El martes 12 de abril Uber dio inicio a sus actividades en Buenos Aires. Esto tomó de sorpresa no sólo a sus clientes, sino también al Gobierno del PRO en ciudad de Buenos Aires (CABA) y al sindicato de taxistas. La reacción del PRO se ha prestado más a confundir a la opinión pública que a ayudar a que las nuevas tecnologías y los servicios hagan pie en un país que tanto necesita de nuevos emprendimientos. Si bien en este caso la empresa involucrada es Uber, esta no es la única que ofrece estos servicios a nivel mundial. Quizás Lyft sea la alternativa más conocida. Pero hay distintas empresas similares en varios países alrededor del mundo. Mis comentarios van por igual para Uber como para cualquier otra empresa que ofrezca el mismo tipo de servicio.

La primera cuestión a aclarar es qué servicio presta y no presta Uber. Uber es un intermediario entre dos vecinos que no se conocen. Uno de ellos demanda un transporte y el otro está dispuesto a ofrecer este servicio. Es como un banco, que no presta sus ahorros, sino que conecta ahorristas con deudores y cobra una comisión por ahorrarle a cada uno el costo de buscarse y encontrarse. Uber, en este sentido, no ofrece transporte propio ni los conductores son sus empleados. No se sigue que Uber deba adaptarse a la regulación de los taxis, del mismo modo que el individuo que lleva a su vecino el lunes por la mañana a cambio de un pago no debe adaptarse a la regulación de taxis. Lo que Uber hace es proveer información: dónde se encuentran estos vecinos. ¿Acaso, por ejemplo, los pools escolares son ilegales? ¿O sólo lo son si en lugar de coordinar telefónicamente los padres lo hacen a través de su teléfono, vía una aplicación llamada Uber? ¿O pasan a ser ilegales si quien hace de conductor recibe una modesta compensación? Uber es una plataforma de información y comunicación entre vecinos.

Si, en todo caso, Uber fuera ilegal, esto tampoco debería ser motivo para impedir su funcionamiento y cerrar la discusión. Este es un claro ejemplo donde el PRO utiliza un marco regulatorio obsoleto para frenar el avance de nuevos servicios en CABA. Sostener que la implementación de nuevas tecnologías no puede darse al margen de la ley puede sonar muy perspicaz, pero esconde el hecho de que en este caso es la regulación la que impide el progreso. El PRO en CABA parece tener una mentalidad que mira hacia el pasado, en lugar de mirar hacia el futuro. La mentalidad del PRO debería ser la de adaptar rápidamente la regulación al siglo XXI, en lugar de intentar que el siglo XXI encaje en una regulación ineficiente y obsoleta. El PRO no se ha mostrado, hasta el momento, muy flexible a revisar el marco regulatorio. Más preocupado parece estar por justificar la ilegalidad de Uber.

En segundo lugar, se argumenta que al tomar un auto a través de Uber no se tiene cobertura de seguro. Desconozco los detalles del servicio provisto en CABA. Pero a nivel global esto no es correcto. Al menos en Estados Unidos incluye servicio de emergencia y seguro comercial en caso de accidente tanto para pasajero como para el conductor y para terceros (ver aquí). No obstante, esta objeción erra al punto. El nivel de seguro que se contrata es una cuestión a arreglar entre la partes, no a definir por el Gobierno. El seguro mínimo requerido para transitar libremente ya es una obligación al adquirir un automóvil. Cualquier seguro extra corre por cuenta de las partes. Todo aquel que se sienta inseguro en un auto que viene por Uber es libre de subirse a todos los taxis que desee y lidiar con el sindicato de taxis si sufre algún inconveniente. En cuanto al seguro (comercial) contra terceros, si esto es un serio impedimento en el caso de CABA, se soluciona fácilmente la regulación y se ofrece un seguro en lugar de impedir una iniciativa comercial. Que Uber funcione en unas cuatrocientas ciudades muestra que el proyecto es viable, no que el mundo está equivocado pero el PRO está en lo correcto.

