Resulta evidente también que el plan del Gobierno para moderar la crisis del “modelo” tiene como principal medida anclar el salario y las jubilaciones con el objetivo de cristalizar la caída del salario real. Un nuevo rostro del progresismo nacional y popular, al que se suma el “éxito” de pagarles 5.000 millones de dólares a los saqueadores de la Repsol, mientras que el precio de las nafta -a diferencia de los salarios- sí puede estar mensualmente indexado, como parte del acuerdo secreto que el Gobierno firmó con la multinacional Chevrón. Entretanto quedó en los arcones del recuerdo aquello de no volver a endeudarse con los organismos de crédito internacionales, y empiezan a hacer “buena letra” también con los números de la inflación a la medida de las exigencias del Club de París y el FMI. El agotamiento estructural del “modelo” es un hecho y la perspectiva realista hacia 2015 es de crisis recurrentes, incluso más agudas.

Los empresarios y los gobiernos nacional y provinciales se ponen de acuerdo para poner un techo en las paritarias para cristalizar la pérdida del poder adquisitivo en favor de los grandes grupos económicos concentrados, como los sojeros y especuladores financieros. Mientras tanto, y lamentablemente, las centrales sindicales oficialistas y opositoras no ofrecen ninguna salida más que pactos con el Gobierno, inmovilismo y conversaciones con las patronales y sectores políticos ajenos a los intereses de los trabajadores. Cada crisis económica que tuvo la Argentina en los últimos 40 años terminó con un saqueo al nivel de vida de la única clase productora, la clase trabajadora, en favor de un puñado de grandes capitalistas. Otra vez se quiere repetir la película. Pero más que un film es una triste realidad la que debe sufrir el pueblo trabajador si los de arriba se salen con la suya. No lo vamos a permitir.

Desde nuestra banca junto al resto de los compañeros diputados del Frente de Izquierda hemos elaborado un proyecto de ley que propone una serie de medidas de emergencia para enfrentar la crisis. El sentido de este proyecto es poner una línea de defensa al nivel de vida de las mayorías nacionales. Se dispone un aumento de emergencia de $3.000 para todos los asalariados y se establece un salario mínimo de $9.000: ningún trabajador puede percibir menos de lo que hoy cuesta una canasta familiar. Para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, el proyecto establece que todos los salarios se ajustarán mensualmente según la variación que registre el costo de vida. Asimismo se establece como jubilación mínima el 82% del citado salario mínimo.

La suba de las tasas de interés y su consecuente “enfriamiento” de la economía ya provocó suspensiones en numerosas empresas. Asimismo hay decenas de fábricas y establecimientos que comenzaron con despidos. Estos se producen en primer lugar con quienes trabajan con “contratos basura“, una modalidad flexibilizadora que impuso el menemismo y aún hoy, con casi once años de kirchnerismo, sigue vigente. Las patronales simplemente no renuevan el contrato, que en general es por tres meses, y así dejan en la calle a miles de trabajadores sin pagar un centavo de indemnización. También distintos empresarios se están centrando en despedir a aquellos que quieren organizar a sus compañeros para defender sus derechos, despidos discriminatorios e ilegales amparados por la “vista gorda” de los ministerios de Trabajo de Nación y las provincias. En los últimos días estuvimos junto a los trabajadores de Kromberg, de Liliana, de Ecotrans, tres establecimientos que han sufrido numerosos despidos.

Nuestro proyecto plantea prohibir las suspensiones y despidos por el término de 24 meses “tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas” y sostiene que “esta prohibición se aplicará sobre todos los trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, sea contratado, becario o monotributista, cualquiera fuera su forma contractual”. Asimismo se plantea la inmediata estatización de toda empresa que cierre, poniéndola bajo la gestión de sus propios trabajadores, como hemos visto con la fábrica de cerámicas Zanon de Neuquén, hoy Fasinpat, Fábrica Sin Patrones.

