Hay dos cuestiones a tener en cuenta respecto al que el conflicto con los holdouts se soluciona luego del 2014. En primer lugar, si bien es cierto que a fin de año vence la famosa cláusula RUFO, también es verdad que esta cláusula no aplica al juicio que supervisa el Juez Thomas Giresa. Basta con leer la cláusula en el prospecto de deuda para ver lo explícita que es al misma en cuanto a que se requiere de acuerdos voluntarios, no cumplimientos de sentencias firmas que son no voluntarias por definición (páginas S-18 y S-69-70).

Es oportuno recordar además que el pago en efectivo a los holdouts representaba un monto menor del gasto público y que difícilmente pueda interpretarse como una negociación. Que la cláusula RUFO venza a fin de año, entonces, no implica que el Gobierno vaya a poner fin a este conflicto que ya lleva unos 13 años. En segundo lugar, si bien la administración nacional ha hecho explícitas las intenciones de solucionar el conflicto en el 2015, no es menos cierto que estas expresiones sugieren que el Gobierno ofrecerá una quita similar a la ofrecida a los holdings. Esta propuesta ya fue rechazada por los holdouts, quienes tienen un fallo firme a su favor con todas las instancias judiciales agotadas. Argentina no tiene que negociar con los holdouts, simplemente tiene que acatar el fallo que le exige cumplir con sus propios compromisos.

No obstante, si el conflicto llega a un rápido fin a principios del próximo año, es dudoso que sea suficiente para atraer inversiones de largo plazo al país. Por un lado están los recursos a los que puede acceder el Ejecutivo, por el otro la llegada de capital al mercado. Hay dos motivos por los cuales un gobierno puede no tener acceso al mercado de crédito internacional (sin sufrir un serio premium en la tasa de interés): porque está en default o porque no se tiene confianza en el país. Cuando los mismos que participaron del canje luego del default 2001 sugieren iniciarle jucio a los holdouts en lugar de acatar el fallo judicial, se hace lo contrario a generar confianza. Argentina se presenta al mundo como un país que no quiere pagar sus deudas, independientemente de cuál sea el presidente de turno (desde la Segunda Guerra Mundial Argentina estuvo en default o con deuda bajo reestructuración el 50% del tiempo.)

En lo que respecta a inversiones, el hecho de que Argentina salga del default no implica que la economía del país cambie dramáticamente sus perspectivas a futuro. Salir del default es un requisito necesario pero no suficiente para que Argentina sea un destino atractivo para inversiones de largo plazo. ¿Acaso las bajas inversiones extranjeras en el país se deben sólo al default? El cepo cambiario, una presión fiscal asfixiante, un elevado déficit fiscal, un marco regulatorio que hace de Argentina una de las economías menos libres del mundo, etc., son todos factores que no contribuyen a hacer al país un destino atractivo ni a empresarios extranjeros ni locales que deciden invertir en el exterior para proteger sus ahorros de la dirigencia política argentina.

Lo que sí puede suceder es que se facilite la llegada de capitales de corto plazo. Los llamados capitales especulativos que buscan obtener una renta al comprar barato y vender caro y no por administrar actividades productivas. Si, por ejemplo, se cree que las empresas nacionales están baratas dado que luego del kirchnerismo se espera alguna mejora institucional, se puede invertir en el 2015 y vender la posición luego del cambio de gobierno. Por lo tanto, una entrada de dólares en la transición de la salida del kirchnerismo no implicaría que se estén expandiendo las inversiones de largo plazo en el país.

El 2015 va a ser un año que requiera atención en ver qué es lo que los candidatos presidenciales tienen para decir sobre la reformas que el país necesita. Así como prestar atención a las cosas que deberían decir pero callan.

Las consecuencias del default económico posiblemente sean un agravamiento general del ya delicado cuadro económico del país. Para un gobierno al que tan fácil le resulta apartarse de la transparencia, el ‘Griesafault’ puede ser usado como excusa para justificar los magros resultados económicos de modelo K, profundizado por el ministro Kicillof y su equipo. Créditos (externos) al sector privado se verán reducidos, si no eliminados. Las provincias, también con una importante falta de disciplina fiscal, se verán imposibilitadas de emitir bonos para financiar su déficit, o deberán hacerlo a tasas muy altas. En un cuadro de default, los prestamistas institucionales no utilizan el crédito de sus depositantes para financiar países en default. Si bien es cierto que se habla del nuevo default, lo cierto es que Argentina no terminó de arreglar con sus acreedores luego del 2001. Por eso había un juicio abierto y por eso el país tenía limitado el acceso a créditos internacionales. De hecho, el gobierno de los Kirchner se financió con fondos de Venezuela a tasas “buitre”. El canje no pudo haber sido el “más exitoso” de la historia por el simple motivo de que el canje nunca terminó. Ignorar a los holdouts (que, guste o no, están en su derecho de no aceptar una quita como la ofrecida por Argentina), como ahora es claro, dista de ser una solución a problemas de deuda externa.

