El miércoles 2 de julio CTERA realizó una Jornada Pedagógica Nacional sobre la conflictividad y la violencia en las escuelas. El encuentro, convocado en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), se proponía como un “espacio para el debate y la reflexión crítica de esta temática que ha cobrado una significativa relevancia”.
Sin embargo, no fue más que un acto oficialista solapado. En lugar de brindar herramientas a los docentes, el gremio repitió todos y cada uno de los clichés del gobierno nacional, con una obediencia perfecta. Así, los oradores acusaron repetidamente a los medios de comunicación por la generalización de un fenómeno que, en realidad, sería excepcional. La ya característica estrategia del kirchnerismo: denunciar al cartero por el contenido de la carta.
Si hasta hoy no existe información estadística al respecto, ¿por qué el gremio ha asumido esta empresa orientada a minimizar el problema? Que lo necesite el gobierno, para ocultar otro signo de la descomposición del sistema educativo argentino, se entiende fácilmente. Que lo haga un gremio docente sería algo más difícil de explicar, si no existieran sobradas pruebas de su cooptación a manos del kirchnerismo. A la inversa de este planteo, tan pronto como se recorren algunas escuelas se comprueba que sólo muy pocos casos de violencia forman parte de los titulares periodísticos.
Durante la jornada se repitió con insistencia otro lugar común: la violencia sería el producto de la falta de diálogo y participación de los niños y jóvenes en la vida escolar. Esta perspectiva absurda y miserable pretende que las enormes contradicciones sociales podrían -y deberían- resolverse a partir de la todopoderosa PALABRA. Para afirmar tal cosa es necesario negar el vínculo existente entre el aumento de la violencia y la progresiva descomposición de la sociedad argentina. Descomposición de una sociedad que durante las últimas décadas ha llevado a la mayor parte de la población a la desocupación y la pobreza y que, por lo tanto, experimenta un aumento exponencial de la violencia. La necesidad de una transformación social profunda desaparece así del horizonte. Por otra parte, esta perspectiva “pro dialoguista”, sostenida por todo el arco progresista desde los años ochenta, ha demostrado su rotundo fracaso: la creación de los Consejos Escolares no ha mejorado en nada la “convivencia” en las escuelas. Una propuesta ridícula y fracasada.
El asunto no termina allí sino que se pone peor. El núcleo del problema sería que los adultos (docentes) no están presentes, sea porque no quieren o porque no saben cómo hacerlo. Es decir: los docentes no hacen su trabajo. Repetimos: que lo diga el Gobierno se explica fácilmente; que lo haga un sindicato… Aparentemente, el gremio olvida que la función de la escuela debería ser enseñar y acepta sin pruritos que se la convierta en un contenedor de la crisis social. Peor aún cuando la mayor parte de las escuelas no cuenta con equipos de orientación escolar y profesionales necesarios para intervenir en esas coyunturas. Así, el mandato se apoya en un voluntarismo extremo.
Por otro lado, en lugar de exigirle al Estado soportes reales para actuar frente a las múltiples situaciones de violencia que se viven día a día en las escuelas (lo cual apareció solo como una referencia marginal), el gremio elogió reiteradamente el supuesto avance en materia de derechos durante la última década. Entre sus hitos, se destacaron la Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas (N° 26.892 / 2013) y la Guía federal de orientaciones para la intervención en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar” (Res. N° 217/14 del Consejo Federal de Educación). CTERA celebra una ley y una guía que no aportan absolutamente ninguna herramienta nueva. Ambas sugieren que las escuelas deben hacerse cargo de la violencia: deben prevenirla y, cuando ésta aparece, resolverla puertas adentro evitando acudir a otras instituciones.
Si alguna duda quedaba sobre las intenciones de la Jornada, el cierre quedó en manos del kirchnerismo, a través de Gabriel Brener, subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio Nacional de Educación. Se comprende por qué, en una jornada completa, a la que asistieron unos 400 docentes, no se dio lugar ni a una sola pregunta por parte del público. Tal vez, los problemas reales que enfrentan los docentes habrían desnudado el planteo miserable de un sindicato que, en realidad, juega para el equipo contrario.