El primero de ellos afectó al precandidato de Cambiemos y líder del PRO, Mauricio Macri. Desde el relanzamiento de su postulación, la noche del ajustado triunfo electoral de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño estuvo en el centro de un fuerte debate público sobre sus opiniones acerca de las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional. Si Macri había llevado adelante un “giro estatista” en su visión o si no lo había hecho, si sus asesores económicos plantean o no un “ajuste salvaje”, estuvo en el centro de la escena.

Durante toda esa etapa de la campaña, el oficialismo se mantuvo dentro de una relativa zona de confort. Fue Mauricio Macri -junto con los dirigentes que lo rodean- quien debió invertir tiempo a través de medios de comunicación y otras vías para aclarar su posición más que para enfocarse con fuerza en su mensaje original. En los hechos, se vio obligado a explicar qué había querido decir antes que dedicarse a llevar la iniciativa en los temas que era su intención imponer en la campaña.

El segundo momento que sacudió la campaña fueron las acusaciones difundidas por el Grupo Clarín contra el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Esta situación sacó al oficialismo en los últimos días de su relativa comodidad y, al igual que había ocurrido con Macri, los dirigentes del Frente para la Victoria debieron invertir esfuerzo en responder, aclarar y rebatir, más que en hacer foco en el mensaje central que quieren hacer llegar a los votantes. En ese caso, a la situación se sumaron especulaciones y debates en torno a la interna que enfrenta a Fernández con el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, por la candidatura a gobernador bonaerense.

Un elemento que quiero recalcar es que en el primero de los debates, el actual oficialismo -al que suele vincularse con el populismo, la irracionalidad, el énfasis en el sostenimiento de un relato, un desdén por las instituciones y la falta de capacidad técnica- tuvo que ver, como se dijo, con un debate sobre políticas públicas. Qué pasará con YPF, los fondos de la Anses, Aerolíneas Argentinas, el juicio que los fondos buitre siguen por la deuda pública, Fútbol para Todos o los planes sociales, son temas que hacen a los formatos de intervención del Estado en la economía o su capacidad de regulación. El hecho de que se hubiera debatido si el PRO había apoyado o no esas iniciativas en el Congreso habla también de un debate importante en el ámbito institucional. Me viene a la mente el hecho de que cualquier campaña en los Estados Unidos o Europa incluye un análisis de qué iniciativas apoyó o no el candidato en cuestión en el espacio institucional en el que le haya tocado actuar.

Es decir, el partido supuestamente populista se mantenía en su zona de confort cuando se debatía sobre políticas públicas y cuestiones institucionales.

El segundo de los debates, el que incluyó una denuncia periodística contra un funcionario, más que un debate institucional o de políticas públicas, se presentó como un relato moral de buenos-buenísimos y malos-malísimos. De un lado del espectro partidario parecía presentarse a las personas buenas y decentes que luchan por la honestidad y contra la corrupción y del otro a las presuntamente malas, corruptas o criminales.

Dicho de otro modo, el partido supuestamente republicano e institucionalista encontró una cierta zona de confort, cuando comenzaron a debatirse cuestiones que más se parecen a los planteos que suelen vincularse a la retórica populista, esa que traza una línea divisoria entre quienes son dignos de estar en la arena política y aquellos que supuestamente deberían quedar afuera.

Paradojas (o no) de la política de un país que busca a través de conflictos, pero también de acuerdos, la definición de aquellas políticas públicas que puedan encaminar a la mayoría de los argentinos a mayores niveles en su calidad de vida, de manera estable.
Cuando en los próximos días se asiente la polvareda en torno a estos debates y se ingrese en el período de veda electoral, los ciudadanos podrán pensar en la interna abierta de qué partido influir al momento de emitir su voto. Y tendremos una pista sobre si alguno de estos debates influyó positiva o negativamente para cada una de las fuerzas políticas, de cara a la recta final de los comicios, que tendrá lugar en octubre.

Un trabajo muy influyente publicado en la década del setenta por Guillermo O’Donnell y Oscar Oszlak (Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación) ayuda a asomarse a cómo pueden pensarse la formación y el desarrollo de las políticas públicas.

Los autores se inclinan por pensar las acciones del Estado no tanto como respuestas puntuales a inputs o demandas de la sociedad, sino como tomas de posición frente a lo que llaman “cuestiones socialmente problematizadas”. Así, usan la analogía de pensar este tipo de procesos como se piensa una frase musical. En ellas, cada nuevo acorde no puede entenderse en forma aislada, sino en el contexto de otros acordes que lo preceden y algunos más que le siguen. “Cada uno de ellos condiciona el futuro desarrollo de la frase musical y, en última instancia, de la obra que esta integra”. Así, las políticas estatales serían algunos acordes de un proceso social -donde también intervienen actores que no son la administración pública- tejido alrededor de un tema o una cuestión.

O’Donnell y Oszlak indican que no todos los temas o las cuestiones llegan a ser problematizados. Es decir, que solo sobre algunos temas hay sectores, organizaciones, grupos o incluso individuos estratégicamente situados que plantean que puede y debe hacerse algo a su respecto y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes.

