El kirchnerismo ha hecho ya una costumbre del vicio de subestimar los recursos que tendrá a disposición. Dado que en el presupuesto se define cómo deben asignarse los recursos, subestimar los mismos genera recursos ociosos que el Gobierno luego utiliza a discreción (facilitado por la delegación año tras año de facultades en la Ley de Emergencia Económica.) El uso discrecional de recursos termina siendo un caldo de cultivo para la corrupción dado que el uso de fondos no está pre definido. No sorprende que a este gobierno no le falten serias sospechas de corrupción.

Los errores de cálculo del Gobierno no son menores, como lo señala un informe reproducido por Infobae.  Por ejemplo, en el 2014 se estimó un crecimiento del PBI del 6.2% mientras que la economía se contrajo un 1.6%. Un “error” de 7.8 puntos. Las estimaciones de inflación, basadas en el Indec, claramente se encuentran también fuertemente sesgadas. Al subestimar la inflación, los ingresos tributarios que dependen de valores de mercado se ven subestimados. Para ser un gobierno al que tan fácil le resulta criticar las estimaciones económicas de privados y dar lecciones de economía en foros internacionales, las dificultades para estimar a tan sólo un año variables centrales del país son preocupantes. Imagine que este tipo de errores son crónicamente cometidos por un piloto; ¿qué tan seguro se sentiría viajando en el avión de este piloto? Al ver los repetidos errores en las proyecciones de los distintos presupuestos, sumada a la delicada situación económica y social, es lícito preguntarse si el kirchnerismo está capacitado para manejar la economía del país. La sociedad y la dirigencia política en particular deben tener presente que legitimidad y capacidad de gestión son dos cosas distintas y que ninguna implica la otra.

Al mirar el presupuesto para el 2015 resaltan algunas inconsistencias así como algunas lecturas de cómo se utilizan los fondos públicos. Veamos tres inconsistencias y una lectura que surge del uso de fondos públicos.

Inflación: el gobierno estima una inflación del 15% (o del 1.2% anual) para el 2015. Las estimaciones privadas se encuentran en un 40% (la más alta desde la diciembre del 2001). Esto quiere decir que la tasa de inflación mensual debe bajar  de un 2.8% a un 1.2% mensual. ¿Dónde está el plan anti-inflacionario que va a lograr bajar la inflación a la mitad en el plazo de un año? ¿Está dispuesto el gobierno a reducir la financiación del BCRA y por lo tanto el gasto lo necesario para reducir la emisión monetaria al punto de cortar la inflación a la mitad? ¿O el gobierno piensa “bajar” la inflación bajando el indicador IPCNu?

Tipo de Cambio: el gobierno estima un tipo de cambio de 9.50 a fin del 2015. El gobierno también asume que la inflación a fin del 2014 será del 21.3%. La inflación oficial acumulada en lo que va del año es del 18.2% (lo que quiere decir que la inflación sólo será de un 3% en los últimos cuatro meses del año.) El gobierno también asume que en el 2015 el tipo de cambio evoluciona igual que la inflación. Esto es inconsistente con asumir que en lo que queda del 2014 el tipo de cambio caerá de 8.40 a 8.20 cuando aún queda sumar en el 2014 un 3% de inflación según lo asumido en el presupuesto. Si de aquí en adelante la inflación (oficial) evoluciona según el presupuesto (como se asume para el 2015), entonces el tipo de cambio debe ubicarse en 8.70, no en 8.20. Si en cambio la inflación de aquí a fin de año evoluciona al mismo ritmo que la inflación que ha tenido en el 2014, entonces a fin de año el tipo de cambio oficial debe ubicarse en 9.10. Se abren, entonces, dos posibilidades. Para mantener un tipo de cambio a fin del 2015 de 9.50 la inflación anual debe ser del 9.7% o 4.3% según el tipo de cambio a fin del 2014 sea del 8.7 o 9.1 respectivamente. Notablemente menor al 15% asumido por el gobierno. Si en cambio mantenemos el supuesto del 15% de inflación, entonces el tipo de cambio debe aumentar en el 2015 de 8.7 a 10.00 o de 9.10 a 10.47. En otras palabras, sin una apreciación del peso de 8.40 a 8.20 (recordemos que estamos en un contexto con una inflación interanual del 40%) los supuestos del presupuesto no son consistentes entre sí.

