El Gobierno descuenta que el blanqueo será exitoso, ya que con el acuerdo de intercambio financiero no será tan fácil esconder fondos en el exterior. En segundo lugar, teniendo en cuenta el contexto internacional de bajas tasas de interés, invertir en bonos del Tesoro argentino será más rentable que dejar dichos fondos en el exterior.

El término ‘blanqueo’ dista de ser el más apropiado. Esta palabra suele hacer referencia a las operaciones que buscan maquillar un origen legítimo a fondos obtenidos de manera ilegítima. Por ejemplo, cuando en un hotel o un casino se reporta que se han tenido más clientes que los reales y estos han pagado en efectivo. Sin embargo, en este caso la propuesta está destinada (en principio) a fondos obtenidos de manera legal, pero que no han sido declarados. Por ello, hablar de “amnistía fiscal” o de “declaración de activos ocultos” es más preciso y neutral.

Esta ley de amnistía fiscal o de declaración de activos ocultos no debe hacernos perder de vista el problema de fondos, que es el porqué de la fuga y el ocultamiento de tantos recursos financieros. Los planes de “blanqueo” de capitales en sí no resuelven este problema de fondo. Los fondos no se fugan de Argentina por la malicia del ciudadano, se fugan porque hace años que se debe soportar una carga tributaria asfixiante, con inflación récord y por la falta de proyectos de inversión con una rentabilidad tentadora. Las repetidas confiscaciones de depósitos y la pesificación hacen del mercado financiero argentino un lugar poco seguro para invertir los recursos financieros. El Poder Judicial, por su parte, no se ha visto capaz o interesado en defender la propiedad de los depositantes. ¿Puede el ahorrista confiar en que el Poder Judicial va a proteger sus ahorros del Estado?

En lo que respecta a jubilaciones, el sistema de reparto estatal lejos está de ofrecer una jubilación decente. Los fondos privados en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) —que estaban celosamente reguladas— fueron expropiados por el Estado. Es necesario entender que hay pequeños ahorristas que se ven en la necesidad de esconder sus ahorros del voraz Estado argentino en vistas de tener una vejez decente. Si estos ahorros se mantienen en el país, se corre el alto riesgo de que sean expropiados de una manera u otra. No estamos hablando aquí de estafadores o delincuentes, sino de personas que buscan proteger su vejez. ¿Qué garantías les ofrece Cambiemos de que efectivamente sus ahorros no van a ser confiscados o depreciados por la inflación? ¿Y qué responsabilidad le cabe el Estado, entonces, por esta fuga y ocultamiento de recursos financieros? Mientras los escándalos de corrupción de la dirigencia política no cesan de ser noticia, el Estado le pide al contribuyente que declare sus fondos, pague entonces aún más impuestos y corra el riesgo de ver sus ahorros desaparecer como ya ha sucedido en el pasado. Esto hace especialmente cuestionable que este acuerdo se extienda a funcionarios públicos, cuyo comportamiento ético debería estar fuera de toda duda y quienes deberían ser los primeros en dar el ejemplo.

En un contexto internacional de abundancia de dólares, Argentina debería ser receptora de caudales de inversiones, sin necesidad de ningún blanqueo o amnistía fiscal para fondos no declarados si invertir en este país fuese la oportunidad que efectivamente Cambiemos dice que es. El grado de necesidad de un blanqueo puede interpretarse como el grado de fracaso del plan económico. Los blanqueos son, en definitiva, más parches que soluciones de fondo. Cambiemos ha anunciado algunos objetivos fiscales. Pero no ha anunciado planes que detallen cómo se van a cumplir dichos objetivos. Argentina necesita una seria reforma del gasto público e impositiva. Esto genera incertidumbre. Las inversiones de largo plazo, sin embargo, necesitan la certeza de un mercado abierto, libre y flexible, con una protección a la propiedad privada que trascienda al Gobierno de turno. No tengo la impresión de que en el plano internacional, por el momento, Cambiemos y la dirigencia política estén ofreciendo esa seguridad.

El martes 12 de abril Uber dio inicio a sus actividades en Buenos Aires. Esto tomó de sorpresa no sólo a sus clientes, sino también al Gobierno del PRO en ciudad de Buenos Aires (CABA) y al sindicato de taxistas. La reacción del PRO se ha prestado más a confundir a la opinión pública que a ayudar a que las nuevas tecnologías y los servicios hagan pie en un país que tanto necesita de nuevos emprendimientos. Si bien en este caso la empresa involucrada es Uber, esta no es la única que ofrece estos servicios a nivel mundial. Quizás Lyft sea la alternativa más conocida. Pero hay distintas empresas similares en varios países alrededor del mundo. Mis comentarios van por igual para Uber como para cualquier otra empresa que ofrezca el mismo tipo de servicio.

La primera cuestión a aclarar es qué servicio presta y no presta Uber. Uber es un intermediario entre dos vecinos que no se conocen. Uno de ellos demanda un transporte y el otro está dispuesto a ofrecer este servicio. Es como un banco, que no presta sus ahorros, sino que conecta ahorristas con deudores y cobra una comisión por ahorrarle a cada uno el costo de buscarse y encontrarse. Uber, en este sentido, no ofrece transporte propio ni los conductores son sus empleados. No se sigue que Uber deba adaptarse a la regulación de los taxis, del mismo modo que el individuo que lleva a su vecino el lunes por la mañana a cambio de un pago no debe adaptarse a la regulación de taxis. Lo que Uber hace es proveer información: dónde se encuentran estos vecinos. ¿Acaso, por ejemplo, los pools escolares son ilegales? ¿O sólo lo son si en lugar de coordinar telefónicamente los padres lo hacen a través de su teléfono, vía una aplicación llamada Uber? ¿O pasan a ser ilegales si quien hace de conductor recibe una modesta compensación? Uber es una plataforma de información y comunicación entre vecinos.

Si, en todo caso, Uber fuera ilegal, esto tampoco debería ser motivo para impedir su funcionamiento y cerrar la discusión. Este es un claro ejemplo donde el PRO utiliza un marco regulatorio obsoleto para frenar el avance de nuevos servicios en CABA. Sostener que la implementación de nuevas tecnologías no puede darse al margen de la ley puede sonar muy perspicaz, pero esconde el hecho de que en este caso es la regulación la que impide el progreso. El PRO en CABA parece tener una mentalidad que mira hacia el pasado, en lugar de mirar hacia el futuro. La mentalidad del PRO debería ser la de adaptar rápidamente la regulación al siglo XXI, en lugar de intentar que el siglo XXI encaje en una regulación ineficiente y obsoleta. El PRO no se ha mostrado, hasta el momento, muy flexible a revisar el marco regulatorio. Más preocupado parece estar por justificar la ilegalidad de Uber.

