Según Capitanich y Kicillof el viernes pasado, el gobierno ha decidido “autorizar” la compra de dólares para atesoramiento. Este acto fallido denota un serio problema. ¿Desde cuándo en una república es el gobierno de turno quién decide qué es lo que el pueblo (el soberano) puede y no puede comprar? El kirchnerismo está profundamente confundido si cree que las libertades individuales son concesiones del Estado. Hace tiempo que esta concepción medieval fue dejada de lado. Las restricciones a las importaciones y la compra de dólares son sólo dos de las manifestaciones de esta confusión conceptual. Por eso algunos tanto insistimos con la importancia de las instituciones. Hoy esta confusión institucional se traduce en cierre de importaciones y cepo a la compra de dólares, mañana puede ser cualquier otra cosa. Límites a los bienes personales que se puede tener, limite a la tenencia de propiedades, etcétera. Basta darse una vuelta por los países populistas para ver que la falta de republicanismo puede manifestarse de varias maneras distintas. Creer que las libertades son una concesión del Estado, y no un derecho de las personas que impone límites al Estado es, en el fondo, más grave que cualquier cepo.

Pero esta confusión institucional no podría tener lugar sin otros dos factores. Una cultura que lo permita y un poder judicial incapaz o falto de voluntad de poner los límites que le corresponde institucionalmente. Que los dichos de Capitanich hayan pasado inadvertidos y hasta aceptados hablan de la educación cívica en parte importante de la sociedad. Sería interesante ver un estudio que busque el origen de este deterioro institucional-cívico. Sólo a modo de ejemplo, una pregunta para la que no tengo respuesta, ¿qué rol juegan en esta devaluación republicana programas como el de “Sociedad y Estado” en el CBC? ¿Cuántas personas han pasado por este curso desde que se hizo la reforma educativa? ¿Es posible que el contenido de esta materia contribuya a creer que las libertades son concesiones del Estado y no potestades autónomas de las personas? A todo esto, ¿Qué hace el Ministerio de Educación que permite tremenda devaluación conceptual en los votantes? Los ministros de Educación deben recordar que de acuerdo a la Constitución Nacional, Argentina es una república y que su trabajo consiste en velar por la protección de ese marco institucional. Mientras los argentinos sigamos creyendo (quizás por temor a ser genuinamente libres) que nuestras libertades y derechos son potestades del Estado lo único que conseguiremos es cambiar el color de los gobiernos populistas, pero no sus políticas de fondo.

Uno de los roles fundamentales del Poder Judicial es proteger a las minorías de las mayorías. El motivo es claro, vivir en democracia no es lo mismo que vivir en libertad. La mayoría no puede utilizar el método del voto para oprimir a las minorías. Mal que le pese a los sectores oficialistas, el 54% no es argumento válido para “ir por todo” ni imponer su autoritarismo. Los sectores de la oposición que aceptan esta postura porque “son las reglas del juego” confunden democracia con república y no hacen más que contribuir al daño institucional al validar una actitud anti-republicana por parte del gobierno de turno. Es la democracia la que tiene como límite las libertades individuales, y no las libertades individuales las que son limitadas por la democracia. Si bien no soy abogado y los temas judiciales no son mi especialidad, creo igualmente válido compartir algunas impresiones. ¿En qué tipo de república el Poder Judicial no tiene oportunidad en un período de diez años de poner freno a los avances autoritarios de un gobierno? ¿En ningún momento de la década kirchnerista el Poder Judicial tuvo oportunidad de recordar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que la ley debe ser acorde a derecho? Sin que se interprete como una generalización, el siguiente ejemplo puede aclarar el problema que veo de fondo. Ningún argentino tiene el derecho de autorizar o no la compra de bienes (por ejemplo dólares) que quieren realizar otros argentinos. Si este no es un derecho de las personas, entonces no puede ser un derecho delegado al Estado. No está en discusión que el Estado tiene los mecanismos y el poder para imponer un cepo, pero tener el poder y tener el derecho no es lo mismo. La justicia no puede iniciar de oficio una causa contra el Estado, necesita que un ciudadano la presente. Si usted inicia, entonces, una causa judicial contra el Estado por el tema del cepo, ¿tiene la certeza de que el juez fallará a su favor por inconstitucionalidad del cepo? Si usted no tiene esa certeza, entonces el Poder Judicial bien puede ser parte del problema.

