El protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, constituye una restricción aguda al derecho a la manifestación popular. Afecta el más sensible de los derechos populares de la democracia política: el derecho a luchar. Se trata de un derecho último cuando se pierden derechos esenciales como el trabajo, el salario, el techo o aun la vida, si miramos la enorme cantidad de movilizaciones por casos de impunidad o gatillo fácil.

Las protestas a las que el protocolo llama programadas requerirán de la autorización y la definición de su forma por parte del propio Estado destinatario del reclamo. Las protestas espontáneas, como las de los vecinos que cortan la calle de su barrio porque no tienen luz, están directamente prohibidas por el protocolo. Según este documento, las fuerzas de seguridad van, informan que los vecinos tienen cinco minutos para levantar la protesta y reprimen. Continuar leyendo →