Esto último se relaciona con otra cuestión que se está pasando por alto. En el caso de Uber, todos los detalles del viaje están registrados, incluyendo una calificación del pasajero al conductor y viceversa. Esto es contrario al taxi, donde los viajes son anónimos. De haber algún incidente, Uber tiene mayores incentivos para solucionarle el problema al cliente que el taxista, quien goza de una licencia monopólica. De sufrir algún percance, ¿realmente confía más en el servicio de taxi que en una empresa que debe ganarse la aprobación del cliente al momento de solucionarle el conflicto? El conductor de Uber que no recibe buenas calificaciones de sus pasajeros o no es cuidadoso con su modo de manejar queda fuera del sistema. ¿Lo mismo sucede con los taxis?

Lo otro que queda registrado son los pagos. Dado que las transferencias son electrónicas, toda la operación comercial está en blanco. Los taxis, al menos en Argentina, ni siquiera aceptan pago con tarjeta de débito o crédito, es todo en efectivo. En el área fiscal, servicios como Uber son más transparentes que el efectivo de los tradicionales taxis argentinos.

En tercer lugar, el caso de Uber en Buenos Aires (como en casi todas las ciudades donde ha desembarcado) no deja de ofrecer un ángulo de public choice. Lo que se pone en riesgo es el monopolio de las licencias de taxi, que, casualmente, son vendidas por CABA. El mismo nivel de oposición a nuevos servicios no se ha visto en videoclubes o canales de televisión ante el desembarco de Netflix o Amazon Prime, o Skype para las comunicaciones telefónicas. Blockbuster desapareció justamente por no considerar los servicios de streaming. La diferencia es la falta de sindicatos monopólicos en estos mercados. El resultado es que los taxistas se ven más preocupados por proteger sus licencias monopólicas que por modernizar su servicio.

Hechas estas aclaraciones, sin embargo, lo que más sorprendió fue la agresiva reacción de CABA hacia los vecinos. El Gobierno de la ciudad hizo saber que iba a multar y llevarse con grúa a los autos de Uber que fueran identificados en la calle, al mismo tiempo que los taxistas se dieron el lujo de cortar calles de la ciudad sin sufrir siquiera advertencia alguna. ¿No era acaso la promesa del PRO traer la nueva política al servicio de la gente? La gente claramente quiere un servicio como el provisto por Uber, el PRO debe facilitar, no impedir, los deseos del vecino de CABA. Es el Estado el que debe estar al servicio de la gente, no la gente al servicio del Estado y el administrador de turno. El mismo Gobierno que ya lleva ocho años administrando la ciudad y ha subido los impuestos de manera repetida. El mismo partido político que combate la inflación de manera gradual trata de delincuente al vecino que ve la posibilidad de hacer algún ingreso extra para llegar a fin de mes.

El PRO, el mismo Gobierno del eslogan “Sí, se puede” y “Cambiemos”, se muestra muy lento de actitud para actualizar una regulación obsoleta que beneficia a unos pocos a expensas del ciudadano. El PRO, en cambio, se ha mostrado veloz si de lo que se trata es de proteger a los taxistas de la competencia, al punto tal de amenazar al votante. En este caso, el PRO actúa en contra, no a favor, del progreso que tanto dice querer promover. Parece ser que el vecino (conductor o pasajero a través de Uber) es quien debe estar al servicio del Gobierno del PRO, en lugar de ser este quien esté al servicio de facilitarle la vida al vecino. ¿Es esto lo que el PRO entiende por Estado presente?