Este enfoque ayuda a ir un poco más allá de algunas ideas que se dan sobre las políticas públicas. Es decir: las agendas de problemas sobre las que debería actuar el Estado no forman parte de consensos a priori. No es cierto que todos estemos de acuerdo sobre qué cuestiones son problemas socialmente relevantes y cuáles no lo son. Sobre qué cosas debe hacerse algo. Esa agenda está en permanente construcción y no siempre se compone de simples consensos. Además, en la sucesión de acciones que implican las políticas públicas no solo hay que prestar atención a cómo actúa el Estado, sino también a cómo se muestran los distintos actores sociales, algunos más poderosos, otros menos.

Así, debería reflexionarse: ¿Todos los actores sociales consideraban que el sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) era un problema para el país? ¿O que los planes sociales focalizados debían dar paso a esquemas de ayuda más abarcativos, como la asignación universal por hijo?

Hay una idea que también merece ser discutida y es cómo se conforman las políticas que suelen llamarse “de Estado”. Habrá que notar que los planteos de Macri -el principal líder opositor- acerca de que mantendrá a grandes rasgos algunas de las principales medidas tomadas por el actual Gobierno no hace sino confirmar que se trata de políticas de Estado, es decir, cursos de acción que el sector público sostiene en el tiempo más allá de cuál sea el partido político que gobierne.

En general, se presenta a las políticas de Estado como pacíficos acuerdos a priori entre distintas fuerzas políticas, en consonancia con aspiraciones prácticamente unánimes de la sociedad. Y en este caso nos damos cuenta de que no siempre (¿o casi nunca?) es ese el modo en que ocurren las cosas.

En no pocas ocasiones algunas de las políticas que logran consensos con el tiempo surgen en medio de resistencias, conflictos, acusaciones por parte de algún sector de que se violentan las instituciones o los derechos adquiridos. Es el tiempo en la aplicación de las políticas, las correcciones que se van haciendo sobre la marcha, la aprobación de algunos aspectos y la desaprobación de otros por parte de sectores importantes de la sociedad, la comprobación de ciertos resultados lo que va generando -en un proceso del que participa el Estado, pero también la sociedad, con marchas y contramarchas- las llamadas “políticas de Estado”.

Este tardío giro estatista de Macri hace pensar también que muchas veces son los “feos, sucios y malos”, en el marco de conflictos y tensiones, y no los que se dicen respetuosos de las formas y los buenos modales los que terminan poniendo las piedras fundamentales de las que luego, con el tiempo, serán consideradas “políticas de Estado”.

Se podría decir que eso es así desde el punto de vista formal y que la que culminará con la sucesión de Cristina Kirchner es una de las más largas de las que se tenga memoria. Sobre todo Daniel Scioli y Mauricio Macri hace mucho más de dos o tres años que tienen entre ceja y ceja 2015 como el año clave de sus carreras políticas.

De todos modos, es cierto que es a partir de ahora que los electores comenzarán a prestar más atención en la política y pensar o debatir a quién darle su voto.

Como argumentamos en una columna anterior, el oficialismo corre con una ventaja si mantiene a su tropa relativamente unida y a las variables principales de la economía relativamente bajo control. Se trata de una fuerza política con una muy importante inserción territorial (la gran mayoría de los gobernadores y de los senadores) y con un piso de votos bastante alto, que podría ubicarse en el 30 %.

La Constitución Nacional da otra mano: hay varias formas de acceder a la Presidencia, aun sin llegar al 50 % de los votos en octubre. Los antecedentes también ayudan: ningún presidente desde 1983 se impuso por un margen tan corto que hubiera tenido que concurrir a un balotaje.

Si se tienen en cuenta algunas de estas premisas, se acordará que es la oposición la que debe hacer el mayor esfuerzo en esta campaña. Nuevamente apelo a la figura del retador en una pelea por una corona mundial de boxeo en Las Vegas. Si las tarjetas de los jueces hablan de un empate o incluso de una muy leve ventaja del retador, las cosas suelen inclinarse por quien detenta el título. Para ser campeón hay que superar al rival con claridad.

Y aquí es donde, por el momento, llama la atención el poco volumen de campaña que muestra Mauricio Macri. Sin haber logrado un triunfo contundente en las elecciones anticipadas provinciales, más allá de la ratificación que el PRO obtuvo en las primarias y la primera vuelta porteña, el mensaje del mandatario capitalino todavía es errático y falto de fuerza.

Las dos semanas de campaña porteña de cara al balotaje contra Martín Lousteau todavía muestran a un Macri demasiado concentrado en retener su distrito, más que en apurarse por expandir su mensaje al interior. Así es que, como diría cualquier consultor de campaña norteamericano, la campaña del precandidato de Cambiemos todavía está off message (fuera de mensaje). Más que algunas apelaciones imprecisas al cambio, Macri no logra hasta aquí apalancar un mensaje que lo vuelva más competitivo ante un oficialismo que no sale, por el momento, de su zona de confort.

