Entre ellas, proponen que el Congreso Nacional sancione una ley que estipule el llamado juicio en ausencia, usando como excusa para una reforma tan antidemocrática la causa Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), incluso con el argumento de que se trataría de un crimen de lesa humanidad. De más está aclarar que jamás les preocupó este tema en los casos de decenas de genocidas prófugos e impunes por años.

El juicio en ausencia es una institución procesal que permite juzgar a una persona aunque no haya comparecido al juicio, esté ausente o en rebeldía, según el caso. Se lleva a cabo con un defensor oficial que se le designa al acusado para que lo represente ante el tribunal. Esta no es una idea reciente del macrismo: en el Congreso hay presentados proyectos promovidos por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Laura Alonso. Siempre generaron gran rechazo, porque chocan con el más elemental derecho de defensa en juicio, pero han cobrado fuerza nuevamente a partir del voto emitido por el juez Eduardo Farah en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, donde se dejaría abierta la puerta para esta salida en la causa AMIA.

Como decimos, si bien el debate se ubica en la causa AMIA, habilitaría que el juicio en ausencia se extienda para otros casos, lo que directamente implicaría un cambio retrógrado de todo el sistema penal del Estado capitalista. Si se termina imponiendo la idea de que el juicio en ausencia no afecta al derecho de defensa, estará latente, por lo tanto, la posibilidad de extender esta clase de juicio para otros casos, sin hacer distinción de los delitos que se puedan juzgar bajo esta modalidad. Hay que destacar que la vigencia de las leyes antiterroristas —incorporadas al Código Penal durante el Gobierno kirchnerista—, junto con el juicio en ausencia, configuraría una escalada formidable en la persecución penal a los sectores políticos o sociales que el propio Gobierno elija como sus enemigos.

La idea de menoscabar aún más las llamadas garantías constitucionales ante el poder punitivo del Estado tiene que enmarcarse en el contexto de un programa político reaccionario tendiente a fortalecer todos los resortes represivos estatales: el policial, el judicial y el normativo. En La Izquierda Diario lo venimos denunciando.

El juicio en ausencia entra en franca colisión con el derecho de defensa, porque la ausencia en el juicio por parte del imputado implica no poder ejercer su derecho a ser oído, a presentar pruebas, a impugnar testigos y toda actividad tendiente a defenderse de una imputación. Se parte de que el ejercicio del derecho a defenderse contempla que pueda elegir abogado, estar presente en los actos fundamentales, decidir si quiere declarar o no, etcétera. Actualmente, si quien es imputado de un delito no se presenta, se ordena su captura (nacional e internacional).

Otros de los cuestionamientos que recibe el actual proyecto es que, de aplicarse ahora, se estaría violando el principio de irretroactividad de la ley penal, a la vez que el no tener en cuenta al imputado o tratarlo como un mero objeto es característico de los sistemas penales inquisitivos, cuestionados en la actualidad.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos también contemplan el derecho de defensa que el proyecto del PRO violaría. Entre ellos, podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXVI), el Pacto de San José de Costa Rica (artículo 8.º, aparato 1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, página 1); todos establecen que toda persona tiene derecho “a ser oída”.

Si la causa AMIA se encuentra impune, lejos está de ser porque no se puede juzgar en ausencia de los acusados iraníes que surgen de la supuesta pista armada por el antiguo agente de inteligencia Jaime Stiuso y por Alberto Nisman (con el aval del Mosad, la dirigencia sionista argentina y el entonces Gobierno de Cristina Fernández), sino por el encubrimiento y la impunidad garantizados por el propio Estado argentino y todos los Gobiernos desde 1994 hasta la fecha. La apertura irrestricta de todos los archivos provenientes de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y demás órganos del Estado, en manos de la Agencia Federal de Inteligencia y de todas las fuerzas de seguridad es una condición necesaria para esclarecer el atentado. Toda otra medida, como el juicio en ausencia, tendrá como único objetivo cercenar aún más las libertades democráticas más elementales, pero jamás acercarse a la verdad y a la justicia reclamadas.

Con Matías Aufieri, compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), somos abogados de María y Eduardo, trabajadores de la textil Elemento, que produce para Cheeky y otras marcas de la misma magnitud. El caso fue noticia en 2013 cuando una trabajadora de esa textil se prendió fuego, desesperada ante la presión de sus patrones por mayor producción. Nuestro organismo encabezó la denuncia de esta ecuación macabra: cuando los trabajadores se rebelan contra las condiciones que los llevan a morir atrapados, a trabajar doce o más horas por un sueldo miserable, o incluso, como en este caso, a sufrir abortos espontáneos sin permiso para salir al médico, son despedidos por las patronales esclavistas en complicidad con el sindicato textil.