El caso Uber me parece representativo por otros dos motivos. En primer lugar, porque muestra más fielmente la mentalidad PRO que las decisiones de Cambiemos en el Gobierno nacional. En el Gobierno nacional, Cambiemos no ha tenido mucho margen al decidir políticas distintas a las grandes medidas que se han tomado: (1) salir del cepo cambiario, (2) eliminar las declaraciones juradas anticipatorias de importación, (3) finalizar el default con los holdouts, (4) revisar tarifas públicas. Cualquier gobierno, con mayores o menores diferencias, se hubiese encaminado a tomar las mismas decisiones. Por lo tanto, estas medidas no son representativas de lo que el PRO realmente piensa. El caso de Uber es distinto. En CABA el PRO sí tiene la posibilidad de modernizar (otra palabra que se repite en sus funcionarios) un servicio que usan los vecinos de manera diaria, pero hasta el momento ha actuado de manera opuesta. Es por este motivo y por actitudes como las de este partido contra Uber que persiste la duda de si Cambiemos va a generar un genuino cambio o se va a quedar en administrar de manera eficiente el ineficiente modelo k.

La discusión, por lo tanto, va más alla de “Uber sí” o “Uber no”. La discusión es cuál debe ser la mentalidad de quienes nos piden el voto para luego gobernarnos.

Podemos dividir el efecto de las elecciones presidenciales en dos. Por un lado, el efecto político. El triunfo de Macri implica nada menos que poner fin al proyecto Argenzuela del peronismo en su versión k. El PRO-Cambiemos no sólo ganó la Presidencia, sino que mantuvo la Capital Federal y ganó la provincia de Buenos Aires. El potencial político de haber ganado estos tres distritos no es menor. El PRO-Cambiemos tiene una oportunidad única de desmantelar el clientelismo político de la provincia de Buenos Aries que tanto daño le ha hecho al país.

Por el otro lado, se encuentran los cambios económicos. Si separamos los cambios económicos de los cambios políticos, las decisiones tomadas hasta el momento no son necesariamente tan prometedoras. Es cierto que salir del cepo, devaluar el tipo de cambio, revisar tarifas y retenciones era algo necesario. Es decir, de haber ganado Daniel Scioli, hubiese hecho más o menos lo mismo (según expresiones del mismo equipo de Scioli). También es cierto que estas medidas eran o impostergables o fueron fuertes promesas de campaña. Si bien esto no quita mérito a las medidas tomadas, sí ofrece contexto. Hasta el momento, el PRO-Cambiemos no ha dado a conocer un claro plan de cómo piensan solucionar el mayor problema económico de Argentina: el déficit fiscal. Aunque es cierto que se han informado metas de reducción del déficit, lo que no se ha informado es cómo se va a reducir dicho déficit. Es decir, no se han presentado qué decisiones y políticas van a tomarse para eliminar este problema. Es difícil confiar en un plan que no se conoce. Esta falta de información produce incertidumbre que no contribuye a reactivar la economía del país.

En primer lugar, no es clara cuál es la visión de mercado que el PRO-Cambiemos tiene para el país. El PRO se identifica como un movimiento sin ideologías. Esto es peligroso si por falta de ideología se entiende falta de principios, donde lo que reina es el pragmatismo. Por ejemplo, intentar nombrar jueces por decretos de necesidad y urgencia (DNU) a los pocos días de haber asumido la Presidencia con una campaña donde se hablaba de volver a los principios republicanos. La potestad de nombrar jueces es para cuando el Congreso no está en sesión y no es posible reunir a los representantes en tiempo. Esta restricción, pensada para cuando había que trasladarse a caballo, difícilmente aplica en el siglo XXI.

En nombre del pragmatismo, el PRO-Cambiemos puede verse tentado, por ejemplo, a obligar a los supermercados a informar sus precios en un determinado sitio web de cierta manera. Es decir, desde el Gobierno se les impone a los supermercados cuál debe ser su marketing de precios. En Twitter, Miguel Braun sostuvo que el Presidente “le pidió a los supermercados que pongan sus precios online”. Lo cierto es que, de no publicar los precios, según se informa en distintos medios, los supermercados serán multados. Curioso uso del término pedir, cuando lo que Macri está haciendo es imponer u obligar a los supermercados. Curiosa actitud de un Gobierno que se dice republicano. Un mercado competitivo, al menos a mi juicio, es aquel libre de regulaciones, con libre entrada y salida de productores y con impuestos razonables indistintamente de la cantidad de oferentes, no aquel donde se obliga a informar precios de una determinada manera. Existen mercados muy competitivos con pocos oferentes (como es el caso de bienes network, por ejemplo, el software).