Seguramente, después del domingo próximo la campaña adquirirá velocidad y volumen. Y de cara a las primarias será una campaña breve, pero intensa. Veremos si el PRO logra retomar la agenda como principal contendiente del oficialismo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el macrista Horacio Rodríguez Larreta se impuso con comodidad. Aunque no logró retener todos los votos PRO de las primarias, superó por 20 puntos a Martín Lousteau, con quien disputará el ballottage. No alcanzó la “proeza” de ganar en primera vuelta, algo con lo que algunas encuestadoras lo habían esperanzado en los últimos días. Pero está muy cerca de retener la Capital para el partido amarillo.

En Córdoba, Unión por Córdoba seguirá gobernando de la mano del ex gobernador y ex vicegobernador Juan Schiaretti. En La Rioja, Sergio Casas mantendrá la preeminencia histórica del justicialismo en el marco del Frente para la Victoria. Y también en Corrientes se impuso el oficialismo en los comicios legislativos. En las primarias de La Pampa, el kirchnerismo resultó derrotado y Carlos Verna será el candidato a gobernador, aunque el actual mandatario, Oscar Jorge, logró la postulación que buscaba, para la intendencia capitalina.

Los resultados provinciales no deben leerse linealmente en clave nacional. Sin embargo, las interpretaciones aparecen. Así, todos los precandidatos presidenciales buscaron mostrar que son competitivos electoralmente, pero ninguno de ellos pudo mostrar un enorme cambio de escenario con respecto al día anterior.

Por ejemplo, la alianza opositora que integra el PRO y que encabezó el radicalismo en La Rioja y en Córdoba no pudo hacer cambiar de signo a esas dos provincias a las que tiene entre ceja y ceja desde 2013 cuando estuvo a escasos votos de imponerse en comicios legislativos.

Hasta aquí, en las elecciones provinciales anticipadas sólo cambiaron de signo político Mendoza y Tierra del Fuego, una para la oposición nacional y otra para el oficialismo. Los restantes oficialismos locales, como se dijo, mostraron su fortaleza.

La relativa estabilidad de preferencias esperanza al Frente para la Victoria, que apuesta a que, con un piso de votos relativamente “alto” a nivel nacional y las variables económicas sin mostrar un ritmo de vértigo, pueda revalidar su presencia en la Casa Rosada. El actual oficialismo piensa que, como ocurre en las peleas por alguna Corona Mundial de box en Las Vegas o Nueva York, es el retador el que debe tratar de ganar por knock out para desbancar a quien detenta el título o mostrarse muy superior y con mucha claridad si es que quiere seducir a los siempre localistas jueces que se ubican en el ringisde.

Seguramente, a esta altura, Macri se lamentará no haber podido extender el dominio territorial del PRO más allá de la Avenida General Paz. Sobre todo cuando lleva a las urnas en todo el país a una fórmula netamente porteña. Estuvo muy cerca en las elecciones de Santa Fe, adónde el jefe de Gobierno porteño viajó varias veces y se mostró de la mano de Miguel Del Sel y del ahora candidato a gobernador Carlos Reutemann, pero finalmente sin éxito.

El oficialismo, por su parte, tendrá que seguir ajustando su discurso y sus gestos para mostrarse unido en la diversidad, ante un desafío electoral que no es menor. Es que, a diferencia de las últimas tres elecciones nacionales en las que fue ratificado al frente del Ejecutivo nacional, no llevará el apellido Kirchner en sus boletas presidenciales, con lo que se adentrará junto con el país en un terreno nuevo.

En la Argentina, durante tres cuartas partes del actual período democrático iniciado en 1983, han ejercido la Presidencia dirigentes que provienen del peronismo. El peronismo, sin embargo, puede perder elecciones; no es un partido hegemónico. Ocurrió en 1983 y en 1999, cuando comenzaron sus mandatos -que luego no terminaron- referentes de la UCR.

El actual oficialismo tiene, por estos antecedentes, una notoria ventaja, una carta más en el mazo. Como parte de ese escenario, el peronismo gobierna más provincias y municipios que la oposición y ha controlado el Senado desde que se recuperó la democracia, sin interrupciones. La mayoría de los sindicatos se alinean también con el peronismo.

El líder del PRO, Mauricio Macri, asegura que esa ventaja no prevalecerá, que ahora es él quien más posibilidades tiene de llegar a la Presidencia, porque “el 60 % de la gente quiere un cambio”.

Pero veamos un poco más allá y analicemos cómo se define la próxima elección. La Constitución Nacional determina que hay tres formas de “ganar”. Una posibilidad es sumar más del 45 % de los votos. Otra es superar el 40 % de los votos y lograr al menos un 10 % de diferencia con el principal contendiente. Y la tercera es imponerse en una segunda vuelta.

Un elemento a tener en cuenta es que desde que está vigente, el balotaje nunca tuvo que ser utilizado. Pero tampoco habría sido utilizado en 1983 y 1989, si hubiese estado consagrado en la legislación. Tampoco se dio el caso de un presidente que se impusiera por el 40 % más uno de los votos, apelando al 10 % de diferencia con su principal rival.

Así, salvo el muy particular caso de las elecciones de 2003, cuando el peronismo concurrió a las urnas divido en neolemas, en todas las elecciones nacionales los presidentes obtuvieron más del 45 % de los votos.

