Según los datos informados, el superávit primario fue de unos 3.570 millones de pesos gracias a un récord de transferencias en concepto de “rentas de la propiedad” (principalmente el BCRA) por unos 12.900 millones. Sin esta “contabilidad creativa”, el resultado primario cae a un déficit de -9.330 millones de pesos. Si a este déficit le restamos los costos financieros netos (pago y cobro de intereses), el resultado financiero cae a -17.300 millones de pesos. El resultado financiero para enero y febrero fue de -6.200 y -9.500 millones de pesos respectivamente. Esto quiere decir que el resultado acumulado para el primer trimestre es de -33.300 millones. En el 2012 y en el 2013 el deficit fiscal sobre el PBI (base 2004) fue de 3.1% y 3.7%.

Podemos estimar un valor de PBI para el primer trimestre del 2014 usando la variación (trimestre contra trimestre) promedio de distintos indicadores de actividad [EMAE, EMI, ISAC, IGA(OJF), IPI(OJF), e IPI(FIEL)]. El resultado de este ejercicio es un déficit fiscal para el primer trimestre del 2014 por 1.2% del PBI. De mantenerse esta relación, el deficit fiscal a fin del 2014 sería de un 4.6%. Casi un punto más que el año pasado.

De los datos fiscales se desprenden otros dos datos curiosos. En primer lugar, el único ingreso que creció en términos reales fue el de “rentas de la propiedad”. El resto de los ingresos cayeron en términos reales al crecer menos que la inflación de los últimos 12 meses. Los ingresos tributarios crecieron a un ritmo similar al de la inflación, pero es importante tener presente esto vino acompañado de aumentos impositivos implícitos (por ejemplo al no ajustar mínimos imponibles, no permitir ajuste contable por inflación, etc.) En segundo lugar, la única erogación que creció menos que la inflación es el correspondiente a seguridad social.

Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre una desaceleración de la inflación. Esta postura me parece prematura por dos motivos. En primer lugar, es cierto que Fábrega ha reducido la base monetaria (-7.5% para el primer trimestre del 2014) y que esto debería llevar a una reducción en la inflación. Pero no es menos cierto que el déficit fiscal se financia con emisión monetaria. Por lo tanto, un aumento en el déficit fiscal puede llevar nuevamente a una expansión monetaria y a un aceleramiento de la inflación. ¿Cuál puede ser el déficit fiscal a fines del 2014? El siguiente gráfico muestra un simple escenario donde se asume que de abril a diciembre la evolución del déficit es igual a la evolución promedio del 2012 y del 2013. Es decir, es un escenario optimista donde se asume que de aquí en adelante la situación fiscal no es menor ni peor que la de los dos últimos años (en promedio.) Hay, sin embargo, motivos para creer que la situación puede ser peor. Todos los indicadores de actividad económica están dando a la baja, por lo que la recaudación puede desacelerarse (o incluso caer). Hay nuevos planes sociales para los “ni-ni” y el primer pago al Club de París que cae este año. De hecho, los datos de recaudación de abril muestran una desaceleración en términos reales. La línea roja corresponde al déficit acumulado del 2012, la azul a la del 2013, la negra a la del 2014 donde la sección punteada es la proyección a futuro.

En este escenario, el resultado financiero a fin del 2014 es de -290.800 millones de pesos. ¿Qué implica esto para la presión inflacionaria a futuro? En lo que queda del año faltarían financiar unos 256.900 millones de pesos. La base monetaria a fin de marzo se encuentra en unos 349.000 millones. Esto quiere decir que, si el déficit por financiar se suple con emisión monetaria, la base monetaria debe expandirse un notable 74%. Desde el 2006 que la base monetaria no supera una expansión del 40% anual (38% y 22.8% para el 2012 y 2013 respectivamente.) Esto implica una presión inflacionaria del 70% (a distribuirse en varios meses, la expansión monetaria afecta precios con lags importantes.)

El segundo motivo por el cual puede ser prematuro hablar de una desaceleración de la inflación es que, si bien es cierto que la inflación mensual habría caído en los últimos meses, esto bien puede ser un efecto estacional. La inflación Congreso para marzo, abril, y mayo fue de 3.3%, 2.78%, y 2.0% (Elypsis) respectivamente. Sin embargo, desde el 2008 que la inflación de mayo es inferior a la de los dos últimos meses. Por lo tanto, tres meses de tasas decrecientes de inflación no es un signo inequívoco de una inflación que se desacelera. ¿Se desaceleró, acaso, la inflación en los últimos años? Con un 2% de inflación en mayo 2014, la inflación acumulada de los últimos 12 meses es del 40.2%. Este es la máxima inflación de 12 meses desde diciembre 2002 cuando fue del 40.9%. La inflación de mayo contra mayo del 2012 y 2013 fue de 23.2% y 23.3%; sensiblemente menor a la del 40.2% de este año. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico, que muestra la inflación de acumulada de 12 meses desde 1998.

Hay, por lo tanto, dos tendencias opuestas respecto a la inflación a futuro. Por un lado, la contracción de la base monetaria llevada adelante por el BCRA en los últimos meses (“ajuste”). Pero por el otro lado se ve un empeoramiento fiscal que, al ser financiado con emisión monetaria, sugiere mayores presiones inflacionarias a futuro. Lamentablemente, el escenario inflacionario lejos de estar claramente controlado, puede mostrar un empeoramiento en los meses por venir (salvo que haya cambios estructurales que reduzcan el nivel de déficit o financiamiento alternativo a la emisión monetaria.) Esta falta de coordinación entre el Tesoro y el BCRA puede resultar en tensiones políticas.

