Sin ninguna prueba que los avale, con testimonios arrancados bajo torturas fueron armando paso a paso una causa judicial que incluso fue declarada nula dos veces. Nada les impidió proseguir: las grandes empresas petroleras esperaban un castigo ejemplar para ese pueblo trabajador que se animó a desafiarlas. ¿Quién mató al oficial Sayago? No les importa o, al menos, lo que es seguro, no lograron demostrarlo en un juicio oral plagado de irregularidades y con apremios ilegales tan propios del método investigativo de las policías actuales; sabían desde el inicio a quiénes querían culpar del crimen.

En esta semana la sentencia de la vergüenza, del servilismo a los dólares del petróleo, de la injusticia, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Río Gallegos. Será este el que deba resolver si convalida ese fallo atroz o hace justicia absolviendo a los trabajadores.

Hay reservas de solidaridad que años de dictadura y neoliberalismo no han podido aplastar. Ante este ataque, el apoyo de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, de algunos diputados y legisladores se está empezando a hacer escuchar. Han firmado un petitorio exigiendo la absolución de los trabajadores, y varios de ellos participaron de la conferencia de prensa que se realizó en el Congreso de la Nación a instancias del diputado del PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y del Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras. Este miércoles 5 de febrero, una Plaza de Mayo vallada tuvo como oradores centrales a Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, madres de Plaza de Mayo que acompañaron la masiva movilización que reclamó la absolución.

Osvaldo Bayer les escribió una emotiva carta a los trabajadores condenados en la que los compara con los mártires de Chicago. Dice el genial escritor: “Esta injusticia histórica en la Argentina puede compararse con la condena sufrida por los mártires de Chicago, esos luchadores por las sagradas ocho horas de trabajo. Cuatro de ellos sufrieron la pena de muerte, y tres, cadena perpetua. Cien años después la justicia norteamericana reconoció que se había equivocado. Un poco tarde…”. Y culmina: “Que los jueces que han aprobado el nefasto fallo piensen que pueden pasar a la historia por haber sido autores del fallo más erróneo e injusto de nuestra historia. Y la historia siempre recordará a esos jueces y se preguntará: ¿Por qué lo hicieron? Acompañemos a los trabajadores en su lucha. De ellos es el futuro, y los hoy condenados pasarán a ser nuestros héroes del presente y del futuro”.

Así como no nos olvidaremos nunca los nombres de estos jueces autores de la infamia, integrantes del Tribunal Oral de Caleta Olivia: Cristina Lembeye, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera. No olvidaremos al complaciente fiscal Ariel Candia que se atrevió a decir que a una bolsa en la cabeza y a un par de cachetadas… él no las consideraba torturas.

Pero tampoco nos queremos olvidar los nombres de aquellos que, en un momento donde se quiere imponer la cárcel a perpetuidad a trabajadores, supieron expresar su solidaridad y levantaron fuerte la voz diciendo absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras.
Estos son solamente algunos de ellos: James Petras (EE. UU.), Michael Löwy (Francia), Alex Callinicos (Gran Bretaña), Alain Krivine (Francia), Hugo Yasky, Victorio Paulón, Claudio Marín, Beto Pianelli, Víctor De Gennaro, Julio Fuentes y ATE Nacional, Carlos Chile, Alejandro Bercovich, Pablo Llonto, Alejandro Wall, Diego Martínez, Claudio Dellecarbonara, Roberto Gargarella, Inés Izaguirre, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, SERPAJ, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Madres de Plaza de Mayo Neuquén y el Alto Valle, Luis Zamora, Pino Solanas, Gustavo Vera, Patricia Walsh, Carlos Slepoy, Liliana Chiernajowsky, Olga Cristiano, Matías Cremonte, Victoria Basualdo, Eduardo Grüner, Tununa Mercado, Aldo Getino, Néstor Pitrola, Liliana Parada, Oscar Martínez, Pablo Ferreyra, Alejandro Bodart, Carlos “Perro” Santillán, Rubén “Pollo” Sobrero, Gustavo Lerer, Alejandro López y Raúl Godoy del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén – SOECN, Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines, Asamblea de Trabajadores de Página/12, Comisión Interna de Donnelley, Colectivo de Trabajadores de Prensa, ATE Sur Gran Buenos Aires, y siguen decenas de firmas de Argentina, Chile, México y Europa.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