El particular sistema argentino fue formalizado en la Constitución Nacional reformada en 1994. El presidente Carlos Menem impulsaba entonces la posibilidad de reelección y pactó con el líder de la UCR, Raúl Alfonsín, esa y otras modificaciones a la Carta Magna. Para una fuerza política que suele tener un piso de votos que ronda el 30 % a nivel nacional, como es el peronismo, esa cláusula quiere decir algo más que lo que indica la fría letra constitucional. El significado es: si el peronismo está relativamente unido y las variables económicas están bajo control, ese partido tiene grandes posibilidades de imponerse en los comicios nacionales.

Hay que recordar que incluso en 1999, cuando el país ya había entrado en una larguísima recesión, estaba híperendeudado, la desocupación abierta había superado la barrera de los dos dígitos y los actuales sistemas de protección social, así como la fuerza de los sindicatos brillaban por su ausencia, Eduardo Duhalde sumó nada menos que el 38,2 % de los votos. No se vivía una buena situación económica, el presidente de origen peronista no contaba con altos niveles de aprobación y la candidatura del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires se consolidó recién después de una durísima y extensa disputa con el jefe de Estado en ejercicio.

Veamos ahora a la oposición, sobre todo a su expresión mejor posicionada, que es la de Macri. Aun si el jefe de gobierno porteño no logra quebrar la hegemonía peronista, sí podría obtener una gran cantidad de votos en las próximas elecciones.

Si logra ese objetivo, el PRO estaría realizando un aporte sustancial a una mayor estabilidad del funcionamiento de los partidos políticos en el país. Para precisar un poco más, debería recordarse que en la Argentina, con la crisis de 2001, se registró un derrumbe parcial del sistema de partidos. El no peronismo se fragmentó y se atomizó. El peronismo logró recomponerse con cierta rapidez. El país mostró así una importante diferencia con casos como los de Bolivia, Ecuador o Venezuela, en los que ante las crisis económicas que tuvieron lugar por serios problemas de las políticas neoliberales que derivaron a fines del siglo pasado, se puso fin de manera abrupta a un cierto esquema de funcionamiento partidario y surgieron fuerzas políticas totalmente nuevas.

Vamos a los antecedentes: ninguna propuesta que se enfrentara a alguna vertiente del PJ en elecciones presidenciales a partir del 2001 logró superar la marca que alcanzaron José Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez -paradójicamente, dos peronistas- en 1995, cuando sumaron más del 29 % de los votos. En 2003, el no peronista más votado fue Ricardo López Murphy, con el 16.37 % de los votos. En 2007, ese lugar lo ocupó Elisa Carrió (23,04 %). Y en 2011, Hermes Binner (16,81 %). Macri podría acercarse -aun si perdiera las elecciones- más a las marcas de las oposiciones de los años noventa, como fue la mencionada propuesta Bordón-Álvarez o el 32,45 % que obtuvo Eduardo Angeloz en 1989.

Un elemento más. Podría pensarse que en 2007 la suma de votos de Elisa Carrió y de Roberto Lavagna (apoyado entonces por la UCR) alcanzó casi el 40 % (39,94 %). Aun así, esa sumatoria hubiera resultado superada por la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, que obtuvo el 45 % de los votos para imponerse en los comicios. Macri, quizás, pueda aglutinar el tipo de preferencias que en aquel entonces sumaban la líder de la Coalición Cívica y el exministro de economía.

El líder del PRO estaría entonces ante una posibilidad cierta: convertirse en un candidato no peronista muy votado a nivel nacional. Si eso le alcanzará para ganarle a Daniel Scioli, es otra historia.

Así, se podría destacar que, desde que funciona esta “nueva” democracia nacida en 1983  hasta aquí es la primera vez que:

• Finaliza un gobierno, un proyecto político que supera los doce años en el poder.

• Un presidente que lleva ocho años en el cargo y que ha atravesado situaciones políticas y económicas de “alto voltaje” finaliza el mandato con importantes niveles de aprobación en la ciudadanía y de capacidad de incidencia al interior de su partido.

• Tras un gobierno peronista, la enorme mayoría de la dirigencia del PJ se encolumna detrás de la fórmula presidencial consagrada para competir en los comicios. Ahí están las voces de respaldo al binomio Daniel Scioli-Carlos Zannini entre los miembros del Consejo Nacional y del Congreso Nacional del Partido Justicialista. No ocurrió de esa forma cuando el justicialismo definió que Eduardo Duhalde compitiera por la Presidencia en 1999.

• En este sentido, Cristina Kirchner podría protagonizar un momento único en la historia del peronismo: entregarle la banda y el bastón presidenciales a otro peronista. Eso ocurrió en el particular traspaso entre Néstor y Cristina Kirchner. Pero nunca con un dirigente con “otra” trayectoria política.

• La propuesta no peronista con más posibilidades, el PRO, apuesta con Mauricio Macri y Gabriela Michetti por una fórmula “pura” para competir desde la oposición en los comicios nacionales (por ejemplo Hermes Binner-Norma Morandini provenían de partidos distintos en 2011; también Elisa Carrió y Rubén Giustiniani en 2007 o la exitosa Fernando de la Rúa-Carlos “Chacho” Alvarez en 1999).

