Si hoy hubiera que buscar una nombre para la malicia, la violencia y la perversidad ejercida contra un ser inocente, ese nombre es el del juez Horacio Piombo. Sin miramientos y en un solo acto, justificó la reducción de pena para un adulto que abusó de un menor de seis años, alegando que ese niño probablemente ya había sido abusado anteriormente y presentaba conductas homosexuales.

Para el juez Piombo, la supuesta experiencia anterior del niño –que no está demostrada, ni denunciada- haría de esta segunda ocasión de abuso una experiencia que no sería “tan ultrajante”. Además, señala como atenuantes que el niño ya presentaba conductas de travestimo y otras que podrían interpretarse como tendencias a una personalidad homosexual.

La familia del niño exige que se revierta el fallo aberrante de Piombo porque además la víctima, que ya tiene 11 años, vive a pocas cuadras del domicilio de quien abusó de él hace cinco años.

El currículum del juez, un verdadero prontuario

El juez Piombo parece tener un currículum que abunda en fallos ejemplares… verdaderos ejemplos de machismo, homofobia, discriminación y gorilismo antiobrero. El año pasado, aprobó la reducción de 40 a 25 años de la pena a un profesor de música que abusó de cuatro niñas de entre 6 y 9 años. Su justificación fue que semejante pena era exagerada para el delito que se juzgaba, ya que era equivalente a la que se podía aplicar a un asesino serial.

En el 2012, aprobó la libertad asistida para un hombre que había sido condenado por la violación de su hijastra de 12 años. En 2011, falló a favor de la libertad de un pastor, que había sido condenado en primera instancia por el abuso sexual de dos niñas de 14 y 16 años a las que había dejado embarazadas. Piombo justificó su decisión alegando que no había configuración del delito de “corrupción de menores”, porque se trataba de “mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que “además poseían experiencia sexual”.

Ese mismo año, favoreció con una reducción sustentable de la pena que se había aplicado a un hombre por femicidio. El asesino, que había acuchillado a su esposa y luego la había matado a martillazos, se vio favorecido por Piombo quien consideró que la víctima habría “influenciado” para provocar la acción del femicida. Como el condenado confesó su crimen expresando que su pareja había puesto en duda su heterosexualidad y que le habría confesado que tenía un amante, el juez consideró que el femicida tenía un estado emocional provocado por “la actitud casi provocativa que la víctima venía exhibiendo al momento de producirse el altercado final”.

En 2006 le redujo la pena a un violador, sustentando su fallo en una supuesta psicopatología del victimario. El condenado, consiguió que su pena se redujera de 17 a 14 años.

En 2002, cuando la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua para el comisario Alfredo Franchiotti por el asesinato a mansalva de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el juez Piombo votó en disidencia.

No podemos dejar de señalar que el juez Horacio Piombo es uno de los tantos funcionarios judiciales cómplices del terrorismo de Estado, que se encuentran aún en ejercicio.

Una casta judicial medieval y antiobrera

Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata están exigiendo la destitución de Piombo de los cargos que hoy tiene como docente en esas casas de estudio. Los fallos de esta escoria del Poder Judicial no sorprenden, aunque sí indignan. No hacen más que reafirmar la necesidad de terminar con esta casta de jueces reaccionarios.

Los legisladores y legisladoras del PTS en el Frente de Izquierda proponen el inmediato cese en funciones de todos los jueces y fiscales vitalicios que fueron elegidos por los gobiernos peronistas, radicales o por la mismísima dictadura militar.

Levantamos la necesidad de luchar por la elección por voto popular de todos los jueces. Pero también decimos que eso no es suficiente: es necesario insistir en que deben ganar lo mismo que una maestra y que sus cargos sean revocables. Junto con esto, proponemos que los veredictos de los juicios sean dictados por jurados populares.

Si así fuera, no cabe duda que serían inmediatamente revocados por el pueblo trabajador, los jueces que siempre culpabilizan a la víctima como Piombo o el juez Oyarbide que sobreseyó a tres directivos de una empresa de indumentaria acusados de contratar talleres clandestinos donde trabajaban inmigrantes en condiciones de semi-esclavitud, argumentando que ese modo de explotación era la herencia de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría” de los costureros.

O aquellos vergonzosos jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes que dejaron libre al policía de gatillo fácil que baleó a nuestra compañera Carla Lacorte, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, alegando que la militancia política de Carla y su lucha por justicia eran “una presión para los jueces” y entonces, la condena al policía que la dejó, de por vida, en una silla de ruedas, terminaba siendo “arbitraria” y “desproporcionada”.

