En lo que respecta al problema económico, una década de consumo de stock de capital, ya con varios años de alta inflación y un asistencialismo fuera de control no hacen más que acumular tensiones que pueden estallar en modos y momentos inesperados. No es fácil saber cuál va a ser la gota que rebalse el vaso. La inflación no es sólo un impuesto, es un impuesto que recae con mayor incidencia sobre los más necesitados. Son las clases medias y altas las que tienen mayor facilidad de acceso a distintas alternativas para cubrirse de la inflación. Los sectores más golpeados, sin embargo, ven desaparecer sus posibilidades de movilidad social frente a sus ojos. La década ganada produjo la ilusión de crecimiento a tasas chinas a base de consumo de stock de capital en lugar de a base de inversiones de largo plazo. Los trenes chocan, las rutas están rotas, la telefonía fija está comenzando a funcionar mejor que la móvil, faltante de energía, son síntomas claros de consumo de stock de capital. El kirchnerismo hipotecó el futuro a expensas de financiar una fiesta de corto plazo y parte importante de la sociedad confundió la fiesta con genuino progreso económico.

En lo que respecta al problema político, tanto el oficialismo como la oposición cargan pesadas responsabilidades. Ambos han faltado, a mi entender, a sus funciones y obligaciones de servidores públicos. Las transgresiones institucionales del oficialismo, demasiado numerosas para recordar, no hacen más que predicar con el ejemplo el robo, la expropiación y el desinterés hacia la propiedad del prójimo al presentarlas como aceptables actitudes Nac&Pop. Si el gobierno se da el lujo de ignorar los fallos de la Corte Suprema de Justicia (cuando le conviene), de expropiar de manera inconstitucional, de intimidar desde la cadena oficial y con personajes como Guillermo Moreno y la AFIP, ¿por qué ha de aplicar una moral distinta al ciudadano a pié? Para bien y también para mal, la autoridad moral del gobierno es guía de parte importante de la sociedad. Los saqueos fueron la moral del “vamos por todo” puesta en práctica. La doble moral del oficialismo debería avergonzar al kirchnerista más radicalizado. Mientras se dedican días de duelo por la muerte de un dictador anacrónico como Hugo Chávez, Cristina Kirchner decide bailar al compás de cumbias y cacerolas a la par que argentinos eran saqueados y morían de manera innecesaria. Si los muertos no le importan a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿por qué ha de importarle al policía mal pago? De ninguna manera estoy diciendo que la actitud de las fuerzas de seguridad haya sido aceptable. Tal concepción es imposible de aceptar cuando en una república el contrato social consiste en entregar las armas a las fuerzas de seguridad para que nos protejan a cambio del pago de impuestos. Que tal cosa haya sucedido habla, justamente, de la ruptura institucional en la que se encuentra el país. Ni el kirchnerismo ni la oposición pueden, sin embargo, hacer ajena a ellos mismos las críticas bien levantadas contra la actitud de las fuerzas de seguridad. El poder político, tanto como las armas, pueden ser utilizadas para levantarse contra el pueblo.

Este kirchnerismo de doble moral y discurso adaptado a las conveniencias ha crecido a la sombra de una oposición que le permitió llegar a ser lo que es. Es cierto que en la medida que la oposición no es mayoría posee límites a los frenos institucionales que puede poner a un gobierno de inocultable sesgo autoritario, pero no es menos cierto que es la misma oposición que acompañó con su voto expropiaciones como las de las AFJP y Repsol-YPF entre otras iniciativas. Algunos opositores confesaron votar a favor de expropiaciones por lo que dice el corazón y no lo que indica la razón. ¿No es esto, acaso, un mensaje similar al de obediencia debida de Pichetto? Ya sea que el voto, a sabiendas erróneo, se hace por un corazón nacionalista o un corazón partidario, el daño institucional es ineludible. La oposición parece estar jugando la peligrosa apuesta de que el “vamos por todo” continúe hasta el 2015 con la esperanza de que el gobierno no tenga más remedio que hacerse cargo de los ajustes y costos políticos necesarios. El costo de esta apuesta política recae en el ciudadano, como si las muertes en saqueos y repetidos accidentes en trenes no fuesen lo suficientemente explícitos de quien paga la factura del juego político. No deja de ser, incluso, una apuesta que me cuesta entender. Los últimos días muestran que el gobierno prefiere dejar un país en llamas a hacerse cargo de sus propios errores. Mientras el gobierno de Cristina Kirchner bate récords de causales de juicio político, la oposición habla de dialogo con un gobierno que ofrece menos retorno que una pared de concreto. Ser políticamente correcto pero institucionalmente irresponsable no deja de ser signo de una clase política corrupta en sus principios institucionales. La oposición da la sensación de estar institucionalmente tan confundida como el oficialismo si cree que una elección da inmunidad institucional frente a los ciudadanos y sus pares.