María Ugarte y Eduardo Toro son ejemplos de ello, y por medio de su lucha y de la defensa legal que ejercimos lograron ser reinstalados luego de un año, durante el cual la Asociación Obrera Textil comandada por Jorge Lobais se negó a convocar a elecciones de delegados y, por el contrario, se reunió con otros burócratas sindicales como Ricardo Pignanelli del SMATA, Alberto Roberti del Sindicato de Petroleros y Antonio Caló de la UOM para pronunciarse públicamente contra la altísima “infiltración” de los trabajadores de izquierda en el movimiento obrero industrial.

Dos ciudades, la de Macri y la real

Un eslogan del Gobierno del PRO reza “En todo estás vos”, buscando mostrar una Ciudad que prioriza las necesidades de sus habitantes. Pero eso contrasta con la realidad de los negociados y beneficios millonarios para unos pocos en desmedro de las más básicas condiciones de vida del pueblo trabajador y de sus hijos en una de las ciudades más ricas del mundo.

Ante la muerte de los dos niños, en la búsqueda desesperada por deslindar responsabilidades, oímos a funcionarios del PRO excusándose en el hecho de que no pesaban denuncias previas sobre la trampa mortal donde vivía y trabajaba la familia de las dos criaturas fallecidas. Ante la realidad inocultable, luego intentaron con el argumento de que las denuncias que puedan existir radican en la Justicia Federal (por el delito de trata de personas) y, por lo tanto, la Ciudad no tiene facultades para allanar un domicilio sin orden judicial.

Con una Policía Metropolitana presta a desalojar a familias y niños en cuidado de la propiedad privada, no les produce la misma urgencia la detección y desmantelamiento de esos centros de esclavitud que son los talleres clandestinos.

En ocho años no ha existido inquietud alguna del Gobierno de Mauricio, Horacio, y Gabriela por recabar información sobre esos centenares de denuncias de la existencia de talleres clandestinos, para constituirse como denunciante -como sí lo hace gustoso para procesar luchadores del Subte, del Borda, del Indoamericano y tantos más- y avanzar contra esos talleres, clausurarlos, y garantizar un trabajo digno a los miles de trabajadores esclavizados junto a sus familias. Motivos no le faltarían: trabajo no registrado, reducción a la servidumbre, trata de personas, evasión, falta de habilitación, seguridad e higiene inexistentes son solo algunas de las violaciones a la ley que ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la Nación se interesan en combatir.

Recordemos cómo ha actuado la Justicia. Ante otra denuncia de esclavismo, el juez federal Norberto Oyarbide dictaminó que las condiciones impuestas en esos talleres, de amplia composición inmigrante, radican en “costumbres ancestrales” de los países de origen de los explotados en cuestión.

Ancestral también es la enfermedad de la tuberculosis, pero en el siglo XXI ese flagelo retorna y se multiplica al calor del hacinamiento y de la falta de ventilación en los más de tres mil talleres clandestinos existentes, donde decenas de miles de obreros esclavizados enferman respirando el polvillo de las telas para que renombradas familias y empresas de marca se enriquezcan obscenamente.

En la Ciudad y en el país, la realidad nos encuentra junto a los trabajadores en lucha por las condiciones de vida más básicas que este sistema les arranca a diario, mientras en la vereda de enfrente se anotan todos los garantes del régimen explotador y hasta esclavista. Más allá de los globos, del helado y del pochoclo, para esos intereses gobierna el PRO.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda y de los trabajadores militamos cada día para construir esa fuerza capaz de hacer frente a esta situación. Y las elecciones no pueden estar ajenas a esto: es un orgullo para mí encabezar la lista del Frente de Izquierda en la Ciudad, que comparto con luchadores como Eduardo Toro, que enfrenta día a día desde su puesto de trabajo los atropellos de estas grandes empresas que pelean por aumentar la explotación y defienden sus ganancias con uñas y dientes a costa de la vida de los obreros y de las obreras textiles y de sus familias. Por eso, mi candidatura en las elecciones de la Ciudad y la pelea por más legisladores de la izquierda militante, la del FIT, está puesta, además, en función de colaborar en la organización de esos trabajadores que luchan por terminar con toda forma de opresión y por pararles la mano a estas empresas esclavistas.

