El salario de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires está establecido por ley desde 1997 en un 20% por encima de lo que cobra un empleado de la Legislatura, máxima categoría, con título universitario y 25 años de antigüedad. Con los aumentos que recibieron los diputados sus dietas se duplicaron en los últimos dos años, pasando de $30 mil a más de $60 mil como publicó el diario La Nación.

La diferencia con los sueldos promedio en Buenos Aires ya es obscena pero Ritondo y Aragón intentaron zafar de la crítica diciendo que estas propuestas intentan emparejar para abajo y van a terminar reduciendo el sueldo de los trabajadores, en una maniobra que ninguno de ellos siquiera creyó, cuando los legisladores además son de los pocos que cuentan con el privilegio de decidir los montos de sus propios salarios. Más honesta fue la jefa del bloque del PRO de la Legislatura, Carmen Polledo, quien aseguró que “yo no creo que la condición económica determine si somos sensibles o no ante los problemas”. Sólo una pequeña confesión que demuestra que son completamente ajenos a lo que sufre el pueblo trabajador con la inflación, la amenaza del desempleo o la falta de vivienda digna.

El propio ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, se viene negando a discutir una actualización de los salarios y el pago de un bono de fin de año para los docentes y estatales. Son tan caraduras que los propios dirigentes del PRO aceptan que los sueldos están perdiendo contra la inflación, que las propias estadísticas de la Ciudad ubican en torno al 36%.

Por nuestra parte, desde los cargos legislativos que han asumido mis compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas en el FIT hemos tomado la resolución de cobrar de las dietas sólo un equivalente a la canasta familiar y donar el resto a los trabajadores y sectores populares en lucha. Así lo han hecho mis compañeros Nicolás del Caño en el Congreso de la Nación, Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense, Raúl Godoy en su paso por la Legislatura neuquina y el resto de nuestros legisladores de Mendoza, mientras ponen el cuerpo acompañándolos en la calle como vienen haciendo con los trabajadores de Lear y de MadyGraf (ex-Donnelley). El mismo compromiso adoptó Patricio del Corro, el dirigente estudiantil del PTS, que reemplazará a Marcelo Ramal en su banca de la Legislatura en diciembre de 2015.

En el Frente para la Victoria, el UNEN y el PRO parecen opinar que su tarea es mucho más importante que la de los trabajadores de la salud y de la educación que hacen malabares para que los hospitales y las escuelas se mantengan abiertas ante la desidia del gobierno de Macri. Son verdaderos privilegiados que están muy lejos es de estas problemáticas y de la propia vida cotidiana del pueblo trabajador. ¿Mandarán como nosotros sus hijos a las escuelas públicas donde se caen ventiladores de techo y se inundan cada vez que llueve? ¿Se habrán atendido alguna vez en los hospitales públicos que no tienen insumos? ¿Se les inundará la casa cuando llueve?

La única oposición seria al PRO puede venir desde la izquierda y ésta es la fuerza que estamos construyendo en la Ciudad: una izquierda de los trabajadores, junto a los delegados clasistas en el subte, entre los trabajadores telefónicos, aeronáuticos, los docentes, los estatales y los trabajadores de la salud, junto a los estudiantes de la UBA y los secundarios y terciarios porteños. Sólo la fuerza de los trabajadores junto al pueblo pobre de la ciudad le podrá parar la mano a esta derecha moderna de los Macri. Todos nos reuniremos este sábado 6 de diciembre en el estadio Malvinas Argentinas del club Argentinos Juniors en el acto nacional convocado por el PTS, que cerrará nuestro precandidato presidencial por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y que estará encabezado por los principales referentes de las luchas del último año como Donnelley y LEAR, reafirmando el crecimiento que viene teniendo la izquierda no sólo en Buenos Aires, sino en todo el país.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

Sin ninguna prueba que los avale, con testimonios arrancados bajo torturas fueron armando paso a paso una causa judicial que incluso fue declarada nula dos veces. Nada les impidió proseguir: las grandes empresas petroleras esperaban un castigo ejemplar para ese pueblo trabajador que se animó a desafiarlas. ¿Quién mató al oficial Sayago? No les importa o, al menos, lo que es seguro, no lograron demostrarlo en un juicio oral plagado de irregularidades y con apremios ilegales tan propios del método investigativo de las policías actuales; sabían desde el inicio a quiénes querían culpar del crimen.

