Las consecuencias del default económico posiblemente sean un agravamiento general del ya delicado cuadro económico del país. Para un gobierno al que tan fácil le resulta apartarse de la transparencia, el ‘Griesafault’ puede ser usado como excusa para justificar los magros resultados económicos de modelo K, profundizado por el ministro Kicillof y su equipo. Créditos (externos) al sector privado se verán reducidos, si no eliminados. Las provincias, también con una importante falta de disciplina fiscal, se verán imposibilitadas de emitir bonos para financiar su déficit, o deberán hacerlo a tasas muy altas. En un cuadro de default, los prestamistas institucionales no utilizan el crédito de sus depositantes para financiar países en default. Si bien es cierto que se habla del nuevo default, lo cierto es que Argentina no terminó de arreglar con sus acreedores luego del 2001. Por eso había un juicio abierto y por eso el país tenía limitado el acceso a créditos internacionales. De hecho, el gobierno de los Kirchner se financió con fondos de Venezuela a tasas “buitre”. El canje no pudo haber sido el “más exitoso” de la historia por el simple motivo de que el canje nunca terminó. Ignorar a los holdouts (que, guste o no, están en su derecho de no aceptar una quita como la ofrecida por Argentina), como ahora es claro, dista de ser una solución a problemas de deuda externa.

Pero este proyecto de ley también implica un default institucional. Esto es un aspecto novedoso respecto a defaults anteriores. Si bien este default es menos explosivo que el del 2001, el daño institucional, cuyas consecuencias son de largo plazo, puede ser más graves que el beneficio económico de corto plazo de no pagar a los holdouts. Dado que, para ofrecer seguridad jurídica, Argentina voluntariamente aceptó someterse a legislación internacional en la emisión de deuda, rechazar el fallo de Griesa implica renunciar a ofrecer un marco jurídico que dé la confianza en el país que su dirigencia política no sabe o no puede dar. En definitiva, lo que Argentina (gobernada por el kirchnerismo) le está diciendo al mundo es que el país paga sus deudas si quiere, como quiere, y donde quiere. La semántica y el relato político pueden adornar pero no cambiar este mensaje. Si Argentina rechaza la legislación NY, ¿por qué no va a rechazar las otras jurisdicciones internacionales donde ya ha emitido deuda? ¿Y desde cuándo la justicia Argentina ofrece mayor seguridad a los acreedores que las cortes internacionales bajo la cual se suelen emitir títulos de deuda (¿cuántos otros países emiten sus bonos bajo legislación Argentina?). El mundo es mucho más grande que Argentina y no faltan alternativas más atractivas para inversiones de largo plazo. Son, justamente, los fondos ‘buitre’ (como se dice desde el gobierno) o “capitales especulativos,” quienes prestan a países en serios problemas.

Argentina parece tener una debilidad por maltratar a sus acreedores. Desde su independencia, pasó el 36% del tiempo con su deuda en default o en proceso de reestructuración. Desde la Segunda Guerra Mundial, este número se eleva a un 52%. Algunos sugieren que esto no es grave, que Brasil, por ejemplo entró en default más veces que España. Esta comparación olvida que lo importante no es sólo cuántas veces se entra en default, sino cuanto tiempo se está en default o con deuda en reestructuración. Desde su independencia, Brasil ha estado en default o con deuda en reestructuración un 25% del tiempo. Este número cae a un 17% desde la Segunda Guerra Mundial; contra un 36% y un 52% de Argentina respectivamente.

El problema del deterioro institucional es que las instituciones no pueden ni construirse ni repararse en un taller como se puede hacer con un auto. Los problemas económicos e institucionales que el kirchnerismo está dejando de herencia no se arreglan con buenos modales políticos, se arreglan con decisiones firmes y difíciles, pero necesarias. El gobierno hace un cálculo equivocado al creer que al cambiar la jurisdicción de pago tiene poco que perder (sea este el motivo final o no de este proyecto de ley). El riesgo país, el riesgo de lidiar con un país con una dirigencia política como la de Argentina, puede verse afectado por un largo plazo que no justifica seguir dañando lo que queda de prestigio Argentina a nivel internacional. Cuando el dueño de un comercio se vea sin acceso a crédito o deba afrontar altas tasas de interés en su banco, viéndose forzado a cerrar o despedir personal, va a estar pagando el costo de no “ajustar” un 1% de la recaudación fiscal utilizada en clientelismo político que podría haber sido destinada a evitar el default.

El Déficit Fiscal

Lamentablemente el problema de la deuda pública y el juicio con los holdouts (peyorativamente llamados fondos “buitre”, cuando en realidad son “fondos de inversión de riesgo”) es convenientemente tratado por la clase política como si fuese algo caído del cielo. No hay bonos (deuda) que pagar sin déficit fiscal. Y el déficit fiscal se debe a un insostenible nivel de gasto público proveniente de una clase política adicta al clientelismo político y al populismo. No existe tal cosa como el populismo (clientelismo político) bueno y malo, en todas sus versiones el populismo generan más costos que beneficios. Son los representantes del pueblo en el Congreso quienes firman los presupuestos deficitarios y les cabe a ellos, por lo tanto, la responsabilidad de los desequilibrios fiscales. En una República, el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto que los representantes del pueblo le envían en forma de ley. La clase política, sin embargo, parece guiarse más por una ciega ideología nacionalista que por la racionalidad que sus cargos requiere. El siguiente gráfico muestra el déficit financiero (déficit total) del gobierno desde la vuelta de la democracia hasta el 2013.

