Según Capitanich y Kicillof el viernes pasado, el gobierno ha decidido “autorizar” la compra de dólares para atesoramiento. Este acto fallido denota un serio problema. ¿Desde cuándo en una república es el gobierno de turno quién decide qué es lo que el pueblo (el soberano) puede y no puede comprar? El kirchnerismo está profundamente confundido si cree que las libertades individuales son concesiones del Estado. Hace tiempo que esta concepción medieval fue dejada de lado. Las restricciones a las importaciones y la compra de dólares son sólo dos de las manifestaciones de esta confusión conceptual. Por eso algunos tanto insistimos con la importancia de las instituciones. Hoy esta confusión institucional se traduce en cierre de importaciones y cepo a la compra de dólares, mañana puede ser cualquier otra cosa. Límites a los bienes personales que se puede tener, limite a la tenencia de propiedades, etcétera. Basta darse una vuelta por los países populistas para ver que la falta de republicanismo puede manifestarse de varias maneras distintas. Creer que las libertades son una concesión del Estado, y no un derecho de las personas que impone límites al Estado es, en el fondo, más grave que cualquier cepo.

Pero esta confusión institucional no podría tener lugar sin otros dos factores. Una cultura que lo permita y un poder judicial incapaz o falto de voluntad de poner los límites que le corresponde institucionalmente. Que los dichos de Capitanich hayan pasado inadvertidos y hasta aceptados hablan de la educación cívica en parte importante de la sociedad. Sería interesante ver un estudio que busque el origen de este deterioro institucional-cívico. Sólo a modo de ejemplo, una pregunta para la que no tengo respuesta, ¿qué rol juegan en esta devaluación republicana programas como el de “Sociedad y Estado” en el CBC? ¿Cuántas personas han pasado por este curso desde que se hizo la reforma educativa? ¿Es posible que el contenido de esta materia contribuya a creer que las libertades son concesiones del Estado y no potestades autónomas de las personas? A todo esto, ¿Qué hace el Ministerio de Educación que permite tremenda devaluación conceptual en los votantes? Los ministros de Educación deben recordar que de acuerdo a la Constitución Nacional, Argentina es una república y que su trabajo consiste en velar por la protección de ese marco institucional. Mientras los argentinos sigamos creyendo (quizás por temor a ser genuinamente libres) que nuestras libertades y derechos son potestades del Estado lo único que conseguiremos es cambiar el color de los gobiernos populistas, pero no sus políticas de fondo.

Uno de los roles fundamentales del Poder Judicial es proteger a las minorías de las mayorías. El motivo es claro, vivir en democracia no es lo mismo que vivir en libertad. La mayoría no puede utilizar el método del voto para oprimir a las minorías. Mal que le pese a los sectores oficialistas, el 54% no es argumento válido para “ir por todo” ni imponer su autoritarismo. Los sectores de la oposición que aceptan esta postura porque “son las reglas del juego” confunden democracia con república y no hacen más que contribuir al daño institucional al validar una actitud anti-republicana por parte del gobierno de turno. Es la democracia la que tiene como límite las libertades individuales, y no las libertades individuales las que son limitadas por la democracia. Si bien no soy abogado y los temas judiciales no son mi especialidad, creo igualmente válido compartir algunas impresiones. ¿En qué tipo de república el Poder Judicial no tiene oportunidad en un período de diez años de poner freno a los avances autoritarios de un gobierno? ¿En ningún momento de la década kirchnerista el Poder Judicial tuvo oportunidad de recordar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que la ley debe ser acorde a derecho? Sin que se interprete como una generalización, el siguiente ejemplo puede aclarar el problema que veo de fondo. Ningún argentino tiene el derecho de autorizar o no la compra de bienes (por ejemplo dólares) que quieren realizar otros argentinos. Si este no es un derecho de las personas, entonces no puede ser un derecho delegado al Estado. No está en discusión que el Estado tiene los mecanismos y el poder para imponer un cepo, pero tener el poder y tener el derecho no es lo mismo. La justicia no puede iniciar de oficio una causa contra el Estado, necesita que un ciudadano la presente. Si usted inicia, entonces, una causa judicial contra el Estado por el tema del cepo, ¿tiene la certeza de que el juez fallará a su favor por inconstitucionalidad del cepo? Si usted no tiene esa certeza, entonces el Poder Judicial bien puede ser parte del problema.

Como agudamente decía Frederic Bastiat, “cuando el saqueo se vuelve un modo de vida para un grupo de personas en la sociedad, con el paso del tiempo crean para sí mismos un sistema legal que les autoriza el saqueo y un código moral que lo glorifica.”

Supongamos que los 40 millones de habitantes que viven en Argentina lo hacen en un gran edificio de departamentos donde cada familia es dueña de su propiedad. Este edificio necesita que los servicios públicos (electricidad, agua, etcétera) funcionen así como seguridad para que no haya agresiones de terceros (defensa exterior) ni entre vecinos (policía). Este edificio puede administrarse tanto como un reinado, o bien bajo un sistema republicano.