• Un gobernador bonaerense, como Daniel Scioli, tiene posibilidades serias de convertirse en presidente. Eduardo Duhalde intentó en 1999 romper el “maleficio” de los gobernadores de la Provincia, pero no lo logró. Llegó luego al sillón de Rivadavia, pero sin haber sido votado.

• Finaliza un mandato largo y la economía se mantiene por el momento estable. No hay hiperinflación, como al final del mandato de Alfonsín, ni hiperendeudamiento e hiperdesocupación, como cuando Menem finalizó su gestión.

También hay continuidades:

• El peronismo apuesta una vez más a ganar en primera vuelta. Se entusiasma con algunos elementos que le dan sustento a esa hipótesis. Con un peronismo unido y una economía estable, ese partido tiene un piso de votos “alto”. Hay que recordar que Eduardo Duhalde, en 1999, con un peronismo fragmentado y desgastado rozó el 40 por ciento de los votos. Y que la Constitución Nacional, pactada por Carlos Menem y Raúl Alfonsín, permite ganar en primera vuelta con el 45 por ciento de los votos o con el 40 por ciento y una diferencia de 10 puntos sobre el principal contendiente.

• También se debe destacar que el mecanismo del balotaje nunca se utilizó desde que fue instaurado por la Constitución de 1994. Se pudo haber usado en la muy especial elección de 2003, pero finalmente no tuvo su debut.

• La mayoría de los gobernadores e intendentes del PJ siguen teniendo una voz importante a la hora de las definiciones electorales en el oficialismo. Es sabido que los “responsables” de territorios se sentían más cómodos con una fórmula única -encabezada por Scioli- que con una interna que involucrara al contendiente Florencio Randazzo.

• La principal propuesta opositora se juega con una fórmula de dos dirigentes que desarrollaron su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires, como Macri y Michetti, tal como había ocurrido, por ejemplo, en el caso de De la Rúa y “Chacho” Alvarez.

• La UCR vuelve a delegar el liderazgo nacional de la oposición y apuesta a ganar intendencias, gobernaciones y bancas legislativas. Ocurrió también en 2007, cuando llevó como candidato al peronista Roberto Lavagna.

Quizás los lectores encuentren más de estas rupturas y continuidades, sobre todo cuando la campaña comience oficialmente a desarrollarse.

Claro que así como algunos sectores rechazan por completo el “relato” que hace de sí mismo el oficialismo, el “relato” del ex intendente de Tigre bien puede ser a su vez cuestionado o analizado de manera crítica.

Massa pone ahora sobre la mesa -lo hizo esta semana, al ratificar su precandidatura presidencial- dos ideas que son, en principio, discutibles:

• La primera es que su fuerza política surgió para “poner límites” a una nueva reelección de Cristina Kirchner. En un país en el que se necesitan dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso para comenzar a hablar de una reforma constitucional, la interpretación parece exagerada. Massa lanzó un partido propio en 2013 en la provincia de Buenos Aires para salir a disputarle una porción del poder al liderazgo de la Presidenta, en un momento en que algunos sectores del peronismo estaban disconformes con el rumbo de su gobierno. La jugada fue exitosa para Massa. Se impuso en las elecciones legislativas y comenzó a contar con un bloque propio en la Cámara de Diputados. Además, enseguida comenzó a dejar volar sus aspiraciones presidenciales ¿El “peligro” de una reforma constitucional? En concreto, en el Congreso nunca estuvo y ningún dirigente de primera línea del Gobierno nacional la planteó con seriedad.

• El otro elemento que plantea Massa es que desde 2013 cometió “errores” por “entrar en el barro de la política” y que eso lo hizo “desviar del eje central que es la gente”.

Sobre este último punto, más allá de algunas debilidades y oscilaciones -a veces demasiado bruscas- en cuanto a su posicionamiento discursivo, Massa no cometió ningún error serio de por sí, luego de su triunfo en la Provincia en 2013. El líder del Frente Renovador apostó, sobre todo, a un tipo de escenario que venía ocurriendo desde 1983 a esta parte: que un presidente sin reelección viera licuada su capacidad de incidencia sobre la realidad y que, además, eso derivase en problemas políticos y económicos que hicieran empeorar la consideración que de su gestión tiene la sociedad.

Como indicamos aquí, en la Argentina no parece existir un “efecto Bachelet” que haga que el presidente que está por dejar la Casa Rosada mejore en la consideración pública, sino todo lo contrario. Raúl Alfonsín dejó el poder con un nivel de imagen menguante y lo mismo le ocurrió a Carlos Menem. Ninguno de ellos fue sucedido por un jefe de Estado de su mismo partido.

El cálculo de Massa no parecía entonces, en sí, mal realizado. Si se mostraba como una opción de poder posible por fuera del PJ pero como parte del peronismo, los demás peronistas recorrerían el camino que se dirige a Tigre para ir a sumarse a su propuesta. Y así podría convertirse en un próximo presidenciable con serias aspiraciones.

Sin embargo, por el momento, lo que ocurre es que la gestión de la presidenta Cristina Kirchner mantuvo las principales variables económicas bajo control y su capacidad de liderazgo del oficialismo muy en primer plano. A diferencia de lo que está ocurriendo con otros presidentes del Cono sur, sus niveles de aprobación son relativamente elevados. Se trata de algo que, como señalamos, antecesores como Alfonsín o Menem no lograron hacer con este nivel de eficacia.