Pero queremos llamar la atención sobre un punto menos visible de la política de Macri y del PRO, quienes encontraron otra vía para militarizar su policía y por lo tanto -nadie puede ser ingenuo- sus intervenciones.

En la vorágine de noticias y con bastante protección mediática, ha pasado desapercibido o rápidamente olvidado que la Policía Metropolitana viene incorporando efectivos que actuaron en la dictadura cívico militar; lo mismo que tantas veces le hemos señalado a fuerzas como la Bonaerense o al Servicio Penitenciario Federal, hoy lo decimos con relación a la Metropolitana.

Proceden de la época en que las fuerzas de seguridad estaban subordinadas y estructuradas según el esquema operacional de las Fuerzas Armadas. Deberían demostrar cuándo se dio la resurrección democrática de tales personajes para incorporarlos a la fuerza “moderna” que prometían.

A su vez, han tenido una política activa para captar integrantes de las Fuerzas Armadas que se han ido pasando a la Metropolitana.

El detalle merece ser observado con atención, la Metropolitana ha incorporado desde 2009 a 2013: 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.

Fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en el Indoamericano, Barrio Papa Francisco, el Borda y la Sala Alberdi.

El gobierno de la Ciudad ni siquiera ha certificado que hayan sido dados de baja en la fuerza militar para el posterior ingreso a la policía porteña.

Ya un informe del año 2010 alertaba sobre esto. La “Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana” indicaba que “sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, lo que equivale a un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”. Y continúa más adelante: “el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón… sirve para ejemplificar este perfil. Especializado en inteligencia, ingreso a la Policía Federal Argentina en 1976… Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del NUNCA MÁS, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981”.

También se da otro dato que vale la pena recordar: “En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la Policía Federal Argentina. Los otros nueve cargos de conducción se distribuyen de la siguiente manera: cuatro proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, tres de la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Provincia de Santa Fe… Asimismo, de los 52 cargos de conducción revisados, nueve, equivalente al 17%, fueron pasados a disponibilidad en 2004…” por la Policía Federal Argentina.

Como militantes por los derechos humanos y desde el Frente de Izquierda denunciamos esta política. Esos efectivos serán los que gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia portarán las picanas portátiles Táser próximamente o darán las órdenes al resto de los agentes, para continuar con su política de desalojos y represión de la protesta social.

Las Taser fueron presentadas como armas no letales, pero sus fabricantes aclaran que pueden provocar la muerte, mientras que organismos internacionales las denuncian. Nada de esto conmueve al PRO que encontró un arma de tortura portátil que no deja rastros en el cuerpo, lo que dificulta la denuncia.

Macri eligió el cuestionado predio de La Rural para cenar con empresarios que supuestamente aportaron a su campaña. Que haya sido una maniobra para blanquear los millones que usa cada día para su campaña, no quita que fue una apuesta fuerte para decirles que con él tendrán negocios garantizados. A la par, le prometió a los burócratas sindicales que los ayudará a “correr a la izquierda” de los gremios.

La alianza que selló con Carrió y con la UCR es un intento de plantear una salida por derecha al kirchnerismo. Este acuerdo no está exento de contradicciones: varios candidatos que se presentan como opositores en la Ciudad van en alianzas con el PRO en otros lugares como es el caso del partido de la diputada Victoria Donda, que en la ciudad de Mendoza va en una ¡lista común! con el partido de Macri. Lousteau y Ocaña -que ha coqueteado con el 99% de los partidos existentes- prácticamente son una colectora del PRO luego de que Macri sumara a los radicales.

El kirchnerimo resignó la Ciudad y prefiere jugar un rol opositor mientras le garantiza gobernabilidad al PRO. Sus principales candidatos Mariano Recalde y Carlos Tomada (y hasta Aníbal Ibarra), plantean la campaña en términos de quién gestiona mejor. Recalde es denunciado por las tercerizaciones en Aerolíneas e incluso por casos de persecución sindical. Tomada viene de jugar un papel antiobrero en el conflicto de los trabajadores de Lear, donde el Ministerio armó una emboscada junto con el SMATA y la patronal para dejar ilegalmente a las familias obreras en la calle. El prontuario de los candidatos K es interminable. El propio Aníbal Ibarra fue destituido como Jefe de Gobierno después de la masacre de Cromañón que se llevó 194 vidas.