Dado lo costoso y complicado de que los 40 millones de habitantes se pongan de acuerdo sobre cada tema a tratar, es más fácil que se elija un representante por piso. Si bien estos representantes pueden tener su propia opinión, su trabajo es representar de manera fiel a sus representados, no llevar a adelante su propia agenda. De este modo, los 40 millones de habitantes se ponen de acuerdo a través de sus representantes en cuántos recursos poner en una bolsa común y en qué van a ser gastados. Pero este acuerdo requiere de un administrador de consorcio que se encargue de que el edificio funcione correctamente y se lleven a cabo las mejoras acordadas por los dueños a través de sus representantes. El administrador podrá hacer sugerencias (por ejemplo, diagramar una propuesta inicial de presupuesto), pero no es su rol decidir sobre el destino de los fondos dado que no son de su propiedad. La analogía debería ser clara, los dueños que actúan como representantes son el Poder Legislativo, y el administrador de consorcio es el Poder Ejecutivo.

Si bien toda analogía es limitada, este ejemplo permite extraer algunas conclusiones importantes:

• El Poder Ejecutivo no está por encima del Poder Legislativo. Como su nombre lo indica, su rol es ejecutar las decisiones de los habitantes, no decidir por ellos.
• Ninguno de estos poderes se encuentra por encima del pueblo. No es tarea de estos poderes planificar, controlar ni dirigir la vida de sus representados.
• El rol del diputado y senador es representar a los habitantes y provincias respectivamente, no al Poder Ejecutivo ni al partido en el que se encuentran afiliados. Si en los partidos políticos hubiese genuina coincidencia de principio, no haría falta “bajar línea” sobre cómo votar las distintas leyes.
• Por qué es potestad del Congreso (diputados) legislar sobre temas impositivos. Es el pueblo (a través de sus representantes) quien decide 1) cuánto contribuir impositivamente, 2) cómo utilizar esos recursos y 3) es la razón por la cual el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Congreso sobre la ejecución del presupuesto.
• Así como una administración de consorcio eficiente es la que mantiene las expensas bajas, un Estado eficiente es el que logra mantener el nivel de gasto en el menor nivel posible. El gobierno que debe constantemente aumentar la presión impositiva sin claros ejemplo, claramente no está haciendo bien su trabajo.
• Tampoco es necesario que el Congreso sesione todos los días. El Congreso eficiente no es aquel que legisla las 24 horas intentando batir récords de leyes tratadas y aprobadas, sino aquel que se reúne las veces necesarias y legisla lo menos posible, preferiblemente eliminando regulaciones innecesarias en lugar de intentar taparlas con nuevos parches. ¿Que opinión merecería un consorcio que se junta todos los días buscando emitir nuevas regulaciones en lugar de hacerlo unas pocas veces al año cuando es realmente necesario? Legislar bien no es sinónimo de legislar mucho.
• Así como el administrador de consorcio no es dueño del edificio, el Poder Ejecutivo no es dueño de los recursos en el Tesoro Nacional ni de los bienes del Estado.

¿Cuál es, entonces, el rol de la democracia? La democracia es un método de elección, pero no es en sí una forma de gobierno. En un presidencialismo, por ejemplo, lo dueños eligen democráticamente a los representantes de cada piso y al administrador de consorcio. En un esquema parlamentario, los dueños eligen a los representantes de cada piso quienes a su vez eligen al administrador de consorcio. En ambos casos hay democracia, pero la forma de gobierno es distinta. Si los límites impuestos por una república se respetan, entonces es claro que la cantidad de votos recibidos no es una medida de qué tan holgados van a ser los límites al poder, sino es que es un reflejo de la confianza recibida el día de la elección. Confianza recibida no es lo mismo que poder delegado. El presidente que gana las elecciones con un 99% de votos no tiene más ni menos poder que el que las gana con un 51%. Abandonar las instituciones republicanas es lo que lleva de una democracia limitada a una democracia ilimitada, que no es otra cosa que un autoritarismo bajo una falsa ilusión de legitimidad. Es de preocupante falta de institucionalismo cuando se da a entender que un 54% de votos permite avanzar sobre los derechos, propiedad y libertad de las minorías. El 46% no tiene menos derechos que el 54%.

¿Qué rol le compete entonces al Poder Judicial? Tiene por lo menos tres funciones fundamentales. En primer lugar, de haber un desacuerdo entre propietarios, ser el tercero imparcial que de fin al conflicto. En segundo lugar, proteger a las minorías de las mayorías. Es decir, el Poder Judicial evita que la mayoría legisle en contra de la minoría. El voto no hace justo lo que es injusto. En tercer lugar, el Poder Judicial protege la constitución, que son las normas básicas de convivencia y los derechos y obligaciones de cada habitante. Cuando el Poder Judicial observa de manera inmutable transgresiones a los derechos de la minoría y violaciones constitucionales está fallando a su rol y no es menos cómplice del deterioro institucional que un Poder Legislativo falta a su rol institucional siendo en los hechos una escribanía del Poder Ejecutivo.

¿Está usted dispuesto a vivir en un edificio donde dónde su representante no lo representa y el administrador de consorcio se cree dueño del edificio, y por poco también de su vida? ¿Está usted dispuesto a confiarle a este tipo de personas su futuro y el de sus hijos?