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Un engaño “nacional y popular”

Héctor Recalde fue atacado por Cristina Kirchner en la apertura legislativa para borrar toda duda ante la UIA de que aparezca, en el final de su mandato, un Código Laboral que pudiera alterar la flexibilidad laboral vigente. Lo logró, puesto que ahora lo que se discute en la Comisión de Trabajo que preside el ex moyanista es un compendio o digesto que no modifica una coma de la legislación vigente.

Las llamadas “reformas Recalde”, no tienen otro horizonte que promover la reposición del articulado más inofensivo de la vieja “Ley Centeno” (1973). Pero eso ha sido también un rotundo fracaso, porque 60 de esas reformas, aprobadas en Comisión, jamás pasaron al recinto y otras 19 se empantanaron en el Senado. Pues bien, ninguno de esos retoques estará en el digesto.

El continuismo es gravoso para los trabajadores. El grueso de los 96 artículos reformados y de los 25 derogados por la Dictadura se han prolongado en los 32 años de democracia. Pero mucho más, se agregaron la ley de Empleo de Menem que habilitó los contratos basura, varios de los cuales siguen en pie, se perpetuó el nefasto Procedimiento Preventivo de Crisis que suspende convenios y abarata indemnizaciones ante convocatorias de acreedores o simples informes patronales, y las leyes Banelco I y Banelco II.

La Banelco II, aprobada de apuro en 2004 por el kirchnerismo ante el escándalo Pontacuarto, rescató los lineamientos centrales de la flexibilidad laboral de la Alianza de radicales y frepasistas. Con ella se redujeron pisos indemnizatorios, se alargaron períodos de prueba, pero por sobre todo se prolongó el convenio por empresa. Este punto es la clave de la destrucción de la pirámide del derecho laboral conquistada en el pasado, por la cual un convenio colectivo de gremio no puede estar debajo de la ley y un convenio de empresa sólo puede establecer beneficios mayores que el convenio de la rama. Hoy, rige un convenio gráfico de 12 horas en La Nación cuando el de la rama establece seis horas, o se acaba de firmar, por ejemplo, el nuevo convenio Nissam que va por debajo del que regía en Renault. Con la Banelco II vigente, pululan las cooperativas de trabajo y en el propio Estado los monotributos, dos variedades del fraude laboral.

La Banelco II kirchnerista, que es la ley vigente, es el instrumento de la flexibilidad laboral, de los premios antilaborales de productividad y presentismo, del alargamiento de la jornada laboral, de las tercerizaciones, entre otras delicias patronales. Pero el kirchnerismo ha ido mucho más lejos. Ante todo, prolongando las nefastas ART del accidente y de la muerte laboral y, con la última reforma, eliminando la doble vía judicial. Y, más recientemente, con el Código Civil, que convalida la tercerización eliminando la responsabilidad de la empresa principal y elimina la prelación del derecho laboral, eje del concepto por el cual el empleado es el eslabón débil de la cadena de la explotación capitalista. Se iguala al asalariado con el capitalista en el derecho civil, una reforma antilaboral y “neoliberal”, como pocas.

Con apoyo de la oposición, -centroizquierda incluida- el kirchnerismo impuso una “ley de blanqueo”, que consiste en rebajar aportes patronales a nuevos trabajadores. Con ella, como lo anticipamos, aumentó el empleo en negro al pavoroso 34,6% actual. En materia impositiva, entre el 40 y el 53% del salario, según el rango, es confiscado mediante impuestos, entre ellos el repudiado impuesto al salario. En materia de sindicatos han prolongado el unicato y la ingerencia del Estado en las organizaciones obreras.

El “Código Laboral” que se prepara será otro engaño “nacional y popular”. Abrocha el régimen de flexibilidad laboral. Nuestro planteo es la derogación de las reformas de la Dictadura, de las introducidas por la Banelco I y II, la prohibición del despido sin causa, el blanqueo automático con estabilidad laboral de todo trabajador en negro, la abolición de ganancias en los salarios de convenio, el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la anulación de las ART de la muerte y su legislación, la derogación de la ley sindical y de todas las reformas antilaborales y contra los derechos de la mujer, introducidas en el Código Civil. Es el programa que hemos traducido en un cuerpo transformador de iniciativas parlamentarias.