Por último, pero no por ello menos importante, el factor cultural también ha jugado un rol central. Los saqueos no son nuevos, son parte de la cultura Argentina. ¿No es saqueo al pueblo una carga tributaria récord sin contraprestaciones? ¿No es saqueo acaso una inflación descontrolada por un gobierno que le falta a la verdad en la cara al ciudadano (incluido su votante) la negar el problema? ¿No es saqueo que el gobierno le de beneficios al pseudo-empresariado del país cargando así sobre las libertades y bolsillo del consumidor? Este saqueo institucional es manifestación de las preferencias políticas del votante medio, o al menos de una parte importante de la sociedad. La misma sociedad Argentina no deja de tener parte de responsabilidad al apropiar y cultivar una cultura de “vivir del otro.”

Una sociedad que sospecha en lugar de admirar al empresario exitoso difícilmente disfrute de una cultura emprendedora. En su clásico “El Estado”, Frederic Bastiat decía que el “Estado es la gran entidad ficticia por la que todos buscan vivir a expensas uno del otro.” En Argentina se ha hecho de esto una máxima. ¿Cuántos Argentinos se creen con derecho a recibir por parte del estado fondos provenientes del prójimo? ¿No es esto usar la fuerza del estado para saquear la propiedad de terceros? Lamentablemente esta concepción es insostenible como filosofía de vida en sociedad y cuando los recursos escasean pasa a imperar la ley de la selva sobre el estado de derecho. La sociedad argentina se debe una seria mirada interna en su responsabilidad de demandar y fomentar populismo por parte de una dirigencia política dispuesta a proveerla, después de todo es el mismo ciudadano, no el político, quien debe afrontar el costo. Esto no debe entenderse como una excusa a la clase política cuyo deber es proteger las instituciones y no permitir que el voto de la mayoría sea herramienta de expropiación de la minoría. La desidia política de confundir democracia ilimitada con democracia limitada por los principios republicanos llevan un rol protagónico en los tristes eventos de días anteriores.

El problema del cepo es que no soluciona el problema de fondo. El dólar oficial se encuentra artificialmente barato, lo que hace que su oferta (por exportaciones, etcétera) sea menor y que su demanda (para importaciones, atesoramiento, etcétera) sea mayor. El desequilibrio es la pérdida de reservas resultante. Parte importante de este problema es la precaria situación energética a la que se ha llegado luego de diez años de kirchnerismo. Ante este panorama, la pregunta de si se puede salir del cepo y cómo hacerlo se ha escuchado con mayor frecuencia en los últimos días. Una política para salir del cepo tiene que hacer frente a por lo menos tres problemas.

En primer lugar, el desvío del tipo de cambio oficial respecto al tipo de cambio real. En la medida que el tipo de cambio oficial mantenga un precio de dólar barato, la oferta no podrá satisfacer a la demanda en  el mercado de cambios. Esto no es otra cosa que la interacción entre demanda y oferta. La Argentina está en un típico problema de atraso cambiario. La política cambiaria K ha sido similar a la tablita de Martinez de Hoz; ajustar el tipo de cambio por debajo de la inflación.

Si uno estima el tipo de cambio del 2007 (cuando se interviene el INDEC) en adelante por la inflación verdadera de Argentina menos la americana, a fin del 2012 el tipo de cambio debería estar alrededor de los 12 pesos. Es decir, el mercado blue se encuentra más cerca de un tipo de cambio de equilibrio que el tipo de cambio del BCRA. Esto no quiere decir que la solución sea una devaluación. De poco sirven la devaluaciones que buscan evitar cambios de fondo en la economía del país. Las economías son más competitivas frente al mundo cuando el sector productivo es competitivo, no cuando el BCRA devalúa artificialmente el tipo de cambio bajo el eufemismo de “tipo de cambio competitivo”. En lo que va del 2013, el BCRA devaluó el peso alrededor de un 25% (en términos anuales), tasa similar a la inflación anual. Este es un ritmo de devaluación, llevado adelante por el kirchnerismo, por más que el gobierno niegue sus propias políticas.

