Distintos funcionarios del Gobierno han sido explícitos en sostener que el déficit fiscal es un problema serio a resolver y que es además el origen de las altas tasas de inflación que se iniciaron en el 2007. El problema madre de los desequilibrios económicos en Argentina son los déficits fiscales.

Solucionar el problema del déficit fiscal en Argentina, sin embargo, no es una mera cuestión de cerrar números. En primer lugar, el tamaño del déficit, 9% del PBI, muestra que el desequilibrio entre ingresos fiscales y gastos del Tesoro no es menor; la estructura de ingresos y la de gastos se encuentran en niveles distintos. En segundo lugar, la presión fiscal consolidada supera el 40% del PBI; es decir, no hay margen para subir impuestos, por lo que es necesario revisar los gastos. En tercer lugar, el nivel de gasto es insostenible. Si con una presión fiscal del 40% del PBI el déficit se encuentra en torno al 9% del PBI, es claro que el Estado se halla sobredimensionado.

Esto indica que el problema a resolver no se soluciona con ajustes marginales; es necesario bajar ambos, los impuestos y el gasto público. Corregir un déficit fiscal de 9% del PBI con una presión fiscal superior al 40% del PBI no es otra cosa que cuestionarse cuál debe ser el papel del Estado en Argentina. De 1960 a la fecha el Tesoro ha tenido superávit sólo cinco o seis años. Los déficits fiscales son comunes a los distintos Gobiernos que hemos tenido hasta la fecha (Arturo Illia, Gobierno militar, Domingo Perón, Isabel Perón, Gobierno militar, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner). El problema del déficit fiscal en Argentina no es, entonces, un problema de gobiernos, es un problema de estructura del Estado. El desafío de Cambiemos no es terminar con un déficit fiscal, sino terminar con el ciclo de déficits fiscales.

Resolver este problema requiere cuestionarse cuál debe ser el papel del Estado. Este es el debate ausente hasta el momento. ¿Debe ser el Estado fuente del masivo empleo público en el que se ha transformado? ¿Debe el Estado ser fuente de una creciente e impagable asistencia social, o debe generar las condiciones para que dicha asistencia se vuelva innecesaria? ¿Debe el Estado ser protector de sectores industriales y empresariales (por ejemplo, en Tierra del Fuego), o debe garantizar un marco competitivo donde sea el consumidor quien elija cómo consumir? ¿Es necesario que el Estado provea servicios como Fútbol para Todos y Aerolíneas Argentinas, o debería garantizar las condiciones para que estos y otros servicios sean provistos por el mercado? En resumen, Argentina tiene un Estado que quiere hacer mucho y estar presente en todo lo que pueda, en lugar de un aparato estatal que garantice la propiedad privada y haga cumplir los contratos para que sean las personas quienes provean sus propios bienes y servicios. ¿Debe el Estado garantizar un ambiente de libre mercado, o debe ser el Gran Hermano que todo lo observa y todo lo regula (como ejemplifica la reacción ante el desembarco de Uber hace pocos días)? Argentina parece tener la ilusión de querer vivir con el nivel de riqueza de las economías más libres del mundo, al mismo tiempo que es una de las economías menos libres del mundo.

El problema no es que el Estado gasta mal, el problema es que gasta demasiado por estar sobredimensionado. El Estado argentino actual es impagable, con o sin arreglo con los holdouts, del mismo modo que quien no es millonario no puede vivir como tal, con o sin una tarjeta de crédito. Mientras en Argentina no se replantee cuál ha de ser el papel del Estado, los desequilibrios económicos seguirán apareciendo de forma cíclica como lo han hecho en el último medio siglo.

La oposición a las políticas de shock suele basarse en que las mismas imponen un costo innecesario a la sociedad. Bajar el gasto público de golpe, por ejemplo, puede generar desempleo y desaceleración de la actividad económica. Por el otro lado, el gradualismo suele quedar a medio camino y las reformas, al quedar incompletas, son inconsistentes y nuevos problemas económicos aparecen en el mediano plazo. El gradualismo, por lo tanto, busca minimizar los costos sociales y económicos durante la transición. La crítica a las reformas en shock, sin embargo, obvia que las mismas también pueden hacerse con un plan de transición que hace justamente del gradualismo una opción innecesaria. Y dado que, de intentar hacer reformas de manera gradual, se corre el riesgo de que las mismas queden inconclusas, un shock bien planeado sería preferible al gradualismo.