Pero este proyecto de ley también implica un default institucional. Esto es un aspecto novedoso respecto a defaults anteriores. Si bien este default es menos explosivo que el del 2001, el daño institucional, cuyas consecuencias son de largo plazo, puede ser más graves que el beneficio económico de corto plazo de no pagar a los holdouts. Dado que, para ofrecer seguridad jurídica, Argentina voluntariamente aceptó someterse a legislación internacional en la emisión de deuda, rechazar el fallo de Griesa implica renunciar a ofrecer un marco jurídico que dé la confianza en el país que su dirigencia política no sabe o no puede dar. En definitiva, lo que Argentina (gobernada por el kirchnerismo) le está diciendo al mundo es que el país paga sus deudas si quiere, como quiere, y donde quiere. La semántica y el relato político pueden adornar pero no cambiar este mensaje. Si Argentina rechaza la legislación NY, ¿por qué no va a rechazar las otras jurisdicciones internacionales donde ya ha emitido deuda? ¿Y desde cuándo la justicia Argentina ofrece mayor seguridad a los acreedores que las cortes internacionales bajo la cual se suelen emitir títulos de deuda (¿cuántos otros países emiten sus bonos bajo legislación Argentina?). El mundo es mucho más grande que Argentina y no faltan alternativas más atractivas para inversiones de largo plazo. Son, justamente, los fondos ‘buitre’ (como se dice desde el gobierno) o “capitales especulativos,” quienes prestan a países en serios problemas.

Argentina parece tener una debilidad por maltratar a sus acreedores. Desde su independencia, pasó el 36% del tiempo con su deuda en default o en proceso de reestructuración. Desde la Segunda Guerra Mundial, este número se eleva a un 52%. Algunos sugieren que esto no es grave, que Brasil, por ejemplo entró en default más veces que España. Esta comparación olvida que lo importante no es sólo cuántas veces se entra en default, sino cuanto tiempo se está en default o con deuda en reestructuración. Desde su independencia, Brasil ha estado en default o con deuda en reestructuración un 25% del tiempo. Este número cae a un 17% desde la Segunda Guerra Mundial; contra un 36% y un 52% de Argentina respectivamente.

El problema del deterioro institucional es que las instituciones no pueden ni construirse ni repararse en un taller como se puede hacer con un auto. Los problemas económicos e institucionales que el kirchnerismo está dejando de herencia no se arreglan con buenos modales políticos, se arreglan con decisiones firmes y difíciles, pero necesarias. El gobierno hace un cálculo equivocado al creer que al cambiar la jurisdicción de pago tiene poco que perder (sea este el motivo final o no de este proyecto de ley). El riesgo país, el riesgo de lidiar con un país con una dirigencia política como la de Argentina, puede verse afectado por un largo plazo que no justifica seguir dañando lo que queda de prestigio Argentina a nivel internacional. Cuando el dueño de un comercio se vea sin acceso a crédito o deba afrontar altas tasas de interés en su banco, viéndose forzado a cerrar o despedir personal, va a estar pagando el costo de no “ajustar” un 1% de la recaudación fiscal utilizada en clientelismo político que podría haber sido destinada a evitar el default.

Descontando las transferencia que recibe el Tesoro por parte del BCRA (y ANSES, etc.), el déficit financiero de mayo se ubicó en unos 1.150 millones de pesos acumulando un total de 48.400 millones de pesos entre enero y mayo del 2014. En el 2013, este nivel de déficit acumulado se cruzó “recién” en el mes de septiembre. En el 2011 y en el 2012 se lo cruzó en diciembre. El déficit financiero acumulado a mayo del 2014 es mayor al déficit anual total en los años anteriores al 2011. El déficit acumulado a mayo 2014 es casi 2.5 veces el de mayo 2013.