A partir de nuestra propuesta en la Mesa de Coordinación del Frente de Izquierda se resolvió que este proyecto se presente también en las legislaturas de Neuquén, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Mendoza, allá donde haya legisladores del FIT.
Sabemos que una ley de emergencia de éstas características encontrará la resistencia no sólo de los legisladores oficialistas, sino también de las bancadas que responden a los intereses de los empresarios y banqueros, como la del Frente Renovador y el PRO. En la Santa Fe gobernada por el partido de Hermes Binner, el estado provincial sólo respondió con indiferencia ante los despidos masivos de jóvenes trabajadores en la fábrica de electrodomésticos Liliana SRL. Es por eso que estamos poniendo el proyecto a consideración de todas las organizaciones de trabajadores antiburocráticos y combativos, que el próximo 15 de marzo estarán protagonizando un encuentro nacional en un estadio de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí saldrá la fuerza para imponer ésta medidas de emergencia.

Si tenemos en cuenta que hoy en la Argentina la mitad de los asalariados percibe menos de cuatro mil pesos mensuales, que casi el 80% de los jubilados gana la mínima de 2.800, que las asignaciones por hijo son de 460 pesos y que todos los que viven de su trabajo perdieron en los últimos tres meses alrededor del 20% de su poder de compra por la imparable inflación, podemos decir que el sueldo de los diputados es una verdadera provocación. Esta se agrava porque el anuncio se hace en las vísperas del inicio de las paritarias, a las que tanto los empresarios como el Gobierno buscan poner un techo para cristalizar la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados.

Una de las primeras que se vienen es la de los docentes. Una maestra que tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la provincia de Buenos Aires, con nueve años de antigüedad, percibe hoy 3.835 de bolsillo por cargo, el 7,67 % de lo que a partir de febrero va a pasar a cobrar un diputado. ¿Por qué un diputado -por no hablar del resto de los funcionarios políticos- se lleva por mes trece veces más de lo que se lleva una maestra de grado? Uno de los ejes de nuestra campaña electoral en Mendoza fue “que todo funcionario político gane lo mismo que un docente”, y así debe ser.

La explicación de semejante dislate es sencilla. Se premia a los políticos para perpetuar este sistema de explotación en el que, una vez más, buscan que la crisis la paguemos los trabajadores, ahora con tarifazos, inflación y “cepo” salarial. Para garantizar normas y fallos favorables a los intereses de los grandes empresarios, banqueros, operadores de bolsa, terratenientes y multinacionales es necesaria una buena paga.

Como nos comprometimos públicamente, la dieta que percibiremos es de 8.500 pesos, que es lo que hoy se calcula que cuesta una canasta familiar. El resto va a un fondo para promover y apoyar las luchas de los trabajadores y sectores populares. En las últimas semanas ya aportamos varios pasajes aéreos para la campaña por la absolución de los petroleros de Las Heras, Santa Cruz, condenados a perpetua en un juicio viciado y nulo, por ser parte de una lucha hace seis años contra el impuesto al salario. Diez mil pesos para apoyar la lucha de los municipales del departamento de Lavalle, Mendoza, que consiguieron el pase a planta permanente de más de trescientos contratados en forma precaria. Los jóvenes trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Liliana SRL recibieron también un aporte de otros diez mil pesos. Periódicamente publicaremos en la página de mi partido, el PTS, en qué invertimos el resto de la dieta que no nos corresponde.

Asimismo, vamos a promover un proyecto de ley para que todo funcionario político no pueda percibir más de lo que gana un docente, repitiendo la experiencia que ya hizo con la banca del FIT en Neuquén nuestro compañero Raúl Godoy el año pasado junto con los sindicatos docentes. Como dijimos, el abultado dinero que perciben los funcionarios políticos tiene un fin, antiobrero, antipopular y antinacional. De ahí la importancia política de este proyecto que, aspiramos, sea tomado por las organizaciones de trabajadores para imponerlo.

Entretanto, lo que tiene planteado la clase trabajadora es la preparación de un plan de lucha nacional para recuperar el salario perdido e imponer un mínimo de 8.500 pesos para todos, indexado en forma automática trimestralmente según la inflación. Las direcciones oficiales del movimiento obrero que no están con el Gobierno buscan el apoyo de otros políticos patronales como Massa o Scioli que, paradójicamente, comparten el programa de “ancla” salarial para los trabajadores.

La izquierda clasista, a la par de su crecimiento electoral, viene avanzando en su inserción en la clase trabajadora. Por eso, desde numerosas comisiones internas de la industria y de los servicios, sindicatos, cuerpos de delegados y seccionales docentes se van a promover encuentros regionales y un gran encuentro nacional para preparar esta lucha, probablemente en marzo. Las bancas del Frente de Izquierda ya están actuando para fortalecer esta perspectiva.