Así, sobre Massa empezaron a pesar otros factores estructurales de la política argentina. Por un lado, lo que -insisto, hasta ahora- parece como una maldición que sigue a las grandes estrellas de las elecciones de mitad de término, como repasó aquí en 2013 el politólogo Mariano Fraschini. Ni Antonio Cafiero (1987), ni Graciela Fernández Meijide (1997), ni Francisco De Narváez (2009), lograron hacer el pasaje de lo provincial a lo nacional, de ser grandes estrellas de elecciones de medio término a estrellas en elecciones nacionales. Massa, por el momento, tampoco lo ha logrado.

Como argumentan los politólogos María Esperanza Casullo y Santiago A. Rodríguez aquí, otro factor estructural de la política ha venido jugando en contra de Massa: su idea de que se podía construir una opción nacional a partir del poder de los intendentes, desafiando a los gobernadores, tampoco se ha probado como válida.  

Además, en la actual coyuntura, el oficialismo -este elemento vale también como preocupación para el líder del PRO, Mauricio Macri- cuenta con alguna ventaja extra dada por el diseño de la Constitución. La posibilidad de acceder a la Presidencia en primera vuelta con poco más del 40 o poco más del 45 por ciento de los votos, pactada por Carlos Menem y Raúl Alfonsín en 1993, le da alguna ventaja a un partido con un piso de votos relativamente alto, sobre todo si sus principales dirigentes se ponen de acuerdo en una estrategia y si las variables económicas están bajo control.

Quedan así preguntas de difícil respuesta. ¿Si Massa no hubiera optado por construir un liderazgo peronista alternativo por fuera del Frente para la Victoria en 2013, hoy sería un dirigente con más relevancia e incluso mejor posicionado en las encuestas de lo que está en este momento? ¿Podría estar participando de las primarias del Frente para la Victoria como precandidato a presidente o vicepresidente? ¿Podría ser un dirigente de primerísimo nivel en el poderoso PJ de la provincia de Buenos Aires?

Como él propio Massa lo dijo de sí mismo, es un dirigente dirigente joven que ha logrado varios objetivos en su carrera política. La última palabra de Massa no está dicha. Pero de cara a octubre de 2015 la situación que enfrenta no debe ser la que él mismo esperaba dos años atrás.

Se dice que Cristina sube en la consideración pública porque “ya se va” y que, como todo presidente que deja el cargo, la mirada de la población sobre ella se vuelve más matizada, menos aguda. Se compara entonces esta etapa de la gestión kirchnerista con el último año del primer gobierno de la chilena Michelle Bachelet, que finalizó en marzo de 2010. Bachelet había experimentado un fuerte descenso en su imagen al inicio de su mandato, tocando un piso de alrededor del 35 por ciento de aceptación en 2007. La dirigente socialista se retiró tres años más tarde con un histórico 84 por ciento de aprobación.

Si este razonamiento es adecuado, todo presidente que se retira del cargo sin reelección posible, se beneficiaría con un “viento a favor” en las encuestas, a partir de que una regla no escrita que indicaría, supuestamente, que la consideración pública se vuelve más benevolente con un mandatario que se retira.

Lamentablemente, al menos en el caso de la Argentina, esta situación no se ha verificado. Más bien lo que suele ocurrir es todo lo contrario, según la evidencia histórica. En un paper publicado en 2013, el politólogo Aníbal Pérez-Liñán trabajó sobre la cuestión “Liderazgo presidencial y ciclos de poder en la Argentina democrática”. En ese trabajo, el especialista recopiló datos de encuestas sobre el porcentaje aprobación de la gestión de gobierno entre 1983 y 2013.

La información está compilada en el gráfico que sigue:

Según puede observarse, los niveles de aprobación de Raúl Alfonsín, Carlos Menem e incluso Néstor Kirchner -algunos mayores, otros menores- permanecieron estancados o cayeron en los últimos meses de cada una de sus gestiones. En todos los casos, se econtraron muy lejos de los picos de aprobación que lograron alcanzar en algún punto de sus mandatos.

La consultora IPSOS ha dado a conocer información sobre los niveles de aprobación de Cristina Kirchner en los últimos dos años. En esta nota se indica que en 2013 la imagen presidencial, de acuerdo a esa empresa y sus estudios de opinión, había caído con respecto a 2011 pero hasta un piso todavía alto, del “50 por ciento”. A fin de 2014, la consultora la ubicaba en 49 por ciento. Aquí se ve cómo, Luis Costa, de IPSOS, señaló el mes pasado a Interamerican Dialogue que que “Cristina permanece como la presidente más popular de la región con el 49 por ciento” de aprobación.

Para pasarlo en limpio, entonces. No es cierto que en la Argentina se dé un “efecto Bachelet”. No se verifica que “la imagen del Presidente sube porque se va” o que, en este caso, “Cristina sube porque se va”. De esa forma, la actual mandataria -en caso de mantener o mejorar los actuales niveles de aceptación- es protagonista de una compleja operación política nunca antes lograda en la historia reciente argentina. Rompe el ciclo que termina con una cierta “demonización” de un jefe de Estado que se aleja.