Una analogía puede ilustrar el punto. Una muela que causa dolor es retirada en el momento (shock), no de forma gradual, por el dentista. Si el shock no es una mera medida económica aislada, sino un plan económico cuidadosamente planeado, entones antes de quitar al muela se aplica anestesia o algún calmante. Si el plan de shock no es cuidadosamente planeado y se hace porque la realidad se lo impone al político, entones es como quitar la muela sin anestesia o calmante. El problema que enfrenta la próxima administración no es sólo encarar las reformas apropiadas para Argentina, sino diseñar un claro plan de transición hasta que las reformas hagan efecto. Esto es distinto al gradualismo donde las reformas se hacen lento, paso a paso, esperando que sus efectos se materialicen gradualmente.

Hay, por lo tanto, dos tipos de políticas de shock. Las que poseen un plan de transición (plan bien diseñadas) y las que no (plan mal diseñadas.) La crisis del 2001 dejó impregnado en la opinión pública que un ajuste fiscal y cambios fuertes (shocks) implican altos costos económicos y sociales. Sin embargo, el manejo que hizo la política Argentina podría ser ejemplo de haber hecho todo lo importante mal: (1) pesificación asimétrica, (2) corralito y corralón, (3) aumento de impuestos, (4) creación de nuevos impuestos, (5) evitar un ajuste racional del gasto público cayendo en default, (6) congelar tarifas sin un plan de salida subsidiando a la oferta en lugar de la demanda, etc. A su vez, estas medidas fueron impuestas por la realidad; Ricardo López Murphy tuvo que renunciar por proponer un ajuste fiscal notablemente inferior y más ordenado que el que se terminó realizando por persistir en el mismo camino de desequilibrios económicos y fiscales.

Las políticas de shock se inspiran en el caso del milagro alemán, donde Ludwig Erhard tuvo un papel central. Luego de fracasos en la administración por parte de los aliados de la economía alemana, Erhard lleva adelante una reforma monetaria dando fin al Reichmark para dar origen al marco alemán. El mismo día que se anuncia esta medida se informa la eliminación de los controles de precios y la flexibilización de los programas de racionamiento en contra de las recomendaciones de Estados Unidos y los aliados. Estas reformas fueron el origen del milagro alemán, cuya economía ya se encontraba en recuperación para cuando el Plan Marshall entró en vigencia.

Chile (1975) y Bolivia (1985) son otros dos conocidos ejemplos de políticas de shock. Chile abre su economía a inversores externos llevando a los productores locales a competir en igualdad de condiciones con el mercado externo. Estas reformas pueden haber sido llevadas a cabo durante el gobierno de Pinochet, pero el resultado fue estabilizar la economía en el corto plazo y un ritmo de crecimiento de su economía mayor al de países vecinos en el mediano y largo plazo. En Bolivia las reformas que pusieron fin a la hiperinflación se llevaron adelante en los primeros 100 días de gobierno por Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre otras medidas, Lozada liberó el tipo de cambio, eliminó los controles de precios y subsidios a empresas públicas, redujo en dos tercios los empleados públicos de empresas estatales en el sector energético, y negoció un canje de deuda con el FMI. En sólo unos meses la hiperinflación cayó a valores en torno al 15% anual. Si bien se percibe un aumento en la tasa de desempleo, este indicador ya tenía una tendencia creciente desde 1978. A estos casos podría agregarse que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reduce el gasto público en términos del PBI del 80% al 30% en 3 años, junto a una desregulación general de la economía, sin producir una recesión ni aumento del desempleo (ver : Alto gasto público: ¿callejón sin salida?).

El caso de Polonia (1989) luego de la caída de la Unión Soviética presenta resultados más ambiguos. En el caso polaco, sin embargo, si bien se eliminaron regulaciones y control de precios, no se avanzó de manera decidida en la privatización de empresas públicas. Una cuestión central en un país satélite de la Unión Soviética. No obstante se redujo la tasa de inflación y se redujeron faltantes de productos. En el mediano y largo plazo Polonia incrementó el ritmo de crecimiento de su economía.

Los casos exitosos de shock muestran que las medidas económicas no fueron tomadas de modo aislado, sino que se implementaron planes integrales. Por ejemplo, una política de shock no se limita a levantar el cepo de un día para el otro, sino que tiene que estar acompañada de una serie de medidas que todas juntas conforman un plan. En contra ejemplo de las políticas de shock se puede mencionar a China, que ha llevado adelante reformas graduales. Y si bien los resultados no son negables, tampoco se puede ignorar la gran cantidad de ciudadanos chinos que siguen viviendo en pobres condiciones de vida por no llevar adelante las reformas a todo el país en lugar de concentrarlas principalmente en la zona costera de China.