Un triunfo parlamentario de la clase obrera

El miércoles 29 de abril delegaciones del Partido Obrero en el movimiento obrero se concentrarán frente al Congreso, junto a la convocatoria de la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF. Ese día se votará en Diputados un proyecto que hemos impulsado y terminó saliendo por consenso con otras bancadas: el resarcimiento económico a los trabajadores de YPF, despedidos durante la privatización menemista.

Culminará así una larga lucha que entablaron estos trabajadores y se desarrolló durante 23 años. Primero contra la privatización, donde fueron entregados por la burocracia sindical del SUPE. Luego contra la desocupación y por el cobro de las acciones de Propiedad Participada (PPP). Esta lucha tuvo mojones combativos en los piquetes de Cutral-Co, Tartagal y todo el país. Fue una de las levaduras que confluyó en el ‘argentinazo’ del 2001 y que continuó e hizo que se votara en el 2002 la ley 25471 que incluyó a 30 mil despedidos de YPF en el pago de las PPP.

Hasta ese momento sólo se les había pagado a los trabajadores de Repsol que no habían sido despedidos con la privatización (unos 6000). Pero el problema no se cerró: el gobierno de Néstor Kirchner con el decreto 1077/03 dejó afuera a muchos ex YPFianos y a los que les pagó lo hizo por debajo de lo que les correspondía.

Los ex Trabajadores de YPF volvieron a la lucha. Durante 12 años sus reclamos fueron postergados una y otra vez, produciendo desmoralización y desorganización. Ante el resarcimiento a la vaciadora Repsol por más de 10 mil millones de dólares, contando capital en intereses, resurgió la indignación y la lucha y del encuentro entre estos trabajadores y la bancada del PO, surgió el proyecto de ley. Fue reconstituida la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF con centros importantes en la CABA, Salta, Mendoza, Caleta Olivia, La Plata, etc. Con ellos elaboramos el proyecto del PO, reclamando los 90 mil dólares recibidos por los no despedidos. La reivindicación fue levantada como bandera no sólo ante la indemnización a Repsol, sino también ante la ley de hidrocarburos bien llamada ley Chevron.

Ante el auge del reclamo el oficialismo volvió a maniobrar: desempolvó proyectos quasi archivados con indemnizaciones inferiores y no a todos. La ley Feletti planteaba pagar en 120 cuotas mensuales de mil doscientos pesos cada una: ¡10 años más luego de haber estado reclamando durante 23! El PRO directamente se oponía a cualquier ley de resarcimiento a los trabajadores despedidos. ¡Todo para Repsol, nada para los trabajadores!

Finalmente ante la presión existente, el proyecto fue votado por unanimidad. Todos los trabajadores cobrarán 956 acciones. Un triunfo que marca un camino para amplios sectores del movimiento obrero (Altos Hornos Zapla, Gas del Estado, Petroquimica General Moscón, etc.) que tienen reclamos similares.

Nueva etapa de lucha de los trabajadores de YPF

El kirchnerismo realizó una maniobra infantil de usurpación que denunciamos en la sesión en la que se logró la media sanción de la indemnización a los ex trabajadores de YPF. Nos excluyó como autores del proyecto, tanto en el informe del plenario de comisiones como en la mecánica de tratamiento en el recinto: los informantes fueron sólo diputados del FPV, cuando nuestro proyecto fue parte vital del debate que llevó al dictamen de consenso.

El gobierno indemnizó a Repsol al liberarla de uno de sus grandes pasivos que era la deuda de la Propiedad Participada con los 30 mil trabajadores despedidos. El Partido Obrero lo denunció el día que se aprobó la indemnización a los vaciadores y se lanzó a reorganizar el movimiento de lucha mediante una Coordinadora Nacional con núcleos en cada provincia. Con ellos elaboramos un proyecto que fue vital en la conquista obtenida, aunque la ley final no sea exactamente como la propuesta.

Lo arrancado obedece a la lucha entablada y a las presiones de los Soros y los Black Rock, que quieren una YPF SA con un panorama judicial despejado para sus inversiones de bolsa en la compañía. La usurpación de autoría del kirchnerismo tuvo por objeto vender que la indemnización a los compañeros, abandonados durante toda la “década ganada”, es parte de la “recuperación de la soberanía energética”, cuando es para disimular la entrega y realizarla mejor.