Desde el FIT enfrentamos todos los días al macrismo y sus políticas de negocios privados, inmobiliarios y de la obra pública.

Desde el PTS apostamos a realizar una gran campaña militante. Junto con los compañeros del subte que conforman una oposición al kirchnerismo y al macrismo. Con las trabajadoras y trabajadores de las privatizadas discutiremos qué hacer con los servicios públicos colapsados. Una campaña junto con los trabajadores y trabajadoras de las fábricas que padecen las condiciones de salubridad como en la Textil Elemento y los talleres clandestinos, con los trabajadores estatales que padecen la tercerización y salarios miserables en la Ciudad. Con nuestros compañeros delegados en las villas.

Queremos desplegar la fuerza de los docentes, para que sean ellos lo que planteen cómo defender y mejorar la escuela pública y terminar con los subsidios a la educación privada. Con la fuerza de las trabajadoras y trabajadores de los hospitales porteños que cobran vergonzosos salarios y trabajan extensas jornadas.

Desde el Frente de Izquierda vamos con la fuerza de las mujeres, los trabajadores y la juventud.

Estas dilaciones dejaron al resto de las fuerzas políticas rehenes de las peleas dentro del PRO, que con esta maniobra antidemocrática deja muy poco tiempo para la campaña, teniendo en cuenta que las alianzas para las elecciones deben presentarse a fines de febrero de 2015. Ahora los porteños pueden llegar a tener que ir 6 veces a las urnas en 2015.

Es además la primera vez que en la Ciudad se utilizará el sistema de primarias abiertas y la boleta única. En este caso también cuentan con la proscripción del piso de 1,5% de los votos válidos en las primarias para poder participar de las generales, pero a diferencia de las elecciones nacionales o las de la Provincia de Buenos Aires, no ofrece en igualdad de condiciones espacios gratuitos de radio y televisión para que todas las propuestas puedan ser conocidas por los ciudadanos porteños. Esto no es un detalle menor cuando candidatos como Macri planean gastar hasta $1.000 millones de pesos en la campaña electoral del año que viene y el aumento en el gasto en publicidad oficial en el presupuesto 2015 de la Ciudad es de más de un 100%, llegando a los $760 millones. Hablamos de más de $2 millones diarios al servicio de las candidaturas del PRO.

El Frente para la Victoria tampoco tiene problemas económicos pero en la Ciudad tiene muchos inconvenientes con sus candidatos. Hasta ahora se han propuesto al menos siete postulantes para 2015, lo que muestra las dificultades del kirchnerismo de hacer pie en Buenos Aires, más aún a casi cuatro meses de las primarias. La posibilidad de que Cabandié sea candidato -el gran negociador con el PRO durante su estadía en la Legislatura porteña- da una idea de por qué el kirchnerismo nunca se terminó de enfrentar al proyecto de Ciudad que ofrece el PRO. Las imágenes de la Metropolitana junto con Berni y la Gendarmería desalojando el Barrio Papa Francisco con las topadoras, tal como hizo la dictadura con Cacciatore y su plan de erradicación de villas, o el desalojo del Indoamericano a los balazos entre el gobierno nacional y el de la Ciudad son bastante elocuentes de los modelos que ofrecen ante la enorme crisis habitacional.

Martín Lousteau ya se lanzó en su carrera por la Jefatura de Gobierno. Apuntalado por el Coti Nosiglia y radicales provenientes de la Franja Morada universitaria, como Emiliano Yacobbiti, el ex Ministro de Economía de la 125 ahora intenta aglutinar a un sector antikirchnertista de la Ciudad. La crisis permanente de UNEN con el affaire Carrió, sumado al oportunismo de este espacio que a nivel nacional pelea por un acuerdo con el PRO, no son más que una muestra de sus coincidencias con el proyecto macrista.

Por su parte, el Frente de Izquierda consiguió en las últimas elecciones un legislador y estuvo muy cerca de los votos necesarios para tener un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La banca que hoy ocupa Marcelo Ramal será ocupada luego por nuestro compañero Patricio Del Corro, ya que las bancas son rotativas. Nuestros diputados además mantenemos nuestras promesas y cobraremos lo mismo que un docente y aportaremos el resto de la dieta a las luchas, como ya lo viene haciendo en la Cámara de Diputados Nicolás del Caño.