Déficit fiscal: los datos de déficit fiscal, central en todo proyecto de presupuesto, también presentan inconsistencias. El presupuesto asume un incremento nominal del 28% en los recursos tributarios. Esto implica un aumento del 7% por arriba de la inflación asumida en el presupuesto o un 12% por debajo de una inflación del 40%. O el gobierno está sumiendo un fuerte aumento impositivo o está admitiendo una notable caída en términos reales de los recursos tributarios. El gasto corriente muestra un aumento del 18.5%, pasando de 920.000 a fines del 2014 a 1.090.000 millones de pesos a fines del 2015. Desde el 2008 el aumento nominal del gasto corriente no baja del 27% anual. Sin embargo, si asumimos que el gasto corriente evoluciona en lo que resta del 2014 al mismo ritmo promedio que los últimos tres años, entonces a fines del 2014 se ubicará en 1.040.000 millones de pesos, 13% más del estimado en el presupuesto. Si el gobierno mantiene un 18.5% de incremento del gasto corriente, entonces a fin de año el gasto corriente se ubica en 1.230.000 millones de pesos llevando el déficit financiero estimado de 49.600 millones a 190.000 millones; casi cuatro veces el déficit financiero estimado en el presupuesto. Es decir, el gobierno está sobrestimando recursos ociosos al subestimar gastos más que subestimar ingresos. La estimación de la cuenta ahorro también muestra que las transferencias del BCRA y ANSES (rentas de la propiedad) estarían creciendo un 25% respecto al 2014. Otro dato que se contradice con una estimación a la baja de la inflación. Si descontamos este “maquillaje contable”, entonces el déficit financiero del presupuesto 2015 asciende a 205.440 millones de pesos en lugar de los asumidos 49.600 millones de pesos. Este número, que no corrige por transferencias del BCRA y ANSES, es mayor al déficit del 2014 neto del “maquillaje financiero.”

Como se puede apreciar, el presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso adolece no sólo de serias inconsistencias, sino de supuestos irreales. Lamentablemente esto ya es costumbre en el kirchnerismo.

La estructura de gastos también deja extraer algunas conclusiones que no estarían recibiendo la atención debida. Mientras Seguridad se lleva un 5.5% del presupuesto, los servicios sociales representan el 59% del total del gasto público, del cual el 70% se destina a seguridad social. Estos programas sociales se iniciaron como necesarios paliativos en la crisis del 2001. ¿Por qué siguen creciendo luego de una década, la “década ganada” según el oficialismo? El hecho de que aún hoy se necesite asignar tantos recursos a seguridad social muestra que los distintos planes sociales han sido mal diseñados o por lo menos mal aplicados. Un plan social exitoso no es aquel que crece en recursos porque cada vez hay más necesidad del mismo. Por el contrario, un plan social exitoso es aquel que logra reinserción en el mercado laboral llevando a la extinción de dichos programas. Quiero ser claro en que no estoy sosteniendo que no sean necesarios planes sociales, basta con mirar los indicadores de pobreza como los estimados por la UCA. Lo que sí estoy sugiriendo es que la mala aplicación o el mal diseño de los planes sociales que no logran reinserción laboral son parte importante del ya casi descontrolado déficit fiscal en el que se encuentra el Estado. Los dirigentes políticos se deben un serio debate sobre cómo reformar la estructura y gastos del Estado para lograr una transición de un esquema insostenible a uno virtuoso.

