Se dice que la primera visita que recibe un juez federal cuando asume es la de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Su presencia en Comodoro Py es omnímoda.

Cuando denunciamos uno de los escándalos de espionaje más grandes de la historia del país, conocido como “Proyecto X”, rápidamente el juez federal Norberto Oyarbide nombró un agente secreto de la SIDE para que controle la producción de la prueba, para que participe en las pericias y, seguramente, para que mantenga al tanto a sus superiores de cada cosa que los querellantes vamos descubriendo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y seguimos sin saber quién es, no conocemos su cara ni su nombre.

Sufrimos también su embate cuando desapareció Julio López. Sus agentes fueron unos de los encargados de desviar la investigación desde los primeros días. Al poco tiempo ya denunciamos que la Justicia les dio “amplio poder discrecional a la Policía Federal, a la Bonaerense y a la SIDE, quienes llevaron expedientes paralelos sin ningún tipo de control, y, entre otras cosas, no se investigó al entorno de Etchecolatz; los informes de la SIDE que hay sobre ese grupo, se basan en datos de la guía telefónica”.

A su vez le dieron una flota de celulares a la familia López para que hablen por allí. Por eso oportunamente también denunciamos que “la Policía Federal y la Bonaerense se resisten a entregar sus investigaciones paralelas y la SIDE no presenta casi ningún informe más, pero se ocupa de interferir la investigación otorgando a familiares y allegados de López –sin que conste en la causa- una flota de teléfonos celulares y radio Nextel, entorpeciendo notablemente la investigación”.  Esos celulares estaban a nombre del propio “Jaime” Stiusso. Una gran demostración de poder de “los servicios”.

Stiusso ya era parte de la SIDE cuando desapareció López la primera vez (1976), y continuaba en su puesto cuando desapareció la segunda (2006).

Como vemos en estos trágicos ejemplos, son parte actuante de los principales casos del país.

Son los mismos

Ya habían mutado su nombre de SIDE a Secretaría de Inteligencia y habían barrido a algunos infieles, pero mantuvieron allí a los agentes que participaron de la dictadura, que actuaron en operaciones para señalar a aquellos que luego serían secuestrados, torturados, desaparecidos. Por eso, en noviembre pasado el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley donde exige que se abran los archivos de la SIDE y que se publiquen los nombres de sus agentes, ello en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 (fecha del dictado del estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983.

Nos consta que los archivos están. Logramos demostrarlo en la megacausa “ESMA” con nuestra compañera querellante Alejandrina Barry. Después de una larga resistencia, la Secretaría de Inteligencia remitió al juzgado “la ficha” con las actividades de los padres de Alejandrina desde, incluso, el período anterior a la dictadura y hasta su desaparición. Si bien los datos hoy no son novedosos, demuestran que la información es conservada.

Es bueno aclarar que ningún diputado del oficialismo (ni de varios de los bloques de oposición), de esos que ahora denuncian el funcionamiento mafioso, acompañó nuestra presentación.

No hay otra salida

Es por todo ello que lo que más pone en duda el espíritu reformador de la Presidente con la creación de la Agencia Federal de Informaciones, son sus propios antecedentes, entre los que se cuentan la utilización del “Proyecto X” para espiar al gremialismo combativo y de izquierda, la infiltración de un agente de la Policía Federal en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh, así como la designación de un personaje de inteligencia como César Milani al mando del Ejército.

Porque los principales referentes de los bloques de oposición también han usado los servicios de inteligencia en función de sus intereses cada vez que gobernaron, estamos convencidos que es necesaria una gran movilización de los trabajadores y el pueblo por la apertura y la desclasificación de todos los archivos de la ex SIDE y la publicidad de la nómina de todo su personal.  También para terminar con el “Proyecto X” y encarcelar a Milani por genocida.

Proponemos una comisión investigadora independiente para esclarecer el atentado a la AMIA, compuesta por familiares de las víctimas y personalidades de los organismos de derechos humanos.

