Desde que hiciera Nisman su denuncia, se movilizó el aparato de propaganda K, a través diarios y televisión oficialistas, con brutales operaciones. Lo acusaron de borracho, títere de Stiuso, peón de la CIA, de llevar una vida dispendiosa, de mal padre y desestabilizador, entre otros. El exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, llegó a decir “estoy seguro que Nisman no escribió la denuncia”, a la vez que, en una entrevista televisiva, reconocía no haberla leído y haberse informado de su contenido por la prensa.

A su vez, el jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, definió a Luis D’Elía como un “traficante influencias”, sin representatividad y “vendedor de humo”. Siguiendo su lógica, deberíamos creer que este exfuncionario del kircherismo, con acceso a la Casa Rosada y sentado en las primeras filas de los actos oficiales durante años, era en realidad un marginal que actuaba solo.

El problema del argumento del senador es que, en primer lugar, las escuchas telefónicas indican que D’Elía, junto a Khalil, era el nexo de un canal secreto y paralelo de comunicación entre el oficialismo (aparecen mencionados el entonces secretario de la presidencia y actual jefe de la inteligencia Parrilli, unos de los jefes de La Cámpora, Andrés Larroque, el ministro Julio de Vido) y el gobierno iraní, incluyendo a uno de los prófugos del caso AMIA (Mohsen Rabbani).

En segundo lugar, lejos de tratar sobre cuestiones secundarias, este canal fue empleado de manera directa por la política oficial sobre el caso AMIA, cuyo principal resultado es el memorando de entendimiento. Uno de los ejemplos del funcionamiento del canal son las conversaciones grabadas de septiembre de 2013. El 24 de ese mes, en su discurso en Naciones Unidas, la Presidenta había reclamado a los iraníes que dijeran qué iban a hacer con el memorando firmado en enero que, tras la aprobación “express” del Congreso argentino, había sido cajoneado en el parlamento persa. El presidente de Irán ni había mencionado el tema en la ONU. Sin embargo, el 26, Timerman afirmó que, tras una conversación con el canciller iraní, se había concertado una reunión para el 28.

El día 27 D’Elía llamó a Khalil para que transmitiera a Irán un “mensaje urgente del gobierno argentino” (aclarando, “estoy en la casa de gobierno ahora”). Khalil, a su vez, se lo pasó a la más alta autoridad diplomática de Irán en Argentina, el encargado de negocios. La solicitud, “a pedido de Cristina”, era la concreción de la reunión que había anunciado Timerman, quien informó tras la misma, y aunque fuera falso, que el canciller iraní le había asegurado que Irán había aprobado el memorando con el aval del consejo superior de seguridad nacional y el líder supremo. La denuncia de Nisman incluye varios episodios similares más. Extraña marginalidad la de personajes que se comunicaban para arreglar reuniones al más alto nivel.

Más grave aún, ese canal de comunicación paralelo habría incluido el traspaso de información de inteligencia a Irán, el país sospechado de haber agredido a la Argentina. Contra quienes afirman que el fracaso del memorando borra toda posibilidad de delito, esto, de ser cierto, sería uno de los crímenes más graves posible, el de traición a la patria.

También se puso en duda la verosimilitud de los argumentos de Nisman sobre las razones del pacto (abrir el comercio tras la caída de las notificaciones rojas de Interpol). Efectivamente, sobre los motivos, Nisman especula y emplea fuentes secundarias. Pero quienes critican esto nada explican del canal de comunicación que las escuchas telefónicas revelan. La lógica indica que sería deseable, al menos, que la justicia argentina tomara el testimonio de quienes están incluidos en las conversaciones grabadas. La desestimación del juez Rafecas en tiempo récord es, por este motivo, sorprendente.

