La bochornosa debilidad de esta defensa -por parte de quien debería acusarlo- está dada porque hay jurisprudencia contra este tipo de excusas casi infantiles. No se consiguieron con poco esfuerzo, debemos decirlo, ya que los jueces dejan correr estos argumentos. Los querellantes que luchamos contra la impunidad, no.

Como ejemplo podemos citar lo ocurrido recientemente en la causa ESMA, donde este 23 de abril la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó dos absoluciones de marinos de la ESMA y ordenó que se dicte nuevamente sentencia. El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, tomando como válidos -entre otras pruebas- los legajos de los genocidas Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco, los había absuelto por los casos de Rodolfo Walsh y otras víctimas. En nuestro alegato denunciamos que los legajos de los represores están “intervenidos”, fueron fraguados preparando la impunidad. Es así que las querellas del CELS y de Justicia Ya! recurrimos ese fallo y la Sala II nos dio la razón por entender que las constancias de los legajos suelen ser contradictorias y que hay que escuchar a los testigos sobrevivientes.

En el caso de Milani hay que escuchar el testimonio de Olivera.

Son todas las cúpulas

Tanta defensa hacia el jefe del Ejército puede tener varias explicaciones, aunque hay una que es fundamental: el cuestionamiento hacia Milani alcanza a la inmensa mayoría de los actuales altos mandos de las Fuerzas Armadas y también a la suboficialidad con más antigüedad.

Resulta difícil para este Gobierno autoproclamarse defensor de los Derechos Humanos y mantener a un 14 % de quienes fueron parte del plan genocida, que pasaron por los centros clandestinos, que fueron parte de esa estructura represiva que actuó contra “una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas” (como dijimos en nuestro alegato en ESMA II).

César Milani ingresó en el Ejército en febrero de 1975 y a la Escuela de Inteligencia en 1982 para pasar luego al Batallón 601. Milani y cincuenta generales más son parte de un Ejército argentino que cuenta con 3.381 miembros que provienen de la dictadura.

La situación se repite en la Armada: 543 oficiales y 759 suboficiales comparten ese origen. Varios de ellos pasaron por la ESMA, pero tienen la fortuna de que ningún ex detenido desaparecido los haya reconocido, por lo que se amparan en el pacto de impunidad que se mantiene con firmeza y efectividad gracias a que este Gobierno mantiene ocultos los archivos de la represión. La Fuerza Aérea incluso supera esos números, con más de 600 oficiales y 1.700 suboficiales que aún están en funciones desde la dictadura.

Estamos seguros al afirmar que defender a Milani es defender esa continuidad del aparato represivo de la dictadura en las Fuerzas Armadas actuales. Cuando se apoya a Milani se está siendo cómplice de todo lo demás. Cuestionar la impunidad de Milani y su lugar al mando en el Ejército es pelear por terminar con todo el aparato de espionaje montado en la dictadura y que hoy continúa la tarea con sus mismos agentes, como es el caso de Américo Balbuena de la Policía Federal, infiltrado por una década en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh para espiar a la militancia social y política; o del “Agente de Reunión en el Ámbito Gremial” del Destacamento de Inteligencia 201, Gerardo Martínez de la UOCRA.

Repudiar la designación de Milani es rechazar que se sigan escondiendo los archivos de la represión, que nos consta que existen, pero que el Gobierno se niega abrir. Los documentos aparecen cuando quieren sumar impunidad.
Denunciamos la responsabilidad central que tienen el Gobierno y un Poder Judicial que conserva decenas de funcionarios de la dictadura, a la vez que dilata las causas contra los genocidas, empezando por que solo el 20 % de las condenas en delitos de lesa humanidad está firme.

Si Milani hoy no está condenado y preso no es porque falten pruebas. Hay una decisión política de rodearlo de impunidad.  

Por eso sostenemos que nuestra herramienta para terminar con la impunidad, hoy como ayer es la movilización en las calles.