Los datos ingresos son reveladores. Excepto “rentas de la propiedad” (transferencias del BCRA, ANSES, etc.), la recaudación cayó en términos reales respecto a mayo del 2013 (con una inflación para el período de 39.9% según el IPC congreso). Las transferencias del BCRA y ANSES crecieron en términos reales un 1638%. El resultado de esta emisión monetaria para financiar al tesoro compensa la caída real de los ingresos tributarios manteniendo los ingresos corrientes constantes en términos reales. Los egresos también son reveladores. Los únicos que han aumentado en términos reales fueron las transferencias y el rubro “otros” (mientras las transferencias al sector privado aumentaron, las transferencias al sector público disminuyeron).

Es decir, el Tesoro tiene una fuerte necesidad de recurrir al BCRA para financiar el insostenible nivel de gasto a la par que el aumento en términos reales se va en transferencias (por ejemplo subsidios) al sector privado en lugar de asignarse a los servicios que le corresponde brindar al estado como mantener la ley y el orden (seguridad y justicia.) ¿Si la infraestructura Argentina está tan bien y nunca se ha invertido tanto como en la década ganada, por qué tantas transferencias al sector privado? Es claro que el problema del gasto público es doble. Por un lado la asignación del gasto público es ineficiente; el gobierno kirchnerista gasta mal. Por otro lado un nivel de gasto excesivamente alto. Bajo la falsa ilusión de que el gasto público es intrínsecamente virtuoso y el gasto privado es naturalmente malo o hasta inmoral, se ha llegado a niveles insostenibles de gasto difíciles de corregir.

Sin embargo, lo preocupante no es sólo el nivel de gasto (ya de por sí un problema serio), es la aceleración del deterioro fiscal que se ve en el 2014. No sólo mayo muestra un déficit acumulado alto respecto a años anteriores, sino que mes a mes la emisión monetaria necesaria para financiar el déficit proyectado a fin de año aumenta por tercer mes consecutivo. En el siguiente gráfico vemos el déficit proyectado de mayo a fin de año. La proyección es simple, asume que cada mes el déficit en promedio evoluciona igual a como lo hizo en los dos últimos años. Junio es el mes con mayor deterioro fiscal en al menos los dos últimos años; 85% y 65% para el 2013 y el 2014. Para el 2015, entonces, el gráfico asume un deterioro fiscal del 75% (promedio de junio de los dos últimos años.) El deterioro de la actividad económica, pagos al Club de Paris, y la extensión de programas sociales los (ni-ni) pueden hacer de este un escenario conservador.

Si el déficit financiero proyectado se financia con emisión monetaria, entonces la expansión de la base monetaria llega a un 77%, que equivale a 7.4% mensual. El mismo ejercicio con datos a marzo daba una expansión de la base monetaria equivalente mensual del 6.3%. En abril 6.7%. Como vemos, en mayo saltó a 7.4% mensual. Para poner estos números en perspectiva, podemos pensar que si la inflación mensual ronda el 2%, entonces la expansión monetaria ronda también el 2% mensual (más allá de las insistencias del oficialismo, esto es justamente lo que los números muestran.) La presión inflacionaria, por lo tanto, puede pasar de un 2% mensual a un 7% mensual (lo que equivale a un 125% anual) si asumimos que la demanda de dinero ni la producción caen (de nuevo, dos supuestos “optimistas”)

¿Qué tan exagerado es este escenario? En economía las proyecciones son muy elusivas. Es práctica habitual estimar distintos escenarios y ver si los resultados más o menos se repiten. Algunos colegas (Roberto Cachanosky y Agustín Monteverde) llegaron a resultados similares con supuestos distintos. Más allá de si la expansión de base monetaria tiene que ser 77%, 60%, u 80% para financiar el déficit de mayo a diciembre, lo importante es que desde distintos ángulos el panorama fiscal se ve el mismo empeoramiento fiscal. Al gasto público y el subsecuente déficit, responsabilidad última del Congreso Nacional, se encuentra nuevamente fuera de control. La sociedad aún espera del arco opositor un serio planteo sobre cómo solucionar este serio problema. Los problemas económicos no se resuelven ni con promesas ni con buenas intenciones, se resuelven con una administración eficiente y buenas políticas económicas. La situación fiscal argentina es exactamente la opuesta.