En segundo lugar, se argumenta que al tomar un auto a través de Uber no se tiene cobertura de seguro. Desconozco los detalles del servicio provisto en CABA. Pero a nivel global esto no es correcto. Al menos en Estados Unidos incluye servicio de emergencia y seguro comercial en caso de accidente tanto para pasajero como para el conductor y para terceros (ver aquí). No obstante, esta objeción erra al punto. El nivel de seguro que se contrata es una cuestión a arreglar entre la partes, no a definir por el Gobierno. El seguro mínimo requerido para transitar libremente ya es una obligación al adquirir un automóvil. Cualquier seguro extra corre por cuenta de las partes. Todo aquel que se sienta inseguro en un auto que viene por Uber es libre de subirse a todos los taxis que desee y lidiar con el sindicato de taxis si sufre algún inconveniente. En cuanto al seguro (comercial) contra terceros, si esto es un serio impedimento en el caso de CABA, se soluciona fácilmente la regulación y se ofrece un seguro en lugar de impedir una iniciativa comercial. Que Uber funcione en unas cuatrocientas ciudades muestra que el proyecto es viable, no que el mundo está equivocado pero el PRO está en lo correcto.

Esto último se relaciona con otra cuestión que se está pasando por alto. En el caso de Uber, todos los detalles del viaje están registrados, incluyendo una calificación del pasajero al conductor y viceversa. Esto es contrario al taxi, donde los viajes son anónimos. De haber algún incidente, Uber tiene mayores incentivos para solucionarle el problema al cliente que el taxista, quien goza de una licencia monopólica. De sufrir algún percance, ¿realmente confía más en el servicio de taxi que en una empresa que debe ganarse la aprobación del cliente al momento de solucionarle el conflicto? El conductor de Uber que no recibe buenas calificaciones de sus pasajeros o no es cuidadoso con su modo de manejar queda fuera del sistema. ¿Lo mismo sucede con los taxis?

Lo otro que queda registrado son los pagos. Dado que las transferencias son electrónicas, toda la operación comercial está en blanco. Los taxis, al menos en Argentina, ni siquiera aceptan pago con tarjeta de débito o crédito, es todo en efectivo. En el área fiscal, servicios como Uber son más transparentes que el efectivo de los tradicionales taxis argentinos.

En tercer lugar, el caso de Uber en Buenos Aires (como en casi todas las ciudades donde ha desembarcado) no deja de ofrecer un ángulo de public choice. Lo que se pone en riesgo es el monopolio de las licencias de taxi, que, casualmente, son vendidas por CABA. El mismo nivel de oposición a nuevos servicios no se ha visto en videoclubes o canales de televisión ante el desembarco de Netflix o Amazon Prime, o Skype para las comunicaciones telefónicas. Blockbuster desapareció justamente por no considerar los servicios de streaming. La diferencia es la falta de sindicatos monopólicos en estos mercados. El resultado es que los taxistas se ven más preocupados por proteger sus licencias monopólicas que por modernizar su servicio.

Hechas estas aclaraciones, sin embargo, lo que más sorprendió fue la agresiva reacción de CABA hacia los vecinos. El Gobierno de la ciudad hizo saber que iba a multar y llevarse con grúa a los autos de Uber que fueran identificados en la calle, al mismo tiempo que los taxistas se dieron el lujo de cortar calles de la ciudad sin sufrir siquiera advertencia alguna. ¿No era acaso la promesa del PRO traer la nueva política al servicio de la gente? La gente claramente quiere un servicio como el provisto por Uber, el PRO debe facilitar, no impedir, los deseos del vecino de CABA. Es el Estado el que debe estar al servicio de la gente, no la gente al servicio del Estado y el administrador de turno. El mismo Gobierno que ya lleva ocho años administrando la ciudad y ha subido los impuestos de manera repetida. El mismo partido político que combate la inflación de manera gradual trata de delincuente al vecino que ve la posibilidad de hacer algún ingreso extra para llegar a fin de mes.

El PRO, el mismo Gobierno del eslogan “Sí, se puede” y “Cambiemos”, se muestra muy lento de actitud para actualizar una regulación obsoleta que beneficia a unos pocos a expensas del ciudadano. El PRO, en cambio, se ha mostrado veloz si de lo que se trata es de proteger a los taxistas de la competencia, al punto tal de amenazar al votante. En este caso, el PRO actúa en contra, no a favor, del progreso que tanto dice querer promover. Parece ser que el vecino (conductor o pasajero a través de Uber) es quien debe estar al servicio del Gobierno del PRO, en lugar de ser este quien esté al servicio de facilitarle la vida al vecino. ¿Es esto lo que el PRO entiende por Estado presente?

El caso Uber me parece representativo por otros dos motivos. En primer lugar, porque muestra más fielmente la mentalidad PRO que las decisiones de Cambiemos en el Gobierno nacional. En el Gobierno nacional, Cambiemos no ha tenido mucho margen al decidir políticas distintas a las grandes medidas que se han tomado: (1) salir del cepo cambiario, (2) eliminar las declaraciones juradas anticipatorias de importación, (3) finalizar el default con los holdouts, (4) revisar tarifas públicas. Cualquier gobierno, con mayores o menores diferencias, se hubiese encaminado a tomar las mismas decisiones. Por lo tanto, estas medidas no son representativas de lo que el PRO realmente piensa. El caso de Uber es distinto. En CABA el PRO sí tiene la posibilidad de modernizar (otra palabra que se repite en sus funcionarios) un servicio que usan los vecinos de manera diaria, pero hasta el momento ha actuado de manera opuesta. Es por este motivo y por actitudes como las de este partido contra Uber que persiste la duda de si Cambiemos va a generar un genuino cambio o se va a quedar en administrar de manera eficiente el ineficiente modelo k.

La discusión, por lo tanto, va más alla de “Uber sí” o “Uber no”. La discusión es cuál debe ser la mentalidad de quienes nos piden el voto para luego gobernarnos.