En medio del debate, hay algo que pocos dicen sobre cómo saber cuál fue el rol de Milani en la dictadura cívico-militar: la verdad sigue guardada en los archivos del Estado. Los archivos de la represión que el Gobierno actual, como todos los anteriores, se niega a abrir.

Una vez anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reanudaron los juicios de lesa humanidad e inmediatamente señalamos que, por la forma fragmentada en que se realizaban los procesos y por que se requiere que un sobreviviente o familiar aporte un dato concreto sobre el represor, la amplia mayoría de los genocidas quedaría impune, en libertad y en funciones.

Con los años, se demostró que en su gran mayoría están siendo juzgados los que integraron los mandos superiores de las fuerzas, algunos que fueron reconocidos por los sobrevivientes, algún civil, y muy poquito, casi nada, más. Se demostró que el hecho de que alguien aparezca en un listado de represores no conmueve a ningún juez ni a ningún fiscal.

Las leyes se anularon en 2004 y los números son contundentes: desde que se reanudaron los juicios, hay solamente 370 genocidas condenados, de los cuales sólo 28 tienen sentencia firme. Números que huelen a poco. Otros números, no. Cuando desapareció Julio López por segunda vez a manos de las fuerzas represivas en septiembre de 2006, continuaban en funciones 9.026 policías de la Bonaerense que se desempeñaron en la dictadura. Cuando alegamos en la causa ESMA en mayo de 2011 pidiendo condena por Rodolfo Walsh y por tantos otros compañeros, denunciamos que en la Armada, comparativamente una fuerza menor en su número, quedaban en funciones 1.048 oficiales y 3.318 suboficiales que prestaron servicios entre los años 1976 y 1983. Podríamos seguir con el Ejército, las fuerzas provinciales, la Gendarmería y un largo etcétera.

Pero lo que nos interesa en el caso es que César Gerardo Milani forma parte de esos números tan contundentes y de algo más certero aún: perteneció al Batallón 601. Este, terrible icono de la infiltración y delación durante la dictadura, fue considerado por la justicia como “una estructura intrínsecamente ilegal”. Es decir, es Milani el que tiene que demostrar que formando parte de una organización de ese tipo “no tuvo nada que ver”.

Que no haya más pruebas en su contra, como dicen algunos, no es suficiente y mucho menos definitivo. Es producto de la mecánica misma del genocidio implementado en el país. La desaparición de personas y de los rastros de tan horrendo crimen fue planeada por los genocidas como garantía de impunidad hacia el futuro. Así lo hemos denunciado en cada uno de los alegatos en los que intervinimos en diversas causas de lesa humanidad.

Hoy se demuestra que esa planificación de impunidad les dio resultado. A Milani le resultó, aunque el silencio impune empieza a romperse. Las pruebas no pueden seguir siendo exigidas a los sobrevivientes y a sus familiares en forma exclusiva.

Las pruebas las tiene el Estado, que sólo deja aparecer archivos de inteligencia o carpetazos de la SIDE en disputas políticas del régimen. Exigimos una vez más la apertura de todos los archivos de la SIDE, de los organismos de inteligencia de cada fuerza armada y de seguridad, de todo lo que se oculta para que no podamos comprobar al día de hoy qué rol cumplió cada uno en el genocidio. Todo lo demás los hace cómplices de la impunidad de los genocidas. Aunque en el caso de Milani el sello del 601 habla por sí solo, si aquel integró el Batallón 601, participó del genocidio.

Como declaró el sobreviviente Víctor Basterra en la causa ESMA: “Estuve en la ESMA en calidad de detenido desaparecido hasta el 3/12/83. En esas circunstancias un sujeto llamado ‘Binotti’ me dice: ‘Bueno, te vas a tu casa, no te muevas de tu casa y no te hagas el pelotudo porque los Gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda’”. La comunidad informativa siempre queda. ¿Más pruebas? A exigirlas a Balcarce 50.