Sin demoras, se procuraron una Justicia sumamente adicta: ampliaron de cinco a nueve los miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia para tener una mayoría automática. Sus nuevos integrantes son todos militantes radicales. Convertida en un apéndice, la Justicia comenzó a actuar.

Mariano Miranda, ex apoderado de la UCR, ahora devenido en fiscal de Estado, emprendió la cacería contra la líder opositora Milagro Sala, diputada por el Parlasur que realizaba un acampe por haber caído en desgracia su movimiento al terminar el Gobierno kirchnerista. Al revés de lo que se promociona y difunde, no fue detenida por ninguna acusación relacionada con hechos de corrupción, sino por participar de una protesta, bajo la acusación de tumulto.

El hecho dividió aguas. Nuestro partido, a pesar de tener enorme diferencias públicas con esa organización y sus dirigentes, se manifestó por su libertad, al entender que sentaba un precedente muy peligroso de criminalización de la protesta social. Días después, y por manifestarse en este mismo sentido, fue despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar Natalia Morales, delegada de los trabajadores de esa dependencia y una de las principales referentes del Frente de Izquierda en la provincia.

Pero no se detendrían allí. La Justicia también decidió impulsar el juicio oral contra Julio Mamani y sus compañeros del Sindicato de Aceros Zapla: el fiscal del caso pidió que se eleve la causa por “compulsión a la huelga”, delito netamente político.

También el gobernador Morales decidió avanzar sobre el Ingenio la Esperanza y proyecta realizar unos ochocientos despidos. Para eso, comenzó con las suspensiones de 17 referentes, entre ellos Silvio Choper Egüez, miembro de la Comisión Directiva del sindicato, militante de mi partido.

Las primeras estadísticas indican que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es el gremio más atacado, con más de dos mil despidos.

Mientras tanto, se impuso un nuevo Código Contravencional y en los barrios populares la policía ha ganado más poder, habilita a sistemáticas razias, allanamientos y detenciones de jóvenes que sufren los peores empleos y condiciones de vida paupérrimas.

A su vez, los trabajadores de cooperativas a los que Morales les prometió “liberarlos del yugo de Milagro Sala” están sin trabajo, porque está frenada la obra pública.

En Jujuy la derecha no descansa y ahora detuvo a tres integrantes de la directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), liderado por Carlos Perro Santillán, pese a que este festejó la detención de Milagro Sala y antes expulsó de su sindicato al principal referente de la tercera fuerza política de la provincia, Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda. El domingo 15 de mayo fueron detenidos Adrián Mirkin y Santiago Saillant, y el coordinador de prensa, Álvaro Sandoval, por participar de un reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo de los empleados municipales que terminó en un enfrentamiento con la policía provincial. El fiscal Gustavo Araya, quien dictó las órdenes de detención, es el mismo que libró una de las tantas imputaciones contra Milagro Sala. Se les denegó la excarcelación; uno de ellos se encuentra en una situación muy delicada de salud.

No podemos permanecer en silencio ante este Gobierno decidido a terminar con cualquier reclamo obrero o popular. Jujuy hoy es territorio de presos políticos usados como rehenes para extorsionar a todos los que están sufriendo un ajuste que todo indica que se acrecentará.

Creemos que hay que encender esta alerta y pronunciarse inmediatamente por la libertad de Milagro Sala, los dirigentes del SEOM, el cese de los despidos y la persecución en Aceros Zapla, contra los ataques a los obreros del Ingenio La Esperanza, por la derogación del Código Contravencional y el Protocolo Antipiquetes, y toda legislación reaccionaria que sea utilizada para judicializar la protesta de los trabajadores.

Es necesaria una gran campaña de denuncia en todo el país y la concreción de medidas de lucha para frenarle la mano a este Gobierno de la UCR y el Frente Renovador que la tiene muy dura contra los sectores populares, pero que es muy amable con los genocidas como Carlos Pedro Blaquier. Hablamos de una provincia que es un verdadero laboratorio; junto a Tierra del Fuego, gobernada por la vicepresidente del Partido Justicialista, Rosana Bertone, son la avanzada de la criminalización de la protesta contra el ajuste.