A principios de la década del 90 Argentina implementa la Ley de Convertibilidad. Esta normativa fijaba el tipo de cambio en un peso por un dólar y le indicaba (con cierta flexibilidad) al Banco Central que sólo podría emitir pesos si entraban los dólares correspondientes. Bajo este esquema, Argentina no podía monetizar su déficit como había hecho en los 80 bajo el gobierno radical de Alfonsín y el gobierno de Menem recurrió a la deuda en dólares y así poder emitir los pesos necesarios para financiar el déficit fiscal de su gobierno. Ahora bien, esta nueva deuda que se emite en los 90 se hace en un contexto de una Argentina que ya había entrado en default seis veces desde su independencia de España y con una seguridad jurídica cuestionable. Con el ahorro interno destruido por años de alta inflación en los 80 (y décadas anteriores), Argentina debe recurrir a fondos internacionales y se ve en la necesidad de “importar” credibilidad jurídica al emitir sus bonos (voluntariamente) bajo jurisdicción NY. De haber una disputa con sus acreedores, Argentina acepta acatar los fallos de las cortes de justicia de New York. Si Argentina se hubiese preocupado a lo largo de su historia por construir un historial de seriedad institucional, no hubiese sido necesario emitir deuda bajo jurisdicción NY. Nadie le quitó soberanía jurídica, fueron los sucesivos gobiernos argentinos quienes devaluaron sus propias instituciones.

El contrato de estos bonos tenía otras dos características importantes. La incorporación de la cláusula pari passu y la ausencia de la collective action clause (cláusula de acción colectiva). La cláusula pari passu sostiene que Argentina acepta tratar a todos sus acreedores en igualdad de condiciones (especialmente en lo que respecta pagos de cupones y capital de bonos.) La collective action clause indica que de haber un canje de deuda, si un cierto porcentaje de acreedores acepta la reestructuración, entonces automáticamente los acreedores que no aceptan las nuevas condiciones (los “holdouts”) deben aceptar los nuevos bonos. Cuando Argentina entra en default a fines del 2001, lo hace con bonos que ya incluían la cláusula pari pass y que no requerían una acción colectiva por parte de sus acreedores.

Bajo el contrato que la misma Argentina ofreció en sus bonos, al voluntariamente no incorporar la collective action clause, cualquier acreedor tiene derecho a cobrar el 100% del bono sin importar si el 99.9% restante de los acreedores decidieron entrar al canje de deuda en default. Esto es, justamente, lo que sucedió. Cuando Argentina ofrece el canje de deuda de sus bonos en default, los “holdouts” hicieron saber que bajo el contrato de los bonos argentinos ellos seguían con el derecho de cobrar el 100% de los bonos bajo igualdad de condiciones respecto a quienes sí deciden entrar al canje de deuda (pari passu.) Es decir, no se puede pagar a los “holdins” sin pagar a los “holdouts” de acuerdo al prosepecto de los mismos bonos argentinos. Podría decirse que el Juez Griesa tuvo que hacer poco más que leer el contrato que la misma Argentina ofreció a sus acreedores. El gobierno de los Kirchner, en una muestra más de su desprecio por las instituciones, decidió ignorar a los holdouts al punto de borrarlos como acreedores en sus informes oficiales (uno de los motivos por los cuales el nivel de deuda sobre PBI de Argentina es menor al real.) Doce años después del default el gobierno choca con la realidad al tener todas las instancias judiciales agotadas en su contra.

Mucho se ha dicho sobre como el fallo del Juez Griesa daña la seguridad jurídica de bonos soberanos y reestructuraciones. Si hay algo que el fallo de Griesa hace es ofrecer seguridad jurídica bajo legislación NY. Es más fácil encontrar acreedores dispuestos a comprar bonos bajo legislación NY dado que ningún país puede usar como excusa un default para incumplir sus contratos. Quienes critican el fallo de Griesa argumentando que va a ser más difícil emitir deuda parecen olvidar el rol que la seguridad jurídica tiene en las transacciones de crédito. El problema no es el fallo de Griesa, el problema es que Argentina decidió dejar de lado la collective action clause y, una vez más, descuidar sus cuentas fiscales. Los default no pueden ser usados como herramienta política para ignorar contratos a gusto y conveniencia. De hecho, los países emergentes deberían agradecer el fallo del Juez Griesa dado que esto les permite endeudarse a tasas menores dado que este fallo ofrece una seguridad jurídica que estos países no siempre pueden o no quieren ofrecer. Un fallo favorable para Argentina hubiese implicado avalar que un país violase sus propios contratos.