En segundo lugar, es indispensable dar fin a la inflación, ya entre las mayores a nivel mundial. La diferencia entre una inflación del 2% y una del 25% no es meramente de valores. Con una inflación del 25%, el peso puede ser medio de pago, pero deja de ser una eficiente unidad de cuenta y definitivamente deja de ser un medio para atesorar valor. Esto quiere decir que mientras el peso puede ser un medio de pago no es dinero propiamente dicho. Si el atesoramiento de valor (ahorrar) no es posible, entonces la demanda de tenencia de pesos colapsa. Esto quiere decir que todo peso que no se necesita para transacciones (compras de cada mes como ir al supermercado, pagar impuestos, etcétera) se utiliza para comprar bienes y dólares, pero no se ahorra. El aumento en consumo no se debe a las bondades del modelo kirchnerista, se debe a la destrucción del peso como reserva de valor. Ante la inevitable pérdida de riqueza, mejor comprar un televisor plasma o cambiar el auto que ahorrando en pesos. En el segundo caso se pierde valor pero al menos se disfruta de un nuevo bien adquirido. El desafío del BCRA no es sólo bajar la inflación, es volver a generar la confianza en la gente que el peso ha vuelto a ser dinero, lo que incluye ser un medio viable y confiable para atesorar valor. En  el centro de estos problemas se encuentra el déficit fiscal, el cual el BCRA financia al mismo tiempo que se deslinda del problema inflacionario. Una actitud que va en contra la credibilidad necesaria para recuperar la seguridad en el peso.

En tercer lugar, hay un serio problema de confianza. El dinero fiat como el peso (dinero no convertible) obtiene su valor de la confianza que el mercado tenga en el BCRA. Cuando el BCRA no es confiable, entonces comienza a haber una preocupación por las reservas, dado que sin cepo cambiario el mercado puede rápidamente cambiar el peso por otra moneda más dura. Pero si el BCRA fuese confiable nadie estaría preocupado por el nivel de reservas. ¿Quién se preocupa, acaso, por las reservas de la Reserva Federal de Estados Unidos? No va a ser fácil eliminar la preocupación por las reservas en un país con un historial único de inflación y un presidente del BCRA que niega que la inflación sea su responsabilidad. ¿Cómo creer la palabra a un gobierno que insiste con publicar las irreales cifras del INDEC (sólo por dar el ejemplo más claro)? El gobierno argentino es considerado, doméstica e internacionalmente, un mentiroso crónico. ¿Cómo creerle a un mentiroso crónico? El kirchnerismo es un movimiento sin credibilidad. ¿Le creería a usted a Cristina Kirchner si le dice por cadena nacional que le promete proteger el valor del peso secundada por funcionarios como Boudou, Moreno, Kicillof, Pimpi Colombo, Marcó del Pont, Abal Medina, etcétera? El problema del kirchnerismo no es sólo su rechazo a un problema inocultable, sino que han dilapidado la credibilidad necesaria para que las medidas que debería tomar sean creíbles.

El kirchnerismo ha hecho a la sombra de los otros poderes del Estado un gran daño social y económico. Pero el mayor golpe que han dado al país es el daño institucional. Sin embargo, al votar la estatización de las AFJP y la expropiación de YPF, la oposición es tan responsable del deterioro institucional del país como el kirchnerismo. El problema de una parte importante de la oposición es que ha dañado también su propia credibilidad. La confianza, el respeto a la clase política, las instituciones formales e informales, etcétera, se construyen con mucho esfuerzo y tiempo. Es muy fácil, sin embargo, echar por tierra tanto trabajo. Está confundida la oposición si cree que los problemas del kirchnerismo se solucionan mejorando la gestión pero sin un serio cambio de actitud hacia el problema institucional y revisión de las políticas de fondo. Solucionar el problema del cepo cambiario requiere más que medidas económicas consistentes, requiere de una credibilidad y prestigio institucional que ni el oficialismo ni la oposición se han preocupado por cuidar. Solucionar los problemas económicos del país va a ser más difícil de lo necesario.

