El siguiente gráfico muestra la evolución del PBI real en Estados Unidos [eje izquierdo] y el nivel de gasto público sobre el PBI (%) [eje derecho] para el período 1929-1960. En 1940 el gasto público se encontraba en el 22% del PBI. En tan sólo cuatro años llegó a representar el 82% del PBI. El gasto público muestra una caída libre hasta el 25% del PBI. El gasto público se redujo en términos absolutos en un 75%.

Si nos atenemos a lo que el discurso oficialista (y de no pocos opositores) dan a entender sobre los problemas de recortar el gasto público, entonces deberíamos observar una profunda y extensa crisis. Sin embargo, lo que se observa es que del pico (1944) al piso (1947) el PBI real se contrajo en un 13.4%, lo que equivale a una caída equivalente de 3.5% por año. En 1948 el PBI real creció un 4.1%. ¿Cómo es posible que un colapso de tal magnitud en el gasto público en relación al PBI no resultase en un colapso económico y, que de hecho, la economía americana se haya recuperado sin apelar a fuertes políticas de gasto público?

Hay tres características a tener en cuenta durante el período de la Segunda Guerra Mundial: (1) La participación del gasto público muestra un acelerado incremento, (2) el nivel de desempleo era artificialmente bajo dado el llamado a la ciudadanía al servicio militar, y (3) la economía se encontraba bajo un virtual planeamiento central que determinaba qué, cómo, cuándo, y a qué precio se debía producir. Así, como estas tres características tomaron forma al entrar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, estas tres características también se vieron modificadas al salir de la guerra. Es decir, la caída del gasto público no fue lo único que cambió en la economía pos-guerra.

Si bien es cierto que entre 1945 y 1948 hay un aumento en la tasa de desempleo, no es menos cierto que el desempleo no superó el 3.9% (1946). Una tasa de desempleo lejos de mostrar serios problemas en el mercado laboral. Para fines de 1946, 10 millones de veteranos habían encontrado trabajo en un contexto de baja de gasto público y de desregulación económica. Este paradójico resultado suele intentar explicarse de dos maneras: (1) reducción en la oferta laboral femenina que se había incrementado durante la guerra, (2) un importante número de veteranos se inscribieron como alumnos en distintas universidad, por lo que no cuentan como personas desempleadas.

Ninguna de estas tres explicaciones, sin embargo, se ajusta a los hechos. El número de mujeres en la fuerza laboral pasó de 14.5 millones en 1941 a 19.4 millones en 1944 para caer a 16.9 millones en 1947. Movimientos que no pueden explicar la baja tasa de desempleo del 3.8%. A este resultado hay que sumarle que un gran número de plantas que empleaban cerraron al reducirse el gasto público, por lo que la población femenina también debió encontrar nuevos puestos de trabajo. Luego de la guerra, unos 800.00 conscriptos se anotaron en programas universitarios. Si los 800.000 veteranos fuesen contados como desempleados, la tasa de desempleo sería tan solo 1.4% superior.

La economía americana, sin embargo, no se encontraba sólo frente a un escenario de colapso de gasto público, el gobierno federal debía hacer frente a un abultado déficit fiscal. El gobierno federal pasó de un déficit de 32.1 miles de millones de USD a un superávit de 2.4 miles de millones en 1947. De hecho, los ingresos del gobierno federal no se vieron fuertemente afectados lo que indica que la actividad económica no se vio afectada por la reducción del gasto público. En 1945 se registraron ingresos por 41.5 miles de millones de USD, en 1946 y 1947 los ingresos fueron de 39.5 y 42.8  miles de millones de USD respectivamente. Es decir, la reducción de gasto público no sólo produjo fuentes de empleo suficientes como para mantener bajas las tasas de desempleo, sino que al no afectarse la actividad económica se pasó de un escenario deficitario a un escenario superavitario.

Para entender como es posible juntar una reducción del gasto público con un buen desempeño económico es necesario tener presente que el  gobierno americano no se limitó a reducir el nivel de gasto público de un 80% del PBI a un 25% en un reducido lapso de tiempo. Estados Unidos también dio decidida marcha atrás con regulaciones y controles de precios. Una economía con un alto gasto público puede resultar en economías anémicas dado el alto nivel de recursos que deben destinarse a gasto público y no a consumo e inversiones privadas. Una economía con precios regulados es incapaz de invertir de manera eficiente, dado que los empresarios se encuentran ante precios mentirosos en lugar de precios que reflejen de manera fiel las preferencias de los consumidores. A veces lo mejor que puede hacer el gobierno para mejorar la economía de un país es simplemente hacer un paso al costado y dejar al mercado operar. Poco pueden aportar ministros con escasa o nula experiencia de mercado frente a empresarios e inversores que arriesgan su capital en lugar del dinero del contribuyente.

