Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

Nada pudo parar la decisión política de juzgarlos porque lo que buscan es una condena ejemplificadora a los trabajadores que reclamaron por sus derechos a las multinacionales petroleras instaladas en la Patagonia. Esta es la respuesta a una gran lucha llevada adelante en 2006 contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral que hace que trabajen en medio del campo, con temperaturas bajo cero, sin siquiera un baño. Un grupo de trabajadores había logrado que lo pasen al convenio petrolero, entonces las patronales fueron por más: trabajadores encarcelados, arrancados de sus casas, a trece de ellos los mantuvieron tres años y medio presos.

La movilización había durado tres meses y derivó en una gran manifestación popular cuando la Justicia ordenó la detención de uno de los voceros de los trabajadores, marcharon para exigir su liberación y fueron víctimas de una feroz represión. El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos, sumándose a esto, como en plena dictadura militar, allanamientos indiscriminados en las casas por parte de la policía. El cura de Las Heras -a quien el juzgado le negó que pudiera declarar como testigo- cuestionó las detenciones que se estaban realizando y abrió las puertas de la parroquia donde se refugiaron cientos de pobladores. La situación se prolongó durante semanas.

Organismos de derechos humanos así como organizaciones sociales y políticas hemos viajado para expresar toda nuestra solidaridad y denunciar que es un juicio absolutamente armado. En uno de nuestros viajes al lugar, conversamos con uno de los petroleros que estuvo varios años preso y luego fue absuelto. Su relato es estremecedor: “es la peor situación que viví, ahora estoy sin trabajo. Me acusaron de homicidio calificado, sin siquiera haber estado en el lugar, soy uno de los cinco que fuimos torturados camino a Puerto Deseado, un viaje que dura siete horas. Nos mojaron, nos ponían bolsas en la cabeza, nos gatillaban. Tres veces me sacaron medio cuerpo de la Trafic amenazando con tirarme”. Amenazas a sus esposas e hijos completan el cuadro.

Todo esto fue denunciado por los abogados defensores en sus alegatos, quienes en represalia sufrieron sanciones. A pesar de que el aroma de los dólares que deja el petróleo en la provincia inundaba la sala de audiencias, durante el transcurso del juicio no apareció una sola prueba que pudiera demostrar que estos trabajadores tuvieron que ver con el hecho que se les imputa. Y cuando el olor ya era insoportable, el fiscal Ariel Candia, sin que lo inmute la presencia de organismos de derechos humanos, afirmó que “a un par de cachetadas y una bolsita en la cabeza no se lo puede llamar tortura”.

No es la primera vez que un reclamo de trabajadores contra la tercerización es perseguido ferozmente por el Estado. Mariano Ferreyra fue asesinado por la patota ferroviaria amparada desde el Estado. Durante estos largos años y hoy, los trabajadores no están solos. Han manifestado su solidaridad el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Patricia Walsh, la agrupación HIJOS La Plata, compañeros hijos de desaparecidos del CEPRODH, como Victoria Moyano, Gloria Pagés, Juan Contrisciani, Andrea Robles, entre otros.

También es fuerte el apoyo entre las organizaciones de trabajadores que han expresado por ejemplo, Pablo Micheli de la CTA, Alejandro López, Natalio Navarrete, Marcelo Morales, del Sindicato Ceramista de Neuquén, decenas de comisiones internas de Capital, Gran Buenos Aires y del resto del país, como los propios sindicatos docentes recuperados. Centros de Estudiantes, junto a intelectuales del país y del exterior como James Petras, completan el amplio arco de solidaridad en el que se encuentran también los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores Raúl Godoy (legislador provincial, Neuquén), Christian Castillo (legislador provincial, Buenos Aires), Noelia Barbeito y Cecilia Soria (senadora y diputada provinciales, Mendoza) y Nicolás del Caño (diputado nacional).

Este viernes 15 de noviembre realizaremos una movilización desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz para exigir con toda la fuerza que tenemos la libertad incondicional de los compañeros y por que no se imponga la decisión de este tribunal que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto del pueblo trabajador.

Como pasó con la llamada “ley antiterrorista”, que produjo una severa y regresiva modificación en el Código Penal, la exigencia proviene de Estados Unidos. Pero no sólo de estos sofisticados sistemas biométricos se trata el espionaje en Argentina. Representando a los trabajadores de Kraft y su comisión interna antiburocrática, logramos demostrar que todo el sindicalismo combativo, así como los organismos de derechos humanos que lo acompañan en movilizaciones y reclamos, está siendo objeto de inteligencia ilegal y que los datos recopilados pasan a integrar una enorme base de datos que se llama “Proyecto X”.

La presidenta de la Nación dijo en uno de sus habituales discursos: “quédense tranquilos, salvo que estén haciendo algo que no corresponda. Ahí sí, puede ser que estén en el Proyecto X”. ¿Algo que no corresponda? Los trabajadores de Kraft acaban de ser citados para notificarles que pronto irán a juicio oral. La acusación contra ellos se basa en la prueba colectada ilegalmente por la Gendarmería Nacional y que forma parte del Proyecto X.

Se trata de una violación a los elementales derechos de cualquier persona a no ser espiado en sus actividades políticas y gremiales, y si ello llegara a ocurrir, que dichas pruebas sean consideradas nulas y por lo tanto no se puedan utilizar en su contra. No es lo que ocurrió y pronto la justicia federal de San Martín tendrá sentados en el banquillo de los acusados a los trabajadores que en 2009 salieron a reclamar medidas contra la amenazante gripe A de aquel invierno.

Por aquellos días, mientras nosotros -así como una enorme cantidad de organizaciones obreras, de derechos humanos, de izquierda- pusimos todo nuestro esfuerzo en la defensa de los trabajadores, los cables conocidos como WikiLeaks y difundidos por Julian Assange muestran que la figura política de la semana, Sergio Massa, fue corriendo a la embajada de Estados Unidos a cuestionar a los obreros y defender la dura postura patronal. Ni lerdo ni perezoso, su hoy contrincante electoral Daniel Scioli, ordenó entonces la represión de la policía bonaerense contra los trabajadores. “El régimen de vigilancia más agresivo de la región”, al decir de Assange, tiene un blanco claro.