Analizar el caso argentino con énfasis en políticas públicas sin poner la lupa en el problema del déficit fiscal es pasar por alto el problema de fondo. Es como sostener que el problema del adicto al alcohol son los síntomas, o la marca que consume, pero no la adicción al gasto público. El problema de errar en el diagnóstico es que fácilmente puede llevar a proponer solución aquello mismo que produce el problema en primer lugar. Una nueva ronda de tragos para combatir la resaca no es una solución de largo plazo. Ciertamente, tener déficit fiscal algún que otro año no es un problema serio, como no lo es tomarse una copa de vino durante la cena, el problema es la acumulación de déficits fiscales a niveles insostenibles. El problema no es la copa de vino, es la sumatoria. Expandir el gasto público para combatir las secuelas de una crisis de origen fiscal difícilmente lleven a buen puerto.

Cuando Menem asume la presidencia la emisión monetaria ya no era un medio efectivo para financiar el gasto. El gobierno de Alfonsín ya había agotado esa herramienta llevando al país a un caso inédito de hiperinflación. La “maquinita” ya no era una herramienta viable para financiar al Tesoro. Luego de algunos traspiés, el nuevo esquema de convertibilidad le ató las manos a un banco central incapaz o desinteresado en proteger el valor de la moneda. El desequilibrio fiscal, sin embargo, no desapareció. Lo que se modificó fue la fuente de financiamiento. El adicto al déficit fiscal cambió su bebida de elección sin modificar su dañino comportamiento. El proceso de privatización implicó un ingreso de recursos por la venta de activos y la eliminación de empresas estatales fiduciarias a cambio de empresas contribuyentes al fisco. El proceso de privatización (algunas bien hechas, otras mal hechas) no tuvo nada que ver con un súbito ataque de “neoliberalismo” en el peronismo de turno, sino que tuvo que ver con serias necesidades de recursos. Ya no causa sorpresa que el mismo partido (en algunos casos los mismos políticos) que defendieron las privatizaciones hayan defendido las nacionalizaciones del gobierno K siempre y cuando esto permita patear hacia adelante los problemas de caja.

La venta de activos, sin embargo, posee un límite, eventualmente ya no quedan activos por privatizar. La otra fuente importante de recursos a lo largo de los 90 fue la toma de deuda con organismos internacionales. Dada la ley de convertibilidad, el BCRA no estaba autorizado a emitir pesos sin la correspondiente entrada de dólares (situación convenientemente flexibilizada a medida que pasaban los años.) El gobierno, en lugar de financiarse con el BCRA, lo hacía con los organismos internacionales. El gobierno de Menem no solucionó el problema del gobierno de Alfonsín, sino que encontró una nueva manera de prolongarlo en el tiempo. Es un error de diagnóstico ver en los 90 un gobierno “neoliberal” (alcanza con ver cuántos puntos de la receta neoliberal del Consenso de Washington no se cumplieron) por el contrario, fue una época típicamente keynesiana, donde el gasto público tuvo precedencia sobre el equilibrio fiscal.

De la misma manera que la emisión monetaria no es sostenible de manera indeterminada, tampoco lo es la deuda pública en dólares. Eventualmente el peso de la deuda fue tal que el sistema colapsó en el 2001. Entre 1991 y el 2001 el gasto público aumentó un 90.8%, el PBI lo hizo en un 49.3%. Es decir, la deuda pública creció casi al doble de velocidad de la economía. Imagínese lo que pasaría con sus finanzas personales si aumenta el gasto de su tarjeta de crédito un 90.8% en este período pero sus ingresos sólo lo hacen un 49.3%. Eventualmente el banco le va a cortar el crédito y pedirle que salde su deuda. Ahora lleve ese problema a dimensión país: el resultado es la crisis del 2001. La irresponsabilidad financiera a escala familia no deja de serlo a escala país. La diferencia es que usted no puede defaultear y trasladarle el costo a sus acreedores, que es lo que hizo el gobierno en el 2001.

Como es costumbre política, cuando el déficit fiscal se vuelve insostenible priman las medidas de corto plazo sobre las soluciones de fondo. En lugar de equilibrar las cuentas fiscales, se prefirió declarar un histórico default internacional (vitoreado cual “barra brava” en el honorable Congreso de la Nación), instaurar dos corralitos, y proceder con una devaluación que llevó el tipo de cambio de 1ARS = 1USD a 3ARS = 1USD. Estas medidas lo que hicieron  fue transferir el costo del ajuste a los acreedores externos, a los importadores y a los tenedores de pesos. Cuando por impericia o desinterés en el manejo fiscal se llega a un punto crítico como lo fue el 2001, donde ya no es posible pasarle el problema al próximo gobierno de turno, el debate no es si debe o no hacerse un “ajuste”, sino quien va a pagar el ajuste dado que el mismo es inevitable. El gobierno K, en cuyo relato reniegan de aplicar una ajuste, de hecho produce un duro ajuste al imponer un cepo cambiario, una inflación real superior al 20%, cerrar virtualmente las importaciones, tener una deteriorada infraestructura energética y de transporte, etcétera. Los gobiernos suelen preferir trasladar el ajuste a sus representados antes que hacerse cargo de sus propios desmanejos económicos.