El retorno a una economía de mercado con precios libres, junto a una fuerte reducción del gasto público, puso a disposición del mercado insumos y factores de producción que se pudieron utilizar para crear valor en lugar de satisfacer las necesidades bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien sería iluso negar que Argentina no pueda corregir sus desequilibrios fiscales sin afectar la economía, sería igual de iluso plantarse en no ver soluciones porque la clase política (gobierno y opositores) no es lo suficientemente patriota como para reducir su gasto público y dar lugar a que sea el mercado el que genere puestos de trabajo productivo en lugar de planes públicos que generan trabajo improductivo. No es cierto que los ajustes fiscales son siempre salvajes, desalmados y con un inevitable colapso económico como resultado. Si hay algo que a la economía Argentina le sobra es ajuste sobre los sectores más necesitados. Inflación, cepo cambiario, cierre de importaciones, falta de inversión en infraestructura no es otra cosa que un ajuste que afecta en mayor medida a los más necesitados. Si hay algo que a la Argentina le falta es un mercado libre que permita la creación de valor en lugar de una economía que debe mantener a un insaciable aparato populista.

Argentina se encuentra, una vez más, transitando una profunda crisis económica. Las débiles instituciones monetarias tienen un rol central en esta problemática. Que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una institución desinteresada, o incapaz, en proteger el poder adquisitivo de la moneda nacional debiera ser una apreciación fuera de discusión. Desde su fundación en 1935 hasta fines del 2013 la inflación equivalente anual fue de un chocante 55%. En promedio, Argentina ha vivido con una inflación del doble a la que los residentes han tenido que soportar en el 2013 que acaba de terminar. En estos 78 años, sólo en 23 ocasiones la inflación fue menor al 10%, en 17 menor al 5%, y un magro 11 veces menor a un 2% (sin contar los años de deflación por crisis y no buena administración monetaria.) En 1935 regía el Peso Moneda Nacional. Hoy, luego de seis cambios monetarios en los cuales se dejaron de lado trece ceros, rige un Peso devaluado sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo. Argentina no posee un banco central meramente ineficiente, posee uno de los peores bancos centrales del mundo. Es este pobre desempeño, y no cuestiones culturales, lo que explica la parcial y desprolija dolarización actual de Argentina.

Sintomático del desinterés del gobierno de turno es agregar insulto al daño al bolsillo de los argentinos negando que la inflación sea un fenómeno monetario, publicando datos oficiales de inflación de muy dudosa credibilidad y reformando la Carta Orgánica del BCRA disminuyendo su responsabilidad institucional en esta materia. La historia monetaria argentina muestra, sin embargo, que sería un error creer que el desmanejo monetario es un problema propio del kirchnerismo. Este movimiento, ya en un ingrato ocaso, es una expresión más de lo peligroso que la dirigencia política Argentina ha sido para la economía de su propio país.

Dada la historia monetaria argentina, la delicada situación económica de los últimos años, y la falta de propuestas de fondo sobre los problemas institucionales, decidimos junto a Adrián Ravier escribir un borrador de reforma monetaria para Argentina que implica cerrar el BCRA y aplicar una dolarización flexible con banca libre. Nuestro documento, debemos aclarar, es poco más que una actualización de la propuesta que Steve Hanke y Kurt Schuler hiciesen para Argentina a fines de la década del noventa sumada alguna influencia del esquema de reforma monetaria de George Selgin para Estados Unidos. Creemos que rechazar un planteo como éste en base a que el BCRA puede hacer una política monetaria eficiente es una expresión de deseo con tenue sustento. Si bien en términos teóricos podemos imaginar un BCRA ideal, el BCRA real es muy distinto al que los argentinos se merecen. Aferrarse al Titanic monetario porque el Titanic es argentino puede ser muy loable para quien defienda el nacionalismo monetario, pero ciertamente es ineficiente en términos económicos y de crecimiento a largo plazo. Si bien es cierto que una reforma monetaria no es suficiente para corregir los problemas económicos y sociales de Argentina, la historia del BCRA sugiere que sí es una reforma necesaria.

Creemos que los problemas monetarios de Argentina no se agotan en una discusión de política monetaria, sino que requieren de una seria revisión a nivel institucional. Sin desconocer que todo esquema monetario posee limitantes, en esta propuesta buscamos desmitificar algunas de las críticas más comunes asociadas a una reforma con estas características esperando que motiven un debate político más amplio al actual. Un debate institucional serio debe cuestionarse premisas, sean éstas correctas o incorrectas. Si bien el documento que compartimos al final de esta nota ofrece una discusión más extensa y detallada, en esta columna sólo quiero referirme brevemente a tres aspectos que consideramos centrales: (1) dolarización flexible, (2) banca libre, y (3) el problema de soberanía monetaria.