Por eso como Carla Lacorte, como las miles de familias que perdieron a sus hijos por las balas policiales, como los trabajadores y trabajadoras que siguen exigiendo justicia contra los despidos arbitrarios de las empresas multimillonarias, como las mujeres que reclaman #NiUnaMenos y siguen exigiendo que no queden impunes los femicidios, sabemos que es necesaria la lucha y la movilización para enfrentar a las instituciones de este régimen putrefacto.

Esta casta judicial medieval y antipopular no tiene nada de justicia que ofrecer al pueblo trabajador, las mujeres oprimidas y las víctimas inocentes de los delitos más aberrantes. Nada más que la revictimización de las víctimas y la justificación y perversa legitimación de un régimen social de miseria e injurias inauditas para las grandes mayorías.

Estas dilaciones dejaron al resto de las fuerzas políticas rehenes de las peleas dentro del PRO, que con esta maniobra antidemocrática deja muy poco tiempo para la campaña, teniendo en cuenta que las alianzas para las elecciones deben presentarse a fines de febrero de 2015. Ahora los porteños pueden llegar a tener que ir 6 veces a las urnas en 2015.

Es además la primera vez que en la Ciudad se utilizará el sistema de primarias abiertas y la boleta única. En este caso también cuentan con la proscripción del piso de 1,5% de los votos válidos en las primarias para poder participar de las generales, pero a diferencia de las elecciones nacionales o las de la Provincia de Buenos Aires, no ofrece en igualdad de condiciones espacios gratuitos de radio y televisión para que todas las propuestas puedan ser conocidas por los ciudadanos porteños. Esto no es un detalle menor cuando candidatos como Macri planean gastar hasta $1.000 millones de pesos en la campaña electoral del año que viene y el aumento en el gasto en publicidad oficial en el presupuesto 2015 de la Ciudad es de más de un 100%, llegando a los $760 millones. Hablamos de más de $2 millones diarios al servicio de las candidaturas del PRO.

El Frente para la Victoria tampoco tiene problemas económicos pero en la Ciudad tiene muchos inconvenientes con sus candidatos. Hasta ahora se han propuesto al menos siete postulantes para 2015, lo que muestra las dificultades del kirchnerismo de hacer pie en Buenos Aires, más aún a casi cuatro meses de las primarias. La posibilidad de que Cabandié sea candidato -el gran negociador con el PRO durante su estadía en la Legislatura porteña- da una idea de por qué el kirchnerismo nunca se terminó de enfrentar al proyecto de Ciudad que ofrece el PRO. Las imágenes de la Metropolitana junto con Berni y la Gendarmería desalojando el Barrio Papa Francisco con las topadoras, tal como hizo la dictadura con Cacciatore y su plan de erradicación de villas, o el desalojo del Indoamericano a los balazos entre el gobierno nacional y el de la Ciudad son bastante elocuentes de los modelos que ofrecen ante la enorme crisis habitacional.

Martín Lousteau ya se lanzó en su carrera por la Jefatura de Gobierno. Apuntalado por el Coti Nosiglia y radicales provenientes de la Franja Morada universitaria, como Emiliano Yacobbiti, el ex Ministro de Economía de la 125 ahora intenta aglutinar a un sector antikirchnertista de la Ciudad. La crisis permanente de UNEN con el affaire Carrió, sumado al oportunismo de este espacio que a nivel nacional pelea por un acuerdo con el PRO, no son más que una muestra de sus coincidencias con el proyecto macrista.

Por su parte, el Frente de Izquierda consiguió en las últimas elecciones un legislador y estuvo muy cerca de los votos necesarios para tener un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La banca que hoy ocupa Marcelo Ramal será ocupada luego por nuestro compañero Patricio Del Corro, ya que las bancas son rotativas. Nuestros diputados además mantenemos nuestras promesas y cobraremos lo mismo que un docente y aportaremos el resto de la dieta a las luchas, como ya lo viene haciendo en la Cámara de Diputados Nicolás del Caño.

El Partido Obrero y mi partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas, venimos de hacer dos importantes actos que colmaron dos de los principales estadios cubiertos de Buenos Aires, como el Luna Park y el Malvinas Argentinas. Nuestro trabajo militante durante los últimos años contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy y el acompañamiento incondicional a los trabajadores que enfrentan los despidos y cierres como los de Lear (que vienen de obtener un enorme triunfo) y Donnelley, así como los del Subte, los telefónicos, aeronáuticos y docentes en al ciudad; nos ponen en inmejorables condiciones para enfrentar la batalla electoral y ser la alternativa que los trabajadores y la juventud necesitan contra la gestión de negocios privados en que el PRO ha transformado la Ciudad.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

Sin ninguna estadística que los avale, tienen el objetivo de demonizar a los adolescentes e instalar en el imaginario que los problemas sociales se deben a los jóvenes hijos del pueblo trabajador, verdaderas víctimas de la desocupación, el trabajo precario y los abusos policiales. A los barones del Conurbano que quieren criminalizar a los jóvenes pobres no se les escapa que las fuerzas policiales suelen utilizar a pibes como mano de obra para concretar sus crímenes, como intentaron con Luciano Arruga, desaparecido por la bonaerense hace ya más de cuatro años. Ponen a las víctimas como victimarios.