Gracias a la devaluación y al default, los primeros años post 2001 mostraron superávit gemelos (fiscal y comercial). Pero dos problemas quedaron irresueltos. En primer lugar, más allá del atraso cambiario a fines de los 90, la devaluación de Duhalde no equilibró el mercado externo, sino que se pasó de un atraso cambiario a un adelanto cambiario. Esto produce rentabilidades artificiales en el sector exportador, que no dudará en reclamar socorro al estado partenalista bajo el nombre de “tipo de cambio competitivo” cuando la rentabilidad artificial comience a reducirse hacia su real valor de mercado. Bajo el esquema 1ARS= 1USD, uno puede comprar bien por 100ARS en Argentina o 100USD en el exterior. Bajo un esquema de 3ARS= 1USD los precios domésticos aumentan hasta que el precio local es 300ARS y el internacional es de 100USD. Es decir, se vuelve a una situación similar a la del “1 a 1.” Comprar a 300ARS en Argentina o a 100USD en el exterior es lo mismo dado el tipo de cambio 3ARS= 1USD. Pueden cambiar los números, pero la situación económica es la misma a la del “1 a 1.” Esto explica la alta inflación de los años post-crisis.

El segundo problema que quedó sin resolver fue el del gasto público, que eventualmente erosionó el superávit fiscal. El problema de fondo de las dos décadas pasadas fue repetido una vez más sin desviarse del libreto. Así como en los 90 el menemismo tuvo que cambiar la fuente de financiamiento del gasto público y se recurrió a la venta de activos (privatizaciones) y deuda pública, el gobierno K también tuvo que cambiar sus fuentes de financiamiento. En lugar de privatizar, se confiscaron (con procesos de dudosa constitucionalidad) cajas y flujos de fondos siendo el caso de las AFJP posiblemente uno de los casos más claros. Dado el cierre al mercado financiero internacional, se procedió a tomar deuda cara con Venezuela y cancelar deuda barata (con el FMI), aumentar la presión impositiva a niveles asfixiantes (cómo en el intento de la Resolución 125) y hacer uso una vez más del BCRA para financiar al Tesoro. Todo esto son síntomas de que en los últimos 30 años la Argentina persiste en cometer el mismo error sin atender a los motivos de fondo.

El radicalismo de Alfonsín, el peronismo de Menem y el peronismo K ofrecen en términos de desmanejo fiscal la misma receta. Las diferencias en política económica no se debieron a diferencias ideológicas o partidarias, sino a las circunstancias económicas de cada momento que impedían ciertos métodos de financiamiento del déficit fiscal, viéndose obligados a buscar métodos alternativos. El adicto al alcohol puede verse forzado a cambiar de barman si su bar predilecto se encuentra cerrado, pero no por ello soluciona su adicción. La inflación de fines de los 80, la deuda pública de los 90 y la inflación actual no cayeron del cielo, sino que tienen su origen en gobiernos adictos a las políticas populistas que le llevan a descuidar el equilibrio fiscal necesario para un sendero de crecimiento estable a largo plazo.

Cambiar el método de financiamiento del déficit fiscal no soluciona el problema, simplemente le cambia el maquillaje. Creo que fue un ministro español quien dijo que el déficit fiscal no es de derecha ni de izquierda, ni del socialismo ni del libre mercado, es de gobiernos eficientes. Los serios problemas económicos que afligen al país hoy día no hay que buscarlos en discursos ideológicos, conspiraciones internacionales ni grupos concentrados de poder. El problema tiene nombre y apellido: déficit fiscal. La clase política dirigente debe mirarse en el espejo si quiere encontrar la causa de los problemas económicos del país.