Discutir políticas de shock versus gradualismo es útil en la medida que esto implique un plan de transición para navegar las reformas que tarde o temprano van a tener que hacerse, especialmente en lo que respecta desequilibrios fiscales. Si en lugar de medidas aisladas lo que hay es un plan completo de reforma, entonces correr el riesgo de dejar las reformas a medio hacer al elegir el camino del gradualismo parece ser un riesgo innecesario. Es decir, si su dentista es un estadista y le aplica un calmante, ¿para qué quitar la muela gradualmente en lugar de hacerlo en el momento?

Descontando las transferencia que recibe el Tesoro por parte del BCRA (y ANSES, etc.), el déficit financiero de mayo se ubicó en unos 1.150 millones de pesos acumulando un total de 48.400 millones de pesos entre enero y mayo del 2014. En el 2013, este nivel de déficit acumulado se cruzó “recién” en el mes de septiembre. En el 2011 y en el 2012 se lo cruzó en diciembre. El déficit financiero acumulado a mayo del 2014 es mayor al déficit anual total en los años anteriores al 2011. El déficit acumulado a mayo 2014 es casi 2.5 veces el de mayo 2013.

Los datos ingresos son reveladores. Excepto “rentas de la propiedad” (transferencias del BCRA, ANSES, etc.), la recaudación cayó en términos reales respecto a mayo del 2013 (con una inflación para el período de 39.9% según el IPC congreso). Las transferencias del BCRA y ANSES crecieron en términos reales un 1638%. El resultado de esta emisión monetaria para financiar al tesoro compensa la caída real de los ingresos tributarios manteniendo los ingresos corrientes constantes en términos reales. Los egresos también son reveladores. Los únicos que han aumentado en términos reales fueron las transferencias y el rubro “otros” (mientras las transferencias al sector privado aumentaron, las transferencias al sector público disminuyeron).

Es decir, el Tesoro tiene una fuerte necesidad de recurrir al BCRA para financiar el insostenible nivel de gasto a la par que el aumento en términos reales se va en transferencias (por ejemplo subsidios) al sector privado en lugar de asignarse a los servicios que le corresponde brindar al estado como mantener la ley y el orden (seguridad y justicia.) ¿Si la infraestructura Argentina está tan bien y nunca se ha invertido tanto como en la década ganada, por qué tantas transferencias al sector privado? Es claro que el problema del gasto público es doble. Por un lado la asignación del gasto público es ineficiente; el gobierno kirchnerista gasta mal. Por otro lado un nivel de gasto excesivamente alto. Bajo la falsa ilusión de que el gasto público es intrínsecamente virtuoso y el gasto privado es naturalmente malo o hasta inmoral, se ha llegado a niveles insostenibles de gasto difíciles de corregir.

Sin embargo, lo preocupante no es sólo el nivel de gasto (ya de por sí un problema serio), es la aceleración del deterioro fiscal que se ve en el 2014. No sólo mayo muestra un déficit acumulado alto respecto a años anteriores, sino que mes a mes la emisión monetaria necesaria para financiar el déficit proyectado a fin de año aumenta por tercer mes consecutivo. En el siguiente gráfico vemos el déficit proyectado de mayo a fin de año. La proyección es simple, asume que cada mes el déficit en promedio evoluciona igual a como lo hizo en los dos últimos años. Junio es el mes con mayor deterioro fiscal en al menos los dos últimos años; 85% y 65% para el 2013 y el 2014. Para el 2015, entonces, el gráfico asume un deterioro fiscal del 75% (promedio de junio de los dos últimos años.) El deterioro de la actividad económica, pagos al Club de Paris, y la extensión de programas sociales los (ni-ni) pueden hacer de este un escenario conservador.

Si el déficit financiero proyectado se financia con emisión monetaria, entonces la expansión de la base monetaria llega a un 77%, que equivale a 7.4% mensual. El mismo ejercicio con datos a marzo daba una expansión de la base monetaria equivalente mensual del 6.3%. En abril 6.7%. Como vemos, en mayo saltó a 7.4% mensual. Para poner estos números en perspectiva, podemos pensar que si la inflación mensual ronda el 2%, entonces la expansión monetaria ronda también el 2% mensual (más allá de las insistencias del oficialismo, esto es justamente lo que los números muestran.) La presión inflacionaria, por lo tanto, puede pasar de un 2% mensual a un 7% mensual (lo que equivale a un 125% anual) si asumimos que la demanda de dinero ni la producción caen (de nuevo, dos supuestos “optimistas”)

¿Qué tan exagerado es este escenario? En economía las proyecciones son muy elusivas. Es práctica habitual estimar distintos escenarios y ver si los resultados más o menos se repiten. Algunos colegas (Roberto Cachanosky y Agustín Monteverde) llegaron a resultados similares con supuestos distintos. Más allá de si la expansión de base monetaria tiene que ser 77%, 60%, u 80% para financiar el déficit de mayo a diciembre, lo importante es que desde distintos ángulos el panorama fiscal se ve el mismo empeoramiento fiscal. Al gasto público y el subsecuente déficit, responsabilidad última del Congreso Nacional, se encuentra nuevamente fuera de control. La sociedad aún espera del arco opositor un serio planteo sobre cómo solucionar este serio problema. Los problemas económicos no se resuelven ni con promesas ni con buenas intenciones, se resuelven con una administración eficiente y buenas políticas económicas. La situación fiscal argentina es exactamente la opuesta.