Finalmente, se afirmó que las escuchas no prueban la culpabilidad presidencial porque Cristina Kirchner no participa de las conversaciones. El mismo Nisman explica que no poseía suficientes elementos y que el objetivo de la denuncia era justamente iniciar la investigación judicial. Escribe que “lo que se vislumbra, por grave que sea, resulta ser -apenas- la punta del iceberg. Al respecto, se advierte que los aspectos más delicados de la planificación del delito no fueron comentados vía telefónica sino convenidos personalmente, por lo que la rápida actividad jurisdiccional para reconstruir históricamente lo sucedido resulta, en este caso, fundamental”.

Una posible llave está en un proyecto que se trata en diciembre en el Congreso que podría parecer a simple vista como anodino: la elección de los parlamentarios del Mercosur. Como este organismo no decide prácticamente nada puede creerse que la cuestión es irrelevante. Sin embargo, esta reforma puede cambiar la dinámica política en la Argentina. El “vamos por todo” empieza a tomar forma concreta.

En 2006, los países miembros del Mercosur firmaron el Protocolo Constitutivo del Parlamento. En principio, ser miembro de este cuerpo no parece muy atractivo para quien busca resguardarse ante posibles juicios. Las protecciones dadas a los parlamentarios, en los artículos 12 y 21, son muy limitadas. Les garantizan que no serán juzgados por sus opiniones y sus votos en el ejercicio de sus funciones y además otorga inmunidad en Uruguay, país sede del Parlamento del Mercosur o Parlasur. Estas protecciones están confirmadas en su Reglamento Interno (artículos 14 a 18).

Para compensar esta protección limitada, los dos proyectos del oficialismo presentados en el Congreso otorgan inmunidades suplementarias: “Los parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía argentina serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales” (art. 12 del proyecto Landau). Así, los parlamentarios argentinos del Mercosur, mediante la extensión de los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional (lo que plantea problemas de constitucionalidad), tendrán más inmunidades que sus pares de otros países.

Pero la elección del Parlasur no es sólo una llave posible a la impunidad. Puede aumentar el control político de Cristina Kirchner en una eventual presidencia de Daniel Scioli. En 1924, al no tener reelección, Yrigoyen había dicho sobre Alvear, quien era su sucesor: “Hay que rodear a Marcelo”. Hoy, Cristina Kirchner bien podría decir lo mismo sobre Daniel.

El Protocolo Constitutivo del Parlasur preveía que, tras un período de transición de ocho años, a partir de 2014 los países debían elegir en un mismo día, el “Día del Mercosur Ciudadano”, a sus parlamentarios a través del sufragio directo, universal y secreto. Sin embargo, ese día todavía no fue decidido. Entonces, el proyecto oficialista establece que los argentinos votaremos nuestros parlamentarios del Mercosur el mismo día que lo haremos en octubre de 2015 por la fórmula presidencial y legisladores nacionales.

Se propone un sistema electoral mixto, donde se votan 24 legisladores a nivel regional (uno por provincia más la Ciudad de Buenos Aires) y el resto, a nivel nacional tomando al país como distrito único, del mismo modo que votamos por presidente y vicepresidente.

Si Cristina Kirchner decidiera encabezar la lista nacional de legisladores del Mercosur, podría acceder a un cargo con fueros parlamentarios y, además, estaría haciendo campaña electoral en toda la Argentina. No sólo estaría rodeando a Scioli, armándole las listas de parlamentarios con fieles y asegurándose el control de muchas decisiones en un gobierno después del 2015. Además, podría quitarle gran parte de la legitimidad que da un triunfo en una elección presidencial. Recordemos cómo sufrió Néstor Kichner esa débil legitimidad de origen en 2003. Ahora, como líder absoluta del kirchnerismo, dominaría toda la campaña, los discursos y la propaganda. “Scioli presidente, Cristina al poder”.

Esta posibilidad sería la cuadratura del círculo para el kirchnerismo. Un movimiento político personalista lograría, a pesar de los límites constitucionales, seguir concentrando el poder en la persona de Cristina Kirchner.