Debería ser evidente para quienes se dicen opositores al modelo que una seria discusión sobre cómo reestructurar (bajar el nivel, no reasignar partidas) el gasto público es importante, por no decir apremiante a medida que pasa el tiempo. Discusión que, ciertamente, no es parte del “profundo” debate político/institucional que ofrece la oposición. Si el arco opositor se niega a revisar gastos de “bajo impacto social” como el Fútbol Para Todos y la deficitaria Aerolíneas Argentinas (y no es que esto alcance para solucionar el problema) van a tener que ser muy creativos para poder solucionar estos desequilibrios. La primera lección de política económica que la oposición debe aprender es que no son las buenas intenciones las que generan buenos resultados económicos, son las consistentes políticas económicas las que generan buenos resultados.

Según el argumento de los grupos concentrados, hay grandes empresas que al tener poder monopólico aumentan los precios buscando capturar mayores rentas siendo el verdadero origen del flagelo de la inflación. De este modo, el kirchnerismo puede al mismo tiempo argumentar que ellos no son responsables de la alta inflación quitando el foco de atención del banco central y presentarse como los protectores del consumidor frente al gran empresario. Cuando el asalariado ve sus ahorros derretirse a un ritmo del 25% debe agradecer al gobierno el hacer todo lo posible por ayudarlo en lugar de responsabilizarlo por este problema. ¿Pueden, sin embargo, los grupos concentrados producir inflación?

En primer lugar, es importante distinguir entre monopolios naturales y monopolios legales o artificiales. El monopolio legal no es otra cosa que el resultado de la escasez que hay en el mundo de recursos productivos. Dado que los recursos son escasos, es posible que en ciertos mercados no haya lugar para más de un productor (especialmente cuando los costos fijos de operar son altos). Por ejemplo, no siempre es eficiente tener dos tendidos de cañerías para proveer agua o gas dado que no hay suficientes recursos para hacer esto de manera rentable, o dos líneas de tren en paralelo. Hay otro usos alternativos más importantes que una segunda cañería o dos trenes haciendo exactamente el mismo recorrido. Supongamos por un momento que la tesis de los grupos concentrados es correcta y estas empresas monopólicas pueden aumentar los precios un 25% sin perder clientes. El resultado ha de ser un notable incremento en la rentabilidad, lo cual atrae competidores al sector en busca de estas altas rentas. Ahora sí sería posible, por ejemplo, instalar una segunda red de cañerías.

Los monopolios legales o artificiales son distintos. En este caso el poder monopólico proviene de un beneficio que el estado otorga a algunos productores en particular. Al no permitir la competencia, el estado permite que los productores beneficiados ofrezcan sus productos a precios mayores a expensas del consumidor. El monopolista legal no debe temer perder el mercado frente a la competencia y por lo tanto no tiene incentivos para mantener sus precios en niveles competitivos ni ofrecer productos de calidad. Es decir, en la medida que la tesis kirchnerista de los grupos concentrados sea cierta, la solución es muy fácil, eliminar las regulaciones y favorecer un ambiente competitivo. Tengo mis dudas de que el Kirchnerismo y los que mantienen esta posición lo hagan de manera consistente.

El problema es que los grupos concentrados pueden, a lo sumo, tener un efecto de única vez en los precios relativos, pero no en el nivel de precios. Lo que esta explicación olvida es de dónde proviene el dinero para pagar aumentos de precios del 25% anual. La siguiente tabla muestra una situación inicial, Caso 1, donde hay dos bienes, uno monopólico y otro competitivo. Los dos bienes se producen en la misma cantidad y tienen el mismo precio. La tabla también muestra la oferta de dinero del mercado, la demanda de dinero y el circulante que los consumidores destinan a la compra de estos dos bienes. La última columna muestra el nivel de precios en cada caso. ¿Qué sucede si el productor del bien monopólico decide ejercer su poder de grupo concentrado y aumenta el precio un 25%, llevándolo de 100$ a 125$?

Asumiendo (1) que la cantidad de dinero no varía (dado que no es causa de la inflación según la teoría de los grupos concentrados), (2) que el monto total de dinero (40.000$) usado para comprar estos bienes tampoco varía y (3) que la cantidad consumida del bien monopólico no varía (lo cual es muy poco realista), entonces pueden suceder dos cosas. En el Caso 2, reducen su consumo del bien competitivo que mantiene su precio constante en 100$. En elCaso 3 el productor del bien competitivo reduce el precio a 75$ para mantener la venta de unidades constante en 200. En el Caso 1 el precio relativo de bien monopólico (pBP) respecto al bien competitivo (pBC) es pBM/pBC = 1. En el caso 2 y caso 3 el precio relativo cambia a 1.25 y 1.66 respectivamente.

¿Cómo hace el productor competitivo para subir también sus precios un 25% y no perder clientes si los consumidores no tienen más dinero para gastar? No es posible gastar el dinero que no existe, por lo que no es posible tener un aumento generalizado del nivel de precios sin un aumento en la cantidad de dinero (o una disminución en la demanda de dinero). Siguiendo el argumento de los “grupos concentrados”, estos productores podrán a lo sumo cambiar el precio relativo de sus bienes respecto a otros en el mercado, pero no pueden afectar el nivel de precios. Es importante recordar que el nivel de precios es la inversa del precio del dinero, por lo que depende de la demanda y oferta de dinero, no de la estructura de mercado que define precios relativos, no su nivel. Distintos niveles de precios pueden tener los mismos precios relativos. Esta explicación confunde, en definitiva, precios relativos con nivel de precios. Los cambios que muestra la tabla son de una única vez, el productor monopólico no puede aumentar su precios un 25% cada año sin perder consumidores. No es, en definitiva, algo que pueda suceder permanentemente.