El siguiente gráfico muestra la evolución del PBI real en Estados Unidos [eje izquierdo] y el nivel de gasto público sobre el PBI (%) [eje derecho] para el período 1929-1960. En 1940 el gasto público se encontraba en el 22% del PBI. En tan sólo cuatro años llegó a representar el 82% del PBI. El gasto público muestra una caída libre hasta el 25% del PBI. El gasto público se redujo en términos absolutos en un 75%.

Si nos atenemos a lo que el discurso oficialista (y de no pocos opositores) dan a entender sobre los problemas de recortar el gasto público, entonces deberíamos observar una profunda y extensa crisis. Sin embargo, lo que se observa es que del pico (1944) al piso (1947) el PBI real se contrajo en un 13.4%, lo que equivale a una caída equivalente de 3.5% por año. En 1948 el PBI real creció un 4.1%. ¿Cómo es posible que un colapso de tal magnitud en el gasto público en relación al PBI no resultase en un colapso económico y, que de hecho, la economía americana se haya recuperado sin apelar a fuertes políticas de gasto público?

Hay tres características a tener en cuenta durante el período de la Segunda Guerra Mundial: (1) La participación del gasto público muestra un acelerado incremento, (2) el nivel de desempleo era artificialmente bajo dado el llamado a la ciudadanía al servicio militar, y (3) la economía se encontraba bajo un virtual planeamiento central que determinaba qué, cómo, cuándo, y a qué precio se debía producir. Así, como estas tres características tomaron forma al entrar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, estas tres características también se vieron modificadas al salir de la guerra. Es decir, la caída del gasto público no fue lo único que cambió en la economía pos-guerra.

Si bien es cierto que entre 1945 y 1948 hay un aumento en la tasa de desempleo, no es menos cierto que el desempleo no superó el 3.9% (1946). Una tasa de desempleo lejos de mostrar serios problemas en el mercado laboral. Para fines de 1946, 10 millones de veteranos habían encontrado trabajo en un contexto de baja de gasto público y de desregulación económica. Este paradójico resultado suele intentar explicarse de dos maneras: (1) reducción en la oferta laboral femenina que se había incrementado durante la guerra, (2) un importante número de veteranos se inscribieron como alumnos en distintas universidad, por lo que no cuentan como personas desempleadas.

Ninguna de estas tres explicaciones, sin embargo, se ajusta a los hechos. El número de mujeres en la fuerza laboral pasó de 14.5 millones en 1941 a 19.4 millones en 1944 para caer a 16.9 millones en 1947. Movimientos que no pueden explicar la baja tasa de desempleo del 3.8%. A este resultado hay que sumarle que un gran número de plantas que empleaban cerraron al reducirse el gasto público, por lo que la población femenina también debió encontrar nuevos puestos de trabajo. Luego de la guerra, unos 800.00 conscriptos se anotaron en programas universitarios. Si los 800.000 veteranos fuesen contados como desempleados, la tasa de desempleo sería tan solo 1.4% superior.

La economía americana, sin embargo, no se encontraba sólo frente a un escenario de colapso de gasto público, el gobierno federal debía hacer frente a un abultado déficit fiscal. El gobierno federal pasó de un déficit de 32.1 miles de millones de USD a un superávit de 2.4 miles de millones en 1947. De hecho, los ingresos del gobierno federal no se vieron fuertemente afectados lo que indica que la actividad económica no se vio afectada por la reducción del gasto público. En 1945 se registraron ingresos por 41.5 miles de millones de USD, en 1946 y 1947 los ingresos fueron de 39.5 y 42.8  miles de millones de USD respectivamente. Es decir, la reducción de gasto público no sólo produjo fuentes de empleo suficientes como para mantener bajas las tasas de desempleo, sino que al no afectarse la actividad económica se pasó de un escenario deficitario a un escenario superavitario.