Como agudamente decía Frederic Bastiat, “cuando el saqueo se vuelve un modo de vida para un grupo de personas en la sociedad, con el paso del tiempo crean para sí mismos un sistema legal que les autoriza el saqueo y un código moral que lo glorifica.”

La presión fiscal es el monto de recaudación tributaria sobre el PBI nominal. Es decir, cuánto de los producido durante un año es destinado al pago de impuestos. Generalmente se suele observar la presión fiscal a nivel nación, dejando de lado los niveles sub-nacionales (provincias y municipios). Para obtener una estimación de la presión fiscal total hay que tener en cuenta todos los niveles del gobierno, no sólo el nacional. Es decir, la presión fiscal nacional más la provincial más la municipal. Pero la política monetaria inflacionaria K hace que esto siga siendo incompleto, hay que tener en cuenta también el impuesto inflacionario. Salvo unos pocos países, este último impuesto no legislado prácticamente ya no existe.

La siguiente tabla muestra la presión fiscal desde el año 2000 hasta el 2013 (con datos estimados). Los datos de presión tributaria sub-nacional están tomados de un informe de IARAF. Algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, desde el inicio del ciclo K en el 2003 hasta el 2014 la presión fiscal aumentó de un (ya alto) 26.1% a un asfixiante (por no decir confiscatorio) 44.6%. De estos 18.5 puntos (casi 2 por año), 10.1 ocurrieron desde el 2008 durante el gobierno de CFK. En segundo lugar, se ve que el incremento de la presión fiscal es principalmente determinado a nivel nación. En tercer lugar, el impuesto inflacionario muestra un salto en el 2007, año que coincide con la intervención al INDEC. La única caída sensible se da en el 2009 luego de la crisis financiera del 2008. Para el 2012 el impuesto inflacionario (usando el IPC-congreso) llega a tener la mitad de la presión fiscal que las provincias.

¿Cuál fue el aumento de recaudación en la década K (2004-2013) para cada uno de estos conceptos?

• Nación: 773,8%
• Provincias: 637,8%
• Municipio: 669,1%
• Impuesto inflacionario: 2.886,1%

Esto equivale a un incremento equivalente anual de 27.2%, 24.9%, 25.4%, y 45.9% para Nación, provincias, municipios, e impuesto inflacionario respectivamente.

Cabría, sin embargo, hacer por lo menos otro ajuste más. Así como la poca confianza que genera el INDEC nos lleva a utilizar estimaciones como el IPC-congreso como referente, también debemos ajustar los números de presión fiscal utilizando estimaciones privadas del PBI en lugar de los datos oficiales. Dado que el dato de PBI oficial se encuentra sobredimensionado, la presión fiscal es aún mayor luego de corregir el “error INDEC.” El siguiente gráfico muestra la presión fiscal calculados en la tabla anterior (en negro) junto a los resultados corrigiendo el PBI oficial (en verde) con las estimaciones de Ariel Coremberg para el período 2006-2012.

La diferencia entre las dos series se da a partir del 2007, cuando comienza la intervención del INDEC. Este ajuste sugiere una aceleración aún más marcada de la presión fiscal de la que se observa con datos oficiales, especialmente en el 2012. En este último año la presión fiscal oficial es de 43.1%, mientras que si ajustamos el PBI con las estimaciones de crecimiento de Coremberg la presión fiscal roza el 50% (48.8%).

Unas breves reflexiones finales. En primer lugar, estos números de carga fiscal se encuentran, aún, sub-estimados. Los impuestos se pagan para recibir servicios públicos a cambio, como seguridad, educación, salud, infraestructura de transporte, etc. ¿Cuántos de estos servicios son provistos de manera aceptable por el estado? Cada vez que un residente o una empresa tiene que contratar servicios privados porque los públicos no funcionan está, de hecho, pagando los impuestos que corresponden a estos servicios dos veces. ¿Qué ofrece el gobierno a cambio de tremenda presión fiscal?