El Partido Obrero y mi partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas, venimos de hacer dos importantes actos que colmaron dos de los principales estadios cubiertos de Buenos Aires, como el Luna Park y el Malvinas Argentinas. Nuestro trabajo militante durante los últimos años contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy y el acompañamiento incondicional a los trabajadores que enfrentan los despidos y cierres como los de Lear (que vienen de obtener un enorme triunfo) y Donnelley, así como los del Subte, los telefónicos, aeronáuticos y docentes en al ciudad; nos ponen en inmejorables condiciones para enfrentar la batalla electoral y ser la alternativa que los trabajadores y la juventud necesitan contra la gestión de negocios privados en que el PRO ha transformado la Ciudad.

El salario de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires está establecido por ley desde 1997 en un 20% por encima de lo que cobra un empleado de la Legislatura, máxima categoría, con título universitario y 25 años de antigüedad. Con los aumentos que recibieron los diputados sus dietas se duplicaron en los últimos dos años, pasando de $30 mil a más de $60 mil como publicó el diario La Nación.

La diferencia con los sueldos promedio en Buenos Aires ya es obscena pero Ritondo y Aragón intentaron zafar de la crítica diciendo que estas propuestas intentan emparejar para abajo y van a terminar reduciendo el sueldo de los trabajadores, en una maniobra que ninguno de ellos siquiera creyó, cuando los legisladores además son de los pocos que cuentan con el privilegio de decidir los montos de sus propios salarios. Más honesta fue la jefa del bloque del PRO de la Legislatura, Carmen Polledo, quien aseguró que “yo no creo que la condición económica determine si somos sensibles o no ante los problemas”. Sólo una pequeña confesión que demuestra que son completamente ajenos a lo que sufre el pueblo trabajador con la inflación, la amenaza del desempleo o la falta de vivienda digna.

El propio ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, se viene negando a discutir una actualización de los salarios y el pago de un bono de fin de año para los docentes y estatales. Son tan caraduras que los propios dirigentes del PRO aceptan que los sueldos están perdiendo contra la inflación, que las propias estadísticas de la Ciudad ubican en torno al 36%.

Por nuestra parte, desde los cargos legislativos que han asumido mis compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas en el FIT hemos tomado la resolución de cobrar de las dietas sólo un equivalente a la canasta familiar y donar el resto a los trabajadores y sectores populares en lucha. Así lo han hecho mis compañeros Nicolás del Caño en el Congreso de la Nación, Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense, Raúl Godoy en su paso por la Legislatura neuquina y el resto de nuestros legisladores de Mendoza, mientras ponen el cuerpo acompañándolos en la calle como vienen haciendo con los trabajadores de Lear y de MadyGraf (ex-Donnelley). El mismo compromiso adoptó Patricio del Corro, el dirigente estudiantil del PTS, que reemplazará a Marcelo Ramal en su banca de la Legislatura en diciembre de 2015.

En el Frente para la Victoria, el UNEN y el PRO parecen opinar que su tarea es mucho más importante que la de los trabajadores de la salud y de la educación que hacen malabares para que los hospitales y las escuelas se mantengan abiertas ante la desidia del gobierno de Macri. Son verdaderos privilegiados que están muy lejos es de estas problemáticas y de la propia vida cotidiana del pueblo trabajador. ¿Mandarán como nosotros sus hijos a las escuelas públicas donde se caen ventiladores de techo y se inundan cada vez que llueve? ¿Se habrán atendido alguna vez en los hospitales públicos que no tienen insumos? ¿Se les inundará la casa cuando llueve?

La única oposición seria al PRO puede venir desde la izquierda y ésta es la fuerza que estamos construyendo en la Ciudad: una izquierda de los trabajadores, junto a los delegados clasistas en el subte, entre los trabajadores telefónicos, aeronáuticos, los docentes, los estatales y los trabajadores de la salud, junto a los estudiantes de la UBA y los secundarios y terciarios porteños. Sólo la fuerza de los trabajadores junto al pueblo pobre de la ciudad le podrá parar la mano a esta derecha moderna de los Macri. Todos nos reuniremos este sábado 6 de diciembre en el estadio Malvinas Argentinas del club Argentinos Juniors en el acto nacional convocado por el PTS, que cerrará nuestro precandidato presidencial por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y que estará encabezado por los principales referentes de las luchas del último año como Donnelley y LEAR, reafirmando el crecimiento que viene teniendo la izquierda no sólo en Buenos Aires, sino en todo el país.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.