Para entender como es posible juntar una reducción del gasto público con un buen desempeño económico es necesario tener presente que el  gobierno americano no se limitó a reducir el nivel de gasto público de un 80% del PBI a un 25% en un reducido lapso de tiempo. Estados Unidos también dio decidida marcha atrás con regulaciones y controles de precios. Una economía con un alto gasto público puede resultar en economías anémicas dado el alto nivel de recursos que deben destinarse a gasto público y no a consumo e inversiones privadas. Una economía con precios regulados es incapaz de invertir de manera eficiente, dado que los empresarios se encuentran ante precios mentirosos en lugar de precios que reflejen de manera fiel las preferencias de los consumidores. A veces lo mejor que puede hacer el gobierno para mejorar la economía de un país es simplemente hacer un paso al costado y dejar al mercado operar. Poco pueden aportar ministros con escasa o nula experiencia de mercado frente a empresarios e inversores que arriesgan su capital en lugar del dinero del contribuyente.

El retorno a una economía de mercado con precios libres, junto a una fuerte reducción del gasto público, puso a disposición del mercado insumos y factores de producción que se pudieron utilizar para crear valor en lugar de satisfacer las necesidades bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien sería iluso negar que Argentina no pueda corregir sus desequilibrios fiscales sin afectar la economía, sería igual de iluso plantarse en no ver soluciones porque la clase política (gobierno y opositores) no es lo suficientemente patriota como para reducir su gasto público y dar lugar a que sea el mercado el que genere puestos de trabajo productivo en lugar de planes públicos que generan trabajo improductivo. No es cierto que los ajustes fiscales son siempre salvajes, desalmados y con un inevitable colapso económico como resultado. Si hay algo que a la economía Argentina le sobra es ajuste sobre los sectores más necesitados. Inflación, cepo cambiario, cierre de importaciones, falta de inversión en infraestructura no es otra cosa que un ajuste que afecta en mayor medida a los más necesitados. Si hay algo que a la Argentina le falta es un mercado libre que permita la creación de valor en lugar de una economía que debe mantener a un insaciable aparato populista.

Qué no sucedió

Lo primero que hay que tener en cuenta respecto al cierre de gobierno es que, de hecho, no cerró. Como ejemplifica Ben Powell (Texas Tech University) en una columna el Huffington Post, si McDonalds suspende (no despide) al 40% de su personal no relacionado a la confección de comida y deja de entregar juguetes en la conocida Cajita Feliz difícilmente se hable del “Cierre de McDonalds”. El mal llamado “cierre de gobierno” consiste en la suspensión temporal de las actividades “no esenciales” de gobierno (como el personal no relacionado a la comida en McDondalds), que son todas aquellas actividades que no dependen de funcionarios con nombramiento constitucional y sus delegados directos. Por ejemplo, un juez es una figura constitucional. El juez y sus asistentes de primera línea deben seguir trabajando. Ni Obama ni los senadores y diputados dejaron de trabajar durante el “cierre de gobierno”. Distinto es el caso de parques públicos y algunas agencias de gobierno. Es decir, aquellas actividades que no definen al gobierno son las que queda en suspenso. Por ejemplo, la agencia recaudadora de impuestos sigue funcionando, Estados Unidos no se retiró de zonas con actividad militar, etcétera.

Lo segundo a tener en cuenta son los incentivos de cada partido político en esta disputa presupuestaria. Ni los demócratas ni los republicanos tienen incentivos a disminuir el nivel de gasto público; cada uno propone reducir el gasto en los programas del otro partido, no en los propios. Para el político, cuanto mayor es su presupuesto mejor, más puede gastar y hacer a los ojos de su electorado. De hecho, el actual cierre de gobierno no es el primero en la historia de Estados Unidos. En el 2011 hubo una discusión similar, en aquel momento denominada “Fiscal Cliff” (precipicio fiscal) que también involucraba una extensión del techo de deuda. En aquel momento no se llegó a un “cierre” de gobierno, sino que se acordó posponer el problema por dos años. Dos años más tarde el problema vuelve a surgir como “cierre de gobierno”. Lo que se vio en las últimas semanas fue un manejo político, por parte de ambos partidos, del “cierre de gobierno” y de la “amenaza de default” para obtener votos por sobre el otro partido. Los sectores más radicales del Partido Republicano (el Tea Party) encontraron en el Obamacare la herramienta para presionar por una reducción del gasto público. Obama y los demócratas pueden presentarse como víctimas exagerando las consecuencias de un cierre de gobierno y la inevitabilidad de un default. Así y todo, en ningún momento Obama tuvo la bajeza de acusar ni a los republicanos ni a prensa crítica de golpistas. Al mismo tiempo, el Tea Party se pone en una situación donde republicanos y demócratas pueden señalarlos como los causantes del problema distrayendo la atención sobre el verdadero problema: el nivel de gasto y deuda pública.

