Para ser claros: el juez asume como propios todos los argumentos de los fondos buitre. Cada uno de los argumentos. Tanto de aquellos que son presentados en formato “técnico” ante los tribunales, como de una serie de conceptos “políticos” que estas empresas difunden principalmente a través de su grupo de lobby American Task Force Argentina (ATFA).

“Si es posible, sería bueno dejar de lado la retórica que consiste en publicidades a toda página en diarios”, dice Griesa en un pasaje de uno de sus monólogos. Con esas palabras supuestamente el magistrado hace referencia a las solicitadas publicadas por la Argentina para dar a conocer su posición a bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Sin embargo, enseguida, el magistrado comienza a desgranar una serie de argumentos de tono político que no están en otro lado más que en las solicitadas publicadas por ATFA en diarios de la Argentina y los Estados Unidos. “Las personas sufrirán por un default, sufrirán heridas reales. No serán buitres quienes sufran sino que sufrirá gente real”, enfatizó el juez.

Argumento calcado de los que ATFA dio a conocer en su más reciente solicitada.

Primero, al señalar Griesa que lo que ocurrirá el 30 de julio, en caso de que no se alcance un acuerdo entre la Argentina y los fondos buitre será un “default”. El argumento es rechazado por el Gobierno argentino, que indica que la Argentina pagó en tiempo y forma sus obligaciones de deuda -el ya conocido eslogan “Argentina paga”-. Griesa ni siquiera se esfuerza en utilizar los eufemismos “default técnico” o “default selectivo”. Default, directamente. Como dicen las solicitadas de ATFA.

Pero el juez y los fondos buitre coinciden hasta en las comas en sus advertencias: “Los que más sufrirán por un default será la gente en Argentina”, sostiene la organización de lobby, en lo que parece ser el guión original de Griesa.

Claro que ATFA basa sus afirmaciones a su vez en un trabajo “técnico” del economista argentino Claudio Loser, quien señala que un “default” tendrá consecuencias como “acelerar la inflación”, “aumentar la brecha cambiaria”, así como generar “extraordinarias presiones hacia los más vulnerables económicamente”.

Haciendo una especie de “playback”, Griesa advierte en la audiencia a los abogados de la Argentina que si no hay acuerdo “habrá default el 30 de julio”. Buen cristiano, después de todo, señala que eso es lo “peor” que puede pasar y que no “quiere” que ocurra.

Capítulo aparte es el desprecio con el que el magistrado se dirige a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la Argentina -sí, esos que elegimos los ciudadanos con nuestro voto- y al país en general. Dice el juez: “luego de defaultear alrededor de 2001 o cuando quiera que haya sido…”. ¿”Cuando quiera que haya sido”? Mirá vos.

Luego sigue, al describir que con los canjes de deuda de 2005 y 2010, “quizás el 90 por ciento o algo así” de los bonistas aceptaron esas ofertas de la Argentina. En otro pasaje: “Estuvimos 10, 11 años, lo que haya sido, con la República negándose a pagar los juicios…” (¿”90 por ciento o algo así”?¿“lo que haya sido”?).

Para referirse a la llamada “ley cerrojo” aprobada por el Congreso nacional -que impide más pagos a bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda- señala: “Creo que hubo leyes aprobadas por el Congreso, y así”. ¿”Creo…y así”?

Sí, es cierto. Como dice Griesa, van más de doce años del proceso de los fondos buitre contra la Argentina ante su juzgado en Nueva York. Pero su sesgado sentido de la palabra “Justicia” no deja de sorprender.

Si el Gobierno actuó tan mal, de manera técnicamente tan errada, con presunta impericia, me pregunto por qué es entonces que:

• No sólo el Ejecutivo, sino los tres poderes del Estado han dado señales de rechazar las posiciones de los fondos especulativos que se impusieron finalmente a la Argentina. El Gobierno llevó adelante sucesivos (y exitosos) canjes de deuda. El Congreso fijó en su momento la Ley Cerrojo y dispuso dos reaperturas de ese canje, incluso con apoyo opositor (votos de la Coalición Cívica, de la UCR y del PRO). La Corte Suprema rechazó en marzo pasado la posibilidad de aprobar y ejecutar una sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, que había condenado a la Argentina a pagar 7,5 millones de dólares. El máximo tribunal argentino consideró que la pretensión desconocía el principio de inmunidad soberana del Estado argentino.

• Los partidos políticos argentinos dieron señales de unidad en este sentido, no sólo en el Congreso, sino en el último viaje de legisladores oficialistas y opositores a Washington.

• El Fondo Monetario Internacional dijo a través de una declaración pública que está “preocupado sobre posibles implicancias sistémicas más amplias” del fallo y que por el momento está “estudiando con mucho cuidado” la decisión del máximo tribunal norteamericano.

• Una vez conocido el fallo, una multitud de expertos de las principales universidades norteamericanas dieron cuenta de que esta es una situación inédita, sin precedentes, sin “una sola” solución adecuada y con consecuencias que aún se desconocen para el resto del sistema financiero internacional. Por sólo mencionar algunos:

- Anna Gelpern, de la Universidad de Georgetown,  consideró en el respetado blog Credit Slips que el Mover a la papeleramundo que surge a partir del fallo está “lleno de incertidumbre, quizás en el mayor nivel que desde principios de los años 90”. La decisión del máximo tribunal implica un cambio porque a partir de ahora, por ejemplo, nada menos que “el FMI, los gobiernos del G-7 y otros en el sector público tendrán que repensar su confianza en la inmunidad soberana para realizar restructuraciones de deuda”.

- Mitu Gulati, profesor de Derecho de la Universidad de Duke le dijo al New York Times que  “la decisión tiene implicancias muy significativas” y que a partir de este fallo “el mundo ha cambiado”.

- Mark Weidemaier, profesor asociado de Derecho en la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, afirmó en declaraciones al mismo diario “el fallo por sus términos se extiende a virtualmente todo el sistema financiero global”.

Esto para no comentar una vez más que la posición argentina recibió el respaldo de la Casa Blanca, economistas tan históricamente enfrentados como la ex número 2 del FMI Anne Krueger y el Premio Nobel Joseph Stiglitz, un país europeo como Francia -que resultó clave para el acuerdo por la deuda con el Club de París- o los dos mayores países de América Latina en términos poblacionales y económicos, Brasil y México, entre otros sectores.

Ante esa realidad, ir a un set de televisión en medio de la actual situación -por demás tensa- a reprocharle cosas al Gobierno nacional para tratar de sacar dos votitos más parece no sólo irresponsable sino también bastante zonzo.