La última decisión del gobierno de Cristina Kirchner de enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar las condiciones de pago de los bonos confirma dos cosas. En primer lugar que no había intención de cumplir con el fallo del Juez Griesa en el 2015, luego del vencimiento de la cláusula RUFO. Es claro ahora que esta cláusula se usó como excusa para justificar no acatar un fallo firme de una corte de justicia elegida por el Argentina. Esta explicación es más simple que teorías de negociaciones secretas. El kirchnerismo no quiere pagar bajo condiciones del canje realizado por ellos mismos, punto. A veces la ideología supera la pura racionalidad económica. En segundo lugar, este proyecto de ley confirma que Argentina se está encaminando no sólo hacia un default ‘económico’ o ‘financiero”‘ sino también hacia un default ‘institucional.’
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A las puertas de un doble default
Si nos guiamos por las propias palabras del gobierno, Argentina estaría cerca de entrar en un default de su deuda pública sin siquiera haber terminado de salir del previo. Si bien es difícil predecir qué pueda suceder luego de entrar o no en default, sí es importante tener un diagnóstico acertado de cuál es el problema de fondo para no repetir los mismos errores. Bien podría decirse que Argentina no aprendió del default del 2001 si a poco más de una década se encuentra ante un problema similar (el famoso “una crisis cada 10 años en Argentina”). Si bien la situación amerita velocidad de reacción por parte del gobierno, hay dos puntos importantes importantes de resaltar para que no se pierdan en el análisis de corto plazo. En primer lugar el rol del déficit fiscal, en segundo lugar una diferencia fundamental en este default respeto al anterior que no parecer estar recibiendo la atención que merece.