Lo tercero a tener en cuenta es que la amenaza del default americano no era creíble. Lo que estaba en discusión era una extensión del límite de deuda, no una cancelación de toda la deuda. Si el gobierno no puede emitir más deuda, aún puede continuar haciendo un roll-over de la deuda actual con nueva deuda y reasignar partidas para cubrir la diferencia de ser necesario. En otras palabras, pedir una extensión de deuda es como pedir una extensión en la tarjeta de crédito. Que el banco no nos otorgue una extensión en nuestra tarjeta de crédito no quiere decir que automáticamente entramos en default con el banco, sólo quiere decir que no podemos aumentar el nivel de deuda. No se puede pagar el saldo deudor en una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito de manera indefinida. Exagerar el default y sus consecuencias cumplió más el rol de presión política sobre los republicanos que el ser una descripción cierta de lo que estaba por venir. De hecho, el precio de los bonos americanos no colapsó a pesar de que a horas del día D del default aún no había acuerdo. Es decir, el mercado no le creó a Obama que el default estaba a la vuelta de la esquina.

¿Cuál es el problema?

El problema en Estados Unidos no es otro que el de un alto nivel de gasto público y endeudamiento, que actualmente se encuentra alrededor del 100% sobre el PBI (se suele considerar como alto endeudamiento un nivel superior al 60%). Manejar los números del gobierno americano no es fácil debido a su dimensión. Es más sencillo entender la dimensión del problema si reducimos la escala de gasto al de una familiar promedio. Con el tamaño del gobierno americano en esta nueva escala, tenemos que en el año 2010, un año antes del “Fiscal Cliff”, el gobierno federal estaba teniendo ingresos por $58.000 al año, el nivel de gasto público era de $75.000 y la deuda en la tarjeta de crédito alcanzaba los $327.000. Claramente los números no cierran. Cuando el gobierno envía el presupuesto al Congreso pidiendo una extensión del límite de deuda, es como si esta familia se acercase a su banco pidiendo una extensión en el límite de su tarjeta de crédito. Para convencer al banco el gobierno ofrece un “ajuste” del gasto que lleva el gasto de $75.000 a $73.000. Claramente esto no soluciona el problema. Así es como dos años después el mismo problema vuelve a aparecer aún con más dramatismo.

Si bien la discusión de las últimas semanas osciló entre republicanos y demócratas, donde unos serían los buenos y los otros serían los malos, lo cierto es que ambos partidos comparten la responsabilidad de la delicada situación fiscal que atraviesa EEUU. En los últimos 40 años el límite de deuda se corrió alrededor de 39 veces. Eso no es un límite de deuda, es una puerta giratoria. El límite de deuda es utilizado como una herramienta de potencial presión política, no como un límite de deuda propiamente dicho. El mismo Obama se oponía a extender el límite de deuda cuando estaba en el Congreso y el gobierno estaba en manos de los republicanos. El inicio del siglo XXI muestra una tendencia clara. El gasto nominal promedio por año de Bush (hijo) fue un 60% superior al gasto nominal anual promedio del gobierno de Clinton. A su vez, el gasto promedio nominal anual del Gobierno de Obama es un 32% superior al gasto nominal promedio de Bush. Esto quiere decir que, en promedio, Obama está gastando en términos nominales un 110% más que Clinton por año. Dejando de lado la discusión de si incluso el gasto durante el gobierno de Clinton no podría haber sido menor, ¿qué impide al gobierno americano volver al nivel de gasto de Clinton? No se puede decir que el gobierno de Clinton haya sido un cataclismo económico de pobre performance (también es cierto que Clinton heredó los buenos resultados de políticas económicas de gobiernos anteriores.) Es cierto que el cambio de siglo estuvo signado por la crisis dotcom y el atentado terrorista 9/11, pero no es menos cierto que estos eventos ocurrieron hace más de 10 años. Tiempo más que suficiente para corregir el rumbo.

Los republicanos y demócratas acordaron una extensión presupuestaria y de gasto de deuda hasta principios del 2014. Es decir, un cuarto intermedio que (convenientemente) termina luego de las fiestas de Navidad y Año nuevo. El problema está lejos de solucionarse, no sólo porque el acuerdo no hace más que comprar tiempo, sino porque no se atacan los problemas de fondo. El gasto público de Estados Unidos puede dividirse en dos grandes grupos, el gasto público obligatorio y el discrecional. El gasto obligatorio es aquel que responde a obligaciones ya comprometidas, como el Social Security, créditos fiscales, pago de intereses de deuda, etcétera. El gasto discrecional es el que se elige en cada año fiscal (partidas para programas de agricultura, agencias, etcétera). Si el gobierno eliminase todo el gasto discrecional, quedándose únicamente con el gasto ya comprometido, aún los recursos tributarios se quedan cortos. Es decir, el gobierno americano actualmente es incapaz de hacer frente al gasto ya comprometido sin incurrir en mayor deuda pública. Este no es un problema que se corrija con reducciones puntuales de gasto público, sino con un rediseño del gobierno americano y su estructura de gasto, que no es otra cosa que una discusión sobre cuál es el rol del gobierno. Los años que vienen (¿décadas?) van a requerir difíciles decisiones por parte del gobierno americano. Lo que se está viendo en Estados Unidos y Europa en los últimos años no es otra cosa que síntomas del quiebre del Estado de Bienestar.

