Las Heras: torturas y juicio a la medida de las petroleras

El presente artículo fue escrito en común con Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del CEPRODH, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

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Sergio Massa, WikiLeaks y el Proyecto X

En los últimos días, nuevamente el gobierno argentino, tan prolífero a la hora de adjudicarse el mote de defensor de los derechos humanos, ha sido ligado al espionaje. Esta vez nada más ni nada menos que por Julian Assange. El motivo es la implementación del sistema SIBIOS, creado por decreto en 2011. El cuestionamiento es importante: con este sistema que recoge y sistematiza diversos rasgos de una persona, todos estamos siendo tratados como criminales en potencia, se crea un estado de sospecha generalizado. El fundador de WikiLeaks advirtió que Argentina “tiene el régimen de vigilancia más agresivo de la región”.

Como pasó con la llamada “ley antiterrorista”, que produjo una severa y regresiva modificación en el Código Penal, la exigencia proviene de Estados Unidos. Pero no sólo de estos sofisticados sistemas biométricos se trata el espionaje en Argentina. Representando a los trabajadores de Kraft y su comisión interna antiburocrática, logramos demostrar que todo el sindicalismo combativo, así como los organismos de derechos humanos que lo acompañan en movilizaciones y reclamos, está siendo objeto de inteligencia ilegal y que los datos recopilados pasan a integrar una enorme base de datos que se llama “Proyecto X”.

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