El gráfico deja apreciar algunos detalles importantes. Se ve que la norma durante más de treinta años fue la de déficit, no la de una administración responsable. Es claro al ver el gráfico que culpar del posible default a fondos de inversión roza lo infantil. Tener un presupuesto equilibrado no es de izquierda ni de derecha, es del más elemental sentido común de administración pública. Se aprecia, también, que en la década del 90 el aumento de déficit (y por lo tanto de deuda pública) comienza en 1993 durante el primer mandato de Menem. Esto también muestra que el problema en la década del 90 no fue el “1 a 1″ en sí, sino el llevar la deuda a niveles insostenibles. De allí el default en el 2001 y la devaluación que licuaron el gasto público produciendo un superávit más accidental que planeado. El gráfico también nos muestra que Néstor Kirchner heredó este superávit accidental y que la tendencia en su mandato fue a empeorar el resultado fiscal de manera consistente. Tendencia que Cristina Kirchner continuó también de manera consistente. En otras palabras, Cristina Kirchner es una continuación de Néstor Kirchner. Sostener que Néstor Kirchner se preocupaba por tener un superávit fiscal se contradice con la tendencia decreciente del gráfico.

En términos del PBI del 2013, lo que el gobierno debe pagar a los holdouts (1500 millones de USD) es medio punto del PBI. Si se suman los 15.000 millones de USD que eventualmente podrían sumarse, se llega a 5% del PBI. Con Alfonsín el déficit llegó a 8 puntos del PBI (el mayor desde la vuelta a la democracia). Con Menem el déficit llegó a casi 5 puntos del PBI. De la Rúa lo llevó a 7 puntos del PBI. Cristina Kirchner ya lo tiene casi en 5 puntos del PBI. Si la clase política sintiese el mismo rechazo a estos niveles de déficit que le tiene al pago que debe hacer a los houldouts Argentina sería un país mucho más estable. La clase política escapa a su responsabilidad haciendo mal uso de términos como “neoliberalismo” para desviar la atención del insostenible déficit fiscal en los 90 o de “fondos buitres” durante el Kirchnerismo. Problema similar pueden estar en el futuro del país los políticos insisten en buscar excusas para evitar hacer frente al problema de insostenible gasto público.

Los dos Defaults

El potencial default al que se enfrenta Argentina tiene una diferencia fundamental con el del 2001 que no debe pasar desapercibida. De no pagar, Argentina entraría en un doble default. Por un lado el no pago de deuda. Por otro lado, a falta de mejor nombre, en un “default institucional” al decidir ignorar la sentencia de la corte de justicia a la que Argentina voluntariamente eligió someterse. Luego de la crisis del 2001 el país se vio en la necesidad de importar seguridad jurídica para tener algo de credibilidad dado que la seguridad jurídica del país no es confiable. De entrar en default (o intentar un cambio de jurisdicción), Argentina estaría unilateralmente saliéndose de la legislación NY. En el 2001 Argentina podía ofrecer la legislación NY (o la de Londres, por ejemplo), como alternativa a la local. Pero si Argentina decide ignorar los fallos del juez Griesa, ¿qué puede ofrecer a cambio de la justicia local la próxima vez que quiera pedir crédito en los mercados internacionales? Es por esto que Argentina se enfrenta a algo más que un default de deuda pública.

Un litigio como en el que se encuentra Argentina requiere que las partes voluntariamente acepten y cumplan las sentencias. No existe una policía internacional que haga cumplir los fallos del juez como es el caso de la justicia local de cada país a través de la fuerzas policiales. De allí la importancia que tiene que Argentina sea respetuosa de las instituciones. En un picado de fútbol entre vecinos de barrio, donde la AFA no puede hacer cumplir los fallos del referee, aquel que no sigue las reglas del juego e ignora las faltas cuando le conviene, difícilmente sea nuevamente invitado al próximo picado.

Esto dista de ser una diferencia menor. Si un país entra en default, pero respeta las instituciones, entonces es posible negociar una salida y hacer un canje de deuda. El problema se soluciona en el corto plazo. Pero si un país decide abiertamente ignorar las instituciones y la legislación a la que voluntariamente se somete, no puede solucionar la falta de credibilidad “negociando” dado que la credibilidad institucional de un país no se puede comprar. Al costo de corto plazo de tener que renegociar una deuda en default, Argentina estaría sumando un costo de largo plazo al mostrar que ante la posibilidad de pagar y negociar, decide no hacerlo con argumentos considerados muy poco serios fuera de la militancia Kirchnerista.

Esperemos que la cordura y la racionalidad, que tan esquiva la resulta al Kirchnerismo, ilumine esta última etapa de gobierno. Los Argentinos ya han tenido que hacerse cargo de demasiados desequilibrios fiscales para sumar problemas innecesarios