El único caso en que el nivel de precios muestra una variación es cuanto se reduce la cantidad producida del bien competitivo. Lo realista, sin embargo, es asumir que también hay una reducción en el consumo del bien monopólico. Es decir, en términos reales el PBI disminuye. Es porque hay menos bienes respecto a la cantidad de dinero que el nivel de precios sube de 100 a 114 (menos que el 25% del bien monopólico). En el caso 3, el nivel de precios se mantiene constante, lo que quiere decir que el problema es un cambio de precios relativos, no de nivel de precios, el aumento en el precio del bien monopólico produce una disminución en la demanda del bien competitivo. La realidad, por supuesto, será una combinación de los casos 2 y 3 y alguna reducción en la demanda del bien monopólico.

Se podrá argumentar que los grupos concentrados producen bienes que deben ser utilizados para producir una gran cantidad de bienes, transfiriendo así el aumento de precios al resto de la economía. Si el precio de la energía sube, entonces el precio de todos los bienes que se producen haciendo uso de energía también suben. Esta explicación adolece de varios problemas. En primer lugar, en Argentina las tarifas están reguladas, por lo que es difícil aplicar este caso. En segundo lugar, desde la llamada “revolución marginal” en economía es claro que son los precios finales los que determinan los costos de producción, no los costos de producción los que determinan los precios de consumo. Así como en Astronomía el ver a los planetas y estrellas girar alrededor de la Tierra llevó a creer que la Tierra era el centro del Universo, en economía hay que tener cuidado de no caer en el efecto visual de creer que los costos determinan precios finales. La revolución marginal fue a la economía lo que la revolución copernicana fue a la Astronomía. En tercer lugar, esta explicación asume como punto de partida aquello mismo que debe explicar: un aumento de precios. Asumir la inflación para explicar la inflación no es una argumento válido para decir que este no es un problema monetario.

Una vez despojada de la retórica kirchnerista, y analizando el argumento de los grupos concentrados con mayor cuidado, vemos que en definitiva es necesaria una expansión monetaria para que los precios suban constantemente. Podría decirse, que algo de verdad esta teoría tiene. En definitiva la inflación es el resultado de un monopolista estatal en particular: el banco central. De poco sirve hacer la vista gorda al origen del problema esperando que desaparezca por arte de magia o mediante anacrónicos controles de precios.

Qué no sucedió

Lo primero que hay que tener en cuenta respecto al cierre de gobierno es que, de hecho, no cerró. Como ejemplifica Ben Powell (Texas Tech University) en una columna el Huffington Post, si McDonalds suspende (no despide) al 40% de su personal no relacionado a la confección de comida y deja de entregar juguetes en la conocida Cajita Feliz difícilmente se hable del “Cierre de McDonalds”. El mal llamado “cierre de gobierno” consiste en la suspensión temporal de las actividades “no esenciales” de gobierno (como el personal no relacionado a la comida en McDondalds), que son todas aquellas actividades que no dependen de funcionarios con nombramiento constitucional y sus delegados directos. Por ejemplo, un juez es una figura constitucional. El juez y sus asistentes de primera línea deben seguir trabajando. Ni Obama ni los senadores y diputados dejaron de trabajar durante el “cierre de gobierno”. Distinto es el caso de parques públicos y algunas agencias de gobierno. Es decir, aquellas actividades que no definen al gobierno son las que queda en suspenso. Por ejemplo, la agencia recaudadora de impuestos sigue funcionando, Estados Unidos no se retiró de zonas con actividad militar, etcétera.

Lo segundo a tener en cuenta son los incentivos de cada partido político en esta disputa presupuestaria. Ni los demócratas ni los republicanos tienen incentivos a disminuir el nivel de gasto público; cada uno propone reducir el gasto en los programas del otro partido, no en los propios. Para el político, cuanto mayor es su presupuesto mejor, más puede gastar y hacer a los ojos de su electorado. De hecho, el actual cierre de gobierno no es el primero en la historia de Estados Unidos. En el 2011 hubo una discusión similar, en aquel momento denominada “Fiscal Cliff” (precipicio fiscal) que también involucraba una extensión del techo de deuda. En aquel momento no se llegó a un “cierre” de gobierno, sino que se acordó posponer el problema por dos años. Dos años más tarde el problema vuelve a surgir como “cierre de gobierno”. Lo que se vio en las últimas semanas fue un manejo político, por parte de ambos partidos, del “cierre de gobierno” y de la “amenaza de default” para obtener votos por sobre el otro partido. Los sectores más radicales del Partido Republicano (el Tea Party) encontraron en el Obamacare la herramienta para presionar por una reducción del gasto público. Obama y los demócratas pueden presentarse como víctimas exagerando las consecuencias de un cierre de gobierno y la inevitabilidad de un default. Así y todo, en ningún momento Obama tuvo la bajeza de acusar ni a los republicanos ni a prensa crítica de golpistas. Al mismo tiempo, el Tea Party se pone en una situación donde republicanos y demócratas pueden señalarlos como los causantes del problema distrayendo la atención sobre el verdadero problema: el nivel de gasto y deuda pública.

Lo tercero a tener en cuenta es que la amenaza del default americano no era creíble. Lo que estaba en discusión era una extensión del límite de deuda, no una cancelación de toda la deuda. Si el gobierno no puede emitir más deuda, aún puede continuar haciendo un roll-over de la deuda actual con nueva deuda y reasignar partidas para cubrir la diferencia de ser necesario. En otras palabras, pedir una extensión de deuda es como pedir una extensión en la tarjeta de crédito. Que el banco no nos otorgue una extensión en nuestra tarjeta de crédito no quiere decir que automáticamente entramos en default con el banco, sólo quiere decir que no podemos aumentar el nivel de deuda. No se puede pagar el saldo deudor en una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito de manera indefinida. Exagerar el default y sus consecuencias cumplió más el rol de presión política sobre los republicanos que el ser una descripción cierta de lo que estaba por venir. De hecho, el precio de los bonos americanos no colapsó a pesar de que a horas del día D del default aún no había acuerdo. Es decir, el mercado no le creó a Obama que el default estaba a la vuelta de la esquina.