En esta semana la sentencia de la vergüenza, del servilismo a los dólares del petróleo, de la injusticia, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Río Gallegos. Será este el que deba resolver si convalida ese fallo atroz o hace justicia absolviendo a los trabajadores.

Hay reservas de solidaridad que años de dictadura y neoliberalismo no han podido aplastar. Ante este ataque, el apoyo de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, de algunos diputados y legisladores se está empezando a hacer escuchar. Han firmado un petitorio exigiendo la absolución de los trabajadores, y varios de ellos participaron de la conferencia de prensa que se realizó en el Congreso de la Nación a instancias del diputado del PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y del Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras. Este miércoles 5 de febrero, una Plaza de Mayo vallada tuvo como oradores centrales a Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, madres de Plaza de Mayo que acompañaron la masiva movilización que reclamó la absolución.

Osvaldo Bayer les escribió una emotiva carta a los trabajadores condenados en la que los compara con los mártires de Chicago. Dice el genial escritor: “Esta injusticia histórica en la Argentina puede compararse con la condena sufrida por los mártires de Chicago, esos luchadores por las sagradas ocho horas de trabajo. Cuatro de ellos sufrieron la pena de muerte, y tres, cadena perpetua. Cien años después la justicia norteamericana reconoció que se había equivocado. Un poco tarde…”. Y culmina: “Que los jueces que han aprobado el nefasto fallo piensen que pueden pasar a la historia por haber sido autores del fallo más erróneo e injusto de nuestra historia. Y la historia siempre recordará a esos jueces y se preguntará: ¿Por qué lo hicieron? Acompañemos a los trabajadores en su lucha. De ellos es el futuro, y los hoy condenados pasarán a ser nuestros héroes del presente y del futuro”.

Así como no nos olvidaremos nunca los nombres de estos jueces autores de la infamia, integrantes del Tribunal Oral de Caleta Olivia: Cristina Lembeye, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera. No olvidaremos al complaciente fiscal Ariel Candia que se atrevió a decir que a una bolsa en la cabeza y a un par de cachetadas… él no las consideraba torturas.

Pero tampoco nos queremos olvidar los nombres de aquellos que, en un momento donde se quiere imponer la cárcel a perpetuidad a trabajadores, supieron expresar su solidaridad y levantaron fuerte la voz diciendo absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras.
Estos son solamente algunos de ellos: James Petras (EE. UU.), Michael Löwy (Francia), Alex Callinicos (Gran Bretaña), Alain Krivine (Francia), Hugo Yasky, Victorio Paulón, Claudio Marín, Beto Pianelli, Víctor De Gennaro, Julio Fuentes y ATE Nacional, Carlos Chile, Alejandro Bercovich, Pablo Llonto, Alejandro Wall, Diego Martínez, Claudio Dellecarbonara, Roberto Gargarella, Inés Izaguirre, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, SERPAJ, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Madres de Plaza de Mayo Neuquén y el Alto Valle, Luis Zamora, Pino Solanas, Gustavo Vera, Patricia Walsh, Carlos Slepoy, Liliana Chiernajowsky, Olga Cristiano, Matías Cremonte, Victoria Basualdo, Eduardo Grüner, Tununa Mercado, Aldo Getino, Néstor Pitrola, Liliana Parada, Oscar Martínez, Pablo Ferreyra, Alejandro Bodart, Carlos “Perro” Santillán, Rubén “Pollo” Sobrero, Gustavo Lerer, Alejandro López y Raúl Godoy del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén – SOECN, Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines, Asamblea de Trabajadores de Página/12, Comisión Interna de Donnelley, Colectivo de Trabajadores de Prensa, ATE Sur Gran Buenos Aires, y siguen decenas de firmas de Argentina, Chile, México y Europa.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

Nada pudo parar la decisión política de juzgarlos porque lo que buscan es una condena ejemplificadora a los trabajadores que reclamaron por sus derechos a las multinacionales petroleras instaladas en la Patagonia. Esta es la respuesta a una gran lucha llevada adelante en 2006 contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral que hace que trabajen en medio del campo, con temperaturas bajo cero, sin siquiera un baño. Un grupo de trabajadores había logrado que lo pasen al convenio petrolero, entonces las patronales fueron por más: trabajadores encarcelados, arrancados de sus casas, a trece de ellos los mantuvieron tres años y medio presos.

