Las reservas

Hay dos maneras de ver las reservas que hay en el BCRA. Las reservas totales y las reservas netas de deudas. Es decir, cuántos de los dólares que posee el BCRA no son deuda de terceros. En mi billetera puedo tener en total unos $150 dólares, $50 de los cuáles son préstamo de un tercero. ¿Cuántos dólares (reservas) tengo, $150 o $100? Al 15 de diciembre, el BCRA tenía unos 30.509 millones de reservas totales. Las reservas netas, luego de descontar los depósitos en dólares (y los Cedines) que el sistema financiero tiene depositado en el BCRA, quedan unos 20.000 millones en reservas. Si además se descuentan otros pasivos como deudas multilaterales y depósitos del gobierno, las reservas netas quedan en unos 16.560 millones (un monto levemente superior al 50% del total de reservas). Este número se reduce a 4.560 millones si se asume que el BCRA seguirá pagando la deuda del Tesoro (12.000 millones de dólares en el 2014) como lo ha hecho en los últimos tiempos (aquí un breve comentario de Guidotti y Nuemeyer.) La fuerte aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial y las medidas para seguir apretando el cepo no son casuales.

El siguiente gráfico muestra la evolución histórica (1998-2013) de las reservas totales y netas del BCRA. En el gráfico se puede apreciar el final del período de la convertibilidad y el aumento de reservas post-crisis 2001. A principios del 2006 se ve una caída producto del pago de la deuda con el FMI por parte del BCRA a cuenta del Tesoro. A principios del 2008, un año luego de la intervención del INDEC y aumento de la inflación, se ve que las reservas netas comienzan a caer. A partir del cepo se ve una caída en tobogán de las reservas totales y una fuerte caída vertical de las reservas netas hacia fines del 2013 marcado en rojo. Es oportuno recordar que es responsabilidad del Tesoro pagar sus propias deudas, y no hacer uso de las reservas del BCRA. El rol del BCRA es proteger el valor de la moneda, no entregar las reservas al Tesoro. Esto es, en definitiva, poner en práctica un impuesto no legislado. Los recursos del gobierno están en el Tesoro, no en los activos del BCRA.

La pérdida de reservas de los últimos tres años fue tan marcada que se retrocedió al nivel de reservas del 2005/2006. De hecho, sólo en el 2013 se perdieron más reservas que por la crisis del 2001. En el 2002 se perdieron unos 9.300 millones de reservas. En el 2011, 2012 y 2013 unos 5.800, 3.100 y 12.800 millones respectivamente. Esto quiere decir que en los últimos 3 años se perdieron un total de 21.700 millones de reservas, más del doble que en el 2002. Hay otra diferencia a tener en cuenta. Mientras que las reservas del 2002 se perdieron como consecuencia de la crisis a fines del 2001, a fines del 2013 la crisis aún no parece haber terminado de desarrollarse. De hecho, más de uno se pregunta cuándo va a venir la crisis como si la economía no estuviese ya prácticamente fuera de control. El siguiente gráfico muestra con una línea en negro el nivel de reservas totales (eje izquierdo) y con barras la variación de reservas totales (eje derecho). La línea roja que marca pérdidas es claramente superior a la del 2001. Las acelerada pérdida de reservas tampoco deja de ser notoria dado que otros bancos centrales no tienen problemas para acumular reservas, por el contrario, tienen dificultades para que no se les aprecie sus propias monedas.

El contexto del 2001 no es el mismo que el del 2013. En el 2001, dada la ley de convertibilidad, el BCRA no podía tocar el tipo de cambio para administrar la demanda y oferta de dólares en el mercado de divisas. Esta sí es una herramienta que posee el BCRA desde la salida de la convertibilidad pero que no ha sabido o no ha querido utilizar eficientemente. El kirchnerismo cometió el mismo error de una política de atraso cambiario que se asigna a la tablita de Martinez de Hoz y a la convertibilidad. Si bien el kirchnerismo gusta de ubicarse en las antípodas de estos gobiernos, en algunos aspectos de política económica las similitudes con gobiernos pasados son llamativas.