Distintos funcionarios del Gobierno han sido explícitos en sostener que el déficit fiscal es un problema serio a resolver y que es además el origen de las altas tasas de inflación que se iniciaron en el 2007. El problema madre de los desequilibrios económicos en Argentina son los déficits fiscales.

Solucionar el problema del déficit fiscal en Argentina, sin embargo, no es una mera cuestión de cerrar números. En primer lugar, el tamaño del déficit, 9% del PBI, muestra que el desequilibrio entre ingresos fiscales y gastos del Tesoro no es menor; la estructura de ingresos y la de gastos se encuentran en niveles distintos. En segundo lugar, la presión fiscal consolidada supera el 40% del PBI; es decir, no hay margen para subir impuestos, por lo que es necesario revisar los gastos. En tercer lugar, el nivel de gasto es insostenible. Si con una presión fiscal del 40% del PBI el déficit se encuentra en torno al 9% del PBI, es claro que el Estado se halla sobredimensionado.

Esto indica que el problema a resolver no se soluciona con ajustes marginales; es necesario bajar ambos, los impuestos y el gasto público. Corregir un déficit fiscal de 9% del PBI con una presión fiscal superior al 40% del PBI no es otra cosa que cuestionarse cuál debe ser el papel del Estado en Argentina. De 1960 a la fecha el Tesoro ha tenido superávit sólo cinco o seis años. Los déficits fiscales son comunes a los distintos Gobiernos que hemos tenido hasta la fecha (Arturo Illia, Gobierno militar, Domingo Perón, Isabel Perón, Gobierno militar, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner). El problema del déficit fiscal en Argentina no es, entonces, un problema de gobiernos, es un problema de estructura del Estado. El desafío de Cambiemos no es terminar con un déficit fiscal, sino terminar con el ciclo de déficits fiscales.

Resolver este problema requiere cuestionarse cuál debe ser el papel del Estado. Este es el debate ausente hasta el momento. ¿Debe ser el Estado fuente del masivo empleo público en el que se ha transformado? ¿Debe el Estado ser fuente de una creciente e impagable asistencia social, o debe generar las condiciones para que dicha asistencia se vuelva innecesaria? ¿Debe el Estado ser protector de sectores industriales y empresariales (por ejemplo, en Tierra del Fuego), o debe garantizar un marco competitivo donde sea el consumidor quien elija cómo consumir? ¿Es necesario que el Estado provea servicios como Fútbol para Todos y Aerolíneas Argentinas, o debería garantizar las condiciones para que estos y otros servicios sean provistos por el mercado? En resumen, Argentina tiene un Estado que quiere hacer mucho y estar presente en todo lo que pueda, en lugar de un aparato estatal que garantice la propiedad privada y haga cumplir los contratos para que sean las personas quienes provean sus propios bienes y servicios. ¿Debe el Estado garantizar un ambiente de libre mercado, o debe ser el Gran Hermano que todo lo observa y todo lo regula (como ejemplifica la reacción ante el desembarco de Uber hace pocos días)? Argentina parece tener la ilusión de querer vivir con el nivel de riqueza de las economías más libres del mundo, al mismo tiempo que es una de las economías menos libres del mundo.

El problema no es que el Estado gasta mal, el problema es que gasta demasiado por estar sobredimensionado. El Estado argentino actual es impagable, con o sin arreglo con los holdouts, del mismo modo que quien no es millonario no puede vivir como tal, con o sin una tarjeta de crédito. Mientras en Argentina no se replantee cuál ha de ser el papel del Estado, los desequilibrios económicos seguirán apareciendo de forma cíclica como lo han hecho en el último medio siglo.

Podemos dividir el efecto de las elecciones presidenciales en dos. Por un lado, el efecto político. El triunfo de Macri implica nada menos que poner fin al proyecto Argenzuela del peronismo en su versión k. El PRO-Cambiemos no sólo ganó la Presidencia, sino que mantuvo la Capital Federal y ganó la provincia de Buenos Aires. El potencial político de haber ganado estos tres distritos no es menor. El PRO-Cambiemos tiene una oportunidad única de desmantelar el clientelismo político de la provincia de Buenos Aries que tanto daño le ha hecho al país.

Por el otro lado, se encuentran los cambios económicos. Si separamos los cambios económicos de los cambios políticos, las decisiones tomadas hasta el momento no son necesariamente tan prometedoras. Es cierto que salir del cepo, devaluar el tipo de cambio, revisar tarifas y retenciones era algo necesario. Es decir, de haber ganado Daniel Scioli, hubiese hecho más o menos lo mismo (según expresiones del mismo equipo de Scioli). También es cierto que estas medidas eran o impostergables o fueron fuertes promesas de campaña. Si bien esto no quita mérito a las medidas tomadas, sí ofrece contexto. Hasta el momento, el PRO-Cambiemos no ha dado a conocer un claro plan de cómo piensan solucionar el mayor problema económico de Argentina: el déficit fiscal. Aunque es cierto que se han informado metas de reducción del déficit, lo que no se ha informado es cómo se va a reducir dicho déficit. Es decir, no se han presentado qué decisiones y políticas van a tomarse para eliminar este problema. Es difícil confiar en un plan que no se conoce. Esta falta de información produce incertidumbre que no contribuye a reactivar la economía del país.

En primer lugar, no es clara cuál es la visión de mercado que el PRO-Cambiemos tiene para el país. El PRO se identifica como un movimiento sin ideologías. Esto es peligroso si por falta de ideología se entiende falta de principios, donde lo que reina es el pragmatismo. Por ejemplo, intentar nombrar jueces por decretos de necesidad y urgencia (DNU) a los pocos días de haber asumido la Presidencia con una campaña donde se hablaba de volver a los principios republicanos. La potestad de nombrar jueces es para cuando el Congreso no está en sesión y no es posible reunir a los representantes en tiempo. Esta restricción, pensada para cuando había que trasladarse a caballo, difícilmente aplica en el siglo XXI.