En lo que respecta al problema económico, una década de consumo de stock de capital, ya con varios años de alta inflación y un asistencialismo fuera de control no hacen más que acumular tensiones que pueden estallar en modos y momentos inesperados. No es fácil saber cuál va a ser la gota que rebalse el vaso. La inflación no es sólo un impuesto, es un impuesto que recae con mayor incidencia sobre los más necesitados. Son las clases medias y altas las que tienen mayor facilidad de acceso a distintas alternativas para cubrirse de la inflación. Los sectores más golpeados, sin embargo, ven desaparecer sus posibilidades de movilidad social frente a sus ojos. La década ganada produjo la ilusión de crecimiento a tasas chinas a base de consumo de stock de capital en lugar de a base de inversiones de largo plazo. Los trenes chocan, las rutas están rotas, la telefonía fija está comenzando a funcionar mejor que la móvil, faltante de energía, son síntomas claros de consumo de stock de capital. El kirchnerismo hipotecó el futuro a expensas de financiar una fiesta de corto plazo y parte importante de la sociedad confundió la fiesta con genuino progreso económico.

En lo que respecta al problema político, tanto el oficialismo como la oposición cargan pesadas responsabilidades. Ambos han faltado, a mi entender, a sus funciones y obligaciones de servidores públicos. Las transgresiones institucionales del oficialismo, demasiado numerosas para recordar, no hacen más que predicar con el ejemplo el robo, la expropiación y el desinterés hacia la propiedad del prójimo al presentarlas como aceptables actitudes Nac&Pop. Si el gobierno se da el lujo de ignorar los fallos de la Corte Suprema de Justicia (cuando le conviene), de expropiar de manera inconstitucional, de intimidar desde la cadena oficial y con personajes como Guillermo Moreno y la AFIP, ¿por qué ha de aplicar una moral distinta al ciudadano a pié? Para bien y también para mal, la autoridad moral del gobierno es guía de parte importante de la sociedad. Los saqueos fueron la moral del “vamos por todo” puesta en práctica. La doble moral del oficialismo debería avergonzar al kirchnerista más radicalizado. Mientras se dedican días de duelo por la muerte de un dictador anacrónico como Hugo Chávez, Cristina Kirchner decide bailar al compás de cumbias y cacerolas a la par que argentinos eran saqueados y morían de manera innecesaria. Si los muertos no le importan a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿por qué ha de importarle al policía mal pago? De ninguna manera estoy diciendo que la actitud de las fuerzas de seguridad haya sido aceptable. Tal concepción es imposible de aceptar cuando en una república el contrato social consiste en entregar las armas a las fuerzas de seguridad para que nos protejan a cambio del pago de impuestos. Que tal cosa haya sucedido habla, justamente, de la ruptura institucional en la que se encuentra el país. Ni el kirchnerismo ni la oposición pueden, sin embargo, hacer ajena a ellos mismos las críticas bien levantadas contra la actitud de las fuerzas de seguridad. El poder político, tanto como las armas, pueden ser utilizadas para levantarse contra el pueblo.

Este kirchnerismo de doble moral y discurso adaptado a las conveniencias ha crecido a la sombra de una oposición que le permitió llegar a ser lo que es. Es cierto que en la medida que la oposición no es mayoría posee límites a los frenos institucionales que puede poner a un gobierno de inocultable sesgo autoritario, pero no es menos cierto que es la misma oposición que acompañó con su voto expropiaciones como las de las AFJP y Repsol-YPF entre otras iniciativas. Algunos opositores confesaron votar a favor de expropiaciones por lo que dice el corazón y no lo que indica la razón. ¿No es esto, acaso, un mensaje similar al de obediencia debida de Pichetto? Ya sea que el voto, a sabiendas erróneo, se hace por un corazón nacionalista o un corazón partidario, el daño institucional es ineludible. La oposición parece estar jugando la peligrosa apuesta de que el “vamos por todo” continúe hasta el 2015 con la esperanza de que el gobierno no tenga más remedio que hacerse cargo de los ajustes y costos políticos necesarios. El costo de esta apuesta política recae en el ciudadano, como si las muertes en saqueos y repetidos accidentes en trenes no fuesen lo suficientemente explícitos de quien paga la factura del juego político. No deja de ser, incluso, una apuesta que me cuesta entender. Los últimos días muestran que el gobierno prefiere dejar un país en llamas a hacerse cargo de sus propios errores. Mientras el gobierno de Cristina Kirchner bate récords de causales de juicio político, la oposición habla de dialogo con un gobierno que ofrece menos retorno que una pared de concreto. Ser políticamente correcto pero institucionalmente irresponsable no deja de ser signo de una clase política corrupta en sus principios institucionales. La oposición da la sensación de estar institucionalmente tan confundida como el oficialismo si cree que una elección da inmunidad institucional frente a los ciudadanos y sus pares.