El tipo de cambio

El acelerado ritmo de pérdida de reservas llevó al gobierno a actuar sobre el tipo de cambio oficial. Más allá de las repetidas afirmaciones de que este gobierno no va a devaluar, el balance del BCRA muestra que lo hace a un ritmo importante. En el 2008 la devaluación se aceleró de un 2,7% en el 2007 a un 9,6%. Del 2009 al 2012 la devaluación del tipo de cambio oficial fue de 9,9%, 4,7%, 8.2% y 14,3% respectivamente. Estas tasas de devaluación, por cierto importantes, se encuentran por debajo de la inflación (verdadera) anual para el mismo período. Recién en el 2013 la tasa de devaluación se empareja con la tasa de inflación. Al 19 de diciembre, la devaluación acumulada fue del 30%. Parece ser, sin embargo, que devaluar al 30% anual no es suficiente para el BCRA. El siguiente gráfico muestra que las tasas de devaluación anualizadas se aceleraron mes a mes durante el 2013 llegando a un importante 51% en noviembre. En lugar de bajar la inflación, el BCRA prefiere acelerar la tasa de devaluación. Al 19 de diciembre la tasa de devaluación anualizada del mes llega al 120%. Claramente, lo que el gobierno dice y lo que el gobierno hace son dos cosas bien distintas. Estas altas tasas de devaluación también muestran que el gobierno acusa recibo del importante problema que se niega  a reconocer. Si la brecha entre el tipo de cambio oficial y blue fuese trivial, el BCRA no estaría devaluando a un ritmo que supera el 100% anual mientras que intenta bajar al cotización blue como lo ha hecho en las últimas semanas. A pesar de un cepo cambiario cada vez más estricto, restricciones a las importaciones y una acelerada tasa de devaluación, el BCRA no ha podido evitar una notable perdida de reservas. Esto sumado a ya seis años consecutivos de alta inflación. Si existiese tal cosa como la mala praxis en materia de política monetaria, el BCRA sería un caso de estudio.

Adelantos transitorios al Gobierno Nacional

Uno de los puntos más controversiales en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA es la facilidad que se le da al Banco Central para prestar dinero al Tesoro. Dada la alta presión fiscal (nivel récord) y la imposibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales, el gobierno ha optado por confiscar y capturar flujos de fondos (por ejemplos, los fondos previsionales en las AFJP que ahora la ANSES entrega al Tesoro argumentando “inversión social”) y por financiar déficit con emisión monetaria. El balance del BCRA también ofrece una clara muestra de los envíos de recursos que el banco hace al gobierno en concepto de “adelantos transitorios.” Estos adelantos transitorios comenzaron en 2002 por un valor de 3.700 millones de pesos. Al 15 de diciembre del 2013 los adelantos transitorios alcanzaron un valor de 161.800 millones de pesos. Esto equivale a una tasa de crecimiento del 40% anual. Al 15 de diciembre, este concepto representa el 24% del total de activos del BCRA.

Por otro lado, el gobierno también toma recursos del BCRA a cambio de “letras intransferibles”. Estos son bonos que el Tesoro entrega al BCRA pero que el BCRA no puede vender en el mercado en caso de necesitar liquidez. Al 15 de diciembre el 40% de los activos del Banco Central se encuentran “invertidos” en letras intransferibles de un gobierno con serios problemas de déficit fiscal. Los adelantos transitorios y letras intransferibles representan el 63% de los activos del Central.

Base monetaria e inflación

Estos desmanejos monetarios no son gratuitos. De una forma u otra, lo que se hace es convalidar expansión monetaria para financiar el déficit fiscal de un Estado sobredimensionado de dudosa eficiencia. Más allá de que distintos sectores allegados al kirchnerismo insistan en negar que la inflación es un fenómeno monetario, la relación entre expansión monetaria e inflación es innegable. Si bien lo más correcto sería comparar la evolución de agregados monetarios como M2 con el nivel de precios, el siguiente gráfico compara la evolución de base monetaria (lo que el BCRA emite) y el nivel de precios. Para facilitar la comparación, ambas series se encuentran en base 100 para el año 2003. El paralelismo es inocultable. Se ve, también, que salvo el 2002 (por la devaluación) la base monetaria crece antes de que suban los precios. Decir que es el aumento de precios lo que lleva a emisión monetaria no sólo es inconsistente, tampoco se condice con los datos más básicos de la economía argentina.

La situación delicada a la que han llegado el BCRA y la economía argentina se debe a la terquedad política de postergar soluciones de fondo con populismo. La correcciones que hubiesen sido fáciles de llevar a cabo en un período de bonanzas y recuperación económica son aún más difíciles en una economía que amenaza con entrar en estanflación. No sólo hoy día el contexto es menos favorable, sino que las soluciones de fondo necesarias con cada vez más exigentes. Los problemas económicos actuales no son meramente económicos, son síntomas de problemas institucionales más profundos. El acelerado deterioro del balance del BCRA en el 2013 sugieren que posiblemente éste siga siendo un tema de interés en las meses que se avecinan.

