El Gobierno descuenta que el blanqueo será exitoso, ya que con el acuerdo de intercambio financiero no será tan fácil esconder fondos en el exterior. En segundo lugar, teniendo en cuenta el contexto internacional de bajas tasas de interés, invertir en bonos del Tesoro argentino será más rentable que dejar dichos fondos en el exterior.

El término ‘blanqueo’ dista de ser el más apropiado. Esta palabra suele hacer referencia a las operaciones que buscan maquillar un origen legítimo a fondos obtenidos de manera ilegítima. Por ejemplo, cuando en un hotel o un casino se reporta que se han tenido más clientes que los reales y estos han pagado en efectivo. Sin embargo, en este caso la propuesta está destinada (en principio) a fondos obtenidos de manera legal, pero que no han sido declarados. Por ello, hablar de “amnistía fiscal” o de “declaración de activos ocultos” es más preciso y neutral.

Esta ley de amnistía fiscal o de declaración de activos ocultos no debe hacernos perder de vista el problema de fondos, que es el porqué de la fuga y el ocultamiento de tantos recursos financieros. Los planes de “blanqueo” de capitales en sí no resuelven este problema de fondo. Los fondos no se fugan de Argentina por la malicia del ciudadano, se fugan porque hace años que se debe soportar una carga tributaria asfixiante, con inflación récord y por la falta de proyectos de inversión con una rentabilidad tentadora. Las repetidas confiscaciones de depósitos y la pesificación hacen del mercado financiero argentino un lugar poco seguro para invertir los recursos financieros. El Poder Judicial, por su parte, no se ha visto capaz o interesado en defender la propiedad de los depositantes. ¿Puede el ahorrista confiar en que el Poder Judicial va a proteger sus ahorros del Estado?

En lo que respecta a jubilaciones, el sistema de reparto estatal lejos está de ofrecer una jubilación decente. Los fondos privados en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) —que estaban celosamente reguladas— fueron expropiados por el Estado. Es necesario entender que hay pequeños ahorristas que se ven en la necesidad de esconder sus ahorros del voraz Estado argentino en vistas de tener una vejez decente. Si estos ahorros se mantienen en el país, se corre el alto riesgo de que sean expropiados de una manera u otra. No estamos hablando aquí de estafadores o delincuentes, sino de personas que buscan proteger su vejez. ¿Qué garantías les ofrece Cambiemos de que efectivamente sus ahorros no van a ser confiscados o depreciados por la inflación? ¿Y qué responsabilidad le cabe el Estado, entonces, por esta fuga y ocultamiento de recursos financieros? Mientras los escándalos de corrupción de la dirigencia política no cesan de ser noticia, el Estado le pide al contribuyente que declare sus fondos, pague entonces aún más impuestos y corra el riesgo de ver sus ahorros desaparecer como ya ha sucedido en el pasado. Esto hace especialmente cuestionable que este acuerdo se extienda a funcionarios públicos, cuyo comportamiento ético debería estar fuera de toda duda y quienes deberían ser los primeros en dar el ejemplo.

En un contexto internacional de abundancia de dólares, Argentina debería ser receptora de caudales de inversiones, sin necesidad de ningún blanqueo o amnistía fiscal para fondos no declarados si invertir en este país fuese la oportunidad que efectivamente Cambiemos dice que es. El grado de necesidad de un blanqueo puede interpretarse como el grado de fracaso del plan económico. Los blanqueos son, en definitiva, más parches que soluciones de fondo. Cambiemos ha anunciado algunos objetivos fiscales. Pero no ha anunciado planes que detallen cómo se van a cumplir dichos objetivos. Argentina necesita una seria reforma del gasto público e impositiva. Esto genera incertidumbre. Las inversiones de largo plazo, sin embargo, necesitan la certeza de un mercado abierto, libre y flexible, con una protección a la propiedad privada que trascienda al Gobierno de turno. No tengo la impresión de que en el plano internacional, por el momento, Cambiemos y la dirigencia política estén ofreciendo esa seguridad.