Por último, pero no por ello menos importante, el factor cultural también ha jugado un rol central. Los saqueos no son nuevos, son parte de la cultura Argentina. ¿No es saqueo al pueblo una carga tributaria récord sin contraprestaciones? ¿No es saqueo acaso una inflación descontrolada por un gobierno que le falta a la verdad en la cara al ciudadano (incluido su votante) la negar el problema? ¿No es saqueo que el gobierno le de beneficios al pseudo-empresariado del país cargando así sobre las libertades y bolsillo del consumidor? Este saqueo institucional es manifestación de las preferencias políticas del votante medio, o al menos de una parte importante de la sociedad. La misma sociedad Argentina no deja de tener parte de responsabilidad al apropiar y cultivar una cultura de “vivir del otro.”

Una sociedad que sospecha en lugar de admirar al empresario exitoso difícilmente disfrute de una cultura emprendedora. En su clásico “El Estado”, Frederic Bastiat decía que el “Estado es la gran entidad ficticia por la que todos buscan vivir a expensas uno del otro.” En Argentina se ha hecho de esto una máxima. ¿Cuántos Argentinos se creen con derecho a recibir por parte del estado fondos provenientes del prójimo? ¿No es esto usar la fuerza del estado para saquear la propiedad de terceros? Lamentablemente esta concepción es insostenible como filosofía de vida en sociedad y cuando los recursos escasean pasa a imperar la ley de la selva sobre el estado de derecho. La sociedad argentina se debe una seria mirada interna en su responsabilidad de demandar y fomentar populismo por parte de una dirigencia política dispuesta a proveerla, después de todo es el mismo ciudadano, no el político, quien debe afrontar el costo. Esto no debe entenderse como una excusa a la clase política cuyo deber es proteger las instituciones y no permitir que el voto de la mayoría sea herramienta de expropiación de la minoría. La desidia política de confundir democracia ilimitada con democracia limitada por los principios republicanos llevan un rol protagónico en los tristes eventos de días anteriores.

Supongamos que los 40 millones de habitantes que viven en Argentina lo hacen en un gran edificio de departamentos donde cada familia es dueña de su propiedad. Este edificio necesita que los servicios públicos (electricidad, agua, etcétera) funcionen así como seguridad para que no haya agresiones de terceros (defensa exterior) ni entre vecinos (policía). Este edificio puede administrarse tanto como un reinado, o bien bajo un sistema republicano.

Dado lo costoso y complicado de que los 40 millones de habitantes se pongan de acuerdo sobre cada tema a tratar, es más fácil que se elija un representante por piso. Si bien estos representantes pueden tener su propia opinión, su trabajo es representar de manera fiel a sus representados, no llevar a adelante su propia agenda. De este modo, los 40 millones de habitantes se ponen de acuerdo a través de sus representantes en cuántos recursos poner en una bolsa común y en qué van a ser gastados. Pero este acuerdo requiere de un administrador de consorcio que se encargue de que el edificio funcione correctamente y se lleven a cabo las mejoras acordadas por los dueños a través de sus representantes. El administrador podrá hacer sugerencias (por ejemplo, diagramar una propuesta inicial de presupuesto), pero no es su rol decidir sobre el destino de los fondos dado que no son de su propiedad. La analogía debería ser clara, los dueños que actúan como representantes son el Poder Legislativo, y el administrador de consorcio es el Poder Ejecutivo.