En nombre del pragmatismo, el PRO-Cambiemos puede verse tentado, por ejemplo, a obligar a los supermercados a informar sus precios en un determinado sitio web de cierta manera. Es decir, desde el Gobierno se les impone a los supermercados cuál debe ser su marketing de precios. En Twitter, Miguel Braun sostuvo que el Presidente “le pidió a los supermercados que pongan sus precios online”. Lo cierto es que, de no publicar los precios, según se informa en distintos medios, los supermercados serán multados. Curioso uso del término pedir, cuando lo que Macri está haciendo es imponer u obligar a los supermercados. Curiosa actitud de un Gobierno que se dice republicano. Un mercado competitivo, al menos a mi juicio, es aquel libre de regulaciones, con libre entrada y salida de productores y con impuestos razonables indistintamente de la cantidad de oferentes, no aquel donde se obliga a informar precios de una determinada manera. Existen mercados muy competitivos con pocos oferentes (como es el caso de bienes network, por ejemplo, el software).

Gente del PRO también ha definido a este movimiento como un partido de izquierda. Ivan Petrella sostuvo que en Estados Unidos el PRO estaría a la izquierda del partido demócrata (es decir, a la izquierda de Hillary Clinton y Bernie Sanders). Jaime Durán Barba, por su lado, sostuvo que Macri se encuentra a la izquierda de Cristina Kirchner, quien sería alguien de ultraderecha. Por su lado, el ministro de economía Alfonso Prat-Gay se ha referido a precios de libre mercado de manera peyorativa al hablar de la ley de la selva. Modales aparte, es una expresión digna de un Axel Kicillof o de un Guillermo Moreno. Por su lado, Rogelio Frigerio habla del PRO como un partido desarrollista (sea lo que sea que eso quiere decir en concreto).

De las medidas tomadas tampoco se desprende que el PRO-Cambiemos tenga una visión pro libre mercado, dado que las principales medidas que se han eran necesarias dada a situación heredada. De hecho, no se le conocen a este partido ni expresiones ni medidas que sean inequívocamente pro libre mercado. Dado que el PRO-Cambiamos no ha hecho explícita su visión de cuál debe ser el marco económico del país, todo queda en sujeto a especulación.

En segundo lugar, esta falta de definición respecto a cómo solucionar el déficit fiscal se lee como una política económica gradual. Parecería que la alternativa, el shock, es cuando se implementan reformas de un día para el otro. Esto es incorrecto. Nadie puede esperar que un Gobierno haga lo imposible en 24 horas. En resumen, el problema no es no hacer lo imposible, sino hacer mal lo posible. Una reforma de shock consiste básicamente en presentar un plan integral de manera clara y ponerlo en marcha lo más rápido posible, lo cual por supuesto puede llevar tiempo. No informar cuál es el plan económico, si es que efectivamente hay uno, sólo contribuye a aumentar la incertidumbre y a incrementar las posibilidades de fracaso. En cambio, informar un plan en detalle y de manera clara alinea expectativas y los agentes económicos no tienen que estar adivinando si el Gobierno va a reducir el déficit fiscal u obligar a los supermercados a informar precios en un sitio web. ¿El PRO-Cambiemos tiene un plan integral que aplica de manera gradual, sin informar al público cuál es el plan, o toma medidas de manera improvisada según van apareciendo temas en agenda? Si hay un plan integral, ¿por qué no se lo informa? ¿Acaso el Gobierno no confía en su propia visión de país?

En tercer lugar, según palabras de Prat-Gay el PRO-Cambiemos parece guiase por la idea de que reducir más agresivamente el déficit fiscal implica un ajuste social. El ajuste social, sin embargo, hace años que ocurre. Si traducimos lo que Prat-Gay está diciendo, el mensaje es que el ajuste lo va a seguir haciendo el privado, no el sector público. La presión fiscal y la inflación destruyen tantos puestos de trabajo como empleados públicos innecesarios se mantienen a costa del contribuyente. Usted, lector, es quien va a perder su puesto de trabajo para seguir manteniendo un Estado sobredimensionado. Pero si usted pierde su trabajo, eso no es ajuste social, sí lo es si lo pierde un empleado público. Parece ser que no todos los trabajadores están en igualdad de condiciones, algunos parecen ser más importantes que otros. Es erróneo, si no tendencioso, dar a entender a la opinión pública que el dilema es entre ajuste o no ajuste, cuando el verdadero dilema es si el ajuste lo va a hacer finalmente el Estado (que es quien después de todo tiene déficit) o si se va a seguir exprimiendo como limón al contribuyente que carga con impuestos asfixiantes. ¿Por cuántos años ha mantenido el contribuyente a un Estado ineficiente y sobredimensionado? ¿Se votó a Cambiemos o a Continuemos?

Igual de tendencioso es cuando distintos funcionarios del Gobierno se expresan de manera tal que se da a entender que el problema de los altos precios de los alimentos se encuentra en los comerciantes y no en la política monetaria heredada. Con una inflación entre el 20% y el 30%, el único responsable de la suba de precios es el Banco Central. En un país que necesita unión social y sanar divisiones sociales, ciertas expresiones del PRO-Cambiemos parecen alentar la división de consumidor contra comerciante en lugar de unir a los argentinos.

Hace años que el PRO se prepara para ser Gobierno. Es de esperar que en todo este tiempo haya desarrollado un plan económico en el caso de asumir. Las expresiones y las medidas tomadas en estos dos meses, sin embargo, no permiten deducir cuáles son los lineamientos generales de dicho plan. Esto no hace más que alimentar lo que el historiador y economista Robert Bob Higgs llama “incertidumbre de régimen”. ¿Va a ser un kirchnerismo light, como algunos sospechan, o va a ser un movimiento pro libre mercado, como algunos de sus defensores esperan? El no saber en qué tipo de Argentina se va vivir, kirchnerismo light o libre comercio con apertura al mundo, pone un freno a las inversiones de largo plazo, dado que no se saben cuáles van a ser las reglas de juego. Dados los triunfos en las últimas elecciones, el PRO tiene la oportunidad de ser el autor de la versión argentina del milagro alemán, o bien pasar a la historia como otra oportunidad perdida en la larga lista de Gobiernos que dejaron pasar dicha oportunidad.

