No estamos ante un caso policial. La denuncia de Nisman primero y su muerte después son episodios de una grave crisis política de Estado. La evolución de las cosas en los días posteriores sólo ha agravado esas crisis.
Nisman pierde la vida horas antes de comparecer en la Comisión Penal de la Cámara de Diputados, cuando presentaba una denuncia con información sensible que compromete a la Presiente, al menos políticamente, cualquiera sea el nivel de pruebas que todavía deben verificarse.
Y esa denuncia del fiscal asesinado o suicidado, estalló semanas después del descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia, como un capítulo de una guerra de fracciones que está en el centro de la crisis política. La Presidente puso a uno de sus hombres más directos, Oscar Parrilli, para disciplinar la SI a la nueva conducción de César Milani, el general de inteligencia al mando del Ejército con causas por participación en los crímenes de la dictadura.
Un Estado dentro del Estado aparece ante los argentinos, o dicho de otro modo, estamos ante un Estado de Inteligencia. Esos servicios son fuente de provocaciones, persecuciones y represión. El kirchnerismo ha llevado al paroxismo un continuismo desde la época de la dictadura de la que provienen los Stiuso y Cía, el agente de inteligencia que trabajó estrechamente con el fiscal Nisman, colocado en ese lugar por el ex presidente.
De las cajas negras de esos servicios partieron las coimas del Senado en tiempos de la Alianza, desde allí se armó la masacre del Puente Pueyrredón en la que matan a Kosteki y Santillán, por medio del asesinado Carlos Soria, de allí provino el creador de la Metropolitana de Macri, el “Fino” Palacios, encausado, precisamente por encubrimiento en la causa de la Amia. Por lo tanto, la crisis de este Estado de Inteligencia compromete a las fuerzas políticas que nos gobernaron en los últimos 30 años.
La guerra de aparatos de inteligencia que hoy devora políticamente al Gobierno, que ha producido un nuevo crimen político y conmueve a todos los familiares de víctimas de la Amia, no proviene del carácter “autónomo” de esos servicios sino que es responsabilidad integral del Ejecutivo nacional que se vale de ellos hace 12 años.
Por la responsabilidad extendida en esta situación no es de extrañar que las fuerzas de oposición tradicional eludan toda propuesta de ir con el cuchillo al hueso. Exhortar a que “se haga justicia” no tiene ningún valor, reunir la Bicameral Secreta que no funciona sino para prolongar estos servicios de inteligencia, menos todavía. Y convocar a sesiones extraordinarias para derogar el Memorando de Irán es de carácter deportivo porque ese memorando murió, fracasado, de muerte natural: no lo convalidó el parlamento iraní, no se constituyó la comisión de la verdad, no se indagó a nadie y tampoco hubo cambios en las relaciones comerciales.
A horas de la muerte del fiscal Nisman, en la Comisión Penal de Diputados, donde él tenía que formular y profundizar su denuncia formulamos un curso político. Que la Cámara de Diputados interpele al Gobierno: a Capitanich, a Berni, a Randazzo, para dar explicaciones de la grave crisis de Estado. No en sesión secreta, sino todo lo contrario, abierta al pueblo, en vivo y en directo por intermedio de todos los medios de comunicación.
Propusimos además, la apertura integral de los archivos de los servicios de inteligencia del Estado (no confundir con la desclasificación de cuatro números intervenidos ordenada por Parrilli). En particular los referidos a la causa de la AMIA, para comenzar a desandar el camino del encubrimiento.