La bochornosa debilidad de esta defensa -por parte de quien debería acusarlo- está dada porque hay jurisprudencia contra este tipo de excusas casi infantiles. No se consiguieron con poco esfuerzo, debemos decirlo, ya que los jueces dejan correr estos argumentos. Los querellantes que luchamos contra la impunidad, no.

Como ejemplo podemos citar lo ocurrido recientemente en la causa ESMA, donde este 23 de abril la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó dos absoluciones de marinos de la ESMA y ordenó que se dicte nuevamente sentencia. El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, tomando como válidos -entre otras pruebas- los legajos de los genocidas Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco, los había absuelto por los casos de Rodolfo Walsh y otras víctimas. En nuestro alegato denunciamos que los legajos de los represores están “intervenidos”, fueron fraguados preparando la impunidad. Es así que las querellas del CELS y de Justicia Ya! recurrimos ese fallo y la Sala II nos dio la razón por entender que las constancias de los legajos suelen ser contradictorias y que hay que escuchar a los testigos sobrevivientes.

En el caso de Milani hay que escuchar el testimonio de Olivera.

Son todas las cúpulas

Tanta defensa hacia el jefe del Ejército puede tener varias explicaciones, aunque hay una que es fundamental: el cuestionamiento hacia Milani alcanza a la inmensa mayoría de los actuales altos mandos de las Fuerzas Armadas y también a la suboficialidad con más antigüedad.

Resulta difícil para este Gobierno autoproclamarse defensor de los Derechos Humanos y mantener a un 14 % de quienes fueron parte del plan genocida, que pasaron por los centros clandestinos, que fueron parte de esa estructura represiva que actuó contra “una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas” (como dijimos en nuestro alegato en ESMA II).

César Milani ingresó en el Ejército en febrero de 1975 y a la Escuela de Inteligencia en 1982 para pasar luego al Batallón 601. Milani y cincuenta generales más son parte de un Ejército argentino que cuenta con 3.381 miembros que provienen de la dictadura.

La situación se repite en la Armada: 543 oficiales y 759 suboficiales comparten ese origen. Varios de ellos pasaron por la ESMA, pero tienen la fortuna de que ningún ex detenido desaparecido los haya reconocido, por lo que se amparan en el pacto de impunidad que se mantiene con firmeza y efectividad gracias a que este Gobierno mantiene ocultos los archivos de la represión. La Fuerza Aérea incluso supera esos números, con más de 600 oficiales y 1.700 suboficiales que aún están en funciones desde la dictadura.

Estamos seguros al afirmar que defender a Milani es defender esa continuidad del aparato represivo de la dictadura en las Fuerzas Armadas actuales. Cuando se apoya a Milani se está siendo cómplice de todo lo demás. Cuestionar la impunidad de Milani y su lugar al mando en el Ejército es pelear por terminar con todo el aparato de espionaje montado en la dictadura y que hoy continúa la tarea con sus mismos agentes, como es el caso de Américo Balbuena de la Policía Federal, infiltrado por una década en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh para espiar a la militancia social y política; o del “Agente de Reunión en el Ámbito Gremial” del Destacamento de Inteligencia 201, Gerardo Martínez de la UOCRA.

Repudiar la designación de Milani es rechazar que se sigan escondiendo los archivos de la represión, que nos consta que existen, pero que el Gobierno se niega abrir. Los documentos aparecen cuando quieren sumar impunidad.
Denunciamos la responsabilidad central que tienen el Gobierno y un Poder Judicial que conserva decenas de funcionarios de la dictadura, a la vez que dilata las causas contra los genocidas, empezando por que solo el 20 % de las condenas en delitos de lesa humanidad está firme.

Si Milani hoy no está condenado y preso no es porque falten pruebas. Hay una decisión política de rodearlo de impunidad.  

Por eso sostenemos que nuestra herramienta para terminar con la impunidad, hoy como ayer es la movilización en las calles.

Por eso el discurso de la presidenta no es inocente. Ella sabe que las pruebas que ya obran en la causa alcanzan para indagar y procesar a varios de sus funcionarios, además de toda la cúpula de Gendarmería y los agentes involucrados en la infiltración y recolección de datos que conforman los Centros de Reunión de Información de Gendarmería Nacional en todo el país.

Esas pruebas van desde los informes sobre Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hasta los trabajadores de la combativa comisión interna de Kraft, pasando por los asambleístas de Gualeguaychú y todos los movimientos de desocupados. Está lleno de informes “in situ” y en tiempo real sobre lo que sucedía y que se resolvía en reuniones cerradas de organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, como por ejemplo cuando desapareció Jorge Julio López en septiembre de 2006. Sólo algunos de ellos se hicieron públicos hace no más de cuatro meses; un escándalo que hasta llegó a ser tapa de varios diarios.

También obran en el expediente judicial los manuales que le dan sustento a ese accionar, las instrucciones sobre cómo actuar ante hechos de alteración del orden público y acerca de los movimientos que deben ser “monitoreados” por la fuerza. La causa se encuentra en plena etapa pericial y todo preanuncia que, a pesar del enorme tiempo que el juez Oyarbide le dio a la Gendarmería para que elimine pruebas, el resultado de la nueva ronda de pericias no tendrá mejores resultados para el Gobierno y sus subordinados de la Gendarmería Nacional. Allí va dirigido el discurso presidencial. Tiene un fin preciso. Es un mensaje de impunidad para los involucrados y un mensaje coercitivo para los investigadores. Nadie puede peritar ni juzgar por un “escandalete inexistente”.

No es casual tampoco que este discurso se haya realizado a días de haber puesto en la cúspide del Ejército al general de Inteligencia César Milani, sindicado por algunas fuentes periodísticas como uno de los que maneja la inteligencia en nuestro país y uno de los encubridores del accionar del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en sus funciones como agente de inteligencia del Ejército durante el terrorismo de Estado.

Nuestra fuerza siempre estuvo en esos cientos de trabajadores antiburocráticos que se organizan en las fábricas y que son víctimas del “Proyecto X”; en los organismos que nos acompañan, en la denuncia pública. Seguiremos denunciando que en la Argentina el Estado espía e infiltra a las organizaciones populares, a los que reclaman, a los que se organizan para defenderse y luchar por sus derechos. Y seguiremos planteando la nulidad de las miles de causas penales armadas contra los trabajadores que enfrentan a patronales multinacionales como Kraft y burócratas amigos del Gobierno como Rodolfo Daer. Pese a estos “aprietes” mediáticos a los que nos tiene acostumbrados la Presidenta, no dude que vamos a seguir adelante.