Se argumenta, también, que el fallo es injusto dada la alta rentabilidad que los holdouts estarían recibiendo si Argentina decide honrar sus deudas en lugar de entrar nuevamente en default. Esto se debe a que fondos de inversión compraron estos bonos a precios bajos y estarían recibiendo el 100% de lo adeudado (más punitorios.) Sin embargo, como veíamos arriba, el fallo no hace más que seguir la letra del contrato. El precio al que se compra un bono no tiene trascendencia alguna sobre el fallo. Si Argentina debe o no pagar sus deudas no depende de a qué precios se compran sus bonos en el mercado secundario. Indistintamente del precio de mercado, Argentina debe pagar el 100% del valor de los bonos del mismo modo que usted debe pagar el 100% de sus cheques indistintamente de quien los tiene o a qué precios se han vendido en el mercado secundario. La alta rentabilidad de los bonos argentinos no son una muestra de la explotación financiera de “malvados” capitales internacionales sobre una pobre víctima emergente (Argentina). La alta rentabilidad refleja el alto riesgo país de invertir en nuestro país. Quienes entraron al canje decidieron reducir los montos a cobrar a cambio de lo que consideraron una mayor certeza sobre el pago de la deuda. Quienes decidieron no entrar al canje decidieron mantener un título por el 100% de lo prestado a cambio de mayor riesgo y llevar al país a juicio. El juez Griesa podría haber fallado tanto a favor como en contra de Argentina. Los “holdouts” apostaron y ganaron; podrían haber perdido. Es un error conceptual y casi un desprecio institucional-jurídico sostener que la  alta rentabilidad implica un alto riesgo y eso le da permiso a Argentina (o a cualquier país) para no pagar sus deudas una vez agotadas las instancias judiciales.

Estas aclaraciones también muestran que, de hecho, el país no salió de su default en el 2001 más allá del supuesto “mejor canje de deuda” del 2005. Dada la presencia del pari passu y la ausencia del collective clause action, Argentina no logró reestructurar satisfactoriamente su deuda y por lo tanto nunca salió del default. Fue gracias al “stay” del Juez Griesa que Argentina pudo seguir pagando a los acreedores que entraron al canje sin tener que pagar los holdouts. De hecho, no ha vuelto a emitir deuda internacional luego del 2001; en parte por el juicio con los holdouts aún abierto. Fue el gobierno de Chávez quien prestó a tasas muy altas (tasas usureras, dirían los críticos de los holdouts) a la administración Kirchner.

Podemos reducir la complejidad del caso a una analogía de menor escala. Intente explicarle a su banco que debido a que usted malgastó sus ingresos por más de una década tiene entonces el derecho a no devolver el prestamos hipotecario con el que compró su casa. Cuando el banco lo lleve a juicio por no pagar su hipoteca, intente explicarle al juez que usted es una pobre víctima de malvados fondos buitres explotadores representados por su banco y que usted tiene el derecho a ignorar a sus acreedores porque fue usted quien entro en default al ser incapaz de mantener el más elemental equilibrio fiscal y fue usted quien opto por dejar de lado lacollective clause action. Cuando el juez le falle en contra, intente explicarle al mundo entero en solicitadas de diarios internacionales como el fallo del juez es una injusticia que pone en peligro el mercado bancario internacional. Intente ahora justificar la postura del gobierno argentino.

El Déficit Fiscal

Lamentablemente el problema de la deuda pública y el juicio con los holdouts (peyorativamente llamados fondos “buitre”, cuando en realidad son “fondos de inversión de riesgo”) es convenientemente tratado por la clase política como si fuese algo caído del cielo. No hay bonos (deuda) que pagar sin déficit fiscal. Y el déficit fiscal se debe a un insostenible nivel de gasto público proveniente de una clase política adicta al clientelismo político y al populismo. No existe tal cosa como el populismo (clientelismo político) bueno y malo, en todas sus versiones el populismo generan más costos que beneficios. Son los representantes del pueblo en el Congreso quienes firman los presupuestos deficitarios y les cabe a ellos, por lo tanto, la responsabilidad de los desequilibrios fiscales. En una República, el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto que los representantes del pueblo le envían en forma de ley. La clase política, sin embargo, parece guiarse más por una ciega ideología nacionalista que por la racionalidad que sus cargos requiere. El siguiente gráfico muestra el déficit financiero (déficit total) del gobierno desde la vuelta de la democracia hasta el 2013.