Complementariamente, hace dos semanas se lanzó una saturación represiva de los barrios populares con el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, por el cual el Gobierno nacional provee personal de Policía, Gendarmería y Prefectura a provincias y municipios.

Scioli se puso al hombro la campaña del FPV y le asigna su impronta. A gusto con este nuevo perfil, se despachó con la creación del Ministerio de Seguridad, al frente del cual puso al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, prototipo de esos intendentes kirchneristas del conurbano, que detenta los nada elogiables títulos de ex menemista y ex duhaldista. Granados es un confeso cultor de “meter bala a los delincuentes”, y nos recuerda a personajes funestos como Carlos Ruckauf.

La acción conjunta de bonaerenses, gendarmes y prefectos no hará más que mejorar la coordinación del gran delito, las redes de narcotráfico, la trata de personas, el robo de automotores, el juego clandestino, y profundizará la impunidad para sus verdaderos beneficiarios, los capitalistas que se enriquecen manejando multimillonarios negocios ilegales.

Por eso, resulta de primer orden repudiar el desembarco en los barrios de Gendarmería y Prefectura, fuerzas a las que intentan presentar como menos descompuestas que la Policía, pero no debemos perder de vista que integran un aparato represivo nacional repleto de criminales que provienen de la última dictadura y que bajo las órdenes del kirchnerismo realizan espionaje ilegal sobre las organizaciones populares a través del “Proyecto X”, como lo venimos denunciando desde el PTS y el Frente de Izquierda.

Esta política de inflar el aparato represivo estatal va acompañada de la proliferación de “fuerzas de choque” organizadas por punteros políticos y financiadas por los intendentes. En La Plata las “Patrullas de Seguridad Municipal”, lanzadas a la calle a horas de la trágica inundación del 2 de abril, se dedican a hostigar y atacar a vecinos y organizaciones sociales y políticas. Durante la campaña electoral de las PASO se las vio persiguiendo y golpeando a militantes de las fuerzas que denunciaban la responsabilidad de Alak, Bruera, Scioli y los K en ese crimen social que fueron las inundaciones. Los casos de Julio López, Luciano Arruga, Sandra Ayala Gamboa y cientos de asesinatos por gatillo fácil policial, torturas en comisarías, cárceles e institutos configuran el real “mapa del delito” estatal, donde reina la impunidad.

Los desarmaderos de autos, la trata de personas y el narcotráfico no están manejados por jóvenes de quince años. Persiguen a la juventud y saturan los barrios porque quieren redoblar las cadenas de control social para que no se rebelen por la deplorable situación a la que los someten diariamente.

No es persiguiendo y reprimiendo a la clase trabajadora, al pueblo pobre y a su juventud como se acabará con el delito organizado. Con absoluta demagogia, el Gobierno apela nuevamente a la recetas de la mano dura, la militarización de los barrios y la baja en la edad de imputabilidad. Nada tiene que envidiarle a Massa, Blumberg, De Narváez y Macri. Preparémonos para el gran acuerdo: seguramente votarán juntos en el Congreso todas las medidas que vayan a favor de la represión y la persecución.

Los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino y el kirchnerismo quisieron encubrir el acto de entrega a la multinacional Chevron del petróleo alojado en los yacimientos de Vaca Muerta (Neuquén). Por eso impidieron que los referentes del Frente de Izquierda que viajamos a esa provincia para denunciar esta entrega pudiéramos ingresar para realizar una conferencia de prensa, por eso desataron una brutal represión contra los manifestantes que incluyó gases, palos y hasta balas de plomo. Pretenden tapar con rejas y represión un acuerdo con cláusulas secretas, concesiones por décadas, a favor de empresas que se hacen cada vez más millonarias a costa de nuestros recursos naturales no renovables y la contaminación de nuestro suelo. Quieren saquear en forma rápida e irresponsable lo que la naturaleza tardó millones de años en producir.