¿Cuál es el problema?

El problema en Estados Unidos no es otro que el de un alto nivel de gasto público y endeudamiento, que actualmente se encuentra alrededor del 100% sobre el PBI (se suele considerar como alto endeudamiento un nivel superior al 60%). Manejar los números del gobierno americano no es fácil debido a su dimensión. Es más sencillo entender la dimensión del problema si reducimos la escala de gasto al de una familiar promedio. Con el tamaño del gobierno americano en esta nueva escala, tenemos que en el año 2010, un año antes del “Fiscal Cliff”, el gobierno federal estaba teniendo ingresos por $58.000 al año, el nivel de gasto público era de $75.000 y la deuda en la tarjeta de crédito alcanzaba los $327.000. Claramente los números no cierran. Cuando el gobierno envía el presupuesto al Congreso pidiendo una extensión del límite de deuda, es como si esta familia se acercase a su banco pidiendo una extensión en el límite de su tarjeta de crédito. Para convencer al banco el gobierno ofrece un “ajuste” del gasto que lleva el gasto de $75.000 a $73.000. Claramente esto no soluciona el problema. Así es como dos años después el mismo problema vuelve a aparecer aún con más dramatismo.

Si bien la discusión de las últimas semanas osciló entre republicanos y demócratas, donde unos serían los buenos y los otros serían los malos, lo cierto es que ambos partidos comparten la responsabilidad de la delicada situación fiscal que atraviesa EEUU. En los últimos 40 años el límite de deuda se corrió alrededor de 39 veces. Eso no es un límite de deuda, es una puerta giratoria. El límite de deuda es utilizado como una herramienta de potencial presión política, no como un límite de deuda propiamente dicho. El mismo Obama se oponía a extender el límite de deuda cuando estaba en el Congreso y el gobierno estaba en manos de los republicanos. El inicio del siglo XXI muestra una tendencia clara. El gasto nominal promedio por año de Bush (hijo) fue un 60% superior al gasto nominal anual promedio del gobierno de Clinton. A su vez, el gasto promedio nominal anual del Gobierno de Obama es un 32% superior al gasto nominal promedio de Bush. Esto quiere decir que, en promedio, Obama está gastando en términos nominales un 110% más que Clinton por año. Dejando de lado la discusión de si incluso el gasto durante el gobierno de Clinton no podría haber sido menor, ¿qué impide al gobierno americano volver al nivel de gasto de Clinton? No se puede decir que el gobierno de Clinton haya sido un cataclismo económico de pobre performance (también es cierto que Clinton heredó los buenos resultados de políticas económicas de gobiernos anteriores.) Es cierto que el cambio de siglo estuvo signado por la crisis dotcom y el atentado terrorista 9/11, pero no es menos cierto que estos eventos ocurrieron hace más de 10 años. Tiempo más que suficiente para corregir el rumbo.

Los republicanos y demócratas acordaron una extensión presupuestaria y de gasto de deuda hasta principios del 2014. Es decir, un cuarto intermedio que (convenientemente) termina luego de las fiestas de Navidad y Año nuevo. El problema está lejos de solucionarse, no sólo porque el acuerdo no hace más que comprar tiempo, sino porque no se atacan los problemas de fondo. El gasto público de Estados Unidos puede dividirse en dos grandes grupos, el gasto público obligatorio y el discrecional. El gasto obligatorio es aquel que responde a obligaciones ya comprometidas, como el Social Security, créditos fiscales, pago de intereses de deuda, etcétera. El gasto discrecional es el que se elige en cada año fiscal (partidas para programas de agricultura, agencias, etcétera). Si el gobierno eliminase todo el gasto discrecional, quedándose únicamente con el gasto ya comprometido, aún los recursos tributarios se quedan cortos. Es decir, el gobierno americano actualmente es incapaz de hacer frente al gasto ya comprometido sin incurrir en mayor deuda pública. Este no es un problema que se corrija con reducciones puntuales de gasto público, sino con un rediseño del gobierno americano y su estructura de gasto, que no es otra cosa que una discusión sobre cuál es el rol del gobierno. Los años que vienen (¿décadas?) van a requerir difíciles decisiones por parte del gobierno americano. Lo que se está viendo en Estados Unidos y Europa en los últimos años no es otra cosa que síntomas del quiebre del Estado de Bienestar.

Analizar el caso argentino con énfasis en políticas públicas sin poner la lupa en el problema del déficit fiscal es pasar por alto el problema de fondo. Es como sostener que el problema del adicto al alcohol son los síntomas, o la marca que consume, pero no la adicción al gasto público. El problema de errar en el diagnóstico es que fácilmente puede llevar a proponer solución aquello mismo que produce el problema en primer lugar. Una nueva ronda de tragos para combatir la resaca no es una solución de largo plazo. Ciertamente, tener déficit fiscal algún que otro año no es un problema serio, como no lo es tomarse una copa de vino durante la cena, el problema es la acumulación de déficits fiscales a niveles insostenibles. El problema no es la copa de vino, es la sumatoria. Expandir el gasto público para combatir las secuelas de una crisis de origen fiscal difícilmente lleven a buen puerto.