En medio del debate, hay algo que pocos dicen sobre cómo saber cuál fue el rol de Milani en la dictadura cívico-militar: la verdad sigue guardada en los archivos del Estado. Los archivos de la represión que el Gobierno actual, como todos los anteriores, se niega a abrir.

Una vez anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reanudaron los juicios de lesa humanidad e inmediatamente señalamos que, por la forma fragmentada en que se realizaban los procesos y por que se requiere que un sobreviviente o familiar aporte un dato concreto sobre el represor, la amplia mayoría de los genocidas quedaría impune, en libertad y en funciones.

Con los años, se demostró que en su gran mayoría están siendo juzgados los que integraron los mandos superiores de las fuerzas, algunos que fueron reconocidos por los sobrevivientes, algún civil, y muy poquito, casi nada, más. Se demostró que el hecho de que alguien aparezca en un listado de represores no conmueve a ningún juez ni a ningún fiscal.

Las leyes se anularon en 2004 y los números son contundentes: desde que se reanudaron los juicios, hay solamente 370 genocidas condenados, de los cuales sólo 28 tienen sentencia firme. Números que huelen a poco. Otros números, no. Cuando desapareció Julio López por segunda vez a manos de las fuerzas represivas en septiembre de 2006, continuaban en funciones 9.026 policías de la Bonaerense que se desempeñaron en la dictadura. Cuando alegamos en la causa ESMA en mayo de 2011 pidiendo condena por Rodolfo Walsh y por tantos otros compañeros, denunciamos que en la Armada, comparativamente una fuerza menor en su número, quedaban en funciones 1.048 oficiales y 3.318 suboficiales que prestaron servicios entre los años 1976 y 1983. Podríamos seguir con el Ejército, las fuerzas provinciales, la Gendarmería y un largo etcétera.

Pero lo que nos interesa en el caso es que César Gerardo Milani forma parte de esos números tan contundentes y de algo más certero aún: perteneció al Batallón 601. Este, terrible icono de la infiltración y delación durante la dictadura, fue considerado por la justicia como “una estructura intrínsecamente ilegal”. Es decir, es Milani el que tiene que demostrar que formando parte de una organización de ese tipo “no tuvo nada que ver”.

Que no haya más pruebas en su contra, como dicen algunos, no es suficiente y mucho menos definitivo. Es producto de la mecánica misma del genocidio implementado en el país. La desaparición de personas y de los rastros de tan horrendo crimen fue planeada por los genocidas como garantía de impunidad hacia el futuro. Así lo hemos denunciado en cada uno de los alegatos en los que intervinimos en diversas causas de lesa humanidad.

Hoy se demuestra que esa planificación de impunidad les dio resultado. A Milani le resultó, aunque el silencio impune empieza a romperse. Las pruebas no pueden seguir siendo exigidas a los sobrevivientes y a sus familiares en forma exclusiva.

Las pruebas las tiene el Estado, que sólo deja aparecer archivos de inteligencia o carpetazos de la SIDE en disputas políticas del régimen. Exigimos una vez más la apertura de todos los archivos de la SIDE, de los organismos de inteligencia de cada fuerza armada y de seguridad, de todo lo que se oculta para que no podamos comprobar al día de hoy qué rol cumplió cada uno en el genocidio. Todo lo demás los hace cómplices de la impunidad de los genocidas. Aunque en el caso de Milani el sello del 601 habla por sí solo, si aquel integró el Batallón 601, participó del genocidio.

Como declaró el sobreviviente Víctor Basterra en la causa ESMA: “Estuve en la ESMA en calidad de detenido desaparecido hasta el 3/12/83. En esas circunstancias un sujeto llamado ‘Binotti’ me dice: ‘Bueno, te vas a tu casa, no te muevas de tu casa y no te hagas el pelotudo porque los Gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda’”. La comunidad informativa siempre queda. ¿Más pruebas? A exigirlas a Balcarce 50.