Gente del PRO también ha definido a este movimiento como un partido de izquierda. Ivan Petrella sostuvo que en Estados Unidos el PRO estaría a la izquierda del partido demócrata (es decir, a la izquierda de Hillary Clinton y Bernie Sanders). Jaime Durán Barba, por su lado, sostuvo que Macri se encuentra a la izquierda de Cristina Kirchner, quien sería alguien de ultraderecha. Por su lado, el ministro de economía Alfonso Prat-Gay se ha referido a precios de libre mercado de manera peyorativa al hablar de la ley de la selva. Modales aparte, es una expresión digna de un Axel Kicillof o de un Guillermo Moreno. Por su lado, Rogelio Frigerio habla del PRO como un partido desarrollista (sea lo que sea que eso quiere decir en concreto).

De las medidas tomadas tampoco se desprende que el PRO-Cambiemos tenga una visión pro libre mercado, dado que las principales medidas que se han eran necesarias dada a situación heredada. De hecho, no se le conocen a este partido ni expresiones ni medidas que sean inequívocamente pro libre mercado. Dado que el PRO-Cambiamos no ha hecho explícita su visión de cuál debe ser el marco económico del país, todo queda en sujeto a especulación.

En segundo lugar, esta falta de definición respecto a cómo solucionar el déficit fiscal se lee como una política económica gradual. Parecería que la alternativa, el shock, es cuando se implementan reformas de un día para el otro. Esto es incorrecto. Nadie puede esperar que un Gobierno haga lo imposible en 24 horas. En resumen, el problema no es no hacer lo imposible, sino hacer mal lo posible. Una reforma de shock consiste básicamente en presentar un plan integral de manera clara y ponerlo en marcha lo más rápido posible, lo cual por supuesto puede llevar tiempo. No informar cuál es el plan económico, si es que efectivamente hay uno, sólo contribuye a aumentar la incertidumbre y a incrementar las posibilidades de fracaso. En cambio, informar un plan en detalle y de manera clara alinea expectativas y los agentes económicos no tienen que estar adivinando si el Gobierno va a reducir el déficit fiscal u obligar a los supermercados a informar precios en un sitio web. ¿El PRO-Cambiemos tiene un plan integral que aplica de manera gradual, sin informar al público cuál es el plan, o toma medidas de manera improvisada según van apareciendo temas en agenda? Si hay un plan integral, ¿por qué no se lo informa? ¿Acaso el Gobierno no confía en su propia visión de país?

En tercer lugar, según palabras de Prat-Gay el PRO-Cambiemos parece guiase por la idea de que reducir más agresivamente el déficit fiscal implica un ajuste social. El ajuste social, sin embargo, hace años que ocurre. Si traducimos lo que Prat-Gay está diciendo, el mensaje es que el ajuste lo va a seguir haciendo el privado, no el sector público. La presión fiscal y la inflación destruyen tantos puestos de trabajo como empleados públicos innecesarios se mantienen a costa del contribuyente. Usted, lector, es quien va a perder su puesto de trabajo para seguir manteniendo un Estado sobredimensionado. Pero si usted pierde su trabajo, eso no es ajuste social, sí lo es si lo pierde un empleado público. Parece ser que no todos los trabajadores están en igualdad de condiciones, algunos parecen ser más importantes que otros. Es erróneo, si no tendencioso, dar a entender a la opinión pública que el dilema es entre ajuste o no ajuste, cuando el verdadero dilema es si el ajuste lo va a hacer finalmente el Estado (que es quien después de todo tiene déficit) o si se va a seguir exprimiendo como limón al contribuyente que carga con impuestos asfixiantes. ¿Por cuántos años ha mantenido el contribuyente a un Estado ineficiente y sobredimensionado? ¿Se votó a Cambiemos o a Continuemos?