El martes 12 de abril Uber dio inicio a sus actividades en Buenos Aires. Esto tomó de sorpresa no sólo a sus clientes, sino también al Gobierno del PRO en ciudad de Buenos Aires (CABA) y al sindicato de taxistas. La reacción del PRO se ha prestado más a confundir a la opinión pública que a ayudar a que las nuevas tecnologías y los servicios hagan pie en un país que tanto necesita de nuevos emprendimientos. Si bien en este caso la empresa involucrada es Uber, esta no es la única que ofrece estos servicios a nivel mundial. Quizás Lyft sea la alternativa más conocida. Pero hay distintas empresas similares en varios países alrededor del mundo. Mis comentarios van por igual para Uber como para cualquier otra empresa que ofrezca el mismo tipo de servicio.

La primera cuestión a aclarar es qué servicio presta y no presta Uber. Uber es un intermediario entre dos vecinos que no se conocen. Uno de ellos demanda un transporte y el otro está dispuesto a ofrecer este servicio. Es como un banco, que no presta sus ahorros, sino que conecta ahorristas con deudores y cobra una comisión por ahorrarle a cada uno el costo de buscarse y encontrarse. Uber, en este sentido, no ofrece transporte propio ni los conductores son sus empleados. No se sigue que Uber deba adaptarse a la regulación de los taxis, del mismo modo que el individuo que lleva a su vecino el lunes por la mañana a cambio de un pago no debe adaptarse a la regulación de taxis. Lo que Uber hace es proveer información: dónde se encuentran estos vecinos. ¿Acaso, por ejemplo, los pools escolares son ilegales? ¿O sólo lo son si en lugar de coordinar telefónicamente los padres lo hacen a través de su teléfono, vía una aplicación llamada Uber? ¿O pasan a ser ilegales si quien hace de conductor recibe una modesta compensación? Uber es una plataforma de información y comunicación entre vecinos.

Si, en todo caso, Uber fuera ilegal, esto tampoco debería ser motivo para impedir su funcionamiento y cerrar la discusión. Este es un claro ejemplo donde el PRO utiliza un marco regulatorio obsoleto para frenar el avance de nuevos servicios en CABA. Sostener que la implementación de nuevas tecnologías no puede darse al margen de la ley puede sonar muy perspicaz, pero esconde el hecho de que en este caso es la regulación la que impide el progreso. El PRO en CABA parece tener una mentalidad que mira hacia el pasado, en lugar de mirar hacia el futuro. La mentalidad del PRO debería ser la de adaptar rápidamente la regulación al siglo XXI, en lugar de intentar que el siglo XXI encaje en una regulación ineficiente y obsoleta. El PRO no se ha mostrado, hasta el momento, muy flexible a revisar el marco regulatorio. Más preocupado parece estar por justificar la ilegalidad de Uber.

En segundo lugar, se argumenta que al tomar un auto a través de Uber no se tiene cobertura de seguro. Desconozco los detalles del servicio provisto en CABA. Pero a nivel global esto no es correcto. Al menos en Estados Unidos incluye servicio de emergencia y seguro comercial en caso de accidente tanto para pasajero como para el conductor y para terceros (ver aquí). No obstante, esta objeción erra al punto. El nivel de seguro que se contrata es una cuestión a arreglar entre la partes, no a definir por el Gobierno. El seguro mínimo requerido para transitar libremente ya es una obligación al adquirir un automóvil. Cualquier seguro extra corre por cuenta de las partes. Todo aquel que se sienta inseguro en un auto que viene por Uber es libre de subirse a todos los taxis que desee y lidiar con el sindicato de taxis si sufre algún inconveniente. En cuanto al seguro (comercial) contra terceros, si esto es un serio impedimento en el caso de CABA, se soluciona fácilmente la regulación y se ofrece un seguro en lugar de impedir una iniciativa comercial. Que Uber funcione en unas cuatrocientas ciudades muestra que el proyecto es viable, no que el mundo está equivocado pero el PRO está en lo correcto.

Esto último se relaciona con otra cuestión que se está pasando por alto. En el caso de Uber, todos los detalles del viaje están registrados, incluyendo una calificación del pasajero al conductor y viceversa. Esto es contrario al taxi, donde los viajes son anónimos. De haber algún incidente, Uber tiene mayores incentivos para solucionarle el problema al cliente que el taxista, quien goza de una licencia monopólica. De sufrir algún percance, ¿realmente confía más en el servicio de taxi que en una empresa que debe ganarse la aprobación del cliente al momento de solucionarle el conflicto? El conductor de Uber que no recibe buenas calificaciones de sus pasajeros o no es cuidadoso con su modo de manejar queda fuera del sistema. ¿Lo mismo sucede con los taxis?