Parecería ser, no obstante, que los candidatos a presidente dudan sobre la dirección y la profundidad de las reformas a realizar a partir del 11 de diciembre. Esta no es, sin embargo, la primera vez que un presidente asume en un contexto donde tiene la oportunidad de producir el gran cambio que vuelva a poner a Argentina en un sendero de crecimiento a largo plazo. En 1983 Raúl Alfonsín dejó pasar la oportunidad, lo que dio como resultado la década perdida. En 1989 Carlos Menem desaprovechó la ocasión y endeudó al país al punto tal de dejarlo a pasos del default y la crisis del 2001. En el 2003 Néstor Kirchner dejó pasar nuevamente la oportunidad de reformas profundas; tras 12 años, el proyecto K entrega el país en estanflación, default y serios desequilibrios fiscales. Es como si Argentina se resistiese a dar por superada su etapa peronista. Existen casos históricos de reformas institucionales exitosas pro mercado que deberían ser inspiración de la dirigencia política. El siguiente gráfico muestra, junto con Argentina, el caso de Alemania (1946), España (1960), Chile (1975) e Irlanda (1995).

Nótese que en cada país las reformas vienen acompañadas de un acelerado crecimiento sostenido en el tiempo, más allá de las oscilaciones de corto plazo. Por ejemplo, el crecimiento irlandés luego de reducir impuestos y abrirse al comercio internacional es notable. Estos cuatro ejemplos tienen un punto en común: los cuatro países realizaron reformas pro mercado y se abrieron al comercio internacional en lugar de intentar asfixiar la economía con regulaciones y proteger a ineficientes productores locales. Son países que superaron su miedo al libre comercio, que hoy en día poseen al menos el doble de ingresos que Argentina.

Otro caso interesante es el de las reformas pro mercado de Estonia, luego de independizarse de la Unión Soviética. Según el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, este país es el octavo con la economía más libre del mundo (y segunda en Europa), detrás de Chile y delante de Irlanda. Argentina se encuentra en la posición 169 de 178. El PBI per cápita en Estonia es de 28 mil dólares y es considerado un país de altos ingresos por el Banco Mundial. Desempleo y pobreza se encuentran significativamente por debajo de los números argentinos. La distribución del ingreso, según el coeficiente de Gini, muestra también mayor igualdad en Estonia que en Argentina. Estonia posee una tasa fija de impuestos (en lugar de progresiva) del 21%. Prácticamente el total de las empresas públicas han sido privatizadas, sin haber sido luego expropiadas. Las exportaciones per cápita (en términos de fuerza laboral) son mayores en este país que en el nuestro. La deuda pública es del 8% del PBI y posee reservas por 250,93 millones de dólares. También cuenta con un régimen monetario de convertibilidad. La transformación de Estonia podría considerarse otro milagro económico.

Pero estos milagros económicos son, de hecho, posibles. Si, en lugar de dejar pasar oportunidades estancándose en el tiempo, Argentina hubiese hecho reformas similares, hoy la situación económica sería muy distinta. ¿Cuál sería hoy el PBI per cápita en Argentina si Alfonsín (1983), Menem (1989), o Néstor Kirchner (2003) hubiesen hecho reformas similares a las de estos países en lugar de dejar pasar la oportunidad que recibieron al inicio de sus presidencias?

Si Néstor Kirchner hubiese seguido los pasos de estos países y el crecimiento argentino hubiese sido similar al promedio de Alemania, Chile y España cuando realizaron sus reformas, entonces a fines del 2015 el PBI per cápita (PPP, ajustado por costo de vida) sería de 15.700 dólares. La última estimación al 2010 ubica a este valor en alrededor de 10 mil dólares (quizás sobreestimado dada la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos). Desde el 2010 o el 2011, sin embargo, la economía argentina se encuentra estancada y es difícil asumir que este valor creció un 50% del 2010 a la fecha. Actualmente usted tendría un ingreso real aproximado un 50% superior al actual y sin un contexto de estanflación.

Si las reformas las hubiese hecho Menem en 1989, a fines del 2015 el PBI per cápita sería de 21.900 dólares. Usted no sólo se habrá ahorrado la crisis del 2001, sino que su ingreso sería el doble en términos reales. Las reformas de Menem no sólo fueron incompletas, sino que el descontrolado déficit fiscal llevó al default y la crisis del 2001. Fue la política argentina, no el mundo, la que se le cayó encima a la economía del país.

Si, en cambio, Alfonsín hubiese aprovechado la vuelta a la democracia para realizar reformas pro mercado, el kirchnerismo estaría terminando con un PBI per cápita (PPP) de 30.500 dólares. Su ingreso sería al menos tres veces el actual. Estos resultados asumen, por supuesto, que las reformas se mantienen en el tiempo. Esto quiere decir que usted se hubiese ahorrado no sólo la crisis del 2001, sino también la hiperinflación.

Es cierto que los países no se transforman de la noche a la mañana. Como dice el refrán: «Un viaje de mil millas se inicia con un primer paso». El próximo presidente de Argentina tiene que decidir si quiere que su gestión sea recordada como el creador del milagro argentino o que su nombre pase a abultar el listado de oportunidades perdidas.

¿Qué herencia deja el Frente para la Victoria en temas, por ejemplo, como corrupción, eficiencia de Gobierno y calidad del marco regulatorio? El kirchnerismo ha estado en el Gobierno por doce años con mayoría en el Congreso, ¿qué mejoras se perciben en la calidad de Gobierno y administración durante tan larga gestión? El siguiente gráfico (hacer click para expandir) muestra la percepción en control de corrupción, eficiencia de gobierno, calidad regulatoria, imperio e igualdad ante la ley (rule of law), y transparencia y rendición de cuentas (libertad de expresión, representación de los políticos). Los valores pueden oscilar entre -2,5 (peor) y 2,5 (mejor).

Si bien el último dato disponible es al 2013, los valores no dejan de ser representativos, dado que no se han dado importante mejoras en ninguna de estas variables. Los valores del 2013 se contrastan con dos puntos de referencia, el fin del menemismo (1999) y el inicio del kirchnerismo (2003). Dos lecturas se desprenden de estos datos. En primer lugar, doce años de gestión K no dejan una administración con una percepción claramente superior a la del fin del menemismo. Por ejemplo, el fin del mandato K muestra un leve empeoramiento en eficiencia de Gobierno y calidad regulatoria. En otras palabras, Argentina estaría algo mejor regulada por el menemismo, más allá de lo pobre que podamos considerar su desempeño. En segundo lugar, el kirchenismo muestra más empeoramientos que mejoras respecto al 2003.