Ese es el plan que las vallas y la represión pretenden ocultar. Un plan que en rigor es la continuación de la política energética kirchnerista en los últimos diez años. La misma que permitió que Repsol y otras empresas vaciaran las reservas petroleras y gasíferas, logrando que nuestro país pasase del autoabastecimiento a un enorme déficit energético que este año llevará -nuevamente- a la importación de combustible por miles de millones de dólares.  Ayer fue Repsol la beneficiaria, hoy lo es la Chevron gracias a la aprobación del proyecto en la legislatura neuquina.

Este acuerdo implica la explotación mediante el método de hidrofractura o fracking, un sistema altamente contaminante que ya produjo un desastre ambiental el Ecuador y es profundamente cuestionado, con muchas pruebas sobre su uso, por todas las organizaciones ambientalistas y por los hermanos de la comunidad mapuche.

Cuando denunciamos el “Proyecto X” y el espionaje ilegal que él representaba, descubrimos que unos de los sectores de los cuales la Gendarmería Nacional acumulaba información y producía inteligencia era sobre los ambientalistas, como asamblea de Gualeguaychú y de Esquel. También recordemos que el primer intento de aplicar la llamada Ley Antiterrorista fue contra los luchadores contra la megaminería contaminante. Esto no es casualidad, el espionaje y la represión se usan en defensa de las multinacionales, desde Kraft hasta Chevron, siempre contra los que luchan por sus legítimos derechos.

Desde el Frente de Izquierda nos opusimos desde el primer momento a esta nueva entrega. Denunciamos que venía a consagrar nuevamente un saqueo a nuestros recursos, como el que inició la privatización de YPF en 1994. Denunciamos también que era una nueva muestra de la sumisión de los Gobiernos nacional y provincial a las multinacionales petroleras. Lo habíamos adelantado cuando se expropiaron el 51% de las acciones de Repsol: no significó un avance en la “soberanía nacional”, sino una nueva entrega a las multinacionales.

Raúl Godoy, diputado neuquino del Frente de Izquierda, obrero de la fábrica recuperada Zanon y dirigente del PTS, ha denunciando dentro y fuera de la Legislatura desde el primer día este acuerdo entreguista que ni siquiera se ha dado a conocer a los propios diputados que tienen tenían que aprobarlo o rechazarlo, bajo el argumento que ellos sólo aprobaban la prórroga de la concesión a YPF. Saben de nuestra coherencia y por eso ayer cuando ingresamos a la Legislatura para exigir que no se apruebe el acuerdo, nos recibió la patota que el MPN tenía preparada para intimidarnos y amenazarnos. Nos hicieron pasar en medio de los patoteros que nos agredían para ingresar y salir de la sesión legislativa.

Pero no sólo nos opusimos en el ámbito legislativo, estamos dando esta pelea en las calles, impulsando la movilización y siendo parte de las acciones de lucha que están llevando adelante distintos sectores y en todo el país. El mismo día que se votaba este acuerdo, la CTA llamó a paro provincial y partió desde la Universidad del Comahue una enorme movilización de trabajadores  judiciales, docentes, estatales, ceramistas, estudiantes, ambientalistas, de la comunidad mapuche, organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales nos expresamos en la calle para decirle no al acuerdo con Chevron. Personalidades y diputados nacionales viajaron desde Buenos Aires para acompañar esta marcha que el MPN quiere demonizar y culpar como la responsable de lo ocurrido.

Como dijo mi compañero Raúl Godoy desde su banca en la escandalosa sesión antes de exigir su levantamiento y retirarse junto al resto de la oposición: “La misma policía que asesinó a Carlos Fuentealba, a Teresa Rodríguez, la que le metió 66 perdigones a un compañero de Zanon, esa misma policía está ahora acá. Hoy se está entregando el futuro de los neuquinos y de los recursos nacionales a una multinacional norteamericana. Hay más de 1500 millones de dólares en juego y no hay escrúpulos para reprimir”.

Este día quedará en la historia como la crónica de una nueva entrega, votada en la Legislatura neuquina con la complicidad del gobierno nacional kirchnerista y el MPN. Pero también porque mostró en gran parte de la sociedad un inmenso rechazo al saqueo, a la contaminación, al desplazamiento de los mapuches de sus tierras y a la entrega de nuestros recursos.  Allí están las fuerzas para luchar por la única salida favorable para el pueblo trabajador: la renacionalización sin pago de todo el petróleo y el gas, bajo el control de los trabajadores, en colaboración con las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios como los mapuches. Con los recursos naturales en manos de los trabajadores se podría hacer una explotación racional de los mismos, cuidando el medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades originarias, y ponerlos en función de las necesidades populares y no de las ganancias capitalistas.

El PTS en el Frente de Izquierda seguirá impulsando y acompañando la lucha por esta salida, así como repudiando la represión y el espionaje funcional a los intereses de las multinacionales que se llenan los bolsillos en el país.