Cuando Menem asume la presidencia la emisión monetaria ya no era un medio efectivo para financiar el gasto. El gobierno de Alfonsín ya había agotado esa herramienta llevando al país a un caso inédito de hiperinflación. La “maquinita” ya no era una herramienta viable para financiar al Tesoro. Luego de algunos traspiés, el nuevo esquema de convertibilidad le ató las manos a un banco central incapaz o desinteresado en proteger el valor de la moneda. El desequilibrio fiscal, sin embargo, no desapareció. Lo que se modificó fue la fuente de financiamiento. El adicto al déficit fiscal cambió su bebida de elección sin modificar su dañino comportamiento. El proceso de privatización implicó un ingreso de recursos por la venta de activos y la eliminación de empresas estatales fiduciarias a cambio de empresas contribuyentes al fisco. El proceso de privatización (algunas bien hechas, otras mal hechas) no tuvo nada que ver con un súbito ataque de “neoliberalismo” en el peronismo de turno, sino que tuvo que ver con serias necesidades de recursos. Ya no causa sorpresa que el mismo partido (en algunos casos los mismos políticos) que defendieron las privatizaciones hayan defendido las nacionalizaciones del gobierno K siempre y cuando esto permita patear hacia adelante los problemas de caja.

La venta de activos, sin embargo, posee un límite, eventualmente ya no quedan activos por privatizar. La otra fuente importante de recursos a lo largo de los 90 fue la toma de deuda con organismos internacionales. Dada la ley de convertibilidad, el BCRA no estaba autorizado a emitir pesos sin la correspondiente entrada de dólares (situación convenientemente flexibilizada a medida que pasaban los años.) El gobierno, en lugar de financiarse con el BCRA, lo hacía con los organismos internacionales. El gobierno de Menem no solucionó el problema del gobierno de Alfonsín, sino que encontró una nueva manera de prolongarlo en el tiempo. Es un error de diagnóstico ver en los 90 un gobierno “neoliberal” (alcanza con ver cuántos puntos de la receta neoliberal del Consenso de Washington no se cumplieron) por el contrario, fue una época típicamente keynesiana, donde el gasto público tuvo precedencia sobre el equilibrio fiscal.

De la misma manera que la emisión monetaria no es sostenible de manera indeterminada, tampoco lo es la deuda pública en dólares. Eventualmente el peso de la deuda fue tal que el sistema colapsó en el 2001. Entre 1991 y el 2001 el gasto público aumentó un 90.8%, el PBI lo hizo en un 49.3%. Es decir, la deuda pública creció casi al doble de velocidad de la economía. Imagínese lo que pasaría con sus finanzas personales si aumenta el gasto de su tarjeta de crédito un 90.8% en este período pero sus ingresos sólo lo hacen un 49.3%. Eventualmente el banco le va a cortar el crédito y pedirle que salde su deuda. Ahora lleve ese problema a dimensión país: el resultado es la crisis del 2001. La irresponsabilidad financiera a escala familia no deja de serlo a escala país. La diferencia es que usted no puede defaultear y trasladarle el costo a sus acreedores, que es lo que hizo el gobierno en el 2001.

Como es costumbre política, cuando el déficit fiscal se vuelve insostenible priman las medidas de corto plazo sobre las soluciones de fondo. En lugar de equilibrar las cuentas fiscales, se prefirió declarar un histórico default internacional (vitoreado cual “barra brava” en el honorable Congreso de la Nación), instaurar dos corralitos, y proceder con una devaluación que llevó el tipo de cambio de 1ARS = 1USD a 3ARS = 1USD. Estas medidas lo que hicieron  fue transferir el costo del ajuste a los acreedores externos, a los importadores y a los tenedores de pesos. Cuando por impericia o desinterés en el manejo fiscal se llega a un punto crítico como lo fue el 2001, donde ya no es posible pasarle el problema al próximo gobierno de turno, el debate no es si debe o no hacerse un “ajuste”, sino quien va a pagar el ajuste dado que el mismo es inevitable. El gobierno K, en cuyo relato reniegan de aplicar una ajuste, de hecho produce un duro ajuste al imponer un cepo cambiario, una inflación real superior al 20%, cerrar virtualmente las importaciones, tener una deteriorada infraestructura energética y de transporte, etcétera. Los gobiernos suelen preferir trasladar el ajuste a sus representados antes que hacerse cargo de sus propios desmanejos económicos.

Gracias a la devaluación y al default, los primeros años post 2001 mostraron superávit gemelos (fiscal y comercial). Pero dos problemas quedaron irresueltos. En primer lugar, más allá del atraso cambiario a fines de los 90, la devaluación de Duhalde no equilibró el mercado externo, sino que se pasó de un atraso cambiario a un adelanto cambiario. Esto produce rentabilidades artificiales en el sector exportador, que no dudará en reclamar socorro al estado partenalista bajo el nombre de “tipo de cambio competitivo” cuando la rentabilidad artificial comience a reducirse hacia su real valor de mercado. Bajo el esquema 1ARS= 1USD, uno puede comprar bien por 100ARS en Argentina o 100USD en el exterior. Bajo un esquema de 3ARS= 1USD los precios domésticos aumentan hasta que el precio local es 300ARS y el internacional es de 100USD. Es decir, se vuelve a una situación similar a la del “1 a 1.” Comprar a 300ARS en Argentina o a 100USD en el exterior es lo mismo dado el tipo de cambio 3ARS= 1USD. Pueden cambiar los números, pero la situación económica es la misma a la del “1 a 1.” Esto explica la alta inflación de los años post-crisis.

