su número, quedaban en funciones 1.048 oficiales y 3.318 suboficiales que prestaron servicios entre los años 1976 y 1983. Podríamos seguir con el Ejército, las fuerzas provinciales, la Gendarmería y un largo etcétera.

Pero lo que nos interesa en el caso es que César Gerardo Milani forma parte de esos números tan contundentes y de algo más certero aún: perteneció al Batallón 601. Este, terrible icono de la infiltración y delación durante la dictadura, fue considerado por la justicia como “una estructura intrínsecamente ilegal”. Es decir, es Milani el que tiene que demostrar que formando parte de una organización de ese tipo “no tuvo nada que ver”.

Que no haya más pruebas en su contra, como dicen algunos, no es suficiente y mucho menos definitivo. Es producto de la mecánica misma del genocidio implementado en el país. La desaparición de personas y de los rastros de tan horrendo crimen fue planeada por los genocidas como garantía de impunidad hacia el futuro. Así lo hemos denunciado en cada uno de los alegatos en los que intervinimos en diversas causas de lesa humanidad.

Hoy se demuestra que esa planificación de impunidad les dio resultado. A Milani le resultó, aunque el silencio impune empieza a romperse. Las pruebas no pueden seguir siendo exigidas a los sobrevivientes y a sus familiares en forma exclusiva.

Las pruebas las tiene el Estado, que sólo deja aparecer archivos de inteligencia o carpetazos de la SIDE en disputas políticas del régimen. Exigimos una vez más la apertura de todos los archivos de la SIDE, de los organismos de inteligencia de cada fuerza armada y de seguridad, de todo lo que se oculta para que no podamos comprobar al día de hoy qué rol cumplió cada uno en el genocidio. Todo lo demás los hace cómplices de la impunidad de los genocidas. Aunque en el caso de Milani el sello del 601 habla por sí solo, si aquel integró el Batallón 601, participó del genocidio.

Como declaró el sobreviviente Víctor Basterra en la causa ESMA: “Estuve en la ESMA en calidad de detenido desaparecido hasta el 3/12/83. En esas circunstancias un sujeto llamado ‘Binotti’ me dice: ‘Bueno, te vas a tu casa, no te muevas de tu casa y no te hagas el pelotudo porque los Gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda’”. La comunidad informativa siempre queda. ¿Más pruebas? A exigirlas a Balcarce 50.

Por eso el discurso de la presidenta no es inocente. Ella sabe que las pruebas que ya obran en la causa alcanzan para indagar y procesar a varios de sus funcionarios, además de toda la cúpula de Gendarmería y los agentes involucrados en la infiltración y recolección de datos que conforman los Centros de Reunión de Información de Gendarmería Nacional en todo el país.

Esas pruebas van desde los informes sobre Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hasta los trabajadores de la combativa comisión interna de Kraft, pasando por los asambleístas de Gualeguaychú y todos los movimientos de desocupados. Está lleno de informes “in situ” y en tiempo real sobre lo que sucedía y que se resolvía en reuniones cerradas de organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, como por ejemplo cuando desapareció Jorge Julio López en septiembre de 2006. Sólo algunos de ellos se hicieron públicos hace no más de cuatro meses; un escándalo que hasta llegó a ser tapa de varios diarios.

También obran en el expediente judicial los manuales que le dan sustento a ese accionar, las instrucciones sobre cómo actuar ante hechos de alteración del orden público y acerca de los movimientos que deben ser “monitoreados” por la fuerza. La causa se encuentra en plena etapa pericial y todo preanuncia que, a pesar del enorme tiempo que el juez Oyarbide le dio a la Gendarmería para que elimine pruebas, el resultado de la nueva ronda de pericias no tendrá mejores resultados para el Gobierno y sus subordinados de la Gendarmería Nacional. Allí va dirigido el discurso presidencial. Tiene un fin preciso. Es un mensaje de impunidad para los involucrados y un mensaje coercitivo para los investigadores. Nadie puede peritar ni juzgar por un “escandalete inexistente”.

No es casual tampoco que este discurso se haya realizado a días de haber puesto en la cúspide del Ejército al general de Inteligencia César Milani, sindicado por algunas fuentes periodísticas como uno de los que maneja la inteligencia en nuestro país y uno de los encubridores del accionar del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en sus funciones como agente de inteligencia del Ejército durante el terrorismo de Estado.

Nuestra fuerza siempre estuvo en esos cientos de trabajadores antiburocráticos que se organizan en las fábricas y que son víctimas del “Proyecto X”; en los organismos que nos acompañan, en la denuncia pública. Seguiremos denunciando que en la Argentina el Estado espía e infiltra a las organizaciones populares, a los que reclaman, a los que se organizan para defenderse y luchar por sus derechos. Y seguiremos planteando la nulidad de las miles de causas penales armadas contra los trabajadores que enfrentan a patronales multinacionales como Kraft y burócratas amigos del Gobierno como Rodolfo Daer. Pese a estos “aprietes” mediáticos a los que nos tiene acostumbrados la Presidenta, no dude que vamos a seguir adelante.