Sobre esta cuestión deberán tomar nota no sólo los analistas que habían pronosticado para esta altura de 2015 un “fin de ciclo” político para Cristina, sino también los sectores que evalúan con cierta liviandad que el kirchnerismo se desvanecerá en el aire una vez que la mandataria deje el 10 de diciembre la Casa Rosada.

Para hacer aún más completa su ruptura con el pasado reciente, Cristina tendrá que producir otro hecho que ni Juan Perón ni Carlos Menem -los dos presidentes de su partido que estuvieron algún tiempo más que ella en el cargo- lograron o quisieron lograr: colocarle la banda y entregarle el bastón presidencial a un dirigente que triunfe en elecciones y que surja de su mismo signo político.

Quedan todavía algunos meses para que sepamos qué ocurrirá en última instancia con esa sucesión. Mientras tanto, la Historia se sigue escribiendo.

En primer lugar, hasta el momento, los dos dirigentes que llegaron a la Presidencia por fuera del peronismo eran de pura cepa de la Unión Cívica Radical (UCR), con décadas de trayectoria y fogueo en el partido centenario, el único de la oposición que por el momento tiene referentes y un comité en todos los municipios del país.

Tanto Raúl Alfonsín como Fernando De la Rúa tenían amplios pergaminos partidarios para mostrar. El oriundo de Chascomús era líder indiscutido de una de las corrientes internas de la UCR y logró convertirse, pocos meses antes de concurrir como candidato a las elecciones de 1983 en el presidente del Comité Nacional partidario. De hecho, hizo reformar la carta orgánica del partido para poder conservar, como presidente de la Nación, ese cargo, algo que ni Hipólito Yrigoyen había intentado.

También Fernando de la Rúa era una de las principales caras de otra de las corrientes internas de la UCR y fue tres veces senador nacional y otra diputado, así como jefe de Gobierno porteño, antes de postularse a la Presidencia.

Hay otro elemento para destacar de la llegada al poder de aquellos dos dirigentes no peronistas. Tenían un plan y una trayectoria trazada para acceder al sillón de Rivadavia bastante tiempo antes de las elecciones. Alfonsín atravesó la dictadura del “lado correcto” de cara a su futuro político: no pactó con la dictadura, mantuvo vínculos con organismos de derechos humanos y rechazó la guerra de Malvinas. Y en Abril de 1983, seis meses y unos días antes de las elecciones nacionales, golpeó primero la mesa y denunció un “pacto sindical-militar”, acción que lo hizo conocido en los rincones del país donde su campaña tenía todavía bajos niveles de presencia, al tiempo que marcó el tono de todo el período preelectoral.

De la Rúa, a su vez, en el marco de la coalición UCR-Frepaso entre cuyas figuras principales estaba un ex presidente, como Alfonsín, tuvo marcado su camino hacia la Rosada también con bastante antelación. La Alianza se selló más de dos años antes de la elección presidencial de 1999. Debutó en los comicios legislativos de 1997 y se mantuvo con los mismos colores y dirigentes a la cabeza en todo el trayecto final del gobierno de Carlos Menem.

Todos estos elementos deben tenerse en cuenta para analizar el actual desempeño político opositor. Bien entrado este mes de mayo todavía no estaba definido cómo serán las alianzas que se inscriban de cara a las primarias de agosto, con negociaciones de último momento -al parecer ahora truncas- entre los partidos de Mauricio Macri y Sergio Massa.

Hay que recordar, como señalábamos al inicio, que el justicialismo tiene una serie de recursos políticos e institucionales que cualquier propuesta opositora deberá esforzarse por superar o neutralizar. Así, la mayoría de las provincias siempre han sido gobernadas por peronistas de 1983 a la fecha y el Senado siempre tuvo mayoría peronista desde el inicio del actual período democrático. Hay provincias que han cambiado de signo político en estos años, pero ninguna se mantuvo siempre no-peronista -a excepción de la díscola y muy particular Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde que allí se realizan elecciones- y hay varias que siempre han estado bajo signo justicialista como Salta, Formosa, Jujuy, San Luis o Santa Cruz. Asimismo, sólo unos siete años y medio de los 31 años de democracia rigieron gobiernos no peronistas, lo que también nos dice algo de esta dificultad. Todo esto pesa también en una elección presidencial.

La letra de la Constitución Nacional tampoco ayuda a la oposición si es que esta dilata sus definiciones o comete errores de apreciación. La posibilidad de ser presidente superando el 40 por ciento de los votos da una chance extra para una fuerza como el actual oficialismo que siempre ha tenido un piso de votos “alto”. Sin ir más lejos, Eduardo Duhalde perdió las elecciones de 1999 sumando el 38,2 por ciento de los sufragios, una proporción muchos de los precandidatos opositores actuales envidiarían.