El segundo problema que quedó sin resolver fue el del gasto público, que eventualmente erosionó el superávit fiscal. El problema de fondo de las dos décadas pasadas fue repetido una vez más sin desviarse del libreto. Así como en los 90 el menemismo tuvo que cambiar la fuente de financiamiento del gasto público y se recurrió a la venta de activos (privatizaciones) y deuda pública, el gobierno K también tuvo que cambiar sus fuentes de financiamiento. En lugar de privatizar, se confiscaron (con procesos de dudosa constitucionalidad) cajas y flujos de fondos siendo el caso de las AFJP posiblemente uno de los casos más claros. Dado el cierre al mercado financiero internacional, se procedió a tomar deuda cara con Venezuela y cancelar deuda barata (con el FMI), aumentar la presión impositiva a niveles asfixiantes (cómo en el intento de la Resolución 125) y hacer uso una vez más del BCRA para financiar al Tesoro. Todo esto son síntomas de que en los últimos 30 años la Argentina persiste en cometer el mismo error sin atender a los motivos de fondo.

El radicalismo de Alfonsín, el peronismo de Menem y el peronismo K ofrecen en términos de desmanejo fiscal la misma receta. Las diferencias en política económica no se debieron a diferencias ideológicas o partidarias, sino a las circunstancias económicas de cada momento que impedían ciertos métodos de financiamiento del déficit fiscal, viéndose obligados a buscar métodos alternativos. El adicto al alcohol puede verse forzado a cambiar de barman si su bar predilecto se encuentra cerrado, pero no por ello soluciona su adicción. La inflación de fines de los 80, la deuda pública de los 90 y la inflación actual no cayeron del cielo, sino que tienen su origen en gobiernos adictos a las políticas populistas que le llevan a descuidar el equilibrio fiscal necesario para un sendero de crecimiento estable a largo plazo.

Cambiar el método de financiamiento del déficit fiscal no soluciona el problema, simplemente le cambia el maquillaje. Creo que fue un ministro español quien dijo que el déficit fiscal no es de derecha ni de izquierda, ni del socialismo ni del libre mercado, es de gobiernos eficientes. Los serios problemas económicos que afligen al país hoy día no hay que buscarlos en discursos ideológicos, conspiraciones internacionales ni grupos concentrados de poder. El problema tiene nombre y apellido: déficit fiscal. La clase política dirigente debe mirarse en el espejo si quiere encontrar la causa de los problemas económicos del país.

El problema de la inflación no reconocida no es menor. Si ya de por sí es esto una cuestión seria, los “errores” en la medición de la inflación afectan a otros indicadores claves como el PBI real sobre el cual se construye el relato oficialista del crecimiento a tasas chinas. No es casualidad que el Banco Mundial haya dejado de publicar no sólo los datos de inflación, sino también los del PBI real desde el 2007 en adelante. Dado que representantes del oficialismo, por ejemplo, Insaurralde, reconocen que la inflación no es la del Indec, es de interés preguntarse qué sucedería con el PBI real si ajustamos la cifras oficiales del Indec por las tasas anuales de inflación publicadas por el Congreso. En esta ocasión quiero comparar tres series: (1) el PBI real [oficial], (2) el PBI real [no oficial] –corregido por Inflación Congreso– y (3) cuál hubiese sido el PBI real si la dirigencia política nos hubiese ahorrado la recesión de 1997 que culminó en la crisis del 2001.

El siguiente gráfico muestra el PBI real [oficial] (línea negra), el PBI real [no oficial] (línea negra punteada) y el cuál hubiese sido el PBI real de ahorrarnos la crisis del 2001. Esta última serie se encuentra en azul punteado y asume que Argentina converge a la misma tasa de crecimiento que el resto del mundo en 2003. Es decir, la economía de Argentina no es ni más ni menos pujante que la del resto del mundo.

Si bien el ajuste por Inflación Congreso no deja de tener imprecisiones, el resultado que se ve en el gráfico ofrece algunas reflexiones. En primer lugar, le llevó diez años al PBI oficial volver a cuál hubiese sido su valor sin la crisis fiscal del 2001. Las crisis no sólo son caras en términos económicos, también lo son en tiempo. Diez años que, por cierto, nadie puede devolver a los argentinos. En segundo lugar, una gran parte de las “tasas chinas” fueron en realidad recuperación económica, no crecimiento genuinamente hablando. Crecimiento económico es aumentar la capacidad productiva, no agotar la capacidad ociosa recuperando el terreno perdido. El faltante de energía, por ejemplo, es un claro signo de la falta de crecimiento genuino. Es difícil por parte del oficialismo sostener que se han logrado maravillas económicas que al final de cuentas dependen en gran medida de una recuperación económica que muestra dificultades a la hora de transformarse en crecimiento sostenido. Con esto no quiero decir que no haya habido nada de crecimiento económico, pero sí notar que obviar el peso que tiene la recuperación luego de una fuerte crisis fácilmente puede llevar a vender relatos que no son tales. En tercer lugar, el gráfico también muestra que al ajustar el PBI por la Inflación Congreso aún no hemos vuelto a los valores del PBI real en que Argentina podría haber estado transitando hace ya más de 10 años.

