El salario de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires está establecido por ley desde 1997 en un 20% por encima de lo que cobra un empleado de la Legislatura, máxima categoría, con título universitario y 25 años de antigüedad. Con los aumentos que recibieron los diputados sus dietas se duplicaron en los últimos dos años, pasando de $30 mil a más de $60 mil como publicó el diario La Nación.

La diferencia con los sueldos promedio en Buenos Aires ya es obscena pero Ritondo y Aragón intentaron zafar de la crítica diciendo que estas propuestas intentan emparejar para abajo y van a terminar reduciendo el sueldo de los trabajadores, en una maniobra que ninguno de ellos siquiera creyó, cuando los legisladores además son de los pocos que cuentan con el privilegio de decidir los montos de sus propios salarios. Más honesta fue la jefa del bloque del PRO de la Legislatura, Carmen Polledo, quien aseguró que “yo no creo que la condición económica determine si somos sensibles o no ante los problemas”. Sólo una pequeña confesión que demuestra que son completamente ajenos a lo que sufre el pueblo trabajador con la inflación, la amenaza del desempleo o la falta de vivienda digna.

El propio ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, se viene negando a discutir una actualización de los salarios y el pago de un bono de fin de año para los docentes y estatales. Son tan caraduras que los propios dirigentes del PRO aceptan que los sueldos están perdiendo contra la inflación, que las propias estadísticas de la Ciudad ubican en torno al 36%.

Por nuestra parte, desde los cargos legislativos que han asumido mis compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas en el FIT hemos tomado la resolución de cobrar de las dietas sólo un equivalente a la canasta familiar y donar el resto a los trabajadores y sectores populares en lucha. Así lo han hecho mis compañeros Nicolás del Caño en el Congreso de la Nación, Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense, Raúl Godoy en su paso por la Legislatura neuquina y el resto de nuestros legisladores de Mendoza, mientras ponen el cuerpo acompañándolos en la calle como vienen haciendo con los trabajadores de Lear y de MadyGraf (ex-Donnelley). El mismo compromiso adoptó Patricio del Corro, el dirigente estudiantil del PTS, que reemplazará a Marcelo Ramal en su banca de la Legislatura en diciembre de 2015.

En el Frente para la Victoria, el UNEN y el PRO parecen opinar que su tarea es mucho más importante que la de los trabajadores de la salud y de la educación que hacen malabares para que los hospitales y las escuelas se mantengan abiertas ante la desidia del gobierno de Macri. Son verdaderos privilegiados que están muy lejos es de estas problemáticas y de la propia vida cotidiana del pueblo trabajador. ¿Mandarán como nosotros sus hijos a las escuelas públicas donde se caen ventiladores de techo y se inundan cada vez que llueve? ¿Se habrán atendido alguna vez en los hospitales públicos que no tienen insumos? ¿Se les inundará la casa cuando llueve?

La única oposición seria al PRO puede venir desde la izquierda y ésta es la fuerza que estamos construyendo en la Ciudad: una izquierda de los trabajadores, junto a los delegados clasistas en el subte, entre los trabajadores telefónicos, aeronáuticos, los docentes, los estatales y los trabajadores de la salud, junto a los estudiantes de la UBA y los secundarios y terciarios porteños. Sólo la fuerza de los trabajadores junto al pueblo pobre de la ciudad le podrá parar la mano a esta derecha moderna de los Macri. Todos nos reuniremos este sábado 6 de diciembre en el estadio Malvinas Argentinas del club Argentinos Juniors en el acto nacional convocado por el PTS, que cerrará nuestro precandidato presidencial por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y que estará encabezado por los principales referentes de las luchas del último año como Donnelley y LEAR, reafirmando el crecimiento que viene teniendo la izquierda no sólo en Buenos Aires, sino en todo el país.

Veníamos del escándalo de las narcopolicías en Santa Fe y en Córdoba, que superaron la antigua metodología de la complicidad con el narcotráfico, siendo ahora  organizadoras directas del negocio narco en gran escala.