Si bien toda analogía es limitada, este ejemplo permite extraer algunas conclusiones importantes:

• El Poder Ejecutivo no está por encima del Poder Legislativo. Como su nombre lo indica, su rol es ejecutar las decisiones de los habitantes, no decidir por ellos.
• Ninguno de estos poderes se encuentra por encima del pueblo. No es tarea de estos poderes planificar, controlar ni dirigir la vida de sus representados.
• El rol del diputado y senador es representar a los habitantes y provincias respectivamente, no al Poder Ejecutivo ni al partido en el que se encuentran afiliados. Si en los partidos políticos hubiese genuina coincidencia de principio, no haría falta “bajar línea” sobre cómo votar las distintas leyes.
• Por qué es potestad del Congreso (diputados) legislar sobre temas impositivos. Es el pueblo (a través de sus representantes) quien decide 1) cuánto contribuir impositivamente, 2) cómo utilizar esos recursos y 3) es la razón por la cual el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Congreso sobre la ejecución del presupuesto.
• Así como una administración de consorcio eficiente es la que mantiene las expensas bajas, un Estado eficiente es el que logra mantener el nivel de gasto en el menor nivel posible. El gobierno que debe constantemente aumentar la presión impositiva sin claros ejemplo, claramente no está haciendo bien su trabajo.
• Tampoco es necesario que el Congreso sesione todos los días. El Congreso eficiente no es aquel que legisla las 24 horas intentando batir récords de leyes tratadas y aprobadas, sino aquel que se reúne las veces necesarias y legisla lo menos posible, preferiblemente eliminando regulaciones innecesarias en lugar de intentar taparlas con nuevos parches. ¿Que opinión merecería un consorcio que se junta todos los días buscando emitir nuevas regulaciones en lugar de hacerlo unas pocas veces al año cuando es realmente necesario? Legislar bien no es sinónimo de legislar mucho.
• Así como el administrador de consorcio no es dueño del edificio, el Poder Ejecutivo no es dueño de los recursos en el Tesoro Nacional ni de los bienes del Estado.

¿Cuál es, entonces, el rol de la democracia? La democracia es un método de elección, pero no es en sí una forma de gobierno. En un presidencialismo, por ejemplo, lo dueños eligen democráticamente a los representantes de cada piso y al administrador de consorcio. En un esquema parlamentario, los dueños eligen a los representantes de cada piso quienes a su vez eligen al administrador de consorcio. En ambos casos hay democracia, pero la forma de gobierno es distinta. Si los límites impuestos por una república se respetan, entonces es claro que la cantidad de votos recibidos no es una medida de qué tan holgados van a ser los límites al poder, sino es que es un reflejo de la confianza recibida el día de la elección. Confianza recibida no es lo mismo que poder delegado. El presidente que gana las elecciones con un 99% de votos no tiene más ni menos poder que el que las gana con un 51%. Abandonar las instituciones republicanas es lo que lleva de una democracia limitada a una democracia ilimitada, que no es otra cosa que un autoritarismo bajo una falsa ilusión de legitimidad. Es de preocupante falta de institucionalismo cuando se da a entender que un 54% de votos permite avanzar sobre los derechos, propiedad y libertad de las minorías. El 46% no tiene menos derechos que el 54%.

¿Qué rol le compete entonces al Poder Judicial? Tiene por lo menos tres funciones fundamentales. En primer lugar, de haber un desacuerdo entre propietarios, ser el tercero imparcial que de fin al conflicto. En segundo lugar, proteger a las minorías de las mayorías. Es decir, el Poder Judicial evita que la mayoría legisle en contra de la minoría. El voto no hace justo lo que es injusto. En tercer lugar, el Poder Judicial protege la constitución, que son las normas básicas de convivencia y los derechos y obligaciones de cada habitante. Cuando el Poder Judicial observa de manera inmutable transgresiones a los derechos de la minoría y violaciones constitucionales está fallando a su rol y no es menos cómplice del deterioro institucional que un Poder Legislativo falta a su rol institucional siendo en los hechos una escribanía del Poder Ejecutivo.

¿Está usted dispuesto a vivir en un edificio donde dónde su representante no lo representa y el administrador de consorcio se cree dueño del edificio, y por poco también de su vida? ¿Está usted dispuesto a confiarle a este tipo de personas su futuro y el de sus hijos?