Eficiencia de Gobierno, calidad regulatoria, y transparencia y rendición de cuentas es donde se ve un mayor retroceso. No hay, sin embargo, significativos avances en otras variables. Estos indicadores, a su vez, no capturan los eventos sucedidos del 2014 a la fecha (Hotesur, ausencia de indicadores de pobreza, fraude en las elecciones de Jujuy, etc.) Tras doce años catalogados como “década ganada”, el kirchnerismo no ha podido mostrar mejoras significativas al público en ninguno de estos indicadores. ¿Dónde han estado los avances en control de la corrupción? ¿Eficiencia de Gobierno o mejoras en el marco regulatorios? Menos aún en transparencia y rendición de cuentas, donde ni siquiera se puede confiar en las variables más elementales del Indec, como inflación.

Entre los países con mejor percepción institucional y de Gobierno se encuentran Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Noruega. Con indicadores similares a los de la gestión K se encuentran países como Armenia, Algeria, Etopía, México, Colombia, Rusia, Ecuador y El Salvador, entre otros. El partido que lleva en estas elecciones a Daniel Scioli muestra serias falencias no solo en materia económica, sino también en materia institucional.

Pero antes de hablar de Grecia, es imperativa una breve aclaración para entender algunos de los eventos en torno a esta crisis. En economía se suele separar los conceptos de déficit y déficit estructural. El déficit estructural es el resultado fiscal en equilibrio. Es decir, sin el efecto de ciclos y fluctuaciones económicas. El déficit comprende al déficit estructural, más las oscilaciones fiscales que ocurren cada año. Si el presupuesto se encuentra en equilibrio estructural, entonces los superávit y déficit de cada año se cancelan y tienen como resultado un presupuesto balanceado en el mediano y largo plazo. El problema no es el déficit en sí, sino el déficit estructural (crónico).

La crisis del 2008 afectó seriamente las proyecciones de la economía griega, que posee un historial de abultados déficits estructurales y por lo tanto un alto nivel de endeudamiento (mayor al promedio de la Eurozona). La deuda griega perdió el investment grade y por lo tanto Grecia quedó fuera de los mercados financieros para cubrir su crónico déficit fiscal. Al ser parte de la Eurozona, Grecia no puede emitir euros para financiar su déficit, por lo que debe recurrir al mercado de deuda. Con las puertas del mercado financiero cerradas, Grecia hubiese tenido que afrontar una decisión similar a la actual (poner sus finanzas en orden o caer en default). Sin embargo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional [la Troika] extendieron un préstamo de salvataje a la economía helena. El salvataje debía cubrir las necesidades financieras de Grecia entre mayo del 2010 y junio del 2013. Este préstamo, sin embargo, fue condicional a que Grecia equilibrase su presupuesto (el programa de “austeridad”). Si los gobiernos europeos iban a dar recursos de sus contribuyentes al gobierno griego, entonces el gobierno griego debía poner sus cuentas en orden y dejar de gastar por encima de sus recursos.

A los pocos meses fue claro que el préstamo se había quedado corto en menos de la mitad de los recursos necesarios. En parte por la lentitud de Grecia en cumplir con las condiciones del préstamo y reducir las necesidades de financiamiento. En febrero del 2012 un segundo préstamo fue aprobado con vencimiento en diciembre del 2013. Es en este segundo acuerdo donde los bancos comerciales debieron aceptar una quita del 53,5 % del valor nominal de la deuda griega.

Estos dos préstamos no fueron suficientes. En diciembre del 2012 la Troika extendió a Grecia un tercer préstamo para cubrir necesidades de financiamiento del período que va de enero a marzo del 2015. Pero hacia finales del 2013 Grecia comenzó a mostrar mejores indicadores económicos. Si bien aún el presupuesto es deficitario, el cálculo del déficit estructural (de equilibrio) arroja superávit para el 2013 y el 2014, la economía comienza a crecer nuevamente y el desempleo cae. Gracias a estos resultados Grecia pudo volver a emitir deuda en el mercado financiero y así cubrir el “déficit cíclico” del 2014. El gráfico muestra el déficit y el déficit estructural griego (en % de PBI). Se aprecia el superávit estructural en el 2013 y 2014. Pero también se observa que si bien la crisis del 2008 tuvo un impacto internacional, el resultado fiscal griego comenzó a empeorar antes del 2008. Es decir, a Grecia tampoco se le cayó el mundo encima.

Pero eventos políticos empeoraron el escenario económico. En diciembre del 2014 el Parlamento griego llamó prematuramente a elecciones y Syriza, el partido de izquierda, ganó las elecciones con la promesa de rechazar el plan de austeridad. Alexis Tsipras fue electo Primer Ministro. En una reacción que difícilmente resulte sorprendente, la Troika dejó en suspenso la ayuda financiera hasta que el nuevo Gobierno griego acepte las condiciones del acuerdo o se firmen nuevas condiciones. No obstante, la Troika extendió el vencimiento del acuerdo para dar tiempo a las nuevas negociaciones. La decisión de Syriza y la reacción de la Troika dejó a Grecia nuevamente fuera del mercado financiero.

El 26 de junio Grecia se retiró de las negociaciones y al día siguiente Tsipras anunció un referéndum para decidir si Grecia aceptaba o no las condiciones del préstamo financiero. El referéndum tenía fecha 5 de julio, luego del vencimiento del acuerdo financiero. El resto de los países europeos ratificaron la fecha de vencimiento del acuerdo al 30 de junio. Sin un acuerdo financiero y con un default en puertas, una corrida bancaria llevó al gobierno de Tsipras a instaurar un corralito, lo que limitó las extracciones bancarias y los giros bancarios al exterior.

A menos que a último momento la Troika decida extender nuevamente la ayuda financiera a Grecia, el pueblo heleno se va a tener que enfrentar a dos decisiones: aceptar las condiciones del préstamo y poner las finanzas públicas en orden o defaultear la deuda, posiblemente salir del euro y reintroducir una moneda local (por ejemplo, el dracma). Ninguna de estas alternativas es atractiva a corto plazo. Grecia dejó pasar demasiado tiempo para solucionar sus problemas fiscales sin tener que pasar por estos sobresaltos. Como Argentina en el 2001, el ajuste fiscal es inevitable. Grecia debe decidir si este será de manera ordenada o como resultado de un default. Luego de que la clase política dirigente rechazase el plan de López Murphy, el ajuste fiscal que siguió fue mayor en magnitud y desordenado. Esperemos que Grecia se inspire correctamente del caso Argentina y no siga los pasos equivocados que nos llevaron a la delicada situación económica actual.