Dolarización flexible

Por dolarización suele entenderse utilizar el dólar como moneda en lugar de una moneda nacional. Estrictamente hablando, una economía puede estar “dolarizada” y utilizar una moneda distinta al dólar como puede ser el euro, el real, etcétera. Por flexible queremos indicar que la propuesta no consiste en cambiar el monopolio del peso por el monopolio del dólar. El planteo consiste, en cambio, en dar libertad de elección a los individuos y empresas para que elijan qué moneda utilizar en lugar de que les sea impuesta por el Estado. Dada la demanda de dólares, es de esperar que el primer paso al salir del peso sea hacia el dólar. Pero no hay motivos por los cuales restringirle al mercado la posibilidad de migrar a otra moneda si así lo considera conveniente. En otras palabras, la propuesta sugiere pasar del monopolio del peso a la libre elección monetaria.

Es importante tener presente que existen casos de economías dolarizadas o atadas al dólar que no han caído en desgracia. Hong Kong es, posiblemente, el caso más llamativo. A pesar de lo disminuido de su geografía es una de las economía más competitivas a nivel mundial. Argentina, en cambio, posee recursos naturales y una gran variedad climática empero de lo cual no logra desarrollarse. En oposición a lo que algunos parecen considerar apropiado, la competitividad se obtiene con buena infraestructura, bajos impuestos, y un buen clima de negocios, no con un tipo de cambio devaluado disfrazado con el eufemismo de “tipo de cambio competitivo”. Si devaluando se ganase competitividad, Argentina sería una potencia económica mundial, y no un país con una industria temerosa de competir en igualdad de condiciones en el plano internacional.

Otro caso es el de Ecuador, país que no se caracteriza por una dirigencia política amigable al libre mercado. Ecuador dolarizó su economía en el 2000 y desde entonces ha tenido uno de los períodos monetarios de mayor estabilidad en su historia. Panamá es, también, otro del que no se puede decir que la dolarización haya dañado a su economía. De hecho, Panamá fue un país que a pesar de no tener un banco central, o quizás gracias a ello, se ha recuperado rápidamente de una crisis internacional tan severa como la del 2008. Si bien Argentina posee una economía mayor a la de los países arriba mencionados, su tamaño respecto a la economía de Estados Unidos es similar al de varios estados como Missouri, Connecticut, Louisina y Oregón. No se escuchan voces, sin embargo, sosteniendo que estos estados deben abandonar el dólar y emitir su propia moneda. No hay nada natural ni superior per se en tener una moneda nacional. La estabilidad y desarrollo económico dependen de un sistema monetario estable y confiable, sea éste nacional o no.

Banca libre

Por banca libre entendemos el permiso a los bancos de emitir sus propias notas convertibles contra el dólar o el dinero fiat que consideren apropiado. Esto, que si bien puede parecer una idea extrema en Argentina y que nada tiene que ver con el caso de bonos provinciales como lo fueron los Patacones, no sólo ha sido práctica común en la historia económica, sino que se encuentra hoy día presente en países con buen desarrollo económico como Irlanda, Escocia y Hong Kong. En Escocia, por ejemplo, se estima que el 90% de las notas en circulación son de emisión privada. Hoy dos motivos por los cuales éste es un aspecto cuya importancia no puede exagerarse.

En primer lugar, la emisión privada de notas convertibles contribuye a la estabilidad financiera del sistema al ser una fuente extra de ingresos que permite diversificar el riesgo. A su vez, la competencia del sector puede traducir estos ingresos en beneficios extra a los clientes a través de mejores tasas de interés, servicios, premios, etcétera. Es decir, el señoreaje de la emisión de dinero queda en Argentina en lugar de quedar en la Reserva Federal de Estados Unidos. La ganancia estimada de la emisión de notas privadas para Irlanda y Escocia en el 2005, por ejemplo, llega a un valor de 145$ millones de dólares. Estos ingresos se traducen en puestos de trabajo, inversión, estabilidad financiera, etcétera. En segundo lugar, la posibilidad de emitir notas convertibles contribuye a la estabilidad macroeconómica al dar mayor flexibilidad a la oferta de dinero ante cambios en la demanda de dinero. Los casos históricos comparados de banca libre como el canadiense y el escocés frente a los mal llamados “banca libre” en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente muestran que dichos sistemas (Canadá y Escocia) son más eficientes y estables que aquellos donde existen regulaciones al sistema financiero (Estados Unidos e Inglaterra.) La Reserva Federal y la regulación financiera no pudieron evitar numerosas quiebras de bancos durante la Crisis del 30 en Estados Unidos, mientras que en Canadá, bajo un sistema competitivo y sin banco central, ningún banco debió cerrar sus puertas.

Nótese que esta propuesta no implica una multiplicidad de tipos de cambio o unidades de cuenta dado que cada banco emite su propia nota convertible contra la misma moneda, por ejemplo el dólar. Del mismo modo que puede haber cheques de distintos bancos contra pesos, las notas convertibles de los bancos serán contra otra unidad de cuenta como el dólar, el euro, o la que sea la moneda elegida por el mercado. Los precios de los inmuebles, por ejemplo, pueden estar nominados en dólares indistintamente de cual sea el banco a través del cual se realiza la transacción.