Nada pudo parar la decisión política de juzgarlos porque lo que buscan es una condena ejemplificadora a los trabajadores que reclamaron por sus derechos a las multinacionales petroleras instaladas en la Patagonia. Esta es la respuesta a una gran lucha llevada adelante en 2006 contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral que hace que trabajen en medio del campo, con temperaturas bajo cero, sin siquiera un baño. Un grupo de trabajadores había logrado que lo pasen al convenio petrolero, entonces las patronales fueron por más: trabajadores encarcelados, arrancados de sus casas, a trece de ellos los mantuvieron tres años y medio presos.

La movilización había durado tres meses y derivó en una gran manifestación popular cuando la Justicia ordenó la detención de uno de los voceros de los trabajadores, marcharon para exigir su liberación y fueron víctimas de una feroz represión. El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos, sumándose a esto, como en plena dictadura militar, allanamientos indiscriminados en las casas por parte de la policía. El cura de Las Heras -a quien el juzgado le negó que pudiera declarar como testigo- cuestionó las detenciones que se estaban realizando y abrió las puertas de la parroquia donde se refugiaron cientos de pobladores. La situación se prolongó durante semanas.

Organismos de derechos humanos así como organizaciones sociales y políticas hemos viajado para expresar toda nuestra solidaridad y denunciar que es un juicio absolutamente armado. En uno de nuestros viajes al lugar, conversamos con uno de los petroleros que estuvo varios años preso y luego fue absuelto. Su relato es estremecedor: “es la peor situación que viví, ahora estoy sin trabajo. Me acusaron de homicidio calificado, sin siquiera haber estado en el lugar, soy uno de los cinco que fuimos torturados camino a Puerto Deseado, un viaje que dura siete horas. Nos mojaron, nos ponían bolsas en la cabeza, nos gatillaban. Tres veces me sacaron medio cuerpo de la Trafic amenazando con tirarme”. Amenazas a sus esposas e hijos completan el cuadro.

Todo esto fue denunciado por los abogados defensores en sus alegatos, quienes en represalia sufrieron sanciones. A pesar de que el aroma de los dólares que deja el petróleo en la provincia inundaba la sala de audiencias, durante el transcurso del juicio no apareció una sola prueba que pudiera demostrar que estos trabajadores tuvieron que ver con el hecho que se les imputa. Y cuando el olor ya era insoportable, el fiscal Ariel Candia, sin que lo inmute la presencia de organismos de derechos humanos, afirmó que “a un par de cachetadas y una bolsita en la cabeza no se lo puede llamar tortura”.

No es la primera vez que un reclamo de trabajadores contra la tercerización es perseguido ferozmente por el Estado. Mariano Ferreyra fue asesinado por la patota ferroviaria amparada desde el Estado. Durante estos largos años y hoy, los trabajadores no están solos. Han manifestado su solidaridad el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Patricia Walsh, la agrupación HIJOS La Plata, compañeros hijos de desaparecidos del CEPRODH, como Victoria Moyano, Gloria Pagés, Juan Contrisciani, Andrea Robles, entre otros.

También es fuerte el apoyo entre las organizaciones de trabajadores que han expresado por ejemplo, Pablo Micheli de la CTA, Alejandro López, Natalio Navarrete, Marcelo Morales, del Sindicato Ceramista de Neuquén, decenas de comisiones internas de Capital, Gran Buenos Aires y del resto del país, como los propios sindicatos docentes recuperados. Centros de Estudiantes, junto a intelectuales del país y del exterior como James Petras, completan el amplio arco de solidaridad en el que se encuentran también los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores Raúl Godoy (legislador provincial, Neuquén), Christian Castillo (legislador provincial, Buenos Aires), Noelia Barbeito y Cecilia Soria (senadora y diputada provinciales, Mendoza) y Nicolás del Caño (diputado nacional).

Este viernes 15 de noviembre realizaremos una movilización desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz para exigir con toda la fuerza que tenemos la libertad incondicional de los compañeros y por que no se imponga la decisión de este tribunal que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto del pueblo trabajador.