En la batalla por la letra final, se apreció la importancia de nuestro proyecto. El proyecto de Feletti, jefe de la Comisión de Presupuesto y, por lo tanto, “la voz de Kicillof” en el debate, compensaba sólo a los no hubieran recibido nunca importe alguno, que son unos 7.000 afectados; otros 22.000 quedaban afuera. Se adjudicaba un complemento en ¡120 cuotas! sólo a quienes estuvieran jubilados. Entre ese proyecto y lo que se aprobó hay un abismo. Cobrarán todos los afectados 956 acciones a precio de bolsa. Y aquellos que cobraron un importe en el 2003 también lo cobrarán con un descuento, resultante de una actualización de lo recibido mediante un índice combinado propuesto por nosotros ante la negativa oficial a considerar el índice de costo de vida del Indec, que en este caso era el más favorable. En el debate previo se incluyó a los herederos de los compañeros fallecidos y se declararon inembargables los títulos a percibir. El cobro en bonos fue aceptado porque no hubo otro remedio, debido a que los propios vaciadores cobraron de esa manera en esta Argentina en bancarrota.

La indudable victoria de los trabajadores y del trabajo del PO, que incluyó movilizaciones, actos, piquetes, mesas redondas (Altamira-Rogel) y se asoció a la lucha contra la “ley Chevron” y contra la indemnización a Repsol, no puede ser distorsionada. Como parte de esa lucha política, en la intervención de la sesión de aprobación, en medio de una ovación de los ypefianos, planteamos todo un programa de cara al futuro: que los costos de la indemnización los paguen las petroleras mediante un impuesto especial, no los contribuyentes. Porque ocurrirá, como con tantas cosas, que las familias afectadas pagarán con los impuestos su propia reparación.

La movilización no debe ceder para que el Senado trate la ley sin cambios, y luego se reglamente y ejecute de manera tal que los trabajadores que han esperado 22 años para esto no reciban dinero desvalorizado por la inflación. Por otro lado, seguiremos la batalla por otras dos reivindicaciones ya plasmadas en otro proyecto de ley elaborado con la Coordinadora: la reinstalación en YPF SA de quienes lo soliciten y la reparación jubilatoria de quienes no logran jubilarse o se han jubilado mal como resultado del despido.

¿Por qué solo retocar el mínimo no imponible?

Las paritarias han devuelto a la agenda del movimiento obrero la cuestión del impuesto a las ganancias sobre los salarios. El miércoles 7 de mayo participamos de la sesión especial que reunió a casi cien diputados de la oposición. Allí defendimos nuestro proyecto que no es de retoque del mínimo no imponible sino de abolición del impuesto al salario. Denunciamos al kirchnerismo que se apuró a convocar sesión para rebajar aportes patronales (21/5), pero boicoteó esta sesión por una reivindicación crucial del movimiento obrero.

Sin duda, la primera lucha política es que el tema se debata en el Congreso. Pero el Partido Obrero plantea discutir la legitimidad misma del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

El gobierno ha ido (des)ajustando el mínimo no imponible por debajo de la inflación durante años hasta transformar la cuarta categoría en un verdadero impuesto al salario, cuando su origen fue gravar a los empresarios que disimulan sus ganancias y las de sus ejecutivos bajo la forma de salarios directivos.

Los decretos del gobierno violan la legislación puesto que, como cuestión impositiva, el ámbito de resolución es el Congreso. Pero, más todavía, violan el reclamo recurrente del movimiento obrero, porque esta reivindicación está al tope de los paros y movilizaciones de los últimos años.

El salario en la Argentina paga hasta el 53% en impuestos. Es decir que el primer día libre de impuestos es cercano al 1º de julio, depende los rangos salariales. Los “nacionales y populares” han logrado la mayor carga impositiva sobre las espaldas de los trabajadores en función de mantener las rebajas de aportes patronales menemista, de no gravar la renta financiera, de sostener un edificio donde los impuestos se trasladan a los precios y con ellos al consumidor asalariado, en mantener el IVA de Cavallo, o ridículos inmobiliarios a la propiedad terrateniente, entre otras perlas.