Vale hacer una aclaración más sobre el problema de estabilidad financiera. Es común escuchar decir que la crisis del 2008 muestra que la desregulación del sistema financiero termina en graves problemas económicos. Esta es una afirmación curiosa, dado que el sistema financiero no sólo es el mercado regulado, sino que depende de un monopolio estatal. La crisis del 2008 tuvo poco que ver con fuerzas de mercado y mucho que ver con errores de política monetaria y regulaciones gubernamentales. Es equívoco insistir con una crisis de libre mercado haciendo referencia al 2008 cuando aquella se desató en el mercado menos libre dependiente de monopolios estatales.

¿Soberanía monetaria?

Que la Argentina no debe renunciar a la soberanía monetaria es, quizás, el argumento más repetido contra una propuesta de estas características. Pero entendemos que esto es un mal uso del término soberanía y su uso agrega más confusión que claridad al debate. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, soberanía nacional es la “que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. Ninguno de los países dolarizados arriba mencionados son menos soberanos por elegir libremente usar una moneda como el dólar. Los países de la Zona Euro, por ejemplo, no han renunciado a su soberanía al adoptar el euro. Lo que nosotros proponemos es devolver la soberanía al pueblo reduciendo así la posibilidad de opresión monetaria por parte del Estado argentino. Pero dado el alto poder de destrucción monetario de la clase política Argentina creemos necesario que el BCRA cese sus funciones como emisor de moneda para evitar la tentación política de abusar de esta facultad; 78 años de historia Argentina muestran el débil poder de autocontrol de la política Argentina.

Creemos que es cuestionable una soberanía en la cual el que vive en suelo argentino está sometido a una inflación anual promedio del 55% donde incluso se le prohíbe atesorar en dólares o en la moneda que desee. En una república, como dice ser Argentina en su Constitución Nacional, es el pueblo, no el gobierno, quien ejerce su soberanía a través del Congreso. Limitar el poder de opresión monetaria del estado da más, no menos, soberanía al pueblo.

Reflexiones finales

De poco sirve discutir política económica y monetaria bajo un esquema institucional que impone incentivos contraproducentes a la clase política. Hablar de “planes”, “correcciones al modelo” o de “eficiencia de gestión” son expresiones vacías de propuestas institucionales concretas. Países como Venezuela o Argentina no van a adquirir el nivel desarrollo de países como Suiza, Inglaterra, Alemania o Canadá por mejorar la calidad de gestión; lo que estos países necesitan es mejorar sus instituciones.

Con Ravier esperamos que este documento contribuya a un debate mejor informando y con posiciones más abiertas que la miope visión que se deja ver en parte importante del debate político actual.

Al documento se puede acceder desde este link.

Según el argumento de los grupos concentrados, hay grandes empresas que al tener poder monopólico aumentan los precios buscando capturar mayores rentas siendo el verdadero origen del flagelo de la inflación. De este modo, el kirchnerismo puede al mismo tiempo argumentar que ellos no son responsables de la alta inflación quitando el foco de atención del banco central y presentarse como los protectores del consumidor frente al gran empresario. Cuando el asalariado ve sus ahorros derretirse a un ritmo del 25% debe agradecer al gobierno el hacer todo lo posible por ayudarlo en lugar de responsabilizarlo por este problema. ¿Pueden, sin embargo, los grupos concentrados producir inflación?

En primer lugar, es importante distinguir entre monopolios naturales y monopolios legales o artificiales. El monopolio legal no es otra cosa que el resultado de la escasez que hay en el mundo de recursos productivos. Dado que los recursos son escasos, es posible que en ciertos mercados no haya lugar para más de un productor (especialmente cuando los costos fijos de operar son altos). Por ejemplo, no siempre es eficiente tener dos tendidos de cañerías para proveer agua o gas dado que no hay suficientes recursos para hacer esto de manera rentable, o dos líneas de tren en paralelo. Hay otro usos alternativos más importantes que una segunda cañería o dos trenes haciendo exactamente el mismo recorrido. Supongamos por un momento que la tesis de los grupos concentrados es correcta y estas empresas monopólicas pueden aumentar los precios un 25% sin perder clientes. El resultado ha de ser un notable incremento en la rentabilidad, lo cual atrae competidores al sector en busca de estas altas rentas. Ahora sí sería posible, por ejemplo, instalar una segunda red de cañerías.

Los monopolios legales o artificiales son distintos. En este caso el poder monopólico proviene de un beneficio que el estado otorga a algunos productores en particular. Al no permitir la competencia, el estado permite que los productores beneficiados ofrezcan sus productos a precios mayores a expensas del consumidor. El monopolista legal no debe temer perder el mercado frente a la competencia y por lo tanto no tiene incentivos para mantener sus precios en niveles competitivos ni ofrecer productos de calidad. Es decir, en la medida que la tesis kirchnerista de los grupos concentrados sea cierta, la solución es muy fácil, eliminar las regulaciones y favorecer un ambiente competitivo. Tengo mis dudas de que el Kirchnerismo y los que mantienen esta posición lo hagan de manera consistente.