Dado que la diferencia entre el PBI real [oficial] y el PBI real [no oficial] no es menor, vale la pena comparar las tasas de crecimiento anuales de cada serie para tener una idea resumida de cuál ha sido la performance Argentina al ajustar los datos oficiales por la Inflación Congreso. Los siguientes puntos muestran la tasa de crecimiento anual del PBI mundial, del PBI real [oficial] y del PBI real [no oficial]:

· PBI real Mundial (1997 – 2012): 2,6%

· PBI real Argentina [no oficial] (1997 – 2012): 0,8%

· PBI real Argentina [no oficial] (2002 – 2007): 6,8%

· PBI real Argentina [no oficial] (2002 – 2012): 2,9%

· PBI real Argentina [no oficial] (2007 – 2012): -0,8%

Algunas conclusiones a resaltar. Para el período 1997 – 2012 Argentina ha crecido a un ritmo menor que el resto del mundo incluso habiendo tenido altas tasas de crecimiento/recuperación para el período 2002 – 2007. Esto quiere decir que en términos relativos, Argentina se ha vuelto a los ojos del mudo, un país más pobre, no un país más rico. Es flaco consuelo sostener que se ha crecido algo cuando el resto del mundo puede hacerlo varias veces más rápido. Sólo en el período 2002 – 2012 Argentina muestra una tasa de crecimiento similar a la del resto del mundo (cuya tasa es la misma que en el período 1997 – 2012.) Una magra superioridad de 0,3% difícilmente pueda ser un buen respaldo del relato oficialista. Finalmente, para el período que se inicia con la intervención del Indec en el 2007 se ve una tasa de crecimiento negativa (esto se debe a una caída en el PBI [no oficial] en el 2012.) El paso del 6,8% para el período 2002 – 2007 al -0,8% para el período 2007 – 2012 muestra que el modelo K no fue otra cosa que un proyecto populista financiado con viento de cola, inflación e hipotecando crecimiento a futuro. La alta inflación da por tierra con el relato de la década ganada. El -0,8% para el período 2007 – 2012 coincide con el -0,9% de crecimiento negativo de la década perdida del gobierno de Alfonsín (1983-1989.) Es decir, el kirchnerismo ya ha producido un lustro perdido. ¿Qué va a hacer con los dos años que aún tiene por delante?

Por un lado, el oficialismo tiene un diagnóstico errado de sus propios logros económicos. Por otro lado, Argentina arrastra problemas de fondo que trascienden al kirchnerismo. El gobierno de Alfonsín, el de Menem y el kirchnerista están marcados por el mismo problema: déficit fiscal. Lo que ha cambiado es el modo de financiar los déficits, no el problema de fondo. La oposición, que dice ofrecer una alternativa distinta al kirchnerismo, debería trabajar junta, en lugar de separada, para asegurarse que crisis como la del 2001 no se repitan y Argentina no siga atrasándose respecto al resto los países. Mientras la clase política siga utilizando los déficits fiscales para financiar proyectos políticos de corto plazo, cambiarán los nombres del oficialismo de turno, pero los problema de fondo seguirán sin resolverse y las comparaciones entre Argentina y países como Australia y Canadá seguirán siendo desafortunados deslices en lugar de comentarios serios.

El término neoliberal suele asociarse al Consenso de Washington (¿qué más oportuno para los críticos que la “receta neoliberal” se haya cocinado en Washington, capital del “Imperio Capitalista”?) El Consenso de Washington se resumen en los siguientes diez puntos:

1. Discplina fiscal, evitando abultados déficits fiscales respecto al PBI;
2. Redireccionamiento del gasto público, desde subsidios (indiscriminados) hacia la provisión en áreas clave para el crecimiento y sectores de bajos ingresos (educación, salud, infraestructura, etcétera);
3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas marginales moderadas;
4. Tasas de interés determinadas por el mercado y (moderadamente) positivas en términos reales;
5. Tipo de cambio competitivo;
6. Liberalización del comercio (externo): liberalizar las importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas. Cualquier protección debe ser en base a tasas bajas y relativamente uniformes;
7. Liberalización de las inversiones extranjeras directas;
8. Privatización de empresas estatales;
9. Desregulación: eliminar las regulaciones que impidan al entrada o restrinjan la competencia, excepto para aquellos casos con justificación de seguridad, medio ambiente, protección al consumidor y una supervisión prudencial del sistema financiero;
10. Protección legal de los derechos de propiedad.

Para sostener que Argentina sufrió de neoliberalismo durante los 90, entonces tendrían que haberse aplicado todos, o una clara mayoría, de estos diez puntos. Ese, sin embargo, no fue el caso. Varios puntos centrales del Consenso de Washington estuvieron ausentes, o en clara diferencia a lo que la “receta” sugiere.

El primer punto de estabilidad fiscal fue un ingrediente claramente ausente en una década marcada por déficits fiscales. Esta ausencia, vale aclarar, fue acompañada con el visto bueno de varios acreedores internacionales. De haberse aplicado el punto de disciplina fiscal, la abultada deuda pública no hubiese culminado en un default del cual aún hoy no se termina de salir. Los déficits fiscales no fueron accidentales, el gasto público creció un 90.7% entre 1991 y el 2001. El stock de deuda externa sobre el ingreso nacional pasó del 35.6% en 1991 a un 56.9% en el 2001. No se puede afirmar que Argentina haya cumplido con el primer punto sobre déficit fiscal, clave para la estabilidad económica. El equilibrio fiscal no es una actitud de derecha ni de izquierda, ni de liberales ni de socialistas, es una medida de sentido común económico.

La política de “tipo de cambio competitivo” no es otra cosa que tener una moneda devaluada que facilite las exportaciones al resto del mundo. Esta es una política con buena llegada en varios sectores del país. Dado que el sector industrial no es competitivo por sí mismo (en parte por las regulaciones económicas y las presiones sindicales), se recurre a políticas de moneda devaluada para facilitarle el acceso a mercados externos. Esto genera rentabilidades ficticias, no reales, que tarde o temprano hay que afrontar. Hacer uso de un tipo de cambio devaluado para beneficiar el sector exportador a expensas del importador ciertamente no califica como una actitud de libre mercado.

Desde el punto de vista del gobierno (especialmente del banco central), un tipo de cambio devaluado ayuda a acumular divisas provenientes de saldos comerciales favorables y hacer frente a la deuda pública. Sin embargo, justamente una de las críticas a la economía de los ’90 (especialmente en los últimos años) es el del atraso cambiario, que significa lo opuesto a tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio competitivo no sólo estuvo ausente en los ’90, sino que es una política defendida por más de un “crítico de las políticas neoliberales”.