La movilización había durado tres meses y derivó en una gran manifestación popular cuando la Justicia ordenó la detención de uno de los voceros de los trabajadores, marcharon para exigir su liberación y fueron víctimas de una feroz represión. El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos, sumándose a esto, como en plena dictadura militar, allanamientos indiscriminados en las casas por parte de la policía. El cura de Las Heras -a quien el juzgado le negó que pudiera declarar como testigo- cuestionó las detenciones que se estaban realizando y abrió las puertas de la parroquia donde se refugiaron cientos de pobladores. La situación se prolongó durante semanas.

Organismos de derechos humanos así como organizaciones sociales y políticas hemos viajado para expresar toda nuestra solidaridad y denunciar que es un juicio absolutamente armado. En uno de nuestros viajes al lugar, conversamos con uno de los petroleros que estuvo varios años preso y luego fue absuelto. Su relato es estremecedor: “es la peor situación que viví, ahora estoy sin trabajo. Me acusaron de homicidio calificado, sin siquiera haber estado en el lugar, soy uno de los cinco que fuimos torturados camino a Puerto Deseado, un viaje que dura siete horas. Nos mojaron, nos ponían bolsas en la cabeza, nos gatillaban. Tres veces me sacaron medio cuerpo de la Trafic amenazando con tirarme”. Amenazas a sus esposas e hijos completan el cuadro.

Todo esto fue denunciado por los abogados defensores en sus alegatos, quienes en represalia sufrieron sanciones. A pesar de que el aroma de los dólares que deja el petróleo en la provincia inundaba la sala de audiencias, durante el transcurso del juicio no apareció una sola prueba que pudiera demostrar que estos trabajadores tuvieron que ver con el hecho que se les imputa. Y cuando el olor ya era insoportable, el fiscal Ariel Candia, sin que lo inmute la presencia de organismos de derechos humanos, afirmó que “a un par de cachetadas y una bolsita en la cabeza no se lo puede llamar tortura”.

No es la primera vez que un reclamo de trabajadores contra la tercerización es perseguido ferozmente por el Estado. Mariano Ferreyra fue asesinado por la patota ferroviaria amparada desde el Estado. Durante estos largos años y hoy, los trabajadores no están solos. Han manifestado su solidaridad el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Patricia Walsh, la agrupación HIJOS La Plata, compañeros hijos de desaparecidos del CEPRODH, como Victoria Moyano, Gloria Pagés, Juan Contrisciani, Andrea Robles, entre otros.

También es fuerte el apoyo entre las organizaciones de trabajadores que han expresado por ejemplo, Pablo Micheli de la CTA, Alejandro López, Natalio Navarrete, Marcelo Morales, del Sindicato Ceramista de Neuquén, decenas de comisiones internas de Capital, Gran Buenos Aires y del resto del país, como los propios sindicatos docentes recuperados. Centros de Estudiantes, junto a intelectuales del país y del exterior como James Petras, completan el amplio arco de solidaridad en el que se encuentran también los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores Raúl Godoy (legislador provincial, Neuquén), Christian Castillo (legislador provincial, Buenos Aires), Noelia Barbeito y Cecilia Soria (senadora y diputada provinciales, Mendoza) y Nicolás del Caño (diputado nacional).

Este viernes 15 de noviembre realizaremos una movilización desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz para exigir con toda la fuerza que tenemos la libertad incondicional de los compañeros y por que no se imponga la decisión de este tribunal que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto del pueblo trabajador.