En segundo lugar, la estructura y presión impositiva genera dos incentivos perversos. Por el lado del contribuyente, la tentación y hasta la necesidad de tener ingresos en negro, aumentando así la carga tributaria sobre quienes trabajan en blanco. Desde el lado del gobierno, esta es una situación conveniente al momento de inspeccionar a los contribuyentes. Dado que el sistema tributario empuja al contribuyente a estar en falta, un gobierno con un inocultable sesgo autoritario como el K puede utilizar esta situación para presionar al contribuyente. Un sistema tributario complejo puede, además, hacer que uno esté o no en regla dependiendo de la interpretación que el recaudados de impuestos haga del laberinto impositivo argentino. Por ejemplo, es factible que haya gente que no pida devolución de adelantos de ganancias no porque no esté en regla, sino porque no confía en la interpretación que la AFIP pueda hacer de las normas impositivas sobre su persona. El gobierno gusta de generar miedo, en lugar de confianza y cercanía, sobre los ciudadanos que dice proteger.

En tercer lugar, estos niveles de presión tributaria se prestan a ser interpretados como una ruptura del contrato social por parte del gobierno. El pueblo da el monopolio del poder al estado para que garantice la ley y el orden, no para que utilice ese monopolio de la fuerza para imponer una presión fiscal que roza el 50% a cambio de irrisorios servicios públicos. La obligación moral de pagar impuestos es dependiente de las contraprestaciones, transparencia y honestidad del gobierno que los recauda. ¿Con qué autoridad moral el gobierno impone una presión fiscal de niveles asfixiantes cuando los trenes chocan, gente muere en saqueos, y hay cortes de luz porque, según explica el gobierno, hace calor? Por último, viendo la tendencia de la presión fiscal de la última década, no hay que ser muy perspicaz para entender por qué es el gobierno quien habla de la década ganada.

En lo que respecta al problema económico, una década de consumo de stock de capital, ya con varios años de alta inflación y un asistencialismo fuera de control no hacen más que acumular tensiones que pueden estallar en modos y momentos inesperados. No es fácil saber cuál va a ser la gota que rebalse el vaso. La inflación no es sólo un impuesto, es un impuesto que recae con mayor incidencia sobre los más necesitados. Son las clases medias y altas las que tienen mayor facilidad de acceso a distintas alternativas para cubrirse de la inflación. Los sectores más golpeados, sin embargo, ven desaparecer sus posibilidades de movilidad social frente a sus ojos. La década ganada produjo la ilusión de crecimiento a tasas chinas a base de consumo de stock de capital en lugar de a base de inversiones de largo plazo. Los trenes chocan, las rutas están rotas, la telefonía fija está comenzando a funcionar mejor que la móvil, faltante de energía, son síntomas claros de consumo de stock de capital. El kirchnerismo hipotecó el futuro a expensas de financiar una fiesta de corto plazo y parte importante de la sociedad confundió la fiesta con genuino progreso económico.

En lo que respecta al problema político, tanto el oficialismo como la oposición cargan pesadas responsabilidades. Ambos han faltado, a mi entender, a sus funciones y obligaciones de servidores públicos. Las transgresiones institucionales del oficialismo, demasiado numerosas para recordar, no hacen más que predicar con el ejemplo el robo, la expropiación y el desinterés hacia la propiedad del prójimo al presentarlas como aceptables actitudes Nac&Pop. Si el gobierno se da el lujo de ignorar los fallos de la Corte Suprema de Justicia (cuando le conviene), de expropiar de manera inconstitucional, de intimidar desde la cadena oficial y con personajes como Guillermo Moreno y la AFIP, ¿por qué ha de aplicar una moral distinta al ciudadano a pié? Para bien y también para mal, la autoridad moral del gobierno es guía de parte importante de la sociedad. Los saqueos fueron la moral del “vamos por todo” puesta en práctica. La doble moral del oficialismo debería avergonzar al kirchnerista más radicalizado. Mientras se dedican días de duelo por la muerte de un dictador anacrónico como Hugo Chávez, Cristina Kirchner decide bailar al compás de cumbias y cacerolas a la par que argentinos eran saqueados y morían de manera innecesaria. Si los muertos no le importan a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿por qué ha de importarle al policía mal pago? De ninguna manera estoy diciendo que la actitud de las fuerzas de seguridad haya sido aceptable. Tal concepción es imposible de aceptar cuando en una república el contrato social consiste en entregar las armas a las fuerzas de seguridad para que nos protejan a cambio del pago de impuestos. Que tal cosa haya sucedido habla, justamente, de la ruptura institucional en la que se encuentra el país. Ni el kirchnerismo ni la oposición pueden, sin embargo, hacer ajena a ellos mismos las críticas bien levantadas contra la actitud de las fuerzas de seguridad. El poder político, tanto como las armas, pueden ser utilizadas para levantarse contra el pueblo.