La oposición a las políticas de shock suele basarse en que las mismas imponen un costo innecesario a la sociedad. Bajar el gasto público de golpe, por ejemplo, puede generar desempleo y desaceleración de la actividad económica. Por el otro lado, el gradualismo suele quedar a medio camino y las reformas, al quedar incompletas, son inconsistentes y nuevos problemas económicos aparecen en el mediano plazo. El gradualismo, por lo tanto, busca minimizar los costos sociales y económicos durante la transición. La crítica a las reformas en shock, sin embargo, obvia que las mismas también pueden hacerse con un plan de transición que hace justamente del gradualismo una opción innecesaria. Y dado que, de intentar hacer reformas de manera gradual, se corre el riesgo de que las mismas queden inconclusas, un shock bien planeado sería preferible al gradualismo.

Una analogía puede ilustrar el punto. Una muela que causa dolor es retirada en el momento (shock), no de forma gradual, por el dentista. Si el shock no es una mera medida económica aislada, sino un plan económico cuidadosamente planeado, entones antes de quitar al muela se aplica anestesia o algún calmante. Si el plan de shock no es cuidadosamente planeado y se hace porque la realidad se lo impone al político, entones es como quitar la muela sin anestesia o calmante. El problema que enfrenta la próxima administración no es sólo encarar las reformas apropiadas para Argentina, sino diseñar un claro plan de transición hasta que las reformas hagan efecto. Esto es distinto al gradualismo donde las reformas se hacen lento, paso a paso, esperando que sus efectos se materialicen gradualmente.

Hay, por lo tanto, dos tipos de políticas de shock. Las que poseen un plan de transición (plan bien diseñadas) y las que no (plan mal diseñadas.) La crisis del 2001 dejó impregnado en la opinión pública que un ajuste fiscal y cambios fuertes (shocks) implican altos costos económicos y sociales. Sin embargo, el manejo que hizo la política Argentina podría ser ejemplo de haber hecho todo lo importante mal: (1) pesificación asimétrica, (2) corralito y corralón, (3) aumento de impuestos, (4) creación de nuevos impuestos, (5) evitar un ajuste racional del gasto público cayendo en default, (6) congelar tarifas sin un plan de salida subsidiando a la oferta en lugar de la demanda, etc. A su vez, estas medidas fueron impuestas por la realidad; Ricardo López Murphy tuvo que renunciar por proponer un ajuste fiscal notablemente inferior y más ordenado que el que se terminó realizando por persistir en el mismo camino de desequilibrios económicos y fiscales.

Las políticas de shock se inspiran en el caso del milagro alemán, donde Ludwig Erhard tuvo un papel central. Luego de fracasos en la administración por parte de los aliados de la economía alemana, Erhard lleva adelante una reforma monetaria dando fin al Reichmark para dar origen al marco alemán. El mismo día que se anuncia esta medida se informa la eliminación de los controles de precios y la flexibilización de los programas de racionamiento en contra de las recomendaciones de Estados Unidos y los aliados. Estas reformas fueron el origen del milagro alemán, cuya economía ya se encontraba en recuperación para cuando el Plan Marshall entró en vigencia.

Chile (1975) y Bolivia (1985) son otros dos conocidos ejemplos de políticas de shock. Chile abre su economía a inversores externos llevando a los productores locales a competir en igualdad de condiciones con el mercado externo. Estas reformas pueden haber sido llevadas a cabo durante el gobierno de Pinochet, pero el resultado fue estabilizar la economía en el corto plazo y un ritmo de crecimiento de su economía mayor al de países vecinos en el mediano y largo plazo. En Bolivia las reformas que pusieron fin a la hiperinflación se llevaron adelante en los primeros 100 días de gobierno por Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre otras medidas, Lozada liberó el tipo de cambio, eliminó los controles de precios y subsidios a empresas públicas, redujo en dos tercios los empleados públicos de empresas estatales en el sector energético, y negoció un canje de deuda con el FMI. En sólo unos meses la hiperinflación cayó a valores en torno al 15% anual. Si bien se percibe un aumento en la tasa de desempleo, este indicador ya tenía una tendencia creciente desde 1978. A estos casos podría agregarse que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reduce el gasto público en términos del PBI del 80% al 30% en 3 años, junto a una desregulación general de la economía, sin producir una recesión ni aumento del desempleo (ver : Alto gasto público: ¿callejón sin salida?).

El caso de Polonia (1989) luego de la caída de la Unión Soviética presenta resultados más ambiguos. En el caso polaco, sin embargo, si bien se eliminaron regulaciones y control de precios, no se avanzó de manera decidida en la privatización de empresas públicas. Una cuestión central en un país satélite de la Unión Soviética. No obstante se redujo la tasa de inflación y se redujeron faltantes de productos. En el mediano y largo plazo Polonia incrementó el ritmo de crecimiento de su economía.

Los casos exitosos de shock muestran que las medidas económicas no fueron tomadas de modo aislado, sino que se implementaron planes integrales. Por ejemplo, una política de shock no se limita a levantar el cepo de un día para el otro, sino que tiene que estar acompañada de una serie de medidas que todas juntas conforman un plan. En contra ejemplo de las políticas de shock se puede mencionar a China, que ha llevado adelante reformas graduales. Y si bien los resultados no son negables, tampoco se puede ignorar la gran cantidad de ciudadanos chinos que siguen viviendo en pobres condiciones de vida por no llevar adelante las reformas a todo el país en lugar de concentrarlas principalmente en la zona costera de China.

Discutir políticas de shock versus gradualismo es útil en la medida que esto implique un plan de transición para navegar las reformas que tarde o temprano van a tener que hacerse, especialmente en lo que respecta desequilibrios fiscales. Si en lugar de medidas aisladas lo que hay es un plan completo de reforma, entonces correr el riesgo de dejar las reformas a medio hacer al elegir el camino del gradualismo parece ser un riesgo innecesario. Es decir, si su dentista es un estadista y le aplica un calmante, ¿para qué quitar la muela gradualmente en lugar de hacerlo en el momento?