El término neoliberal suele asociarse al Consenso de Washington (¿qué más oportuno para los críticos que la “receta neoliberal” se haya cocinado en Washington, capital del “Imperio Capitalista”?) El Consenso de Washington se resumen en los siguientes diez puntos:

1. Discplina fiscal, evitando abultados déficits fiscales respecto al PBI;
2. Redireccionamiento del gasto público, desde subsidios (indiscriminados) hacia la provisión en áreas clave para el crecimiento y sectores de bajos ingresos (educación, salud, infraestructura, etcétera);
3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas marginales moderadas;
4. Tasas de interés determinadas por el mercado y (moderadamente) positivas en términos reales;
5. Tipo de cambio competitivo;
6. Liberalización del comercio (externo): liberalizar las importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas. Cualquier protección debe ser en base a tasas bajas y relativamente uniformes;
7. Liberalización de las inversiones extranjeras directas;
8. Privatización de empresas estatales;
9. Desregulación: eliminar las regulaciones que impidan al entrada o restrinjan la competencia, excepto para aquellos casos con justificación de seguridad, medio ambiente, protección al consumidor y una supervisión prudencial del sistema financiero;
10. Protección legal de los derechos de propiedad.

Para sostener que Argentina sufrió de neoliberalismo durante los 90, entonces tendrían que haberse aplicado todos, o una clara mayoría, de estos diez puntos. Ese, sin embargo, no fue el caso. Varios puntos centrales del Consenso de Washington estuvieron ausentes, o en clara diferencia a lo que la “receta” sugiere.

El primer punto de estabilidad fiscal fue un ingrediente claramente ausente en una década marcada por déficits fiscales. Esta ausencia, vale aclarar, fue acompañada con el visto bueno de varios acreedores internacionales. De haberse aplicado el punto de disciplina fiscal, la abultada deuda pública no hubiese culminado en un default del cual aún hoy no se termina de salir. Los déficits fiscales no fueron accidentales, el gasto público creció un 90.7% entre 1991 y el 2001. El stock de deuda externa sobre el ingreso nacional pasó del 35.6% en 1991 a un 56.9% en el 2001. No se puede afirmar que Argentina haya cumplido con el primer punto sobre déficit fiscal, clave para la estabilidad económica. El equilibrio fiscal no es una actitud de derecha ni de izquierda, ni de liberales ni de socialistas, es una medida de sentido común económico.

La política de “tipo de cambio competitivo” no es otra cosa que tener una moneda devaluada que facilite las exportaciones al resto del mundo. Esta es una política con buena llegada en varios sectores del país. Dado que el sector industrial no es competitivo por sí mismo (en parte por las regulaciones económicas y las presiones sindicales), se recurre a políticas de moneda devaluada para facilitarle el acceso a mercados externos. Esto genera rentabilidades ficticias, no reales, que tarde o temprano hay que afrontar. Hacer uso de un tipo de cambio devaluado para beneficiar el sector exportador a expensas del importador ciertamente no califica como una actitud de libre mercado.

Desde el punto de vista del gobierno (especialmente del banco central), un tipo de cambio devaluado ayuda a acumular divisas provenientes de saldos comerciales favorables y hacer frente a la deuda pública. Sin embargo, justamente una de las críticas a la economía de los ’90 (especialmente en los últimos años) es el del atraso cambiario, que significa lo opuesto a tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio competitivo no sólo estuvo ausente en los ’90, sino que es una política defendida por más de un “crítico de las políticas neoliberales”.

La apertura comercial, otro punto fuertemente asociado a la década del ’90, también presenta dificultades. La política comercial consistió en una reducción de tasas con sesgo en favor del Mercosur. Sin embargo, el promedio arancelario en Argentina (14%) era tres veces superior al de los países más libres del mundo. La apertura comercial no fue de la magnitud que los críticos suelen implicar (las importaciones no superaron el 13% del PBI en los años de mayores importaciones), sino que el sesgo hacia zonas particulares como el Mercosur produce “desvíos de comercio” que mal-asignan recursos económicos: se compra y se vende ineficientemente. El Mercosur es un ejercicio de proteccionismo ampliado, no un ejercicio de apertura comercial en conjunto con los socios comerciales. Apertura comercial y proteccionismo ampliado no deben confundirse.