Pero además, la cuarta categoría, como los impuestos a los combustibles, son de los de más perfecto cobro. Se hace mediante el sistema despótico de descuento patronal sobre los recibos de sueldo, mientras el empresario tributa por declaración de ganancias y balances bajo su estricto control.

El argumento oficial es que ocurre lo mismo en los EEUU o las metrópolis europeas. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque hoy por hoy todos los estados imperialistas descargan brutalmente la crisis capitalista mundial sobre las espaldas de sus trabajadores.
Tampoco tiene nada de progresista la finalidad de estos impuestos. Son para indemnizar a Repsol, para sostener el edificio de la deuda usuraria, para pagar los subsidios a las privatizadas que vaciaron nuestros servicios públicos (otorgando un subsidio indirecto a la patronal industrial beneficiada por salarios bajo la línea de pobreza) o para mantener las múltiples excenciones y subsidios a los capitalistas mediante el presupuesto público.

La enorme confiscación sobre los salarios más elevados, arrancados con la lucha de la clase obrera, ha sido tan grande que se ha popularizado la cuestión de que el salario no es ganancia. Sin embargo, los más de veinte proyectos legislativos de la oposición tradicional sobre el tema sostienen la cuarta categoría y apuntan restringidamente a elevar el mínimo no imponible. Aún cuando plantean mecanismos automáticos de actualización y en casos también una alteración de la nefasta tablita de Machinea que el gobierno no actualiza y conduce rápidamente a las alícuotas más altas, todos, sostienen la cuarta categoría.

El Partido Obrero plantea la cuestión de fondo. Si el salario no es ganancia, debe ser abolido el gravamen sobre todo salario de convenio colectivo, carrera estatal o judicial y sobre las jubilaciones. Nuestro proyecto de ley mantiene el impuesto a las ganancias sólo sobre ingresos gerenciales y directivos por sobre un importe equivalente a tres canastas familiares calculadas por organizaciones obreras, hoy, digamos 30 mil pesos y, calcula el mismo piso para los monotributistas.

Nuestro proyecto rescata la reivindicación obrera y es el puntapié de una lucha contra todo el sistema regresivo que la clase capitalista vino imponiendo con sus gobiernos desde hace 30 años de manera creciente.

Tiene además un recorrido valiosísimo. Ha sido votado en numerosas asambleas obreras. La más importante, el plenario clasista convocado por el Sindicato Unico del Neumatico de San Fernando, que movilizó miles de trabajadores al Ministerio de Trabajo en el mes de setiembre pasado con la consigna “abolición del impuesto al salario”. Fue presentado en marzo por nuestro bloque, pero además se difundió en la campaña electoral con su letra expresa, a través de decenas de miles de folletos en puerta de fábrica. Es el mandato de un millón trescientos mil trabajadores que votaron al Frente de Izquierda. Lucharemos por él en la batalla parlamentaria de estos días y tiene que formar parte de la continuidad del plan de lucha que abandonó la burocracia sindical.

Rechacemos el rescate

Miguel Angel Pichetto anticipó el tratamiento inmediato en Senado del rescate a Repsol para conseguir la autorización de deuda del Congreso, una cifra que con capital e intereses superaría los 12 mil millones de dólares. Tras cartón irá a Diputados. Mientras se recalientan las pantallas televisivas entre el gobierno y Massa, el macrismo y los radicales, con el tema del Código Penal, el eje económico y político del país pasará por Repsol. Es que el resarcimiento a la petrolera española -en cuyo paquete accionario gravitan fondos de inversión norteamericanos- implica una hipoteca para el Estado y el comienzo de todo un ciclo de re-endeudamiento. En momentos en que millones de familias se ven afectadas por las huelgas generales de los docentes, podríamos decir que es Repsol o los docentes.