El término neoliberal suele asociarse al Consenso de Washington (¿qué más oportuno para los críticos que la “receta neoliberal” se haya cocinado en Washington, capital del “Imperio Capitalista”?) El Consenso de Washington se resumen en los siguientes diez puntos:

1. Discplina fiscal, evitando abultados déficits fiscales respecto al PBI;
2. Redireccionamiento del gasto público, desde subsidios (indiscriminados) hacia la provisión en áreas clave para el crecimiento y sectores de bajos ingresos (educación, salud, infraestructura, etcétera);
3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas marginales moderadas;
4. Tasas de interés determinadas por el mercado y (moderadamente) positivas en términos reales;
5. Tipo de cambio competitivo;
6. Liberalización del comercio (externo): liberalizar las importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas. Cualquier protección debe ser en base a tasas bajas y relativamente uniformes;
7. Liberalización de las inversiones extranjeras directas;
8. Privatización de empresas estatales;
9. Desregulación: eliminar las regulaciones que impidan al entrada o restrinjan la competencia, excepto para aquellos casos con justificación de seguridad, medio ambiente, protección al consumidor y una supervisión prudencial del sistema financiero;
10. Protección legal de los derechos de propiedad.

Para sostener que Argentina sufrió de neoliberalismo durante los 90, entonces tendrían que haberse aplicado todos, o una clara mayoría, de estos diez puntos. Ese, sin embargo, no fue el caso. Varios puntos centrales del Consenso de Washington estuvieron ausentes, o en clara diferencia a lo que la “receta” sugiere.

El primer punto de estabilidad fiscal fue un ingrediente claramente ausente en una década marcada por déficits fiscales. Esta ausencia, vale aclarar, fue acompañada con el visto bueno de varios acreedores internacionales. De haberse aplicado el punto de disciplina fiscal, la abultada deuda pública no hubiese culminado en un default del cual aún hoy no se termina de salir. Los déficits fiscales no fueron accidentales, el gasto público creció un 90.7% entre 1991 y el 2001. El stock de deuda externa sobre el ingreso nacional pasó del 35.6% en 1991 a un 56.9% en el 2001. No se puede afirmar que Argentina haya cumplido con el primer punto sobre déficit fiscal, clave para la estabilidad económica. El equilibrio fiscal no es una actitud de derecha ni de izquierda, ni de liberales ni de socialistas, es una medida de sentido común económico.

La política de “tipo de cambio competitivo” no es otra cosa que tener una moneda devaluada que facilite las exportaciones al resto del mundo. Esta es una política con buena llegada en varios sectores del país. Dado que el sector industrial no es competitivo por sí mismo (en parte por las regulaciones económicas y las presiones sindicales), se recurre a políticas de moneda devaluada para facilitarle el acceso a mercados externos. Esto genera rentabilidades ficticias, no reales, que tarde o temprano hay que afrontar. Hacer uso de un tipo de cambio devaluado para beneficiar el sector exportador a expensas del importador ciertamente no califica como una actitud de libre mercado.

Desde el punto de vista del gobierno (especialmente del banco central), un tipo de cambio devaluado ayuda a acumular divisas provenientes de saldos comerciales favorables y hacer frente a la deuda pública. Sin embargo, justamente una de las críticas a la economía de los ’90 (especialmente en los últimos años) es el del atraso cambiario, que significa lo opuesto a tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio competitivo no sólo estuvo ausente en los ’90, sino que es una política defendida por más de un “crítico de las políticas neoliberales”.

La apertura comercial, otro punto fuertemente asociado a la década del ’90, también presenta dificultades. La política comercial consistió en una reducción de tasas con sesgo en favor del Mercosur. Sin embargo, el promedio arancelario en Argentina (14%) era tres veces superior al de los países más libres del mundo. La apertura comercial no fue de la magnitud que los críticos suelen implicar (las importaciones no superaron el 13% del PBI en los años de mayores importaciones), sino que el sesgo hacia zonas particulares como el Mercosur produce “desvíos de comercio” que mal-asignan recursos económicos: se compra y se vende ineficientemente. El Mercosur es un ejercicio de proteccionismo ampliado, no un ejercicio de apertura comercial en conjunto con los socios comerciales. Apertura comercial y proteccionismo ampliado no deben confundirse.

Uno de los puntos más sensibles es el de las privatizaciones, al punto tal que a veces pareciera ser que esto es suficiente para justificas el calificativo de neoliberal ignorando los otros 9 puntos. Las privatizaciones, sin embargo, tampoco estuvieron ausentes de diferencias con el recetario neoliberal. Si bien es cierto que se privatizaron un número importante de empresas públicas, eso no quiere decir que todas las privatizaciones hayan sido bien hechas ni que detrás de las privatizaciones no se hayan impuesto fuertes regulaciones que restringen fuertemente a los nuevos actores privados.