El panorama sigue abierto y nadie puede asegurar al día de hoy quién será el próximo presidente o de qué partido provendrá. Lo que es cierto es que la oposición, si quiere suceder a Cristina Kirchner, al menos por lo que indica la experiencia, debería esmerarse mucho, pero mucho más

Repasemos algunos hechos que colocaron al oficialismo en un lugar importante de la agenda pública, como una fuerza que hace preparativos para volverse -una vez más- competitiva en términos electorales:

• Hace una semana, la presidenta Cristina Kirchner pidió “un baño de humildad” a los dirigentes del oficialismo. “Esto pasa en todas las fuerzas políticas, no sólo en la nuestra, sino en todas. Es bueno y legítimo querer ser presidente y gobernador. Y uno puede llegar a pensar también que uno es el más capacitado para esa función, pero no olviden que el resto de la sociedad tiene que creer que es el más capacitado. Es necesario que todos tengamos una mirada más amplia y colectiva, que abandonemos los egos personales y personalistas. Si creemos que esto es un proyecto colectivo, que la patria es el otro, tengamos esa actitud y contribuyamos todos con seriedad y responsabilidad”, dijo. Además, elogió la decisión de Jorge Capitanich de convertirse en precandidato a intendente de Resistencia, como una forma de fortalecer las posibilidades nacionales del FPV.
• Unos días después, el PJ se mostró unido en el Congreso de Parque Norte y cumplió con la formalidad de habilitar la realización de alianzas de cara a las primarias. En el acto, el presidente del Consejo Nacional partidario, el jujeño Eduardo Fellner, señaló: ‘Estamos reunidos porque queremos seguir siendo gobierno, porque queremos darle respuesta a los argentinos”.
• Luego, en consonancia con el planteo de Cristina, varios precandidatos a presidente declinaron sus aspiraciones. Lo hicieron Sergio Urribarri, Agustín Rossi y Jorge Taiana. Se sumaron así a Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que ahora buscan postularse a la Gobernación bonaerense.
• También varios precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires decidieron finalmente no postularse: Diego Bossio, Carlos Castagneto, Fernando “Chino” Navarro y Juan Patricio Mussi, quien anunció que buscará su reelección como intendente de Berazategui.
• En ese contexto, el Gobierno transfirió la organización de las elecciones del Ministerio del Interior y Transporte, al de Justicia. Una forma de ratificar que Florencio Randazzo permanecerá en su cargo y que será precandidato a presidente para competir con Daniel Scioli.

Toda esta serie de hechos acapararon interés de la prensa y también de la oposición, que busca formas de contrarrestar el orden interno con el que se viene moviendo el oficialismo de cara a las primarias y los comicios de octubre.

Los gestos echan por tierra varias especulaciones que poblaron las páginas de diarios y llenaron minutos de radio y TV durante buena parte del año pasado. Una de ellas señalaba que a la presidenta Cristina Kirchner le resultaba indiferente quién vaya a ser su sucesor o, más aún, que prefería ponerle la banda presidencial al líder del PRO, Mauricio Macri.

Otra especulación señalaba que el gobernador Daniel Scioli es de tal modo el “candidato natural” del oficialismo, que sería el único precandidato oficialista en las primarias.

Del otro lado, también se llegó a indicar que al no ser ni Scioli ni Randazzo kirchneristas “puros” la Casa Rosada les haría zancadillas en su tránsito a las primarias, como podría ser imponerles algún otro postulante para competir contra ellos. Habrá que notar que varios de los candidatos que declinaron su postulación eran los que más hablaban de “continuidad” de las políticas actuales, casi sin matices para el “cambio” o -como dice la exitosa palabra clave esgrimida por el porteño Martín Lousteau- “evolución”.

Resulta entonces que el kirchnerismo, un movimiento político al que se ha tildado en algunos análisis de “izquierdista”, “populista” y “chavista”, en última instancia recurre a la búsqueda de un cierto centro político, esencial para imponerse en elecciones presidenciales en la Argentina. Al respecto, quienes quieran repasar los archivos notarán cómo 2007 y 2011 fueron dos de los años en los que se promovieron menos conflictos “políticos” y “económicos” desde la Casa Rosada y los discursos y las acciones apuntaron más a sumar aliados y dirigentes diversos que a generar divisiones.

Y todo esto para no contar otro pronóstico que no se ha dado por el momento: que, en la jerga a veces áspera de la política, Cristina Kirchner sería “un pato rengo”, que el peronismo “huele a calas”, que las opciones del oficialismo se reducirían a “nicho o tierra” y que inexorablemente comenzarían los “garrochazos” de dirigentes oficialistas hacia otras opciones electorales y un “despegue” del PJ de las principales políticas promovidas durante los años kirchneristas. La realidad ha desmentido estas afirmaciones y, es más, son las fuerzas políticas de la oposición las que sufren deserciones, indefiniciones en sus estrategias, fragmentación y falta de “baños de humildad”.

Si notamos que la presidenta Cristina Kirchner se ubica en ese lugar central de la política nacional cuando al mismo tiempo experimenta críticas y resistencias a su labor por parte de las principales entidades empresarias -allí están los comunicados de los últimos tres años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y varias más-, así como de parte de los mayores medios de comunicación, la capacidad del oficialismo de seguir siendo una fuerza política competitiva resulta, como decíamos, a esta altura del año 2015 digna de ser resaltada.