Esta posibilidad cambiaría totalmente la dinámica política. En un escenario de fragmentación partidaria, interna peronista a cielo abierto, economía en recesión con alta inflación y tensión social, tendríamos además una muy fuerte polarización política K-antiK. El país entraría así en una elección plebiscitaria del kirchnerismo que dominaría toda la campaña electoral.

Este escenario sería un gran desafío para una oposición dividida. Incluso con una derrota de Scioli, una victoria nacional de Cristina Kirchner, quien hoy goza del apoyo duro de al menos un tercio de la sociedad, la dejaría en posición para volver a pelear a partir de 2017 por el retorno a la Casa Rosada.

Si, como algunos vaticinan, la Argentina se sumergiera en una crisis económica, viviríamos un conflicto sin precedentes y a diferencia de las anteriores su originalidad no sería económica sino política. Esta sería la primera vez que Argentina atravesaría graves dificultades económicas sin partidos políticos organizados con capacidad para contener sus potenciales efectos sociales, para funcionar como amortiguador. En las anteriores crisis, el país contó con instituciones que condujeron políticamente el proceso. Incluso en 2001, a pesar del “que se vayan todos”, el bipartidismo cantó su última loa antes de sucumbir. Fue, en efecto, la Asamblea Legislativa que permitió, con apoyo del peronismo y del radicalismo, la formación del gobierno de transición de Duhalde.

La crisis 1998-2001 destruyó el sistema de partidos. De sus fragmentos emergió un sistema de tribus, de liderazgos informales de distintas facciones que controlan porciones de territorios. El peronismo, que siempre se consideró y funcionó como un movimiento, hace tiempo que dejó de ser un partido político para ser una asociación de caudillos locales. El radicalismo, bajo las apariencias de su burocracia partidaria, se dividió en radicalismos locales que fueron variando sus alianzas a lo largo de esta década para subsistir. En este tiempo, no emergió, todavía, ninguna fuerza política nacional alternativa, mientras que los partidos o sus confusos herederos institucionales son mirados con desconfianza por la gran mayoría.

Esta involución del sistema político argentino fue ocultada y agravada por la conducción híper-centralizada del Estado kirchnerista, que aprovechó los excepcionales términos de intercambio para construir una inmensa red de clientelismo en base a subsidios que permitieron a una gran masa de argentinos subsistir. Los saqueos de diciembre revelaron los límites de esta política que pretendió contener y esconder la otra gran involución de la sociedad argentina. El sociólogo Agustín Salvia sostiene que en esta década se consolidaron la marginalidad laboral, la pobreza estructural y la desigualdad social. Así, tras una década de crecimiento a tasas chinas en Argentina, hay 10 millones de pobres y el 55% de la fuerza de trabajo no tiene empleo productivo y protegido.

¿Qué capacidad de contención y conducción política de un proceso de crisis tiene una democracia con una presidenta con pérdida de apoyo popular y con un sistema de tribus desprestigiado en un país con amplios sectores marginales sin posibilidad de absorber un ajuste? A diferencia de otras experiencias, una crisis económica podría abrir las puertas de una crisis de poder en el país. En este escenario, la salida de la crisis excedería la mera receta económica. Sería, en cambio, un desafío mayor para un sistema político fragmentado y con escasa legitimidad en una sociedad escéptica que bordea la desesperanza.

Cierto, todavía perduran las identidades políticas o la nostalgia de las viejas pertenencias partidarias. Pero estas son cada vez menos relevantes. Lo que cuenta cada vez más es el control territorial a través del aparato estatal en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal). No se acuerda entre partidos sino entre dirigentes que lideran los territorios electorales. Néstor Kirchner construyó su poder aliándose con quienes controlaban territorios y al Estado, no con los que conducían formalmente los partidos. Así nació entonces lo que se llamó la “transversalidad”. No tocó el timbre del Comité Nacional de la UCR: buscó dónde estaba el poder real y así, construyó su éxito electoral. En este tiempo, quien repite la misma fórmula es Sergio Massa. La transversalidad hoy se llama Frente Renovador (FR). En la provincia de Buenos Aires, Massa se alió con intendentes peronistas y no-peronistas. Sus primeros movimientos después de la elección indican que repetirá esta experiencia bonaerense en el resto del país. Como Kirchner, Massa sabe que si quiere acordar con el poder real del peronismo y del radicalismo, debe ir a negociar directamente con los que lo ejercen.