El problema es que los grupos concentrados pueden, a lo sumo, tener un efecto de única vez en los precios relativos, pero no en el nivel de precios. Lo que esta explicación olvida es de dónde proviene el dinero para pagar aumentos de precios del 25% anual. La siguiente tabla muestra una situación inicial, Caso 1, donde hay dos bienes, uno monopólico y otro competitivo. Los dos bienes se producen en la misma cantidad y tienen el mismo precio. La tabla también muestra la oferta de dinero del mercado, la demanda de dinero y el circulante que los consumidores destinan a la compra de estos dos bienes. La última columna muestra el nivel de precios en cada caso. ¿Qué sucede si el productor del bien monopólico decide ejercer su poder de grupo concentrado y aumenta el precio un 25%, llevándolo de 100$ a 125$?

Asumiendo (1) que la cantidad de dinero no varía (dado que no es causa de la inflación según la teoría de los grupos concentrados), (2) que el monto total de dinero (40.000$) usado para comprar estos bienes tampoco varía y (3) que la cantidad consumida del bien monopólico no varía (lo cual es muy poco realista), entonces pueden suceder dos cosas. En el Caso 2, reducen su consumo del bien competitivo que mantiene su precio constante en 100$. En elCaso 3 el productor del bien competitivo reduce el precio a 75$ para mantener la venta de unidades constante en 200. En el Caso 1 el precio relativo de bien monopólico (pBP) respecto al bien competitivo (pBC) es pBM/pBC = 1. En el caso 2 y caso 3 el precio relativo cambia a 1.25 y 1.66 respectivamente.

¿Cómo hace el productor competitivo para subir también sus precios un 25% y no perder clientes si los consumidores no tienen más dinero para gastar? No es posible gastar el dinero que no existe, por lo que no es posible tener un aumento generalizado del nivel de precios sin un aumento en la cantidad de dinero (o una disminución en la demanda de dinero). Siguiendo el argumento de los “grupos concentrados”, estos productores podrán a lo sumo cambiar el precio relativo de sus bienes respecto a otros en el mercado, pero no pueden afectar el nivel de precios. Es importante recordar que el nivel de precios es la inversa del precio del dinero, por lo que depende de la demanda y oferta de dinero, no de la estructura de mercado que define precios relativos, no su nivel. Distintos niveles de precios pueden tener los mismos precios relativos. Esta explicación confunde, en definitiva, precios relativos con nivel de precios. Los cambios que muestra la tabla son de una única vez, el productor monopólico no puede aumentar su precios un 25% cada año sin perder consumidores. No es, en definitiva, algo que pueda suceder permanentemente.

El único caso en que el nivel de precios muestra una variación es cuanto se reduce la cantidad producida del bien competitivo. Lo realista, sin embargo, es asumir que también hay una reducción en el consumo del bien monopólico. Es decir, en términos reales el PBI disminuye. Es porque hay menos bienes respecto a la cantidad de dinero que el nivel de precios sube de 100 a 114 (menos que el 25% del bien monopólico). En el caso 3, el nivel de precios se mantiene constante, lo que quiere decir que el problema es un cambio de precios relativos, no de nivel de precios, el aumento en el precio del bien monopólico produce una disminución en la demanda del bien competitivo. La realidad, por supuesto, será una combinación de los casos 2 y 3 y alguna reducción en la demanda del bien monopólico.

Se podrá argumentar que los grupos concentrados producen bienes que deben ser utilizados para producir una gran cantidad de bienes, transfiriendo así el aumento de precios al resto de la economía. Si el precio de la energía sube, entonces el precio de todos los bienes que se producen haciendo uso de energía también suben. Esta explicación adolece de varios problemas. En primer lugar, en Argentina las tarifas están reguladas, por lo que es difícil aplicar este caso. En segundo lugar, desde la llamada “revolución marginal” en economía es claro que son los precios finales los que determinan los costos de producción, no los costos de producción los que determinan los precios de consumo. Así como en Astronomía el ver a los planetas y estrellas girar alrededor de la Tierra llevó a creer que la Tierra era el centro del Universo, en economía hay que tener cuidado de no caer en el efecto visual de creer que los costos determinan precios finales. La revolución marginal fue a la economía lo que la revolución copernicana fue a la Astronomía. En tercer lugar, esta explicación asume como punto de partida aquello mismo que debe explicar: un aumento de precios. Asumir la inflación para explicar la inflación no es una argumento válido para decir que este no es un problema monetario.

Una vez despojada de la retórica kirchnerista, y analizando el argumento de los grupos concentrados con mayor cuidado, vemos que en definitiva es necesaria una expansión monetaria para que los precios suban constantemente. Podría decirse, que algo de verdad esta teoría tiene. En definitiva la inflación es el resultado de un monopolista estatal en particular: el banco central. De poco sirve hacer la vista gorda al origen del problema esperando que desaparezca por arte de magia o mediante anacrónicos controles de precios.