La bochornosa debilidad de esta defensa -por parte de quien debería acusarlo- está dada porque hay jurisprudencia contra este tipo de excusas casi infantiles. No se consiguieron con poco esfuerzo, debemos decirlo, ya que los jueces dejan correr estos argumentos. Los querellantes que luchamos contra la impunidad, no.

Como ejemplo podemos citar lo ocurrido recientemente en la causa ESMA, donde este 23 de abril la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó dos absoluciones de marinos de la ESMA y ordenó que se dicte nuevamente sentencia. El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, tomando como válidos -entre otras pruebas- los legajos de los genocidas Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco, los había absuelto por los casos de Rodolfo Walsh y otras víctimas. En nuestro alegato denunciamos que los legajos de los represores están “intervenidos”, fueron fraguados preparando la impunidad. Es así que las querellas del CELS y de Justicia Ya! recurrimos ese fallo y la Sala II nos dio la razón por entender que las constancias de los legajos suelen ser contradictorias y que hay que escuchar a los testigos sobrevivientes.

En el caso de Milani hay que escuchar el testimonio de Olivera.

Son todas las cúpulas

Tanta defensa hacia el jefe del Ejército puede tener varias explicaciones, aunque hay una que es fundamental: el cuestionamiento hacia Milani alcanza a la inmensa mayoría de los actuales altos mandos de las Fuerzas Armadas y también a la suboficialidad con más antigüedad.

Resulta difícil para este Gobierno autoproclamarse defensor de los Derechos Humanos y mantener a un 14 % de quienes fueron parte del plan genocida, que pasaron por los centros clandestinos, que fueron parte de esa estructura represiva que actuó contra “una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas” (como dijimos en nuestro alegato en ESMA II).

César Milani ingresó en el Ejército en febrero de 1975 y a la Escuela de Inteligencia en 1982 para pasar luego al Batallón 601. Milani y cincuenta generales más son parte de un Ejército argentino que cuenta con 3.381 miembros que provienen de la dictadura.

La situación se repite en la Armada: 543 oficiales y 759 suboficiales comparten ese origen. Varios de ellos pasaron por la ESMA, pero tienen la fortuna de que ningún ex detenido desaparecido los haya reconocido, por lo que se amparan en el pacto de impunidad que se mantiene con firmeza y efectividad gracias a que este Gobierno mantiene ocultos los archivos de la represión. La Fuerza Aérea incluso supera esos números, con más de 600 oficiales y 1.700 suboficiales que aún están en funciones desde la dictadura.

Estamos seguros al afirmar que defender a Milani es defender esa continuidad del aparato represivo de la dictadura en las Fuerzas Armadas actuales. Cuando se apoya a Milani se está siendo cómplice de todo lo demás. Cuestionar la impunidad de Milani y su lugar al mando en el Ejército es pelear por terminar con todo el aparato de espionaje montado en la dictadura y que hoy continúa la tarea con sus mismos agentes, como es el caso de Américo Balbuena de la Policía Federal, infiltrado por una década en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh para espiar a la militancia social y política; o del “Agente de Reunión en el Ámbito Gremial” del Destacamento de Inteligencia 201, Gerardo Martínez de la UOCRA.

Repudiar la designación de Milani es rechazar que se sigan escondiendo los archivos de la represión, que nos consta que existen, pero que el Gobierno se niega abrir. Los documentos aparecen cuando quieren sumar impunidad.
Denunciamos la responsabilidad central que tienen el Gobierno y un Poder Judicial que conserva decenas de funcionarios de la dictadura, a la vez que dilata las causas contra los genocidas, empezando por que solo el 20 % de las condenas en delitos de lesa humanidad está firme.

Si Milani hoy no está condenado y preso no es porque falten pruebas. Hay una decisión política de rodearlo de impunidad.  

Por eso sostenemos que nuestra herramienta para terminar con la impunidad, hoy como ayer es la movilización en las calles.