La última decisión del gobierno de Cristina Kirchner de enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar las condiciones de pago de los bonos confirma dos cosas. En primer lugar que no había intención de cumplir con el fallo del Juez Griesa en el 2015, luego del vencimiento de la cláusula RUFO. Es claro ahora que esta cláusula se usó como excusa para justificar no acatar un fallo firme de una corte de justicia elegida por el Argentina. Esta explicación es más simple que teorías de negociaciones secretas. El kirchnerismo no quiere pagar bajo condiciones del canje realizado por ellos mismos, punto. A veces la ideología supera la pura racionalidad económica. En segundo lugar, este proyecto de ley confirma que Argentina se está encaminando no sólo hacia un default ‘económico’ o ‘financiero”‘ sino también hacia un default ‘institucional.’