En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, se dividió el mercado en dos grandes monopolios por varios años. Crear estos mercados cautivos fue necesario para encontrar algún inversor dispuesto a pagar algo por ENTEL. Las privatizaciones no son en sí pro mercado si se realizan bajo regulaciones que restringen la competencia entre actores privados. Los monopolios artificiales no son parte de las políticas neoliberales, sino que son políticas en contra del espíritu de libre mercado. Las privatizaciones no estuvieron inspiradas en principios neoliberales, sino en la necesidad de financiar al Tesoro Nacional, tanto mediante la venta de activos como de la recaudación impositiva de sus actividades. Si bien uno es libre de identificar el término neoliberal con cualquier tipo de privatización, en tal caso ya no se puede asociar al término “neoliberalismo” con el de “libre mercado”.

Otro ejemplo recurrente es el de las AFJP. Sin embrago, las regulaciones impuestas al sector por parte del gobierno forzaron a las AFJP a invertir en títulos públicos de un gobierno crónicamente deficitario. Al 2001, el 70% de los fondos en las AFJP estaban destinados a títulos asociados al gobierno. Si las AFJP hubiesen sido libres de administrar sus propias carteras de inversión, el default argentino les hubiese afectado en menor medida. Las AFJP no colapsaron por sí mismas, sino que fueron arrastradas por la irresponsabilidad fiscal de los ’90.

Más allá de las regulaciones asociadas a las privatizaciones, otras interferencias clave en el mercado no fueron eliminadas, siendo la legislación laboral una de las principales. Las regulaciones en sectores claves del mercado hacen difícil de defender un claro proceso de desregulación durante los ’90.

Otro punto discutible es el de la reforma impositiva. De hecho, hubo aumentos impositivos en 1995, 1996 y 1998 (más tarde Machinea también subiría los impuestos durante el Gobierno de Fernando de la Rúa acelerando la caída de la actividad económica).

Tenemos, entonces, por lo menos 6 de los 10 puntos de la receta neoliberal que no se cumplieron. Otras cuestiones como redireccionamiento del gasto públicos, tasas de interés de mercado, libre entrada de inversión externa directa y defensa de la propiedad privada pueden ser más discutibles. Pero si asumimos que estos 4 puntos se cumplieron perfectamente, tenemos sólo 4 de los 10 puntos del Consenso de Washington presente durante la década del ’90.

En la medida que el crítico entienda por neoliberalismo los 10 puntos del Consenso de Washington, y no que haga uso del término como comodín para ahorrarse el trabajo de tener que sustentar su crítica, entonces no puede sostener que esa fue la política imperante durante los ’90 cuando en el mejor de los casos se aplicó el 40%. (Aún espero ver en alguna de las tantas entrevistas televisivas donde se menciona el supuesto neoliberalismo del ’90 que el entrevistador le pregunte al crítico qué entiende por neoliberalismo, y que luego le pregunte cuántos de esos puntos el país de hecho cumplió.) La dirigencia política que está a cargo del destino futuro del país se debe un análisis más cuidadoso y racional, y menos pasional e ideologizado sobre las políticas pasadas.

Una aclaración final es necesaria. Señalar que el crítico se equivoca al calificar de neoliberal a la Argentina de los ’90 no es en sí una defensa de la política económica de los ’90 ni de la receta neoliberal. Simplemente se señala la inconsistencia de asociar el neoliberalismo (y por añadidura al liberalismo) a una época en la que no se aplicó. Pero para que la crítica produzca resultados debe estar correctamente planteada. Definir el futuro del país en base a un período mal analizado difícilmente lleve a buen puerto. Como todas las presidencias, la del menemismo tuvo aciertos y desaciertos; para identificar a cada uno de ellos es necesario dejar de usar el término neoliberal como calificativo y discutir los aciertos y desaciertos de las distintas medidas libre de prejuicios.

Sostener que Argentina fue un país neoliberal durante los 90 porque tuvo más grados de libertad respecto al gobierno de Alfonsín es quedarse con el árbol y perderse el bosque. El problema no fue el neoliberalismo que no se aplicó, sino el equilibrio fiscal y el libre mercado que no tuvieron cabida.