El gráfico deja apreciar algunos detalles importantes. Se ve que la norma durante más de treinta años fue la de déficit, no la de una administración responsable. Es claro al ver el gráfico que culpar del posible default a fondos de inversión roza lo infantil. Tener un presupuesto equilibrado no es de izquierda ni de derecha, es del más elemental sentido común de administración pública. Se aprecia, también, que en la década del 90 el aumento de déficit (y por lo tanto de deuda pública) comienza en 1993 durante el primer mandato de Menem. Esto también muestra que el problema en la década del 90 no fue el “1 a 1″ en sí, sino el llevar la deuda a niveles insostenibles. De allí el default en el 2001 y la devaluación que licuaron el gasto público produciendo un superávit más accidental que planeado. El gráfico también nos muestra que Néstor Kirchner heredó este superávit accidental y que la tendencia en su mandato fue a empeorar el resultado fiscal de manera consistente. Tendencia que Cristina Kirchner continuó también de manera consistente. En otras palabras, Cristina Kirchner es una continuación de Néstor Kirchner. Sostener que Néstor Kirchner se preocupaba por tener un superávit fiscal se contradice con la tendencia decreciente del gráfico.

En términos del PBI del 2013, lo que el gobierno debe pagar a los holdouts (1500 millones de USD) es medio punto del PBI. Si se suman los 15.000 millones de USD que eventualmente podrían sumarse, se llega a 5% del PBI. Con Alfonsín el déficit llegó a 8 puntos del PBI (el mayor desde la vuelta a la democracia). Con Menem el déficit llegó a casi 5 puntos del PBI. De la Rúa lo llevó a 7 puntos del PBI. Cristina Kirchner ya lo tiene casi en 5 puntos del PBI. Si la clase política sintiese el mismo rechazo a estos niveles de déficit que le tiene al pago que debe hacer a los houldouts Argentina sería un país mucho más estable. La clase política escapa a su responsabilidad haciendo mal uso de términos como “neoliberalismo” para desviar la atención del insostenible déficit fiscal en los 90 o de “fondos buitres” durante el Kirchnerismo. Problema similar pueden estar en el futuro del país los políticos insisten en buscar excusas para evitar hacer frente al problema de insostenible gasto público.

Los dos Defaults

El potencial default al que se enfrenta Argentina tiene una diferencia fundamental con el del 2001 que no debe pasar desapercibida. De no pagar, Argentina entraría en un doble default. Por un lado el no pago de deuda. Por otro lado, a falta de mejor nombre, en un “default institucional” al decidir ignorar la sentencia de la corte de justicia a la que Argentina voluntariamente eligió someterse. Luego de la crisis del 2001 el país se vio en la necesidad de importar seguridad jurídica para tener algo de credibilidad dado que la seguridad jurídica del país no es confiable. De entrar en default (o intentar un cambio de jurisdicción), Argentina estaría unilateralmente saliéndose de la legislación NY. En el 2001 Argentina podía ofrecer la legislación NY (o la de Londres, por ejemplo), como alternativa a la local. Pero si Argentina decide ignorar los fallos del juez Griesa, ¿qué puede ofrecer a cambio de la justicia local la próxima vez que quiera pedir crédito en los mercados internacionales? Es por esto que Argentina se enfrenta a algo más que un default de deuda pública.

Un litigio como en el que se encuentra Argentina requiere que las partes voluntariamente acepten y cumplan las sentencias. No existe una policía internacional que haga cumplir los fallos del juez como es el caso de la justicia local de cada país a través de la fuerzas policiales. De allí la importancia que tiene que Argentina sea respetuosa de las instituciones. En un picado de fútbol entre vecinos de barrio, donde la AFA no puede hacer cumplir los fallos del referee, aquel que no sigue las reglas del juego e ignora las faltas cuando le conviene, difícilmente sea nuevamente invitado al próximo picado.

Esto dista de ser una diferencia menor. Si un país entra en default, pero respeta las instituciones, entonces es posible negociar una salida y hacer un canje de deuda. El problema se soluciona en el corto plazo. Pero si un país decide abiertamente ignorar las instituciones y la legislación a la que voluntariamente se somete, no puede solucionar la falta de credibilidad “negociando” dado que la credibilidad institucional de un país no se puede comprar. Al costo de corto plazo de tener que renegociar una deuda en default, Argentina estaría sumando un costo de largo plazo al mostrar que ante la posibilidad de pagar y negociar, decide no hacerlo con argumentos considerados muy poco serios fuera de la militancia Kirchnerista.

Esperemos que la cordura y la racionalidad, que tan esquiva la resulta al Kirchnerismo, ilumine esta última etapa de gobierno. Los Argentinos ya han tenido que hacerse cargo de demasiados desequilibrios fiscales para sumar problemas innecesarios