La apertura comercial, otro punto fuertemente asociado a la década del ’90, también presenta dificultades. La política comercial consistió en una reducción de tasas con sesgo en favor del Mercosur. Sin embargo, el promedio arancelario en Argentina (14%) era tres veces superior al de los países más libres del mundo. La apertura comercial no fue de la magnitud que los críticos suelen implicar (las importaciones no superaron el 13% del PBI en los años de mayores importaciones), sino que el sesgo hacia zonas particulares como el Mercosur produce “desvíos de comercio” que mal-asignan recursos económicos: se compra y se vende ineficientemente. El Mercosur es un ejercicio de proteccionismo ampliado, no un ejercicio de apertura comercial en conjunto con los socios comerciales. Apertura comercial y proteccionismo ampliado no deben confundirse.

Uno de los puntos más sensibles es el de las privatizaciones, al punto tal que a veces pareciera ser que esto es suficiente para justificas el calificativo de neoliberal ignorando los otros 9 puntos. Las privatizaciones, sin embargo, tampoco estuvieron ausentes de diferencias con el recetario neoliberal. Si bien es cierto que se privatizaron un número importante de empresas públicas, eso no quiere decir que todas las privatizaciones hayan sido bien hechas ni que detrás de las privatizaciones no se hayan impuesto fuertes regulaciones que restringen fuertemente a los nuevos actores privados.

En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, se dividió el mercado en dos grandes monopolios por varios años. Crear estos mercados cautivos fue necesario para encontrar algún inversor dispuesto a pagar algo por ENTEL. Las privatizaciones no son en sí pro mercado si se realizan bajo regulaciones que restringen la competencia entre actores privados. Los monopolios artificiales no son parte de las políticas neoliberales, sino que son políticas en contra del espíritu de libre mercado. Las privatizaciones no estuvieron inspiradas en principios neoliberales, sino en la necesidad de financiar al Tesoro Nacional, tanto mediante la venta de activos como de la recaudación impositiva de sus actividades. Si bien uno es libre de identificar el término neoliberal con cualquier tipo de privatización, en tal caso ya no se puede asociar al término “neoliberalismo” con el de “libre mercado”.

Otro ejemplo recurrente es el de las AFJP. Sin embrago, las regulaciones impuestas al sector por parte del gobierno forzaron a las AFJP a invertir en títulos públicos de un gobierno crónicamente deficitario. Al 2001, el 70% de los fondos en las AFJP estaban destinados a títulos asociados al gobierno. Si las AFJP hubiesen sido libres de administrar sus propias carteras de inversión, el default argentino les hubiese afectado en menor medida. Las AFJP no colapsaron por sí mismas, sino que fueron arrastradas por la irresponsabilidad fiscal de los ’90.

Más allá de las regulaciones asociadas a las privatizaciones, otras interferencias clave en el mercado no fueron eliminadas, siendo la legislación laboral una de las principales. Las regulaciones en sectores claves del mercado hacen difícil de defender un claro proceso de desregulación durante los ’90.

Otro punto discutible es el de la reforma impositiva. De hecho, hubo aumentos impositivos en 1995, 1996 y 1998 (más tarde Machinea también subiría los impuestos durante el Gobierno de Fernando de la Rúa acelerando la caída de la actividad económica).

Tenemos, entonces, por lo menos 6 de los 10 puntos de la receta neoliberal que no se cumplieron. Otras cuestiones como redireccionamiento del gasto públicos, tasas de interés de mercado, libre entrada de inversión externa directa y defensa de la propiedad privada pueden ser más discutibles. Pero si asumimos que estos 4 puntos se cumplieron perfectamente, tenemos sólo 4 de los 10 puntos del Consenso de Washington presente durante la década del ’90.

En la medida que el crítico entienda por neoliberalismo los 10 puntos del Consenso de Washington, y no que haga uso del término como comodín para ahorrarse el trabajo de tener que sustentar su crítica, entonces no puede sostener que esa fue la política imperante durante los ’90 cuando en el mejor de los casos se aplicó el 40%. (Aún espero ver en alguna de las tantas entrevistas televisivas donde se menciona el supuesto neoliberalismo del ’90 que el entrevistador le pregunte al crítico qué entiende por neoliberalismo, y que luego le pregunte cuántos de esos puntos el país de hecho cumplió.) La dirigencia política que está a cargo del destino futuro del país se debe un análisis más cuidadoso y racional, y menos pasional e ideologizado sobre las políticas pasadas.

Una aclaración final es necesaria. Señalar que el crítico se equivoca al calificar de neoliberal a la Argentina de los ’90 no es en sí una defensa de la política económica de los ’90 ni de la receta neoliberal. Simplemente se señala la inconsistencia de asociar el neoliberalismo (y por añadidura al liberalismo) a una época en la que no se aplicó. Pero para que la crítica produzca resultados debe estar correctamente planteada. Definir el futuro del país en base a un período mal analizado difícilmente lleve a buen puerto. Como todas las presidencias, la del menemismo tuvo aciertos y desaciertos; para identificar a cada uno de ellos es necesario dejar de usar el término neoliberal como calificativo y discutir los aciertos y desaciertos de las distintas medidas libre de prejuicios.

Sostener que Argentina fue un país neoliberal durante los 90 porque tuvo más grados de libertad respecto al gobierno de Alfonsín es quedarse con el árbol y perderse el bosque. El problema no fue el neoliberalismo que no se aplicó, sino el equilibrio fiscal y el libre mercado que no tuvieron cabida.