Igual de tendencioso es cuando distintos funcionarios del Gobierno se expresan de manera tal que se da a entender que el problema de los altos precios de los alimentos se encuentra en los comerciantes y no en la política monetaria heredada. Con una inflación entre el 20% y el 30%, el único responsable de la suba de precios es el Banco Central. En un país que necesita unión social y sanar divisiones sociales, ciertas expresiones del PRO-Cambiemos parecen alentar la división de consumidor contra comerciante en lugar de unir a los argentinos.

Hace años que el PRO se prepara para ser Gobierno. Es de esperar que en todo este tiempo haya desarrollado un plan económico en el caso de asumir. Las expresiones y las medidas tomadas en estos dos meses, sin embargo, no permiten deducir cuáles son los lineamientos generales de dicho plan. Esto no hace más que alimentar lo que el historiador y economista Robert Bob Higgs llama “incertidumbre de régimen”. ¿Va a ser un kirchnerismo light, como algunos sospechan, o va a ser un movimiento pro libre mercado, como algunos de sus defensores esperan? El no saber en qué tipo de Argentina se va vivir, kirchnerismo light o libre comercio con apertura al mundo, pone un freno a las inversiones de largo plazo, dado que no se saben cuáles van a ser las reglas de juego. Dados los triunfos en las últimas elecciones, el PRO tiene la oportunidad de ser el autor de la versión argentina del milagro alemán, o bien pasar a la historia como otra oportunidad perdida en la larga lista de Gobiernos que dejaron pasar dicha oportunidad.

El éxito del Pro en las PASO también hace más real, al menos en el imaginario público, la posibilidad de Macri como presidente. De ser ese el caso, ¿qué le puede esperar a la economía Argentina? Esto muy difícil por tres motivos: (1) no se ha presentado ningún plan concreto, (2) el énfasis en la calidad de gestión no es brújula de qué medidas puede tomar el Pro, y (3) usar los datos fiscales de CABA como referencia no aportan mucha luz sobre los problemas que le próximo gobierno irremediablemente tendrá que enfrentar.

Callejón sin salida

El Pro, igual que la oposición en general, no está dispuesto a transparentar frente a sus votantes cuál es su plan económico en concreto. Sin embargo, la coyuntura argentina se encuentra en un callejón sin salida. Distintos indicadores de actividad económica dan entre 12 y 20 meses consecutivos a la baja. La presión fiscal es asfixiante y el déficit fiscal (Nación) debe rondar los 5 o 6 puntos del PBI. Desde el 2007 que la inflación se encuentra encima del 20%. Por las buenas o por la malas, tarde o temprano, va a ser necesario un ajuste fiscal. En el 2001 se hizo tarde y por las malas. El próximo gobierno debería actuar rápido para evitar costos mayores.

El kirchnerismo dejó pasar la oportunidad de solucionar el desequilibrio fiscal de manera gradual, por ejemplo, hacer que el gasto público crezca más despacio que el PBI y por lo tanto alcanzar un equilibrio fiscal. Ahora ya es demasiado tarde y un congelamiento o disminución del gasto es inevitable. La solución a este problema es lo que tanto el Pro como la oposición callan. Es, sin embargo, lo que va a definir la economía Argentina a partir del 2016. Por soluciones concretas me refiero a ser transparente y claro en cómo se va a solucionar un problema y no en meramente decir cuál problema se va a solucionar. De poco sirve decir que el 11 de diciembre se elimina el cepo cambiario si no se discute el cómo.

A veces el Pro parece tener la convicción de que el mero cambio de gobierno generará un cambio de confianza y expectativas suficiente para atraer capitales. Esto, creo, es un diagnóstico equivocado como lo fue el creer que la llegada de la figura fuerte de Cavallo al gobierno de De la Rúa iba a ser suficiente para calmar a los mercados. Argentina está en default y con cepo entre muchas otras restricciones. Esta realidad no va a cambiar por el mero hecho de que cambie el gobierno. Argentina no va a recibir capitales sin solucionar estos problemas. Cómo el Pro pretende solucionar estos problemas sigue siendo desconocido.