El éxito del Pro en las PASO también hace más real, al menos en el imaginario público, la posibilidad de Macri como presidente. De ser ese el caso, ¿qué le puede esperar a la economía Argentina? Esto muy difícil por tres motivos: (1) no se ha presentado ningún plan concreto, (2) el énfasis en la calidad de gestión no es brújula de qué medidas puede tomar el Pro, y (3) usar los datos fiscales de CABA como referencia no aportan mucha luz sobre los problemas que le próximo gobierno irremediablemente tendrá que enfrentar.

Callejón sin salida

El Pro, igual que la oposición en general, no está dispuesto a transparentar frente a sus votantes cuál es su plan económico en concreto. Sin embargo, la coyuntura argentina se encuentra en un callejón sin salida. Distintos indicadores de actividad económica dan entre 12 y 20 meses consecutivos a la baja. La presión fiscal es asfixiante y el déficit fiscal (Nación) debe rondar los 5 o 6 puntos del PBI. Desde el 2007 que la inflación se encuentra encima del 20%. Por las buenas o por la malas, tarde o temprano, va a ser necesario un ajuste fiscal. En el 2001 se hizo tarde y por las malas. El próximo gobierno debería actuar rápido para evitar costos mayores.

El kirchnerismo dejó pasar la oportunidad de solucionar el desequilibrio fiscal de manera gradual, por ejemplo, hacer que el gasto público crezca más despacio que el PBI y por lo tanto alcanzar un equilibrio fiscal. Ahora ya es demasiado tarde y un congelamiento o disminución del gasto es inevitable. La solución a este problema es lo que tanto el Pro como la oposición callan. Es, sin embargo, lo que va a definir la economía Argentina a partir del 2016. Por soluciones concretas me refiero a ser transparente y claro en cómo se va a solucionar un problema y no en meramente decir cuál problema se va a solucionar. De poco sirve decir que el 11 de diciembre se elimina el cepo cambiario si no se discute el cómo.

A veces el Pro parece tener la convicción de que el mero cambio de gobierno generará un cambio de confianza y expectativas suficiente para atraer capitales. Esto, creo, es un diagnóstico equivocado como lo fue el creer que la llegada de la figura fuerte de Cavallo al gobierno de De la Rúa iba a ser suficiente para calmar a los mercados. Argentina está en default y con cepo entre muchas otras restricciones. Esta realidad no va a cambiar por el mero hecho de que cambie el gobierno. Argentina no va a recibir capitales sin solucionar estos problemas. Cómo el Pro pretende solucionar estos problemas sigue siendo desconocido.

El “Peligro Pro”

Un partido político puede no expresarse sobre el cómo solucionar problemas puntuales (el déficit fiscal, etc.). En estos casos, la ideología o principios del partido político pueden dar una idea de qué curso de acción pueden tomarse. El Pro, sin embargo, es un partido que parece carecer de ideología o principios institucionales. La ideología o principio del Pro es la “gestión.”

Pero esto puede ser peligroso. En nombre de mejorar la gestión se puede proponer mantener la estatización de empresas públicas deficitarias como Aerolíneas, plantear la eliminación del efectivo para combatir la evasión como si uno fuese culpable de este delito hasta demostrar lo contrario, usarse fondos públicos para hacer campaña política, etc. Argentina no necesita corregir desequilibrios en el modelo K, Argentina necesita un fuerte giro de 180 grados y el énfasis en la gestión no es indicador claro de que camino puede intentar seguir el Pro en materia de política económica. No es lo mismo administrar una ciuedad que estar al frente de un país que requiere un fuerte shock político e institucional. Son dos tipos de administración distinta.

Si bien la gestión kirchnerista deja mucho que desear, el problema de la economía Argentina es institucional, no de gestión. El problema de Cuba o Venezuela no es de una pobre gestión, es de un marco institucional que elimina libertades individuales a expensas del proyecto de poder político. Si el Pro gobernase Venezuela con las mismas instituciones pero una gestión más eficiente, los problemas económicos no desaparecerían. Esta ideología basada en la “calidad de gestión” es a lo que llamo “Peligro Pro” dado que no aporta restricciones al comportamiento del político. Por supuesto, al lado del kirchnerismo, prácticamente cualquier nuevo gobierno representa un mejora, pero los deseos de reforma política y económica que muchos esperamos del Pro pueden verse traicionadas en nombre de la gestión.

Resultados Fiscales y Deuda en CABA

Ante la ausencia de propuestas concretas y de una ideología y principios que nos puedan orientar hacia el futuro económico del país si el Pro ganase las elecciones presidenciales, podemos recurrir a ver la gestión en CABA del 2008 en adelante (Macri asume en diciembre del 2007). Especialmente en lo que respecta resultados fiscales, dado que la economía y seguridad en la ciudad no es ajena a la economía nacional y a la gestión de la Policía Federal que depende también de Nación.

El sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sólo tiene un formato que confunde con ser un sitio web del Pro, sino que carece de información actualizada, de uso amigable, o bien la misma se encuentra innecesariamente escondida. Tanto el banco de datos como las estadísticas fiscales del área de Hacienda ofrecen datos fiscales sólo hasta el 2012. Lo que el FpV ofrece en datos adulterados a través del Indec, la gestión Pro le compite en datos desactualizados. El área de información contable sí ofrece datos actualizados, pero los mismos están desagregados, complicando su uso. Los datos se encuentran en series de planillas Excel o archivos pdf de cientos de páginas

Según los documentos disponibles, los ingresos tributarios aumentaron un 172% entre el 2008 y el 2012, ubicándose a la par que la inflación para el mismo período. El Pro, al igual que el kirchnerismo, se ha caracterizado por sus aumentos de impuestos. Esto parece ir en contra de la “calidad de gestión.” La gestión ha sido también deficitaria. Para el mismo período, la deuda pública en pesos, dólares y euros aumentaron un 3306%, 182%, y 128% respectivamente. La deuda a fines del 2012 es de 6913 millones de pesos, 1275 millones de dólares, y 100 millones de euros.

Si bien el nivel de deuda de CABA no es tan alto como el de Nación, los datos disponibles para los primeros cuatro años de gestión del Pro no ofrecen una clara indicación del equilibrio fiscal que tanto necesita el país. Espero que de aquí a las elecciones los presidenciables nos ofrezcan el debate de ideas necesario para llevar adelante las reformas necesarias que el kirchnerismo se niega a realizar.