Analizar el caso argentino con énfasis en políticas públicas sin poner la lupa en el problema del déficit fiscal es pasar por alto el problema de fondo. Es como sostener que el problema del adicto al alcohol son los síntomas, o la marca que consume, pero no la adicción al gasto público. El problema de errar en el diagnóstico es que fácilmente puede llevar a proponer solución aquello mismo que produce el problema en primer lugar. Una nueva ronda de tragos para combatir la resaca no es una solución de largo plazo. Ciertamente, tener déficit fiscal algún que otro año no es un problema serio, como no lo es tomarse una copa de vino durante la cena, el problema es la acumulación de déficits fiscales a niveles insostenibles. El problema no es la copa de vino, es la sumatoria. Expandir el gasto público para combatir las secuelas de una crisis de origen fiscal difícilmente lleven a buen puerto.

Cuando Menem asume la presidencia la emisión monetaria ya no era un medio efectivo para financiar el gasto. El gobierno de Alfonsín ya había agotado esa herramienta llevando al país a un caso inédito de hiperinflación. La “maquinita” ya no era una herramienta viable para financiar al Tesoro. Luego de algunos traspiés, el nuevo esquema de convertibilidad le ató las manos a un banco central incapaz o desinteresado en proteger el valor de la moneda. El desequilibrio fiscal, sin embargo, no desapareció. Lo que se modificó fue la fuente de financiamiento. El adicto al déficit fiscal cambió su bebida de elección sin modificar su dañino comportamiento. El proceso de privatización implicó un ingreso de recursos por la venta de activos y la eliminación de empresas estatales fiduciarias a cambio de empresas contribuyentes al fisco. El proceso de privatización (algunas bien hechas, otras mal hechas) no tuvo nada que ver con un súbito ataque de “neoliberalismo” en el peronismo de turno, sino que tuvo que ver con serias necesidades de recursos. Ya no causa sorpresa que el mismo partido (en algunos casos los mismos políticos) que defendieron las privatizaciones hayan defendido las nacionalizaciones del gobierno K siempre y cuando esto permita patear hacia adelante los problemas de caja.

La venta de activos, sin embargo, posee un límite, eventualmente ya no quedan activos por privatizar. La otra fuente importante de recursos a lo largo de los 90 fue la toma de deuda con organismos internacionales. Dada la ley de convertibilidad, el BCRA no estaba autorizado a emitir pesos sin la correspondiente entrada de dólares (situación convenientemente flexibilizada a medida que pasaban los años.) El gobierno, en lugar de financiarse con el BCRA, lo hacía con los organismos internacionales. El gobierno de Menem no solucionó el problema del gobierno de Alfonsín, sino que encontró una nueva manera de prolongarlo en el tiempo. Es un error de diagnóstico ver en los 90 un gobierno “neoliberal” (alcanza con ver cuántos puntos de la receta neoliberal del Consenso de Washington no se cumplieron) por el contrario, fue una época típicamente keynesiana, donde el gasto público tuvo precedencia sobre el equilibrio fiscal.

De la misma manera que la emisión monetaria no es sostenible de manera indeterminada, tampoco lo es la deuda pública en dólares. Eventualmente el peso de la deuda fue tal que el sistema colapsó en el 2001. Entre 1991 y el 2001 el gasto público aumentó un 90.8%, el PBI lo hizo en un 49.3%. Es decir, la deuda pública creció casi al doble de velocidad de la economía. Imagínese lo que pasaría con sus finanzas personales si aumenta el gasto de su tarjeta de crédito un 90.8% en este período pero sus ingresos sólo lo hacen un 49.3%. Eventualmente el banco le va a cortar el crédito y pedirle que salde su deuda. Ahora lleve ese problema a dimensión país: el resultado es la crisis del 2001. La irresponsabilidad financiera a escala familia no deja de serlo a escala país. La diferencia es que usted no puede defaultear y trasladarle el costo a sus acreedores, que es lo que hizo el gobierno en el 2001.