Este kirchnerismo de doble moral y discurso adaptado a las conveniencias ha crecido a la sombra de una oposición que le permitió llegar a ser lo que es. Es cierto que en la medida que la oposición no es mayoría posee límites a los frenos institucionales que puede poner a un gobierno de inocultable sesgo autoritario, pero no es menos cierto que es la misma oposición que acompañó con su voto expropiaciones como las de las AFJP y Repsol-YPF entre otras iniciativas. Algunos opositores confesaron votar a favor de expropiaciones por lo que dice el corazón y no lo que indica la razón. ¿No es esto, acaso, un mensaje similar al de obediencia debida de Pichetto? Ya sea que el voto, a sabiendas erróneo, se hace por un corazón nacionalista o un corazón partidario, el daño institucional es ineludible. La oposición parece estar jugando la peligrosa apuesta de que el “vamos por todo” continúe hasta el 2015 con la esperanza de que el gobierno no tenga más remedio que hacerse cargo de los ajustes y costos políticos necesarios. El costo de esta apuesta política recae en el ciudadano, como si las muertes en saqueos y repetidos accidentes en trenes no fuesen lo suficientemente explícitos de quien paga la factura del juego político. No deja de ser, incluso, una apuesta que me cuesta entender. Los últimos días muestran que el gobierno prefiere dejar un país en llamas a hacerse cargo de sus propios errores. Mientras el gobierno de Cristina Kirchner bate récords de causales de juicio político, la oposición habla de dialogo con un gobierno que ofrece menos retorno que una pared de concreto. Ser políticamente correcto pero institucionalmente irresponsable no deja de ser signo de una clase política corrupta en sus principios institucionales. La oposición da la sensación de estar institucionalmente tan confundida como el oficialismo si cree que una elección da inmunidad institucional frente a los ciudadanos y sus pares.

Por último, pero no por ello menos importante, el factor cultural también ha jugado un rol central. Los saqueos no son nuevos, son parte de la cultura Argentina. ¿No es saqueo al pueblo una carga tributaria récord sin contraprestaciones? ¿No es saqueo acaso una inflación descontrolada por un gobierno que le falta a la verdad en la cara al ciudadano (incluido su votante) la negar el problema? ¿No es saqueo que el gobierno le de beneficios al pseudo-empresariado del país cargando así sobre las libertades y bolsillo del consumidor? Este saqueo institucional es manifestación de las preferencias políticas del votante medio, o al menos de una parte importante de la sociedad. La misma sociedad Argentina no deja de tener parte de responsabilidad al apropiar y cultivar una cultura de “vivir del otro.”

Una sociedad que sospecha en lugar de admirar al empresario exitoso difícilmente disfrute de una cultura emprendedora. En su clásico “El Estado”, Frederic Bastiat decía que el “Estado es la gran entidad ficticia por la que todos buscan vivir a expensas uno del otro.” En Argentina se ha hecho de esto una máxima. ¿Cuántos Argentinos se creen con derecho a recibir por parte del estado fondos provenientes del prójimo? ¿No es esto usar la fuerza del estado para saquear la propiedad de terceros? Lamentablemente esta concepción es insostenible como filosofía de vida en sociedad y cuando los recursos escasean pasa a imperar la ley de la selva sobre el estado de derecho. La sociedad argentina se debe una seria mirada interna en su responsabilidad de demandar y fomentar populismo por parte de una dirigencia política dispuesta a proveerla, después de todo es el mismo ciudadano, no el político, quien debe afrontar el costo. Esto no debe entenderse como una excusa a la clase política cuyo deber es proteger las instituciones y no permitir que el voto de la mayoría sea herramienta de expropiación de la minoría. La desidia política de confundir democracia ilimitada con democracia limitada por los principios republicanos llevan un rol protagónico en los tristes eventos de días anteriores.