Parece que no pasó un verano, sino un siglo, y hoy nos encontramos nuevamente ante una gran campaña pidiendo “más policía” y justificando mientras tanto actos bestiales. Las medidas de “excepción” de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, repudiadas en la Legislatura por mi compañero diputado Christian Castillo, se inscriben en esta lógica de fortalecer las fuerzas represivas y el control social.

Cuando hablan de más policía, ninguno de esos políticos y caudillos provinciales, ninguno de esos funcionarios nacionales ignora que estamos hablando de Hugo Tognoli, Rafael Sosa…

Pero también de Alfredo Fanchiotti, cara visible de la masacre de Puente Pueyrredon;  de José Darío Poblete (asesino del maestro Fuentealba), de los que desaparecieron a Luciano Arruga, de los policías que nombró Julio López en su testimonio… y podríamos seguir.

O de Balbuena.

Américo Balbuena es un agente secreto de la Policía Federal que durante una década se infiltró en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Desde allí, amparándose en un medio independiente, desarrolló una red de espionaje sobre decenas de organizaciones.

Los testigos que están declarando en la causa penal que iniciamos varias organizaciones junto a los periodistas de la Agencia Walsh lo describen como “El pelado Américo”, bonachón, solícito, casi ingenuo. Su legajo en la Federal lo describe igual, pero al revés: locuaz y colaborador.

Ingresó a la Policía en la dictadura militar y desde allí fue ascendiendo, a la par que realizaba cursos de inteligencia. Integra desde ese momento un cuerpo especial que tiene la Federal para realizar espionaje político, que todos saben que existe, que todos saben que actúa, pero pasan los años, pasan los Gobiernos, y estos agentes de inteligencia siguen allí, locuaces y colaboradores.

Sobre las tareas a las que estuvo asignado poco se sabe aún. El Gobierno apuesta a la parálisis de la causa judicial o a alguna de las otras alternativas con las que ha frenado investigaciones con éxito.

El pasado jueves 3 de abril el jefe de Gabinete Jorge Capitanich brindó su informe en el Congreso nacional. A instancias del diputado Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda, Capitanich debió responder por qué mantiene este organismo de inteligencia ilegal. Sus palabras fueron significativas. Dijo que el Ministerio de Seguridad instruyó un sumario para ver si, además de “las incompatibilidades denunciadas”, existía la comisión de un delito. También en forma no muy clara, habló de la derogación del decreto-ley (proveniente de una dictadura) que fundó el órgano de espionaje.

Vamos por partes. El sumario al que se refiere el jefe de Gabinete es casi de antología. Sin ánimo de caer en el “derecho penal de autor”, debemos señalar que en él, centralmente, se encargan de recopilar todo lo que nosotros decimos sobre Balbuena. Su lupa la ponen sobre los denunciantes.

“Incompatibilidades” no hay. En la causa judicial declaró recientemente el diputado por la provincia de Buenos Aires Marcelo Saín y allí explicó cómo una de las cualidades que hace diferente y tan peligroso este cuerpo es que expresamente quienes allí se desempeñan están autorizados a tener otros empleos, algo que ni a la SIDE se le permitiría. Los ejemplos citados fueron la secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz o el resonado caso de Ciro James al servicio, también, del Gobierno de Mauricio Macri. Esa es la infantil coartada que utilizó Sergio Berni para justificar el accionar delictivo de este agente de inteligencia.

A su vez, el diputado provincial Christian Castillo declaró en la causa cómo la Federal usaba como modo de blanqueo de información las publicaciones de Balbuena. Citado a declarar en alguna causa, encontró allí estas publicaciones presentadas como prueba de cargo.

Remarcó Castillo en su declaración que, así como se conocen los archivos de la Policía Bonaerense (DIPBA) y estos contribuyen en las causas de lesa humanidad, la Federal mantiene ocultos los suyos, con lo cual “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida”.

Proyecto X, agente Balbuena, Ciro James. No son casualidades.

