Por eso el discurso de la presidenta no es inocente. Ella sabe que las pruebas que ya obran en la causa alcanzan para indagar y procesar a varios de sus funcionarios, además de toda la cúpula de Gendarmería y los agentes involucrados en la infiltración y recolección de datos que conforman los Centros de Reunión de Información de Gendarmería Nacional en todo el país.

Esas pruebas van desde los informes sobre Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hasta los trabajadores de la combativa comisión interna de Kraft, pasando por los asambleístas de Gualeguaychú y todos los movimientos de desocupados. Está lleno de informes “in situ” y en tiempo real sobre lo que sucedía y que se resolvía en reuniones cerradas de organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, como por ejemplo cuando desapareció Jorge Julio López en septiembre de 2006. Sólo algunos de ellos se hicieron públicos hace no más de cuatro meses; un escándalo que hasta llegó a ser tapa de varios diarios.

También obran en el expediente judicial los manuales que le dan sustento a ese accionar, las instrucciones sobre cómo actuar ante hechos de alteración del orden público y acerca de los movimientos que deben ser “monitoreados” por la fuerza. La causa se encuentra en plena etapa pericial y todo preanuncia que, a pesar del enorme tiempo que el juez Oyarbide le dio a la Gendarmería para que elimine pruebas, el resultado de la nueva ronda de pericias no tendrá mejores resultados para el Gobierno y sus subordinados de la Gendarmería Nacional. Allí va dirigido el discurso presidencial. Tiene un fin preciso. Es un mensaje de impunidad para los involucrados y un mensaje coercitivo para los investigadores. Nadie puede peritar ni juzgar por un “escandalete inexistente”.

No es casual tampoco que este discurso se haya realizado a días de haber puesto en la cúspide del Ejército al general de Inteligencia César Milani, sindicado por algunas fuentes periodísticas como uno de los que maneja la inteligencia en nuestro país y uno de los encubridores del accionar del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en sus funciones como agente de inteligencia del Ejército durante el terrorismo de Estado.

Nuestra fuerza siempre estuvo en esos cientos de trabajadores antiburocráticos que se organizan en las fábricas y que son víctimas del “Proyecto X”; en los organismos que nos acompañan, en la denuncia pública. Seguiremos denunciando que en la Argentina el Estado espía e infiltra a las organizaciones populares, a los que reclaman, a los que se organizan para defenderse y luchar por sus derechos. Y seguiremos planteando la nulidad de las miles de causas penales armadas contra los trabajadores que enfrentan a patronales multinacionales como Kraft y burócratas amigos del Gobierno como Rodolfo Daer. Pese a estos “aprietes” mediáticos a los que nos tiene acostumbrados la Presidenta, no dude que vamos a seguir adelante.

Como pasó con la llamada “ley antiterrorista”, que produjo una severa y regresiva modificación en el Código Penal, la exigencia proviene de Estados Unidos. Pero no sólo de estos sofisticados sistemas biométricos se trata el espionaje en Argentina. Representando a los trabajadores de Kraft y su comisión interna antiburocrática, logramos demostrar que todo el sindicalismo combativo, así como los organismos de derechos humanos que lo acompañan en movilizaciones y reclamos, está siendo objeto de inteligencia ilegal y que los datos recopilados pasan a integrar una enorme base de datos que se llama “Proyecto X”.

La presidenta de la Nación dijo en uno de sus habituales discursos: “quédense tranquilos, salvo que estén haciendo algo que no corresponda. Ahí sí, puede ser que estén en el Proyecto X”. ¿Algo que no corresponda? Los trabajadores de Kraft acaban de ser citados para notificarles que pronto irán a juicio oral. La acusación contra ellos se basa en la prueba colectada ilegalmente por la Gendarmería Nacional y que forma parte del Proyecto X.

Se trata de una violación a los elementales derechos de cualquier persona a no ser espiado en sus actividades políticas y gremiales, y si ello llegara a ocurrir, que dichas pruebas sean consideradas nulas y por lo tanto no se puedan utilizar en su contra. No es lo que ocurrió y pronto la justicia federal de San Martín tendrá sentados en el banquillo de los acusados a los trabajadores que en 2009 salieron a reclamar medidas contra la amenazante gripe A de aquel invierno.

Por aquellos días, mientras nosotros -así como una enorme cantidad de organizaciones obreras, de derechos humanos, de izquierda- pusimos todo nuestro esfuerzo en la defensa de los trabajadores, los cables conocidos como WikiLeaks y difundidos por Julian Assange muestran que la figura política de la semana, Sergio Massa, fue corriendo a la embajada de Estados Unidos a cuestionar a los obreros y defender la dura postura patronal. Ni lerdo ni perezoso, su hoy contrincante electoral Daniel Scioli, ordenó entonces la represión de la policía bonaerense contra los trabajadores. “El régimen de vigilancia más agresivo de la región”, al decir de Assange, tiene un blanco claro.