A pesar de haber sido prometida como una fuerza democrática, de proximidad y otros tantos slogans, la Policía Metropolitana ya ha demostrado para qué se la necesita en el Parque Indoamericano, el Barrio Papa Francisco, la Sala Alberdi (represión con balas de plomo), el Hospital Borda e innumerable cantidad de desalojos a familias humildes. Criminalización de la protesta y de la pobreza, nuevo discurso para la repetición del esquema clásico.
Pero queremos llamar la atención sobre un punto menos visible de la política de Macri y del PRO, quienes encontraron otra vía para militarizar su policía y por lo tanto -nadie puede ser ingenuo- sus intervenciones.
En la vorágine de noticias y con bastante protección mediática, ha pasado desapercibido o rápidamente olvidado que la Policía Metropolitana viene incorporando efectivos que actuaron en la dictadura cívico militar; lo mismo que tantas veces le hemos señalado a fuerzas como la Bonaerense o al Servicio Penitenciario Federal, hoy lo decimos con relación a la Metropolitana.
Proceden de la época en que las fuerzas de seguridad estaban subordinadas y estructuradas según el esquema operacional de las Fuerzas Armadas. Deberían demostrar cuándo se dio la resurrección democrática de tales personajes para incorporarlos a la fuerza “moderna” que prometían.
A su vez, han tenido una política activa para captar integrantes de las Fuerzas Armadas que se han ido pasando a la Metropolitana.
El detalle merece ser observado con atención, la Metropolitana ha incorporado desde 2009 a 2013: 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.
Fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en el Indoamericano, Barrio Papa Francisco, el Borda y la Sala Alberdi.
El gobierno de la Ciudad ni siquiera ha certificado que hayan sido dados de baja en la fuerza militar para el posterior ingreso a la policía porteña.
Ya un informe del año 2010 alertaba sobre esto. La “Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana” indicaba que “sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, lo que equivale a un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”. Y continúa más adelante: “el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón… sirve para ejemplificar este perfil. Especializado en inteligencia, ingreso a la Policía Federal Argentina en 1976… Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del NUNCA MÁS, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981”.
También se da otro dato que vale la pena recordar: “En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la Policía Federal Argentina. Los otros nueve cargos de conducción se distribuyen de la siguiente manera: cuatro proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, tres de la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Provincia de Santa Fe… Asimismo, de los 52 cargos de conducción revisados, nueve, equivalente al 17%, fueron pasados a disponibilidad en 2004…” por la Policía Federal Argentina.
Como militantes por los derechos humanos y desde el Frente de Izquierda denunciamos esta política. Esos efectivos serán los que gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia portarán las picanas portátiles Táser próximamente o darán las órdenes al resto de los agentes, para continuar con su política de desalojos y represión de la protesta social.