Lo otro que queda registrado son los pagos. Dado que las transferencias son electrónicas, toda la operación comercial está en blanco. Los taxis, al menos en Argentina, ni siquiera aceptan pago con tarjeta de débito o crédito, es todo en efectivo. En el área fiscal, servicios como Uber son más transparentes que el efectivo de los tradicionales taxis argentinos.

En tercer lugar, el caso de Uber en Buenos Aires (como en casi todas las ciudades donde ha desembarcado) no deja de ofrecer un ángulo de public choice. Lo que se pone en riesgo es el monopolio de las licencias de taxi, que, casualmente, son vendidas por CABA. El mismo nivel de oposición a nuevos servicios no se ha visto en videoclubes o canales de televisión ante el desembarco de Netflix o Amazon Prime, o Skype para las comunicaciones telefónicas. Blockbuster desapareció justamente por no considerar los servicios de streaming. La diferencia es la falta de sindicatos monopólicos en estos mercados. El resultado es que los taxistas se ven más preocupados por proteger sus licencias monopólicas que por modernizar su servicio.

Hechas estas aclaraciones, sin embargo, lo que más sorprendió fue la agresiva reacción de CABA hacia los vecinos. El Gobierno de la ciudad hizo saber que iba a multar y llevarse con grúa a los autos de Uber que fueran identificados en la calle, al mismo tiempo que los taxistas se dieron el lujo de cortar calles de la ciudad sin sufrir siquiera advertencia alguna. ¿No era acaso la promesa del PRO traer la nueva política al servicio de la gente? La gente claramente quiere un servicio como el provisto por Uber, el PRO debe facilitar, no impedir, los deseos del vecino de CABA. Es el Estado el que debe estar al servicio de la gente, no la gente al servicio del Estado y el administrador de turno. El mismo Gobierno que ya lleva ocho años administrando la ciudad y ha subido los impuestos de manera repetida. El mismo partido político que combate la inflación de manera gradual trata de delincuente al vecino que ve la posibilidad de hacer algún ingreso extra para llegar a fin de mes.

El PRO, el mismo Gobierno del eslogan “Sí, se puede” y “Cambiemos”, se muestra muy lento de actitud para actualizar una regulación obsoleta que beneficia a unos pocos a expensas del ciudadano. El PRO, en cambio, se ha mostrado veloz si de lo que se trata es de proteger a los taxistas de la competencia, al punto tal de amenazar al votante. En este caso, el PRO actúa en contra, no a favor, del progreso que tanto dice querer promover. Parece ser que el vecino (conductor o pasajero a través de Uber) es quien debe estar al servicio del Gobierno del PRO, en lugar de ser este quien esté al servicio de facilitarle la vida al vecino. ¿Es esto lo que el PRO entiende por Estado presente?

El caso Uber me parece representativo por otros dos motivos. En primer lugar, porque muestra más fielmente la mentalidad PRO que las decisiones de Cambiemos en el Gobierno nacional. En el Gobierno nacional, Cambiemos no ha tenido mucho margen al decidir políticas distintas a las grandes medidas que se han tomado: (1) salir del cepo cambiario, (2) eliminar las declaraciones juradas anticipatorias de importación, (3) finalizar el default con los holdouts, (4) revisar tarifas públicas. Cualquier gobierno, con mayores o menores diferencias, se hubiese encaminado a tomar las mismas decisiones. Por lo tanto, estas medidas no son representativas de lo que el PRO realmente piensa. El caso de Uber es distinto. En CABA el PRO sí tiene la posibilidad de modernizar (otra palabra que se repite en sus funcionarios) un servicio que usan los vecinos de manera diaria, pero hasta el momento ha actuado de manera opuesta. Es por este motivo y por actitudes como las de este partido contra Uber que persiste la duda de si Cambiemos va a generar un genuino cambio o se va a quedar en administrar de manera eficiente el ineficiente modelo k.

La discusión, por lo tanto, va más alla de “Uber sí” o “Uber no”. La discusión es cuál debe ser la mentalidad de quienes nos piden el voto para luego gobernarnos.