Uno de los puntos más sensibles es el de las privatizaciones, al punto tal que a veces pareciera ser que esto es suficiente para justificas el calificativo de neoliberal ignorando los otros 9 puntos. Las privatizaciones, sin embargo, tampoco estuvieron ausentes de diferencias con el recetario neoliberal. Si bien es cierto que se privatizaron un número importante de empresas públicas, eso no quiere decir que todas las privatizaciones hayan sido bien hechas ni que detrás de las privatizaciones no se hayan impuesto fuertes regulaciones que restringen fuertemente a los nuevos actores privados.

En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, se dividió el mercado en dos grandes monopolios por varios años. Crear estos mercados cautivos fue necesario para encontrar algún inversor dispuesto a pagar algo por ENTEL. Las privatizaciones no son en sí pro mercado si se realizan bajo regulaciones que restringen la competencia entre actores privados. Los monopolios artificiales no son parte de las políticas neoliberales, sino que son políticas en contra del espíritu de libre mercado. Las privatizaciones no estuvieron inspiradas en principios neoliberales, sino en la necesidad de financiar al Tesoro Nacional, tanto mediante la venta de activos como de la recaudación impositiva de sus actividades. Si bien uno es libre de identificar el término neoliberal con cualquier tipo de privatización, en tal caso ya no se puede asociar al término “neoliberalismo” con el de “libre mercado”.

Otro ejemplo recurrente es el de las AFJP. Sin embrago, las regulaciones impuestas al sector por parte del gobierno forzaron a las AFJP a invertir en títulos públicos de un gobierno crónicamente deficitario. Al 2001, el 70% de los fondos en las AFJP estaban destinados a títulos asociados al gobierno. Si las AFJP hubiesen sido libres de administrar sus propias carteras de inversión, el default argentino les hubiese afectado en menor medida. Las AFJP no colapsaron por sí mismas, sino que fueron arrastradas por la irresponsabilidad fiscal de los ’90.

Más allá de las regulaciones asociadas a las privatizaciones, otras interferencias clave en el mercado no fueron eliminadas, siendo la legislación laboral una de las principales. Las regulaciones en sectores claves del mercado hacen difícil de defender un claro proceso de desregulación durante los ’90.

Otro punto discutible es el de la reforma impositiva. De hecho, hubo aumentos impositivos en 1995, 1996 y 1998 (más tarde Machinea también subiría los impuestos durante el Gobierno de Fernando de la Rúa acelerando la caída de la actividad económica).

Tenemos, entonces, por lo menos 6 de los 10 puntos de la receta neoliberal que no se cumplieron. Otras cuestiones como redireccionamiento del gasto públicos, tasas de interés de mercado, libre entrada de inversión externa directa y defensa de la propiedad privada pueden ser más discutibles. Pero si asumimos que estos 4 puntos se cumplieron perfectamente, tenemos sólo 4 de los 10 puntos del Consenso de Washington presente durante la década del ’90.

En la medida que el crítico entienda por neoliberalismo los 10 puntos del Consenso de Washington, y no que haga uso del término como comodín para ahorrarse el trabajo de tener que sustentar su crítica, entonces no puede sostener que esa fue la política imperante durante los ’90 cuando en el mejor de los casos se aplicó el 40%. (Aún espero ver en alguna de las tantas entrevistas televisivas donde se menciona el supuesto neoliberalismo del ’90 que el entrevistador le pregunte al crítico qué entiende por neoliberalismo, y que luego le pregunte cuántos de esos puntos el país de hecho cumplió.) La dirigencia política que está a cargo del destino futuro del país se debe un análisis más cuidadoso y racional, y menos pasional e ideologizado sobre las políticas pasadas.

Una aclaración final es necesaria. Señalar que el crítico se equivoca al calificar de neoliberal a la Argentina de los ’90 no es en sí una defensa de la política económica de los ’90 ni de la receta neoliberal. Simplemente se señala la inconsistencia de asociar el neoliberalismo (y por añadidura al liberalismo) a una época en la que no se aplicó. Pero para que la crítica produzca resultados debe estar correctamente planteada. Definir el futuro del país en base a un período mal analizado difícilmente lleve a buen puerto. Como todas las presidencias, la del menemismo tuvo aciertos y desaciertos; para identificar a cada uno de ellos es necesario dejar de usar el término neoliberal como calificativo y discutir los aciertos y desaciertos de las distintas medidas libre de prejuicios.

Sostener que Argentina fue un país neoliberal durante los 90 porque tuvo más grados de libertad respecto al gobierno de Alfonsín es quedarse con el árbol y perderse el bosque. El problema no fue el neoliberalismo que no se aplicó, sino el equilibrio fiscal y el libre mercado que no tuvieron cabida.