El “Peligro Pro”

Un partido político puede no expresarse sobre el cómo solucionar problemas puntuales (el déficit fiscal, etc.). En estos casos, la ideología o principios del partido político pueden dar una idea de qué curso de acción pueden tomarse. El Pro, sin embargo, es un partido que parece carecer de ideología o principios institucionales. La ideología o principio del Pro es la “gestión.”

Pero esto puede ser peligroso. En nombre de mejorar la gestión se puede proponer mantener la estatización de empresas públicas deficitarias como Aerolíneas, plantear la eliminación del efectivo para combatir la evasión como si uno fuese culpable de este delito hasta demostrar lo contrario, usarse fondos públicos para hacer campaña política, etc. Argentina no necesita corregir desequilibrios en el modelo K, Argentina necesita un fuerte giro de 180 grados y el énfasis en la gestión no es indicador claro de que camino puede intentar seguir el Pro en materia de política económica. No es lo mismo administrar una ciuedad que estar al frente de un país que requiere un fuerte shock político e institucional. Son dos tipos de administración distinta.

Si bien la gestión kirchnerista deja mucho que desear, el problema de la economía Argentina es institucional, no de gestión. El problema de Cuba o Venezuela no es de una pobre gestión, es de un marco institucional que elimina libertades individuales a expensas del proyecto de poder político. Si el Pro gobernase Venezuela con las mismas instituciones pero una gestión más eficiente, los problemas económicos no desaparecerían. Esta ideología basada en la “calidad de gestión” es a lo que llamo “Peligro Pro” dado que no aporta restricciones al comportamiento del político. Por supuesto, al lado del kirchnerismo, prácticamente cualquier nuevo gobierno representa un mejora, pero los deseos de reforma política y económica que muchos esperamos del Pro pueden verse traicionadas en nombre de la gestión.

Resultados Fiscales y Deuda en CABA

Ante la ausencia de propuestas concretas y de una ideología y principios que nos puedan orientar hacia el futuro económico del país si el Pro ganase las elecciones presidenciales, podemos recurrir a ver la gestión en CABA del 2008 en adelante (Macri asume en diciembre del 2007). Especialmente en lo que respecta resultados fiscales, dado que la economía y seguridad en la ciudad no es ajena a la economía nacional y a la gestión de la Policía Federal que depende también de Nación.

El sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sólo tiene un formato que confunde con ser un sitio web del Pro, sino que carece de información actualizada, de uso amigable, o bien la misma se encuentra innecesariamente escondida. Tanto el banco de datos como las estadísticas fiscales del área de Hacienda ofrecen datos fiscales sólo hasta el 2012. Lo que el FpV ofrece en datos adulterados a través del Indec, la gestión Pro le compite en datos desactualizados. El área de información contable sí ofrece datos actualizados, pero los mismos están desagregados, complicando su uso. Los datos se encuentran en series de planillas Excel o archivos pdf de cientos de páginas

Según los documentos disponibles, los ingresos tributarios aumentaron un 172% entre el 2008 y el 2012, ubicándose a la par que la inflación para el mismo período. El Pro, al igual que el kirchnerismo, se ha caracterizado por sus aumentos de impuestos. Esto parece ir en contra de la “calidad de gestión.” La gestión ha sido también deficitaria. Para el mismo período, la deuda pública en pesos, dólares y euros aumentaron un 3306%, 182%, y 128% respectivamente. La deuda a fines del 2012 es de 6913 millones de pesos, 1275 millones de dólares, y 100 millones de euros.

Si bien el nivel de deuda de CABA no es tan alto como el de Nación, los datos disponibles para los primeros cuatro años de gestión del Pro no ofrecen una clara indicación del equilibrio fiscal que tanto necesita el país. Espero que de aquí a las elecciones los presidenciables nos ofrezcan el debate de ideas necesario para llevar adelante las reformas necesarias que el kirchnerismo se niega a realizar.