Como es costumbre política, cuando el déficit fiscal se vuelve insostenible priman las medidas de corto plazo sobre las soluciones de fondo. En lugar de equilibrar las cuentas fiscales, se prefirió declarar un histórico default internacional (vitoreado cual “barra brava” en el honorable Congreso de la Nación), instaurar dos corralitos, y proceder con una devaluación que llevó el tipo de cambio de 1ARS = 1USD a 3ARS = 1USD. Estas medidas lo que hicieron  fue transferir el costo del ajuste a los acreedores externos, a los importadores y a los tenedores de pesos. Cuando por impericia o desinterés en el manejo fiscal se llega a un punto crítico como lo fue el 2001, donde ya no es posible pasarle el problema al próximo gobierno de turno, el debate no es si debe o no hacerse un “ajuste”, sino quien va a pagar el ajuste dado que el mismo es inevitable. El gobierno K, en cuyo relato reniegan de aplicar una ajuste, de hecho produce un duro ajuste al imponer un cepo cambiario, una inflación real superior al 20%, cerrar virtualmente las importaciones, tener una deteriorada infraestructura energética y de transporte, etcétera. Los gobiernos suelen preferir trasladar el ajuste a sus representados antes que hacerse cargo de sus propios desmanejos económicos.

Gracias a la devaluación y al default, los primeros años post 2001 mostraron superávit gemelos (fiscal y comercial). Pero dos problemas quedaron irresueltos. En primer lugar, más allá del atraso cambiario a fines de los 90, la devaluación de Duhalde no equilibró el mercado externo, sino que se pasó de un atraso cambiario a un adelanto cambiario. Esto produce rentabilidades artificiales en el sector exportador, que no dudará en reclamar socorro al estado partenalista bajo el nombre de “tipo de cambio competitivo” cuando la rentabilidad artificial comience a reducirse hacia su real valor de mercado. Bajo el esquema 1ARS= 1USD, uno puede comprar bien por 100ARS en Argentina o 100USD en el exterior. Bajo un esquema de 3ARS= 1USD los precios domésticos aumentan hasta que el precio local es 300ARS y el internacional es de 100USD. Es decir, se vuelve a una situación similar a la del “1 a 1.” Comprar a 300ARS en Argentina o a 100USD en el exterior es lo mismo dado el tipo de cambio 3ARS= 1USD. Pueden cambiar los números, pero la situación económica es la misma a la del “1 a 1.” Esto explica la alta inflación de los años post-crisis.

El segundo problema que quedó sin resolver fue el del gasto público, que eventualmente erosionó el superávit fiscal. El problema de fondo de las dos décadas pasadas fue repetido una vez más sin desviarse del libreto. Así como en los 90 el menemismo tuvo que cambiar la fuente de financiamiento del gasto público y se recurrió a la venta de activos (privatizaciones) y deuda pública, el gobierno K también tuvo que cambiar sus fuentes de financiamiento. En lugar de privatizar, se confiscaron (con procesos de dudosa constitucionalidad) cajas y flujos de fondos siendo el caso de las AFJP posiblemente uno de los casos más claros. Dado el cierre al mercado financiero internacional, se procedió a tomar deuda cara con Venezuela y cancelar deuda barata (con el FMI), aumentar la presión impositiva a niveles asfixiantes (cómo en el intento de la Resolución 125) y hacer uso una vez más del BCRA para financiar al Tesoro. Todo esto son síntomas de que en los últimos 30 años la Argentina persiste en cometer el mismo error sin atender a los motivos de fondo.

El radicalismo de Alfonsín, el peronismo de Menem y el peronismo K ofrecen en términos de desmanejo fiscal la misma receta. Las diferencias en política económica no se debieron a diferencias ideológicas o partidarias, sino a las circunstancias económicas de cada momento que impedían ciertos métodos de financiamiento del déficit fiscal, viéndose obligados a buscar métodos alternativos. El adicto al alcohol puede verse forzado a cambiar de barman si su bar predilecto se encuentra cerrado, pero no por ello soluciona su adicción. La inflación de fines de los 80, la deuda pública de los 90 y la inflación actual no cayeron del cielo, sino que tienen su origen en gobiernos adictos a las políticas populistas que le llevan a descuidar el equilibrio fiscal necesario para un sendero de crecimiento estable a largo plazo.

Cambiar el método de financiamiento del déficit fiscal no soluciona el problema, simplemente le cambia el maquillaje. Creo que fue un ministro español quien dijo que el déficit fiscal no es de derecha ni de izquierda, ni del socialismo ni del libre mercado, es de gobiernos eficientes. Los serios problemas económicos que afligen al país hoy día no hay que buscarlos en discursos ideológicos, conspiraciones internacionales ni grupos concentrados de poder. El problema tiene nombre y apellido: déficit fiscal. La clase política dirigente debe mirarse en el espejo si quiere encontrar la causa de los problemas económicos del país.