Cristina en su discurso de apertura de sesiones, trató de levantar el muerto de las contradicciones ilevantables de Kicillof acerca, por el ejemplo, del “pasivo ambiental incalculable” que dejó Repsol, haciendo uso y abuso de Vaca Muerta como joya rescatada. Se trata de un patrimonio más incalculable todavía porque la extracción del shake tiene un costo que excede el precio internacional del petróleo actual y generaría un pasivo ambiental infinitamente más incalculable. Pero YPF no es dueña del subsuelo que es nacional, sino de las concesiones para adjudicación que manejaba Repsol. Su expropiación no tiene costo alguno porque Repsol incumplió las cláusulas de desarrollo de esas concesiones inscriptas en la Ley de Hidrocarburos, puesto que no tenía el crédito, la tecnología, ni la intención de hacerlo dado que su política es la diversificación internacional de inversiones.

Todo el pago a Repsol que llegaría a u$s 6500 millones de dólares, según sea el valor de los títulos en el mercado, más los leoninos intereses, no es una indemnización sino un rescate a un vaciador. Sólo el pasivo ambiental dejado y no considerado fue calculado por el insospechable gobernador Peralta, algo díscolo con los K pero en absoluto con las petroleras, en u$s 3000 millones de dólares. El Tribunal de Tasaciones de la Nación tasó en apenas algo más de u$s 1000 millones el valor de la compañía, según informó el diario La Nación del 28/2 Recordemos que Repsol dejó una deuda de u$s 9000 millones a YPF y ahora se incorpora al convenio la absorción por parte del estado argentino de todos los juicios de todo orden de terceros contra Repsol originados en YPF. Las cuentas no cierran por ninguna parte.

Repsol colocó durante su administración 13 mil millones de dólares y retiró 22 mil, según dijo Kicillof hace dos años. El ministro “chiquito pero rendidor” olvidó ahora que Repsol pagó la compra con plata de la compañía que compró, o sea de los argentinos. Olvidó que Repsol llegó a girar el 120% de sus utilidades, puesto que tomaba préstamos para sobregirar. Olvidó que el grupo Eskenazi, en la llamada “argentinización” de Néstor Kirchner, pagó su participación accionaria con utilidades de la propia compañía. Este tema debió ir al Congreso antes de ninguna firma. El Congreso deliberará bajo extorsión del directorio de Repsol que ya aprobó el acuerdo y que más adelante, con semejante masa de títulos en su poder, tendrá la potestad de voltear de un saque la cotización de los títulos argentinos de deuda.

Tras el acuerdo Chevron, este nuevo tramo del “estatuto colonial” petrolero que es la indemnización a Repsol, forma parte de un nuevo esquema económico en la Argentina que lleva al extremo su “primarización”: soja, minería, petróleo. Esto mediante todo un régimen de reendeudamiento del estado, concesiones de exportación y liberalización de giro de utilidades a las multinacionales, garantizado por precio internacional y en dólares en los surtidores. Ese es el eje del acuerdo con Chevron, del cual todavía se desconocen cláusulas confidenciales que con seguridad dan garantías por el desastre ambiental a la compañía con fuertes juicios internacionales por el tema.

El gobierno ha tomado las banderas de la “opo”, por eso el apurado apoyo de Sturzenegger. Las coartadas tipo Carrió, para disimular el apoyo denunciando la no intervención del Tribunal de Tasación se han caído, porque el Tribunal estampó su firma en el acuerdo, aunque no publicó tasación alguna. Das Neves, de Massa, adelantó que “tendremos que pagar caro” la “mala administración”, pero pagar. No estamos ante un problema de violación de normas del Estado de Derecho, estamos ante un acto de entrega nacional que es parte de un brutal ajuste contra las masas populares.

No sólo anticipamos nuestro voto negativo. La izquierda obrera y socialista tiene toma las banderas antiimperialistas. Llevamos este debate a los centros y federaciones estudiantiles, a todas las organizaciones obreras combativas, a todas las fuerzas sociales y políticas que se reclaman antimperialistas. Rechacemos el escandaloso rescate de los vaciadores de YPF.

El 19 de diciembre marchamos de Congreso a Plaza de Mayo

Los amotinamientos policiales que se produjeron en prácticamente todo el país pusieron de manifiesto el estallido de la crisis inflacionaria y el derrumbe de la política económica del gobierno. De esta forma, la miseria salarial y la carestía galopante estallaron por un costado impensado. La policía -encargada de reprimir a quienes luchan por sus reclamos- puso en la agenda nacional un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con un piso de $ 8.500.

El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

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