No es casualidad que la inflación haya comenzado a identificarse como un problema serio alrededor del 2007, justamente cuando hay un quiebre en el comportamiento de la base monetaria y cuando comienza la intervención del INDEC. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la inflación depende de la oferta monetaria total, de la cual la base monetaria (lo que imprime el BCRA) es sólo una parte. El total de dinero que se puede utilizar en el mercado es la base monetaria más depósitos creados en el sistema bancario (lo que los bancos prestan luego de mantener un monto en reservas). Si, por ejemplo, una persona deposita $100 físicos en el banco y el banco mantiene $10 en reservas para hacer frente a retiros y presta los $90 a otra persona, entonces estas dos personas pueden gastar juntas un total de $190 por más que la “base monetaria” sea sólo de $100. De todas maneras, los datos de expansión de base monetaria muestran una correlación llamativa con las tasas de inflación. El siguiente listado muestra la expansión monetaria anual junto a la inflación anual desde el 2007 en adelante.

2007: expansión monetaria = 24.0%, inflación congreso = 25.7%
2008: expansión monetaria = 10.2%, inflación congreso = 23.0%
2009: expansión monetaria = 11.8%, inflación congreso = 14.8%
2010: expansión monetaria = 31.1%, inflación congreso = 27.9%
2011: expansión monetaria = 39.0%, inflación congreso = 22.8%
2012: expansión monetaria = 37.9%, inflación congreso = 25.1%
2013: expansión monetaria = 24.5%, inflación congreso = 25.0% (datos anualizados)

Si bien es cierto que en los años 2008, 2009 y 2013 el ritmo de expansión monetaria disminuyó pero las tasas de inflación se mantuvieron estables (especialmente en el 2008 y en el 2013), no es menos cierto que hay una llamativa correlación entre expansión monetaria e inflación. Es importante tener en cuenta que la relación entre excesos monetarios y movimientos en el nivel de precios no es automática. La tasa de inflación no sólo depende de la oferta de dinero, también depende de la demanda de dinero y del nivel de producto; por lo que la inflación puede ser algo mayor o menor a la expansión monetaria. Al movimientos de estas otras variables hay que sumarle el rezago que la expansión monetaria puede tener sobre el nivel de precios. Los efectos de la expansión monetaria pueden demorarse varios meses, incluso más de un año, en llegar al nivel de precios. Por eso no es sorpresa que la inflación caiga en el 2009 pero no en el 2008 ni en el 2013, que es cuando se disminuye el ritmo de expansión monetaria. Igual que la ley de gravedad, las leyes económicas ignoran la existencia de calendarios anuales. No hay motivos por los cuales asumir que una expansión de, por ejemplo, 30% de oferta monetaria deba aumentar los precios en la misma proporción en el mismo año y no parte en el año corriente y parte en el año siguiente. ¿Rechazaríamos la idea de que la emisión genera inflación si la base monetaria se expande un 30% el 31 de diciembre afectando a los precios al año siguiente?

Si tomamos el período 2007-2013 como uno sólo, vemos que la expansión anual promedio de la base monetaria es del 25,2% y la inflación congreso promedio anual para el mismo período es de 23%. Si bien correlación no es causalidad, es difícil ignorar la relación entre ambas variables. Decir, entonces, que debido a que en un año puntual que elegimos arbitrariamente la inflación se mantuvo constante a pesar de una reducción en el ritmo de expansión monetaria no es argumento sólido de que la emisión monetaria no genera inflación. Es quedarse con el árbol y perderse el bosque. Es todo el período, no algunos años, lo que hay que analizar.

También se sostiene que países como Estados Unidos han expandido su oferta monetaria tanto o más que Argentina sin sufrir inflación. Esto tampoco es un misterio. La inflación depende de aumentos en agregados monetarios como M2 (base monetaria más depósitos a la vista, etcétera) que representan la totalidad de la oferta. Si comparamos, entonces, el M2 de Argentina y Estados Unidos vemos que se comportan de manera muy diferente. La diferencia fundamental es que, dada la crisis financiera de Estados Unidos, la expansión de base monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) es mantenida como reservas por parte de los bancos comerciales en lugar de ser volcada al mercado. Más precisamente, la Fed le paga intereses a los bancos por mantener reservas depositadas en la misma Fed. Por ejemplo, la Fed emite 100 USD y se los presta a un banco. El banco deposita los 100 USD en la Fed y cobra intereses. De este modo, la Fed expande la base monetaria sin afectar sensiblemente M2. ¿Por qué hace esto la Fed? Entre otros motivos, porque a diferencia del BCRA, los directores de la Fed sí creen que la expansión monetaria genera inflación.

El siguiente gráfico muestra la evolución de M2 entre el 2007 y el 2012 para Argentina y Estados Unidos. Las series están indexadas en 100 para el año 2007. De este modo se puede apreciar fácilmente la expansión acumulada durante este período. Entre el 2007 y el 2012, en Estados Unidos la oferta monetaria total (M2) se expandió a un ritmo promedio anual del 7%, mientras que en Argentina lo hizo a un promedio anual del 26% (ignorando el salto al final de la serie.) No es casualidad ni misterio, por lo tanto, que en Estados Unidos no haya signos de alta inflación pero sí los haya en Argentina. Los datos duros que se usan para criticar la idea de que la expansión monetaria genera inflación se ablandan rápidamente si observamos las series económicas con mayor cuidado.