Seguiremos peleando por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia que están orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Junto a ello, exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, como los que mantiene ocultos, contribuyendo a la impunidad, la Policía Federal.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

Nada pudo parar la decisión política de juzgarlos porque lo que buscan es una condena ejemplificadora a los trabajadores que reclamaron por sus derechos a las multinacionales petroleras instaladas en la Patagonia. Esta es la respuesta a una gran lucha llevada adelante en 2006 contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral que hace que trabajen en medio del campo, con temperaturas bajo cero, sin siquiera un baño. Un grupo de trabajadores había logrado que lo pasen al convenio petrolero, entonces las patronales fueron por más: trabajadores encarcelados, arrancados de sus casas, a trece de ellos los mantuvieron tres años y medio presos.

La movilización había durado tres meses y derivó en una gran manifestación popular cuando la Justicia ordenó la detención de uno de los voceros de los trabajadores, marcharon para exigir su liberación y fueron víctimas de una feroz represión. El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos, sumándose a esto, como en plena dictadura militar, allanamientos indiscriminados en las casas por parte de la policía. El cura de Las Heras -a quien el juzgado le negó que pudiera declarar como testigo- cuestionó las detenciones que se estaban realizando y abrió las puertas de la parroquia donde se refugiaron cientos de pobladores. La situación se prolongó durante semanas.

Organismos de derechos humanos así como organizaciones sociales y políticas hemos viajado para expresar toda nuestra solidaridad y denunciar que es un juicio absolutamente armado. En uno de nuestros viajes al lugar, conversamos con uno de los petroleros que estuvo varios años preso y luego fue absuelto. Su relato es estremecedor: “es la peor situación que viví, ahora estoy sin trabajo. Me acusaron de homicidio calificado, sin siquiera haber estado en el lugar, soy uno de los cinco que fuimos torturados camino a Puerto Deseado, un viaje que dura siete horas. Nos mojaron, nos ponían bolsas en la cabeza, nos gatillaban. Tres veces me sacaron medio cuerpo de la Trafic amenazando con tirarme”. Amenazas a sus esposas e hijos completan el cuadro.

Todo esto fue denunciado por los abogados defensores en sus alegatos, quienes en represalia sufrieron sanciones. A pesar de que el aroma de los dólares que deja el petróleo en la provincia inundaba la sala de audiencias, durante el transcurso del juicio no apareció una sola prueba que pudiera demostrar que estos trabajadores tuvieron que ver con el hecho que se les imputa. Y cuando el olor ya era insoportable, el fiscal Ariel Candia, sin que lo inmute la presencia de organismos de derechos humanos, afirmó que “a un par de cachetadas y una bolsita en la cabeza no se lo puede llamar tortura”.

No es la primera vez que un reclamo de trabajadores contra la tercerización es perseguido ferozmente por el Estado. Mariano Ferreyra fue asesinado por la patota ferroviaria amparada desde el Estado. Durante estos largos años y hoy, los trabajadores no están solos. Han manifestado su solidaridad el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Patricia Walsh, la agrupación HIJOS La Plata, compañeros hijos de desaparecidos del CEPRODH, como Victoria Moyano, Gloria Pagés, Juan Contrisciani, Andrea Robles, entre otros.

También es fuerte el apoyo entre las organizaciones de trabajadores que han expresado por ejemplo, Pablo Micheli de la CTA, Alejandro López, Natalio Navarrete, Marcelo Morales, del Sindicato Ceramista de Neuquén, decenas de comisiones internas de Capital, Gran Buenos Aires y del resto del país, como los propios sindicatos docentes recuperados. Centros de Estudiantes, junto a intelectuales del país y del exterior como James Petras, completan el amplio arco de solidaridad en el que se encuentran también los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores Raúl Godoy (legislador provincial, Neuquén), Christian Castillo (legislador provincial, Buenos Aires), Noelia Barbeito y Cecilia Soria (senadora y diputada provinciales, Mendoza) y Nicolás del Caño (diputado nacional).

Este viernes 15 de noviembre realizaremos una movilización desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz para exigir con toda la fuerza que tenemos la libertad incondicional de los compañeros y por que no se imponga la decisión de este tribunal que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto del pueblo trabajador.