La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

Sin ninguna estadística que los avale, tienen el objetivo de demonizar a los adolescentes e instalar en el imaginario que los problemas sociales se deben a los jóvenes hijos del pueblo trabajador, verdaderas víctimas de la desocupación, el trabajo precario y los abusos policiales. A los barones del Conurbano que quieren criminalizar a los jóvenes pobres no se les escapa que las fuerzas policiales suelen utilizar a pibes como mano de obra para concretar sus crímenes, como intentaron con Luciano Arruga, desaparecido por la bonaerense hace ya más de cuatro años. Ponen a las víctimas como victimarios.

Complementariamente, hace dos semanas se lanzó una saturación represiva de los barrios populares con el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, por el cual el Gobierno nacional provee personal de Policía, Gendarmería y Prefectura a provincias y municipios.

Scioli se puso al hombro la campaña del FPV y le asigna su impronta. A gusto con este nuevo perfil, se despachó con la creación del Ministerio de Seguridad, al frente del cual puso al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, prototipo de esos intendentes kirchneristas del conurbano, que detenta los nada elogiables títulos de ex menemista y ex duhaldista. Granados es un confeso cultor de “meter bala a los delincuentes”, y nos recuerda a personajes funestos como Carlos Ruckauf.

La acción conjunta de bonaerenses, gendarmes y prefectos no hará más que mejorar la coordinación del gran delito, las redes de narcotráfico, la trata de personas, el robo de automotores, el juego clandestino, y profundizará la impunidad para sus verdaderos beneficiarios, los capitalistas que se enriquecen manejando multimillonarios negocios ilegales.

Por eso, resulta de primer orden repudiar el desembarco en los barrios de Gendarmería y Prefectura, fuerzas a las que intentan presentar como menos descompuestas que la Policía, pero no debemos perder de vista que integran un aparato represivo nacional repleto de criminales que provienen de la última dictadura y que bajo las órdenes del kirchnerismo realizan espionaje ilegal sobre las organizaciones populares a través del “Proyecto X”, como lo venimos denunciando desde el PTS y el Frente de Izquierda.

Esta política de inflar el aparato represivo estatal va acompañada de la proliferación de “fuerzas de choque” organizadas por punteros políticos y financiadas por los intendentes. En La Plata las “Patrullas de Seguridad Municipal”, lanzadas a la calle a horas de la trágica inundación del 2 de abril, se dedican a hostigar y atacar a vecinos y organizaciones sociales y políticas. Durante la campaña electoral de las PASO se las vio persiguiendo y golpeando a militantes de las fuerzas que denunciaban la responsabilidad de Alak, Bruera, Scioli y los K en ese crimen social que fueron las inundaciones. Los casos de Julio López, Luciano Arruga, Sandra Ayala Gamboa y cientos de asesinatos por gatillo fácil policial, torturas en comisarías, cárceles e institutos configuran el real “mapa del delito” estatal, donde reina la impunidad.

Los desarmaderos de autos, la trata de personas y el narcotráfico no están manejados por jóvenes de quince años. Persiguen a la juventud y saturan los barrios porque quieren redoblar las cadenas de control social para que no se rebelen por la deplorable situación a la que los someten diariamente.

No es persiguiendo y reprimiendo a la clase trabajadora, al pueblo pobre y a su juventud como se acabará con el delito organizado. Con absoluta demagogia, el Gobierno apela nuevamente a la recetas de la mano dura, la militarización de los barrios y la baja en la edad de imputabilidad. Nada tiene que envidiarle a Massa, Blumberg, De Narváez y Macri. Preparémonos para el gran acuerdo: seguramente votarán juntos en el Congreso todas las medidas que vayan a favor de la represión y la persecución.