La relación entre cambios en la oferta monetaria e inflación no deberían ser sorpresa. El dinero no deja de ser otro bien en el mercado, y como tal también posee un precio. El precio del dinero es su poder adquisitivo, que es la inversa del nivel de precios (1/P). Supongamos que el Sr. A da 2 manzanas (m) al Sr. B a cambio de una naranja (n). Para el Sr. A, comprar una naranja tiene un precio de 2 manzanas por una naranja (p = 2m/1n). Para el Sr. B, el precio de una manzana es media naranja, es decir, 1/p. Exactamente lo mismo sucede con intercambios monetarios; quien compra un bien a cambio de dinero opera con una contraparte que compra dinero vendiendo bienes (por más que luego utilice el dinero para comprar otros bienes y servicios.) El “precio de los bienes y servicios producidos en una economía” es el nivel de precios P, y el precio del dinero es, por lo tanto, 1/P (cuántos de estos bienes y servicios compra una unidad monetaria.)

Un aumento en la oferta de dinero lleva a una reducción en su precio (poder adquisitivo), igual que sucede con cualquier bien en la economía. Una caída en el precio del dinero es una disminución de 1/P, lo cual sucede cuando aumenta P, es decir, cuando hay inflación. Negar la relación entre oferta y demanda de dinero por un lado e inflación por el otro no es otra cosa que negar la ley de demanda y oferta. Negar la relación entre oferta monetaria e inflación es, en resumen, negar el análisis económico al fenómeno inflacionario.

Qué no sucedió

Lo primero que hay que tener en cuenta respecto al cierre de gobierno es que, de hecho, no cerró. Como ejemplifica Ben Powell (Texas Tech University) en una columna el Huffington Post, si McDonalds suspende (no despide) al 40% de su personal no relacionado a la confección de comida y deja de entregar juguetes en la conocida Cajita Feliz difícilmente se hable del “Cierre de McDonalds”. El mal llamado “cierre de gobierno” consiste en la suspensión temporal de las actividades “no esenciales” de gobierno (como el personal no relacionado a la comida en McDondalds), que son todas aquellas actividades que no dependen de funcionarios con nombramiento constitucional y sus delegados directos. Por ejemplo, un juez es una figura constitucional. El juez y sus asistentes de primera línea deben seguir trabajando. Ni Obama ni los senadores y diputados dejaron de trabajar durante el “cierre de gobierno”. Distinto es el caso de parques públicos y algunas agencias de gobierno. Es decir, aquellas actividades que no definen al gobierno son las que queda en suspenso. Por ejemplo, la agencia recaudadora de impuestos sigue funcionando, Estados Unidos no se retiró de zonas con actividad militar, etcétera.

Lo segundo a tener en cuenta son los incentivos de cada partido político en esta disputa presupuestaria. Ni los demócratas ni los republicanos tienen incentivos a disminuir el nivel de gasto público; cada uno propone reducir el gasto en los programas del otro partido, no en los propios. Para el político, cuanto mayor es su presupuesto mejor, más puede gastar y hacer a los ojos de su electorado. De hecho, el actual cierre de gobierno no es el primero en la historia de Estados Unidos. En el 2011 hubo una discusión similar, en aquel momento denominada “Fiscal Cliff” (precipicio fiscal) que también involucraba una extensión del techo de deuda. En aquel momento no se llegó a un “cierre” de gobierno, sino que se acordó posponer el problema por dos años. Dos años más tarde el problema vuelve a surgir como “cierre de gobierno”. Lo que se vio en las últimas semanas fue un manejo político, por parte de ambos partidos, del “cierre de gobierno” y de la “amenaza de default” para obtener votos por sobre el otro partido. Los sectores más radicales del Partido Republicano (el Tea Party) encontraron en el Obamacare la herramienta para presionar por una reducción del gasto público. Obama y los demócratas pueden presentarse como víctimas exagerando las consecuencias de un cierre de gobierno y la inevitabilidad de un default. Así y todo, en ningún momento Obama tuvo la bajeza de acusar ni a los republicanos ni a prensa crítica de golpistas. Al mismo tiempo, el Tea Party se pone en una situación donde republicanos y demócratas pueden señalarlos como los causantes del problema distrayendo la atención sobre el verdadero problema: el nivel de gasto y deuda pública.