Mientras tanto, desde sectores no-peronistas se piensa en 2015 extrapolando la experiencia porteña de UNEN e imaginando así una gran PASO. Sin embargo, esta estrategia contiene dos graves deficiencias. Por un lado, se persiste erróneamente en pensar que los actores políticos siguen la lógica de las cúpulas de los partidos. Por otro lado, se plantea la discusión en términos de peronismo-antiperonismo cometiendo el error de creer que la fortaleza de una opción electoral en 2015 tiene que ver con la diferenciación del peronismo. Quienes construyen así sus estrategias van hacia un fracaso porque el clivaje político no se da más en términos partidarios. Esta realidad se expresa con mayor fuerza y crudeza en el conurbano, territorio indispensable para un proyecto nacional donde está uno de cada cuatro votos del país. Si bien parece dominado por dirigentes de origen peronista, una buena parte de sus votantes no lo son. Para éstos, la separación peronismo-antiperonismo ya no es relevante y definen su voto por otros motivos.

Un proyecto presidencial desde sectores no-peronistas debería asumir que el poder político ya no pasa por los partidos políticos sino por el control del territorio a través del manejo del aparato estatal. Una primera consecuencia práctica es realizar un trabajo político hacia los intendentes para evitar su cooptación por el FR, seduciéndolos además con una estrategia competitiva hacia 2015. Esto último implica, en segundo lugar, incorporar dirigentes de origen peronista y definir una estrategia específica en el conurbano. Ciertamente, la manera en que se organiza hoy la política argentina puede ser criticada. Está lejos de la idea de fuerzas políticas portadoras de proyectos que compiten entre sí. Pero esa no es nuestra realidad y si se desea cambiarla, la primera condición es no desconocer lo que sucede.

El agotamiento económico y la derrota electoral llevaron al repliegue político. El Gobierno de la lucha contra las corporaciones pacta con los enemigos de ayer. Los primeros pasos indican el camino: arreglo con Clarín para una división formal pero irreal que deja a todos contentos, con el FMI por el índice de precios, con Repsol y con el sector más especulador de la finanza internacional (los “fondos buitres“).

Así, los argentinos volvemos al pasado (que en rigor nunca habíamos abandonado). Vuelve la hora del pragmatismo y la racionalidad, de la eficiencia de las 200 metas de Capitanich, bajo las loas de los grandes medios devenidos súbitamente amables con “Super Coqui“.

Los seguidores de la causa nacional y popular, a no preocuparse: tenemos un experto de Keynes y asiduo estudioso de Marx en el Ministerio de Economía. Nada de economistas de derecha, del FMI o los grandes bancos. El ajuste será en nombre de Keynes y Marx.

Mientras, la Presidenta estará en un segundo plano. Así, permanecerá como la campeona de la causa nacional y popular, firme junto a los militantes hablando de “profundizar el modelo”, mientras Super Coqui realiza el trabajo sucio de administrar la herencia de Moreno y De Vido.

De este modo, ineludible como la ley de gravedad y urgente ante la amenaza de reservas que se esfuman, después de 10 años de crecimiento a tasas chinas, del precio de la soja por las nubes, los argentinos volvemos al ajuste.

Se cierra así, con pena y sin gloria, la “década ganada”, donde los argentinos tuvimos extraordinarias oportunidades para transformar al país.

Nos presentan un ajuste insalvable y urgente. Sin embargo, deberíamos preguntarnos por qué llegamos aquí, por qué después de una década de oportunidades extraordinarias, hemos los argentinos repetido nuestro pasado. La historia, tantas veces vivida, de cuando tras el despilfarro cortoplacista del populismo llega, inevitablemente, el ajuste y el regreso del establishment.