Lo tercero a tener en cuenta es que la amenaza del default americano no era creíble. Lo que estaba en discusión era una extensión del límite de deuda, no una cancelación de toda la deuda. Si el gobierno no puede emitir más deuda, aún puede continuar haciendo un roll-over de la deuda actual con nueva deuda y reasignar partidas para cubrir la diferencia de ser necesario. En otras palabras, pedir una extensión de deuda es como pedir una extensión en la tarjeta de crédito. Que el banco no nos otorgue una extensión en nuestra tarjeta de crédito no quiere decir que automáticamente entramos en default con el banco, sólo quiere decir que no podemos aumentar el nivel de deuda. No se puede pagar el saldo deudor en una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito de manera indefinida. Exagerar el default y sus consecuencias cumplió más el rol de presión política sobre los republicanos que el ser una descripción cierta de lo que estaba por venir. De hecho, el precio de los bonos americanos no colapsó a pesar de que a horas del día D del default aún no había acuerdo. Es decir, el mercado no le creó a Obama que el default estaba a la vuelta de la esquina.

¿Cuál es el problema?

El problema en Estados Unidos no es otro que el de un alto nivel de gasto público y endeudamiento, que actualmente se encuentra alrededor del 100% sobre el PBI (se suele considerar como alto endeudamiento un nivel superior al 60%). Manejar los números del gobierno americano no es fácil debido a su dimensión. Es más sencillo entender la dimensión del problema si reducimos la escala de gasto al de una familiar promedio. Con el tamaño del gobierno americano en esta nueva escala, tenemos que en el año 2010, un año antes del “Fiscal Cliff”, el gobierno federal estaba teniendo ingresos por $58.000 al año, el nivel de gasto público era de $75.000 y la deuda en la tarjeta de crédito alcanzaba los $327.000. Claramente los números no cierran. Cuando el gobierno envía el presupuesto al Congreso pidiendo una extensión del límite de deuda, es como si esta familia se acercase a su banco pidiendo una extensión en el límite de su tarjeta de crédito. Para convencer al banco el gobierno ofrece un “ajuste” del gasto que lleva el gasto de $75.000 a $73.000. Claramente esto no soluciona el problema. Así es como dos años después el mismo problema vuelve a aparecer aún con más dramatismo.

Si bien la discusión de las últimas semanas osciló entre republicanos y demócratas, donde unos serían los buenos y los otros serían los malos, lo cierto es que ambos partidos comparten la responsabilidad de la delicada situación fiscal que atraviesa EEUU. En los últimos 40 años el límite de deuda se corrió alrededor de 39 veces. Eso no es un límite de deuda, es una puerta giratoria. El límite de deuda es utilizado como una herramienta de potencial presión política, no como un límite de deuda propiamente dicho. El mismo Obama se oponía a extender el límite de deuda cuando estaba en el Congreso y el gobierno estaba en manos de los republicanos. El inicio del siglo XXI muestra una tendencia clara. El gasto nominal promedio por año de Bush (hijo) fue un 60% superior al gasto nominal anual promedio del gobierno de Clinton. A su vez, el gasto promedio nominal anual del Gobierno de Obama es un 32% superior al gasto nominal promedio de Bush. Esto quiere decir que, en promedio, Obama está gastando en términos nominales un 110% más que Clinton por año. Dejando de lado la discusión de si incluso el gasto durante el gobierno de Clinton no podría haber sido menor, ¿qué impide al gobierno americano volver al nivel de gasto de Clinton? No se puede decir que el gobierno de Clinton haya sido un cataclismo económico de pobre performance (también es cierto que Clinton heredó los buenos resultados de políticas económicas de gobiernos anteriores.) Es cierto que el cambio de siglo estuvo signado por la crisis dotcom y el atentado terrorista 9/11, pero no es menos cierto que estos eventos ocurrieron hace más de 10 años. Tiempo más que suficiente para corregir el rumbo.

Los republicanos y demócratas acordaron una extensión presupuestaria y de gasto de deuda hasta principios del 2014. Es decir, un cuarto intermedio que (convenientemente) termina luego de las fiestas de Navidad y Año nuevo. El problema está lejos de solucionarse, no sólo porque el acuerdo no hace más que comprar tiempo, sino porque no se atacan los problemas de fondo. El gasto público de Estados Unidos puede dividirse en dos grandes grupos, el gasto público obligatorio y el discrecional. El gasto obligatorio es aquel que responde a obligaciones ya comprometidas, como el Social Security, créditos fiscales, pago de intereses de deuda, etcétera. El gasto discrecional es el que se elige en cada año fiscal (partidas para programas de agricultura, agencias, etcétera). Si el gobierno eliminase todo el gasto discrecional, quedándose únicamente con el gasto ya comprometido, aún los recursos tributarios se quedan cortos. Es decir, el gobierno americano actualmente es incapaz de hacer frente al gasto ya comprometido sin incurrir en mayor deuda pública. Este no es un problema que se corrija con reducciones puntuales de gasto público, sino con un rediseño del gobierno americano y su estructura de gasto, que no es otra cosa que una discusión sobre cuál es el rol del gobierno. Los años que vienen (¿décadas?) van a requerir difíciles decisiones por parte del gobierno americano. Lo que se está viendo en Estados Unidos y Europa en los últimos años no es otra cosa que síntomas del quiebre del Estado de Bienestar.